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La 'papa caliente’ de la consulta
en plenaria del Senado
El 1° de mayo
comenzaron a correr los 30 días que tiene el Senado para emitir
un concepto, favorable o desfavorable, sobre la realización de
la consulta popular que presentó el presidente con el fin de que
el pueblo se pronuncie sobre algunos aspectos de la reforma
laboral que se hundió hace unos días.
Se prevé que la plenaria iniciará la discusión de este asunto el
miércoles o la próxima semana, pues hoy se ocuparía en sexto
debate del proyecto de transfuguismo para las próximas
elecciones, que podría hundirse porque ha perdido consenso.
La iniciativa de transfuguismo es clave para la coalición del
Pacto Histórico, porque le ayudará a reorganizar sus fuerzas
para las elecciones legislativas del próximo año, al permitir
que los congresistas cambien de partido sin tener que renunciar
a la curul e incurrir en doble militancia. También interesa a
partidos como la Alianza Verde y el Liberal.
No obstante, esta iniciativa de reforma ha ido perdiendo fuerza
porque los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio
Radical y la U anunciaron que votarán en contra. De todas
formas, la plenaria del Senado tiene que definir hoy, o a más
tardar mañana, la suerte del proyecto, resolviendo en primera
instancia un importante número de impedimentos que se
presentaron, pues no se alcanzaron a evacuar todos la semana
anterior, cuando se tuvo que levantar la sesión por problemas
técnicos.
Luego de decidir sobre la iniciativa de transfuguismo, ya sea
aprobándola en sexto debate o hundiéndola, lo más probable es
que la plenaria del Senado entre a discutir en forma la consulta
popular que presentó el presidente con 12 preguntas.
Hay cerca de 40 proyectos para discusión en la plenaria; sin
embargo, por tratarse de un mecanismo de participación
ciudadana, es previsible que le dé prelación, a pesar de que,
como se dijo, tiene inicialmente 20 días para rendir concepto
favorable o desfavorable, que puede prorrogar por 10 días más.
Si el concepto del Senado es favorable, dentro de los ocho días
siguientes el presidente deberá convocar la consulta popular
mediante decreto, la cual deberá realizarse en un plazo máximo
de tres meses.
Si el concepto del Senado es desfavorable, la consulta popular
no se puede hacer.
El secretario de la cámara alta, Diego González, indicó que “la
dinámica que se va a hacer con la consulta popular radicada por
el Gobierno va a ser novedosa para el Senado, porque
anteriormente se han tramitado otra clase de consultas, pero no
con iniciativa gubernamental. La misma tendrá que establecerla
el presidente del Senado y podrá hacerse de diferentes maneras”.
Por ello, el proceso comenzaría con la designación de los
ponentes y es posible que la mesa directiva de la plenaria
nombre una comisión accidental integrada por parlamentarios de
todas las bancadas para que analice y presente un informe sobre
la conveniencia o no de la consulta popular y de sus 12
preguntas.
Cómo están las fuerzas
Para aprobar o negar la realización de la consulta popular se
necesitan 53 votos, la mayoría simple de los 105 congresistas
actuantes en este momento en el Senado.
Cambio Radical fue el primer partido en anunciar que votará en
contra la iniciativa, también el Centro Democrático y el Partido
Conservador han hecho críticas. Así las cosas, en este momento
las mayorías estarían del lado de los que votarán para que no se
haga.
El Gobierno tendría 33 votos seguros: Pacto Histórico
(20), Centro Esperanza-Alianza Verde (6), Comunes (5), indígenas
(2).
El oficialismo podría sumar algunos votos de los partidos
independientes: Partido Liberal (6), la U (5), En Marcha
(3). Entonces alcanzaría 47 votos.
Los votos en contra de la realización de la consulta serían:
Partido Liberal (6), Partido Conservador (15), la U (5), MIRA
(4), Alianza Verde-Centro Esperanza (4), Centro Democrático
(13), Cambio Radical (11).
En el caso de Alianza Verde-Centro Esperanza, sobre su votación
hay que esperar qué decide la Corte este martes acerca de la
eventual medida de aseguramiento al senador Iván Name, uno de
los siete congresistas investigados por el escándalo de
corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).
Tenso clima
La iniciativa de consulta popular surgió en medio del
enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo porque el
presidente sostiene que hay un bloqueo institucional, pues
supuestamente de forma deliberada los congresistas de la
oposición e independientes hunden las reformas. El Congreso le
exige respetar su autonomía y la facultad que tiene para decidir
la conveniencia o no de los proyectos.
Como se dijo, el presidente busca con la consulta aprobar
algunos aspectos de la hundida reforma laboral. Por ello, de
entrada la iniciativa cayó mal en la mayoría de bancadas, porque
interpretan que quiere pasar por encima de las decisiones de
esta rama del poder público.
La tensión subió a raíz de las amenazas en la celebración el
pasado 1° de mayo por parte del presidente al Congreso si no
aprueba hacer la consulta. "Ni un solo parlamentario que vote en
contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia,
porque nadie votará por él. Eso se escribirá en todas las
paredes, periódicos y se dirá en todas las emisoras”, dijo.
Varios parlamentarios rechazaron esta actitud del mandatario.
“No les tenemos miedo a sus amenazas”, dijo el representante
Julio Triana. Mientras que la representante Katherine Miranda
señaló: “Presidente Gustavo Petro, deje de amenazar con revocar
el Congreso”.
Lanzan Ruta de Formalización
Laboral para trabajadores del arte
En el marco del 58.°
Festival de la Leyenda Vallenata, el Gobierno colombiano, junto
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó la
"Ruta de formalización laboral para las trabajadoras y
trabajadores del arte y la cultura", un plan que promete saldar
una deuda con un sector profundamente precarizado. La iniciativa
fue anunciada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la
ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai
Kadamani.
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De acuerdo
con lo expuesto por los funcionarios, la ruta contempla tres acciones
clave: un proyecto de decreto para exigir contratos laborales con
garantías para artistas, un segundo decreto que reglamenta el acceso al
régimen pensional del sector cultural —amparado en la reciente Ley 2381
de 2024—, y la reglamentación del artículo 13 de la Ley de los Actores,
con la creación del Registro Nacional de Actores.
1. Contrato laboral. Se presentará un proyecto de decreto de
formalización, que implica a quienes vinculen artistas hacerlo mediante
un contrato laboral que incluya todas las garantías, independientemente
de la duración de la actividad.
2. Acceso al derecho a
pensionarse con los mecanismos que ofrece la reforma pensional (Ley 2381
de 2024). Se tramitará un decreto para reglamentar el acceso de artistas
y gestores del arte y la cultura al derecho a pensionarse, garantizado
por el fondo de solidaridad pensional.
3. La reglamentación del artículo 13 de la Ley de los Actores. Este
trabajo se había comenzado en 2024 y crea el Registro Nacional de
Actores para proteger los derechos de los actores y las actrices.
“Estamos cumpliendo un
compromiso que se adeuda hace más de tres décadas con la sanción de la
Ley 397 de Cultura”, declaró Kadamani, quien calificó la jornada como
“un momento sin precedentes”. A su turno, el ministro Sanguino subrayó
que esta propuesta responde a una necesidad estructural: “En Valledupar
hay por lo menos 5.000 artistas que no tienen ingresos fijos, seguridad
social ni pensión”. Aseguró, además, que la ruta fue diseñada tras
“mesas de trabajo” con diversos sectores, entre ellos el audiovisual.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó: "es una
propuesta de formalización para los artistas, lo músicos, los hacedores
de cultura del país. El arte y la cultura no es solo una actividad
creativa, es una actividad laboral digna y decente. En Valledupar, por
ejemplo, hay por lo menos 5.000 artistas que no tienen ingresos fijos,
seguridad social ni una pensión, que no tienen una vivienda. Queremos
una transformación democrática y de los territorios". Así mismo, aseguró
que, previo al diseño de la mencionada ruta, se adelantaron mesas con
sectores artísticos, haciendo referencia a los encuentros que hubo
específicamente con el sector audiovisual.
Mayoría de aspirantes presidenciales se
inscriben en la centroderecha
Más del 50 % de los 16
aspirantes presidenciales que ya anunciaron esa intención buscarán
presentarse por la centroderecha, dos lo harían por el centro, tres
podrían definirse por cualquiera de las dos anteriores franjas
ideológicas y dos por la izquierda y el progresismo. En este mes el país
está a un año de los comicios para la jefatura de Estado en su primera
vuelta.
El 31 de enero de 2026 comenzará la inscripción de candidatos y de
promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales, que se
llevarán a cabo el 31 de mayo. Las votaciones fuera del territorio
nacional comenzarán el 25 de ese mes.
A pesar del tiempo que falta para esa trascendental cita con las urnas,
un total de 16 aspirantes ya anunciaron públicamente su intención;
mientras que cerca de 20 están sonando, la mayoría de los cuales se cree
que se presentarán porque, incluso, varios como Claudia López y Sergio
Fajardo están recorriendo distintas regiones del país.
El caldeado momento político que se vive en el país, con una fuerte
polarización entre el Gobierno y sus sectores afines frente a la
oposición e independientes, atizada en los últimos días por la consulta
popular que impulsa el presidente, haría que se adelante la precampaña
para las presidenciales y que los que piensan participar destapen su
juego antes de lo que tenían previsto.
La centroderecha
El Centro Democrático les madrugó a todos los partidos para escoger su
candidato presidencial, pues desde el año pasado surgieron cinco
precandidaturas, de los senadores María Cabal, Miguel Uribe Turbay,
Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.
Los precandidatos vienen participando en foros regionales que auspicia
ese partido con el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, con el fin
de que aborden las distintas problemáticas del país y presenten sus
propuestas.
La colectividad no ha definido el mecanismo para la selección del
candidato, que podría ser un sistema de encuestas internas, como ocurrió
para las presidenciales del 2022.
Hay ambiente en el partido para que la carta presidencial que escoja
participe en una consulta interpartidista de la centroderecha en marzo
venidero, con el fin de tener un candidato único que enfrente al alfil
del Gobierno.
También se lanzó en los últimos días el exministro conservador Mauricio
Cárdenas, quien advirtió que no irá por un partido, sino por firmas
ciudadanas. “Voy independiente. Vamos directo con los colombianos”,
dijo.
Es previsible que Cárdenas decida medirse en la consulta interpartidista
de la centroderecha.
También se cuentan la periodista Vicky Dávila, quien anunció su
candidatura en febrero pasado por firmas, y el general (r) Eduardo
Zapateiro, quien fue comandante del Ejército en el gobierno de Iván
Duque. Se cree que ellos igualmente participarían en la consulta
interpartidista de la centroderecha.
En el abanico aparece el exalcalde Enrique Peñalosa, quien hará un nuevo
intento para llegar a la Presidencia. Dijo que en esta oportunidad
buscará el aval de un partido. Es posible que participe en la consulta
interpartidista de la centroderecha.
Hay otro grupo de aspirantes que se cree podrían presentarse por el
sector de la centroderecha o por el centro. Es el caso de Juan Manuel
Galán, quien sería avalado por el Nuevo Liberalismo y ha sostenido un
par de reuniones con el expresidente César Gaviria por los liberales, el
Partido Conservador y la U para hablar de los comicios del próximo año.
No obstante, se cree que Galán también podría presentarse en la consulta
interpartidista del centro, como en 2022.
Igual podría ocurrir con David Luna, quien hace poco renunció a su
escaño en Senado y a Cambio Radical para ser candidato presidencial en
2026. Se observan para él dos caminos: presentarse por la centroderecha
o por el centro.
También aspirará por firmas el empresario Santiago Botero Jaramillo,
quien sostiene que financiará la campaña con sus recursos. Es uno de los
‘outsider’ en la presente carrera presidencial, porque no tiene
antecedentes en la política. Igualmente se cree que agenciaría su
aspiración por la centroderecha o por el centro.
El centro
El exministro de las TIC en este gobierno, Mauricio Lizcano, se
presentaría por el centro. “Ni de derecha ni de izquierda. Mi
candidatura será la del sentido común”, indicó.
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Así mismo, desarrollaría su campaña por el sector de
centro el concejal de Bogotá Juan Oviedo, quien dijo que se presentará
como independiente con el apoyo de firmas ciudadanas, como lo hizo en
2023 en su aspiración a la Alcaldía de la capital de la República.
Izquierda y progresismo
Sigue creciendo la lista de quienes esperan presentar su candidatura por
el sector político del presidente Petro, y por lo tanto recibir el guiño
del mandatario, aunque el proceso para su escogencia está en pañales.
Hasta el momento solo se han lanzado la senadora del Pacto Histórico
Martha Peralta y el pastor cristiano Alfredo Saade.
La exministra de Salud Carolina Corcho, quien dijo que analiza si se
presenta, dijo: “Creo que necesariamente el frente amplio, que es esa
gran coalición que no es solo la izquierda sino independiente,
ciudadanos, movimientos sociales, toda esa gran coalición, la más amplia
y grande del país, debe ir a una consulta popular democrática en el
2026, en el marco de las elecciones congresionales, y que sea el pueblo
colombiano y la ciudadanía con su voto quien defina quién es el mejor o
la mejor candidata para representar ese espectro político”.
Los que suenan
Hay varios nombres que suenan para aspirar a la Presidencia en 2026,
pero que hasta el momento no lo han oficializado. En el sector político
del centro es el caso de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el
exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quienes recorren diferentes
regiones del país.
A este sector se podría sumar el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
quien esta semana anunció que estudia si renuncia para buscar la
Presidencia.
También, si aspiran, se cree
que buscarían el voto del centro los exministros en el actual gobierno
Luis Murillo (Cancillería) y Juan Cristo (Interior).
No se descarta que también
por el centro se presente el exministro Alejandro Gaviria, quien
participó en la consulta interpartidista de este sector en las
elecciones del 2022. Incluso, hay quienes todavía creen que la
vicepresidenta Francia Márquez renunciaría para ser candidata en 2026
por esta franja ideológica. Para ello la funcionaria tiene plazo hasta
el 30 de este mes.
Sigue sobre la mesa la
propuesta que le hicieron en Cambio Radical y desde diferentes sectores
al exvicepresidente Germán Vargas Lleras para ser candidato presidencial
en 2026. En caso de que se lance, es previsible que participaría en la
consulta interpartidista de la centroderecha.
También suena para aspirar por la centroderecha el exfiscal general
Francisco Barbosa.
Igualmente hay
conversaciones de algunos exgobernadores y exalcaldes para escoger a uno
de ellos de candidato, quien se presentaría por la centroderecha o por
el centro.
En ese diálogo están, entre otros, los exgobernadores Héctor Olimpo
Espinosa, Juan Zuluaga y Aníbal Gaviria.
Mientras que por el petrismo y los alternativos están sonando para ser
candidatos Gustavo Bolívar, quien renunció esta semana a la Dirección de
Prosperidad Social para no inhabilitarse; la exministra de Ambiente
Susana Muhamad, la exministra de Salud Carolina Corcho y la senadora
María Pizarro.
También Roy Barreras, quien renunció esta semana como embajador en el
Reino Unido; el exembajador en Argentina Camilo Romero, el exalcalde de
Medellín Daniel Quintero y el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.
“Jalón de orejas” a Superservicios por
altas tarifas de energía
Durante un debate de control
político en la Comisión Quinta del Senado, el senador Miguel Ángel
Barreto lanzó una dura denuncia contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, exigiendo respuestas inmediatas frente a la
falta de vigilancia sobre el abuso tarifario de empresas como Celsia y
la peligrosa concentración del mercado energético en Colombia.
“Hoy seis empresas controlan más del 80% del mercado de generación,
transmisión y distribución de energía en el país, y lo hacen
arbitrariamente, sin que la Superintendencia actúe. Al final quienes
terminan pagando las consecuencias son los usuarios de a pie”, advirtió
el senador Barreto Castillo.
En su intervención, el parlamentario llamó nuevamente la atención,
especialmente en los abusos tarifarios de Celsia en el Tolima, donde los
usuarios han sido golpeados con aumentos desproporcionados sin que haya
sanciones ni medidas efectivas para frenar esta situación e instó a la
Superintendencia a explicar qué acciones concretas ha tomado para
proteger a los usuarios frente a esta alza de tarifas y para garantizar
la sostenibilidad del servicio en condiciones justas.
Durante el debate, Barreto Castillo, reconocido por su constante defensa
de tarifas justas y por trabajar en favor del bolsillo de los
colombianos, exigió respuestas claras a la Superintendencia frente a la
crisis de las tarifas de energía, gas natural y GLP en el país, así como
por el retraso en el pago de los subsidios que hoy afecta a millones de
familias colombianas. Señaló que millones de colombianos de estratos 1,
2 y 3 ven cada mes cómo sus facturas de energía se disparan, mientras
las autoridades responsables de protegerlos miran hacia otro lado.
“El bolsillo de los colombianos no aguanta más, hoy más que nunca
debemos defender tarifas justas y un servicio digno. Es urgente que la
Superintendencia garantice el pago de las deudas, vigile a las
comercializadoras y actúe para evitar un colapso en la prestación del
servicio, no puede quedarse solo como espectadora de la crisis. Colombia
necesita una Superintendencia que esté del lado de los usuarios, no de
las grandes empresas”, concluyó.
Posteriormente, el congresista insistió en la necesidad de soluciones de
fondo, como esquemas de financiamiento y mecanismos de pago ágiles, para
garantizar la sostenibilidad del sistema energético y proteger la
economía de las familias más vulnerables. Así mismo, el Partido
Conservador explicó que el debate de control político a través del cual
la célula legislativa le pide cuentas a la entidad nacional, continuará
el próximo 6 de mayo en el Congreso de la República.
Las citaciones se hicieron desde días anteriores y en ellas se han
confirmado que existen graves irregularidades en las tarifas del
servicio público, los monopolios regionales, la falta de exploración y
explotación de hidrocarburos en el país y que están afectando a varias
regiones del país.
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