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Ataque sicarial frente
a la Universidad de Antioquia deja dos muertos y un herido
El bullicio habitual del mediodía en las afueras de la
Universidad de Antioquia, en el centro de Medellín, fue interrumpido por
una ráfaga de disparos que sembró el terror entre estudiantes y
transeúntes. El hecho violento, ocurrido el martes 6 de mayo, dejó un
saldo de dos personas muertas y una más herida.
El ataque ocurrió hacia las 12:30 del día, en plena avenida
Barranquilla, a la altura del barrio El Chagualo. Testigos aseguran que
una motocicleta con dos ocupantes se acercó a una camioneta que esperaba
el cambio de semáforo. Sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un
arma y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor del vehículo.
La víctima fue identificada como John Jairo Mazo Paniagua, quien
falleció en el lugar producto de los múltiples impactos de bala. Las
autoridades no tardaron en acordonar la zona, justo frente a una de las
entradas principales de la universidad, mientras miembros del CTI
realizaban el levantamiento del cuerpo y recolectaban evidencias.
Pero la violencia no se detuvo allí. Una mujer que cumplía sus labores
de limpieza en el sector, Flor María Mosquera Gamboa, fue alcanzada por
una de las balas. Herida de gravedad, fue trasladada al Hospital San
Vicente Fundación, donde lamentablemente murió minutos después, antes de
recibir atención quirúrgica.
El tiroteo también dejó herido a un mecánico de 50 años que pasaba por
la zona, quien recibió un disparo en la pierna. Aunque su estado es
delicado, los médicos indicaron que no corre peligro vital.
Mientras los sicarios escapaban en la motocicleta sin dejar rastro
inmediato, el pánico se apoderaba de quienes presenciaron la escena.
Autoridades manejan como principal hipótesis un homicidio por encargo,
donde Mosquera habría sido una víctima colateral de un ataque dirigido.
La comunidad universitaria exigió mayor presencia de seguridad en la
zona, que ha sido escenario de varios episodios violentos en el último
año.
Procuraduría investiga
al ICBF por presunta negligencia en escándalo de abuso infantil en
Bogotá
Una ola de indignación ha sacudido a la capital del país
tras la revelación de presuntos casos de abuso sexual cometidos contra
varios menores de edad en el Jardín Infantil Parques de Canadá, adscrito
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la
localidad de San Cristóbal. La gravedad de los hechos llevó a la
Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación disciplinaria
contra el ICBF, con el propósito de esclarecer responsabilidades y
determinar si hubo omisiones o negligencia por parte de sus
funcionarios.
La investigación fue anunciada el martes 6 de mayo mediante un
comunicado oficial en el que el Ministerio Público expresó su intención
de identificar a los presuntos responsables, directos o indirectos, de
garantizar la seguridad y el bienestar de los niños a su cargo. En ese
contexto, se realizarán inspecciones disciplinarias, revisión de
contratos y análisis de las hojas de vida del personal vinculado al
jardín.
“Es inconcebible que en
un espacio destinado al cuidado y protección de los niños se presenten
estos hechos tan aberrantes. No vamos a permitir que queden impunes”,
afirmó una fuente de la Procuraduría. Para este proceso, se ha designado
un agente especial que
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intervendrá tanto en el proceso penal
como en los procedimientos administrativos para el restablecimiento de
los derechos de las víctimas.
La indignación estalló el lunes
anterior, cuando un grupo de padres de familia realizó un plantón frente
a la institución, denunciando públicamente los abusos. En medio del
dolor y la rabia, los acudientes relataron cómo sus hijos, de entre dos
y tres años, les contaron lo que vivieron. Todas las acusaciones apuntan
a un funcionario identificado como Freddy Castellanos, quien habría
abusado de varios menores bajo su cuidado. Castellanos fue capturado en
la mañana del martes, aunque los padres cuestionan por qué no se actuó
antes.
“Nos dijeron que no podíamos entrar al
baño con nuestros hijos, que debían aprender solos. Pero a él sí lo
veían entrar. ¿Por qué no lo impidieron? ¿Por qué no hicieron nada
cuando les contamos lo que estaba pasando?”, expresó entre lágrimas una
madre que tiene a su hijo hospitalizado por secuelas físicas del
presunto abuso.
Según el ICBF, actualmente se
reconocen formalmente tres casos: uno confirmado y dos en investigación.
No obstante, los padres denuncian que al menos ocho menores han sido
víctimas y hay más por confirmar. Frente a esta situación, la
institución cerró de manera preventiva el jardín infantil y ofreció
acompañamiento psicosocial a las familias afectadas, además de reubicar
a los niños en otras unidades de atención.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que se adelantarán las
actuaciones disciplinarias necesarias para determinar si los
funcionarios públicos actuaron de acuerdo con los protocolos
establecidos. Sin embargo, el silencio de la coordinadora del plantel y
la supuesta omisión ante las primeras alertas aumentan la desconfianza
entre los familiares de las víctimas.
Este caso no solo reabre el debate sobre la seguridad en los jardines
infantiles, sino también sobre la capacidad de las instituciones del
Estado para reaccionar de forma oportuna ante denuncias tan graves. Por
ahora, las familias claman justicia, mientras la Procuraduría y la
Fiscalía continúan con las investigaciones.
El oro ilegal
colombiano alimenta un mercado global en 11 países, alerta el Ministerio
de Defensa
La minería ilegal de oro en Colombia sigue siendo una
poderosa fuente de ingresos para redes criminales que operan dentro y
fuera del país. Así lo advirtió el Ministerio de Defensa, al revelar que
el metal extraído ilícitamente en territorio nacional tiene como destino
al menos 11 países, incluidos Estados Unidos, Emiratos Árabes, China,
Suiza, India, España, Turquía, Panamá y Brasil.
El anuncio lo hizo la viceministra para las Políticas de
Defensa y Seguridad, Juliana Coronado, durante el último consejo de
ministros, en una intervención que puso sobre la mesa la magnitud del
problema. Según datos de la Policía Nacional, actualmente hay 306
municipios en 23 departamentos afectados por esta práctica ilegal.
Aunque se reportó una reducción del 5 % frente al año anterior, el
impacto sigue siendo crítico.
Lo más preocupante es que el oro sale del país mediante rutas aéreas,
terrestres y fluviales, muchas veces oculto en forma de joyas o lingotes
dentro de maletas, con destino a mercados donde alcanza precios récord.
En Colombia, un kilo de oro puede costar unos 420 millones de pesos,
mientras que en Estados Unidos se comercializa por cerca de 93.000
dólares.
Coronado también destacó que dentro del país operan al menos 185 casas
de compraventa de oro, de las cuales 19 estarían vinculadas directamente
al lavado del metal extraído ilegalmente. “Estas organizaciones utilizan
a mineros artesanales como fachada, disfrazando la actividad ilegal bajo
apariencia de legalidad”, advirtió la funcionaria.
La estrategia de las autoridades apunta a fortalecer la
capacidad operativa de la Fuerza Pública, pero también a trabajar desde
la institucionalidad. Coronado
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subrayó que enfrentar este fenómeno no es únicamente una
labor militar: “El 30 % es responsabilidad de las fuerzas del orden,
pero el 70 % implica un esfuerzo conjunto de todas las instituciones del
Estado”.
La extracción ilegal no solo destruye ecosistemas, sino
que alimenta el conflicto armado, financia grupos delincuenciales y
debilita la presencia del Estado en zonas vulnerables. De ahí la
necesidad de una acción articulada que involucre también cooperación
internacional.
“La lucha contra este flagelo no se gana solo con operativos. Se gana
cuando logramos que las comunidades tengan oportunidades reales y
seguras, cuando el oro deje de ser el combustible del crimen”, concluyó
la viceministra.
Procuraduría avala
contratación para defensa internacional y pide investigar filtración de
información
La Procuraduría General de la Nación dio un giro inesperado en medio de
la controversia que rodeaba la contratación del bufete internacional que
defenderá a Colombia en una demanda multimillonaria por parte del
inversionista Zijin Continental Gold. En vez de abrir una investigación
por las supuestas irregularidades denunciadas, el órgano de control
anunció que no encontró motivos para indagar la contratación, y en
cambio, solicitó que se investigue a los funcionarios que habrían
filtrado información reservada del proceso.
El procurador delegado para la vigilancia preventiva de la Función
Pública, Marcio Melgosa Torrado, concluyó en un informe de cuatro
páginas que no hubo faltas disciplinarias en la contratación de la firma
estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR), señalada por el exsenador
Jorge Robledo de incluir a una empresa local sin experiencia ni
trayectoria, Astrea SAS, como parte de su equipo.
Según Robledo, Astrea SAS, una firma nortesantandereana creada
recientemente y que incluso presenta información engañosa en su página
web, no contaba con ningún tipo de experticia en litigios
internacionales. El hecho de que sus miembros provengan de la misma
región que Yebrail Haddad, director de Defensa Internacional de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), encendió aún
más las alertas. Sin embargo, la Procuraduría no compartió esa
preocupación.
Melgosa explicó que los abogados colombianos incluidos en la propuesta
de HHR no fueron presentados como expertos en arbitraje internacional,
sino como conocedores de la legislación interna, un complemento a la
experiencia internacional del bufete. Además, aclaró que la firma aún no
ha oficializado qué aliado nacional la acompañará en el litigio.
Respecto al modelo de contratación, el procurador destacó que, aunque se
trató de un proceso directo, este fue más riguroso que en ocasiones
anteriores, al haberse estructurado como una invitación pública a
cotizar. Se evaluaron múltiples propuestas de firmas extranjeras, lo
que, según el documento, garantiza los principios de transparencia y
legalidad.
En defensa de HHR, Melgosa señaló que el bufete ha participado en al
menos 15 arbitrajes de inversión, tiene experiencia en casos mineros, ha
representado a Estados latinoamericanos y a Colombia en varios procesos,
y posee una tasa de éxito superior al 75 %.
Lo que sí preocupó al despacho del procurador fueron las
filtraciones de información confidencial del proceso. Por eso, solicitó
al director de la ANDJE, César Palomino, que formule una queja
disciplinaria contra quienes puedan haber vulnerado los deberes
funcionales. En palabras de Melgosa, “debe allegarse la respectiva queja
disciplinaria a este órgano de control, enunciando detalladamente los
hechos y acciones que posiblemente trasgredieron los deberes
funcionales”.
Así, mientras las dudas públicas persisten, la Procuraduría se inclina
por respaldar la legalidad del proceso y redirige el foco hacia quienes
hicieron pública la información que originó el debate.
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