La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también alzó su voz: “¡Los niños no se tocan! Es una violación a los derechos humanos especialmente protegidos como son los niños. Pido a la Iglesia, a la Misión ONU y a la Cruz Roja Colombiana mediar por su liberación”. La administración departamental anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que permita ubicar al niño y capturar a los responsables, habilitando líneas de contacto y garantizando la reserva de identidad de los informantes.

Lian José es hijo de un comerciante local. De su familia se conoce que su madre es jóven y que tiempo atrás, en el 2013, un pariente fue asesinado cuando estaba en un consulta odontológica en Cali. Al parecer, el hombre contaba con una grave enfermedad que le impidió pagar su condena en una cárcel, el delito aún es desconocido.

Ahora, la familia de Lian, acompañada por equipos del Gaula de la Policía y el Ejército, enfrenta horas de angustia mientras las autoridades despliegan operativos en la zona, marcada por su difícil acceso y la presencia histórica de grupos armados ilegales. Patrullajes, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad forman parte de la búsqueda, mientras la comunidad se mantiene en vilo.

El secuestro de Lian José desgarra a una familia y revive el temor y la impotencia en un país que aún no logra blindar a sus niños del conflicto. Mientras pasan las horas y la incertidumbre crece, el clamor es uno solo, que el menor regrese sano y salvo a su hogar, y que ningún niño vuelva a ser víctima de la barbarie.

Estudiantes, padres de familia y docentes del colegio en Cali donde estudia Lian alzaron sus voces para rechazar el crimen y exigir su pronta liberación. Con carteles y mensajes simbólicos pidieron que los niños sean dejados por fuera del conflicto.

Según la Defensoría del Pueblo, durante el 2023, un total de 184 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA), 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango etario entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos. En relación con la pertenencia, el 68,4% hacía parte de comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el más afectado por el delito.

El secuestro es una dinámica de opresión adoptada por los grupos armados para obtener un fin y ha sido un sustantivo en el conflicto armado de Colombia.

Catatumbo vive la peor crisis humanitaria registrada: Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó su más reciente informe titulado ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’, en el que documenta la que sería la peor emergencia humanitaria registrada en Colombia desde que existen datos oficiales.

Según el informe, entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se reportaron 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas, 117 homicidios y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), producto del accionar de grupos armados ilegales, principalmente en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander.

Escalada del conflicto armado

El documento revela que la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc provocó un escalamiento sin precedentes del conflicto armado interno en esta zona fronteriza. Pese a la declaratoria de conmoción interior y otras medidas del Estado, las agresiones continúan y no se han garantizado los derechos de la población civil.

El impacto de esta crisis es evidente si se compara con todo el desplazamiento forzado registrado en el país durante el año 2024, que fue de 25.611 personas, una cifra muy inferior a la actual solo en el Catatumbo.

Tres escenarios de riesgo identificados

La Defensoría del Pueblo identificó tres focos críticos en su análisis:

Disputa territorial intensificada: Municipios como Tibú y El Tarra presentan los niveles más altos de violencia, incluyendo métodos de guerra no convencionales.

Consolidación territorial del ELN: Este grupo armado ha fortalecido su presencia en Ocaña, Convención y Sardinata, ejerciendo control social y limitando libertades fundamentales.

Posible ingreso del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): Existe riesgo de que esta estructura criminal expanda su accionar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio hacia el Catatumbo.
 

Hallazgos alarmantes en el informe

El documento también recoge graves violaciones de derechos, entre ellas:

- Uso de drones explosivos, minas antipersonal y armamento cerca de escuelas y zonas pobladas.

- Casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado, con al menos 62 mujeres denunciantes.

- Persistencia del reclutamiento forzado de menores: 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados en los primeros meses del año.

- Ataques contra comunidades indígenas, especialmente el pueblo Barí, en riesgo de exterminio físico y cultural.

- Desprotección de firmantes del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas sociales.

Grave situación de firmantes de paz

Para diciembre de 2024 había 464 firmantes del Acuerdo de Paz en el Catatumbo; sin embargo, en marzo de 2025, solo 41 permanecían en el antiguo ETCR de Caño Indio. El resto se encuentra desplazado, confinado o bajo medidas de seguridad. Seis firmantes han sido asesinados y dos más están desaparecidos.

Recomendaciones urgentes

La Defensoría plantea una serie de recomendaciones a las autoridades nacionales y territoriales para atender esta crisis:

- Garantizar el retorno seguro de las comunidades desplazadas.

- Reforzar la protección a líderes sociales, pueblos étnicos y firmantes de paz.

- Fortalecer la acción humanitaria con enfoque diferencial.

- Implementar el Decreto 137 de 2025 y el Pacto Social del Catatumbo.

- Garantizar educación segura, desminado, protección frente a la trata de personas y apoyo a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

“La situación es crítica, pero si actuamos coordinadamente, con inteligencia y conocimiento del contexto, podemos revertir esta realidad”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La entidad hace un llamado urgente al Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil para redoblar esfuerzos y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades afectadas en el Catatumbo.

Sancionan a Novaventa por vulnerar derechos de consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó con una multa de más de mil trescientos cuarenta millones de pesos ($1.340.032.000) a Novaventa S.A.S., tras evidenciar múltiples fallas en sus máquinas dispensadoras de alimentos, así como por desconocer el derecho de los consumidores a recibir información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada, para la toma de decisiones fundadas al momento de adquirir un producto.

La investigación se inició a partir del análisis de 2.671 peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios en un periodo de seis meses, así como de una visita de verificación al sitio web oficial de la empresa.

Como resultado de la investigación, la Dirección determinó que Novaventa incurrió en las siguientes irregularidades:

Utilizó publicidad para dar a conocer varias de sus campañas promocionales, pero en estas omitió información sobre las condiciones de tiempo, modo y otros requisitos para acceder al incentivo.

En su sitio web, la sociedad investigada no publicó datos básicos de identificación y contacto de la compañía, así como las características esenciales de los productos ofrecidos.

Adicionalmente, Novaventa no incluyó herramientas para hacer seguimiento a quejas o reclamos presentados por los consumidores ni referenció el enlace a la página de la autoridad de protección al consumidor, como lo exige la normativa vigente.

Varios usuarios no recibieron el producto seleccionado en sus máquinas de alimentos, pese a haber realizado el pago correspondiente. En varios de estos casos, la empresa no efectuó la devolución del dinero de manera automática, siendo necesario presentar reclamaciones para recuperar lo pagado.

La SIC reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, al velar por el acceso a bienes y servicios de calidad, el uso responsable de la publicidad y la consolidación de un comercio electrónico confiable y transparente.

Contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el recurso de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.