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Justicia en marcha, pero el dolor persiste

El pasado martes, un juez envió a Castellanos a la cárcel mientras avanza la investigación. La Fiscalía lo imputó por acceso carnal abusivo y actos sexuales con menores de 14 años, delitos que él negó pese a la evidencia en su contra. Mientras tanto, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria contra los responsables de supervisar el jardín infantil.

Para los padres, sin embargo, la batalla apenas comienza. "Nuestros hijos tendrán que vivir con esto toda su vida", lamentó una de las madres. El caso no solo ha revelado un posible fallo en el sistema de protección a la infancia, sino que ha dejado una herida profunda en una comunidad que hoy exige respuestas y justicia.

Mientras Bogotá espera que se esclarezca la verdad, una pregunta ronda en el aire: ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta, cuando llegue, deberá venir acompañada de acciones concretas para que nunca más un niño sufra en un lugar que debería ser su refugio.

Indígenas Emberá llegan al Parque Nacional: Piden retornar con garantías a sus territorios

Un grupo de cerca de 70 indígenas Emberá, incluidos numerosos niños y niñas, llegó el miércoles al Parque Nacional en el centro de Bogotá, tras caminar desde el resguardo de La Florida, en Funza. Su intención es conformar un albergue temporal ante lo que consideran condiciones indignas en los lugares donde actualmente residen. Sin embargo, la Alcaldía ha reiterado que no permitirá nuevas ocupaciones en este espacio público, como sucedió en años anteriores.

A pesar del ambiente tenso, el Distrito mantiene el diálogo abierto con las comunidades, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, fue enfático en que el objetivo debe ser el retorno de estas familias a sus territorios ancestrales, proceso que —según él— ya está siendo gestionado. “Esperamos que la Unidad de Víctimas agilice el proceso. Estamos listos para ayudar”, señaló.

Desde la administración distrital insisten en que muchas de estas familias han permanecido por más de tres años en la ciudad, esperando soluciones definitivas. Según Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, durante ese tiempo se ha garantizado acceso a salud y educación, con una inversión de $17 mil millones en 2023.

Sin embargo, uno de los temas que más preocupa a las autoridades es la participación de menores en estas movilizaciones. “Es inaceptable el uso de niñas y niños en acciones de hecho. Los derechos de la infancia deben estar por encima de cualquier circunstancia”, advirtió Quintero, quien también pidió al ICBF intervenir.

Aunque la Alcaldía busca evitar que se repitan escenas del pasado —cuando cientos de indígenas acamparon por meses en el parque—, las comunidades insisten en su deseo de regresar a sus territorios. Piden que el gobierno nacional y distrital les brinde las condiciones para hacerlo de forma segura y digna.

Hallazgo de minas antipersona en Sumapaz reaviva temores por presencia de disidencias de las FARC

Un reciente hallazgo en la localidad de Sumapaz ha encendido nuevamente las alarmas sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en esta zona rural
 

de Bogotá. El pasado 12 de abril, tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 1 localizaron una caleta con 30 minas antipersona y tres radios de comunicación en la vereda La Unión. Aunque el Ejército asegura que los explosivos llevaban más de una década ocultos, las condiciones en que fueron encontrados generan dudas entre la ciudadanía y algunos líderes locales.

No es la primera señal de alerta. Hace menos de dos meses, se halló una bandera con un mensaje alusivo al Frente Primero de las disidencias de las FARC en una zona cercana entre los municipios de Une y Gutiérrez. Y hace siete meses, un grupo armado interceptó un vehículo del Distrito en la vereda Alto Caicedo, pintando mensajes del Frente 53. Aunque las autoridades han catalogado estos hechos como aislados y de carácter propagandístico, el hallazgo de los explosivos comienza a dibujar un panorama distinto.

El concejal Julián Espinosa advirtió que minimizar la situación podría ser un error. “Este no es un asunto que se reduzca al tiempo que llevaban los artefactos escondidos. En un contexto nacional donde los grupos armados buscan ampliar su influencia, Bogotá no puede bajar la guardia”, afirmó. Para él, la Secretaría de Seguridad debe actuar con mayor contundencia y articulación.

Desde la Brigada 13 del Ejército insisten en que mantienen una operatividad constante en la región. Las labores de vigilancia forman parte del Plan Ayacucho Plus y del Plan Ezequiel, estrategias que buscan frenar la expansión de grupos insurgentes hacia zonas limítrofes con los departamentos de Meta, Huila y Tolima.

El alcalde local, Diego García, también buscó calmar los ánimos. “Hoy no hay más alertas vigentes. Este hallazgo fue tratado en consejo de seguridad y se tomaron las medidas necesarias. La población puede estar tranquila”, afirmó.

Sin embargo, el eco de los tiempos más difíciles del conflicto armado en Sumapaz parece no haber desaparecido del todo. La memoria y la prudencia obligan a mirar con atención cada nuevo indicio.

Bogotá en alerta por escasez de sangre: Autoridades piden donar con urgencia

Bogotá enfrenta una preocupante disminución en las reservas de sangre. El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) lanzó una alerta sobre el bajo nivel de glóbulos rojos disponibles, lo que pone en riesgo la atención de pacientes que necesitan transfusiones urgentes. La directora del banco de sangre, Patricia Forero, hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Hoy Bogotá necesita más que nunca de la solidaridad de quienes pueden donar. La sangre no se fabrica, solo puede obtenerse gracias a personas sanas que deciden ayudar”.

Las fuertes lluvias han tenido un impacto inesperado pero significativo: muchas personas han dejado de acudir a los puntos fijos de donación, lo que ha agudizado la escasez. A esto se suma la creciente vacunación contra la fiebre amarilla, que obliga a quienes la reciben a esperar al menos cuatro semanas antes de poder donar.

La situación es crítica porque no solo afecta a pacientes con enfermedades crónicas, sino también a víctimas de accidentes, madres gestantes, recién nacidos y personas que requieren cirugías de emergencia. “Una sola donación puede salvar hasta tres vidas. Donar es rápido, seguro y esencial”, insistió Forero.

Ante la emergencia, el IDCBIS ha reforzado las jornadas móviles de donación en varios sectores de la ciudad, y recordó que los puntos fijos siguen funcionando con normalidad. Las autoridades invitan a quienes planean vacunarse contra la fiebre amarilla a donar antes de hacerlo, para evitar una baja aún mayor en la disponibilidad.

Quienes deseen sumarse a la causa pueden consultar la página oficial y redes sociales de la Secretaría de Salud o del IDCBIS, donde se actualizan los lugares y horarios disponibles. En momentos como este, un pequeño gesto puede convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte.

Así va el caso del presunto abusador de varios niños en hogar infantil del ICBF

En un caso que ha conmocionado a Bogotá, Freddy Arley Castellanos Velasco, un profesor de 36 años, enfrenta graves acusaciones por presuntamente abusar sexualmente de al menos tres niños en el Hogar Infantil Canadá, sede F, ubicado en el barrio Villa Javier de la localidad de San Cristóbal. Los hechos, ocurridos entre marzo y abril de este año, han dejado a familias destrozadas y han puesto en duda los protocolos de contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Los padres de los menores afectados comenzaron a notar cambios alarmantes en el comportamiento de sus hijos. Algunos relataron que los pequeños mostraban miedo, rechazo al jardín infantil y conductas que nunca antes habían manifestado. Fue una madre, Margie Espinel, quien dio la voz de alarma después de que su hija le contara detalles perturbadores: "Él jugaba a darle besos en la boca y la acostaba en el baño", relató la mujer, visiblemente afectada.

Las denuncias se multiplicaron cuando otros padres compartieron experiencias similares. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, Castellanos aprovechó su rol como cuidador para someter a los niños a "juegos" que en realidad eran actos de abuso sexual. Los informes de Medicina Legal y los testimonios de psicólogos que atendieron a las víctimas respaldan estas acusaciones.

Negligencia y desesperación de los padres

Lo más indignante para las familias fue la presunta indiferencia de las directivas del hogar infantil. En videos difundidos en redes sociales, se escucha a padres reclamar que el colegio "los evadió" y que, en lugar de actuar con prontitud, intentó proteger al acusado. "Antes ayudan a sacar al profesor que a escucharnos", denunció una madre con tres hijos en el centro.

Aunque el ICBF asegura que Castellanos no tenía antecedentes judiciales al momento de su contratación, el caso ha encendido las alarmas sobre los filtros de selección en instituciones que operan bajo convenio con el Estado. Astrid Cáceres, directora del ICBF, admitió que "parece que la ruta de verificación se surtió", pero confirmó que se investiga si hubo fallas en el proceso.

Uno de los aspectos más escalofriantes del caso es la posibilidad de que Castellanos haya contagiado de VIH a algunos de los menores. Margie Espinel aseguró que dos niños resultaron infectados, según le habrían confirmado otros padres. Sin embargo, el ICBF y las autoridades aclararon que aún no hay resultados concluyentes de Medicina Legal y que la información se maneja con reserva.