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Crece tensión en la
Corte Suprema por señalamientos entre magistrados en caso UNGRD
Una fuerte controversia sacude la Sala de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Cristina Lombana solicitó al
Congreso revisar el actuar de sus colegas César Reyes y Misael
Rodríguez, a quienes señala de haber ofrecido beneficios judiciales a
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial detenida por el escándalo de
corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD).
Lombana, única mujer en esa Sala, compulsó copias a la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, alegando que
sus compañeros habrían vulnerado los procedimientos internos del alto
tribunal.
Ortiz permanece privada de la libertad desde diciembre, mientras avanza
la investigación de la Fiscalía por lavado de activos y tráfico de
influencias. Las autoridades la señalan de haber entregado $4.000
millones en efectivo a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la
Cámara, Andrés Calle, presuntamente para agilizar reformas clave del
gobierno Petro.
El caso ha generado un remezón dentro del alto tribunal, donde las
diferencias internas ahora escalan a instancias legislativas. Mientras
la Sala dictó recientemente orden de arresto contra los expresidentes
del Congreso, Ortiz ha insistido en que no ha tenido garantías por parte
de la Fiscalía y ha pedido ser escuchada directamente por la Corte.
Este nuevo episodio no solo profundiza la crisis judicial en torno al
caso UNGRD, sino que pone en entredicho la armonía al interior de una de
las salas más sensibles de la justicia colombiana.
Condenado el exsenador
José Ignacio Mesa Betancur por
parapolítica
En una decisión que revive los oscuros lazos entre
política y paramilitarismo en Colombia, la Corte Suprema de Justicia
condenó al exsenador antioqueño José Ignacio Mesa Betancur a seis años
de prisión por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
específicamente con la temida Oficina de Envigado. La sentencia,
proferida por la Sala Especial de Primera Instancia, lo halló
responsable del delito de concierto para delinquir agravado, al haber
pactado con cabecillas paramilitares apoyo económico y electoral para
sus aspiraciones políticas.
Mesa Betancur, quien ocupó cargos de elección popular entre 1994 y 2006
—como alcalde de Envigado y luego senador—, fue señalado de haber
sostenido relaciones coordinadas con líderes como Juan Carlos Sierra,
alias El Tuso Sierra, y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito.
Según el fallo, estos encuentros no solo buscaban
financiación para sus campañas, sino
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también implicaban compromisos de
colaboración con la organización ilegal una vez alcanzados los cargos.
“El exsenador puso su investidura al servicio de una
estructura criminal, facilitando su expansión y legitimación en las
esferas del poder público”, indicó el alto tribunal. Los jueces, además,
negaron beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de
la pena, alegando la gravedad de los hechos y el impacto institucional
que estos generaron.
Los testimonios de El Tuso Sierra y de Diego Fernando Murillo Bejarano,
alias Don Berna, fueron fundamentales en la condena. Ambos relataron
cómo Mesa Betancur no solo recibió sumas millonarias para sus campañas,
sino que mantuvo vínculos estrechos con figuras clave del
paramilitarismo en el Valle de Aburrá. La Corte también destacó que
estos nexos pudieron verse favorecidos por la relación de su padre con
reconocidos narcotraficantes como Pablo Escobar y Gustavo Upegui.
La condena revive los ecos del fenómeno de la parapolítica que marcó a
Colombia a comienzos de siglo y representa un nuevo llamado de atención
sobre cómo los intereses criminales lograron infiltrarse en la
institucionalidad. Para muchas víctimas del conflicto armado, esta
decisión judicial representa un avance en la verdad y la justicia,
aunque queda el sinsabor de cuántos más pudieron haber sido parte de esa
red de complicidades.
Con esta condena, la Corte continúa desentrañando las
alianzas entre políticos y estructuras armadas ilegales que por años
sembraron terror, silencio y control en amplias regiones del país.
Soldado muere en
Teorama tras ataque con drones explosivos del ELN
El conflicto armado en el Catatumbo vuelve a dejar
luto entre las filas del Ejército. El soldado profesional Edison
Guerrero Rodríguez, de 24 años, perdió la vida tras un ataque con drones
explosivos en zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander.
El hecho, atribuido al Frente Héctor del ELN, eleva las alertas por el
uso cada vez más frecuente de nuevas tecnologías en acciones violentas
contra la Fuerza Pública.
Guerrero Rodríguez, oriundo del mismo departamento, hacía
parte del Batallón de Despliegue Rápido N. 8 de la Segunda División del
Ejército. Durante una operación de control en la región, los uniformados
fueron sorprendidos por la activación de artefactos explosivos adaptados
a drones, una modalidad que el Ejército calificó como “terrorista” y
que, según expertos, representa una grave amenaza en escenarios de
guerra no convencional.
El joven militar llevaba dos años en servicio y era reconocido por su
compromiso y vocación. El Ejército expresó públicamente sus condolencias
a la familia del soldado y aseguró que reciben apoyo jurídico y
psicosocial para afrontar este duro momento.
El alto mando militar condenó el uso de estos métodos, que consideran
una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además,
reiteraron que las operaciones ofensivas en el Catatumbo continuarán,
con el objetivo de neutralizar a los grupos armados ilegales que operan
en la región.
Este ataque se suma a otro hecho trágico ocurrido recientemente en
Caquetá. El sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual, quien
viajaba de civil en un bus intermunicipal, murió calcinado tras ser
interceptado el vehículo por presuntas disidencias de las FARC. Los
atacantes
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obligaron a los pasajeros a bajar y
luego incineraron el bus en el sector de Riecito, vereda Morro Seco.
Ambos casos reflejan la persistencia
del conflicto y el alto riesgo que enfrentan los uniformados, incluso
fuera de servicio. Mientras las familias lloran sus pérdidas, el país
asiste con preocupación al recrudecimiento de las violencias, en un
momento donde el diálogo con grupos armados sigue siendo una promesa
lejana.
Tatiana Hernández: Un
mes de angustia que expone la grave crisis de desapariciones en
Cartagena
El 13 de mayo se cumplió un mes desde la desaparición de
Tatiana Hernández, una joven estudiante de medicina de 23 años cuyo
rastro se perdió en las playas de Bocagrande, en Cartagena. La
incertidumbre sobre su paradero ha dejado a su familia sumida en la
desesperación, mientras el caso se convierte en símbolo de una
problemática que crece en silencio: las desapariciones forzadas en la
ciudad.
Tatiana se encontraba en su año rural en el Hospital Naval y, según las
versiones iniciales, su desaparición podría haber sido producto de un
accidente en el mar. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva por parte
de la Armada Nacional en más de 12.500 kilómetros cuadrados, no se
encontró ninguna prueba de que hubiera ingresado al agua. Ante esto, la
familia sostiene otra hipótesis.
“Tatiana no está muerta. A Tatiana se la llevaron. Y la vamos a
encontrar”, sentenció el abogado Antonio Hernández Torres, quien
representa legalmente a los familiares de la joven. Para ellos, se trata
de un posible secuestro. Y no están solos en su preocupación: Cartagena
ha registrado 147 desapariciones desde 2019, y más del 80 % permanecen
sin resolver.
La mayoría de las víctimas están entre los 20 y 39 años, un patrón que
ha encendido las alertas entre organizaciones de derechos humanos y
veedurías locales. Érick Urueta, de la Veeduría a la Rama Judicial de
Cartagena, insiste en que no se trata de casos aislados, sino de un
fenómeno que requiere atención urgente. “Es alarmante que las personas
desaparezcan y no haya respuestas. No hay coordinación entre las
instituciones, y las investigaciones se diluyen con el tiempo”, señaló.
El fenómeno parece agravarse con los años. En 2022 hubo 32
desapariciones; en 2023, 33; y en 2024, al menos 35. En lo que va de
2025 ya se reportan cuatro, incluida la de Tatiana. La ciudad, además,
encabeza la lista de territorios con menor porcentaje de casos
resueltos: solo el 17 %.
La situación se ve agravada por la presencia de grupos criminales que
operan en zonas costeras y rurales. Luis Fernando Trejos, experto en
seguridad, advierte que el puerto, el turismo y la cercanía al Caribe
convierten a Cartagena en un punto vulnerable para el narcotráfico, la
trata de personas y otras actividades ilícitas. “La desaparición se ha
convertido en una herramienta de castigo en el mundo criminal”, aseguró.
La familia de Tatiana ha solicitado una audiencia urgente con el
ministro de Defensa, exigiendo respuestas y acciones concretas. Mientras
tanto, la ciudadanía mantiene viva su imagen y reitera un llamado
colectivo: que Tatiana aparezca y que Cartagena deje de ser una ciudad
donde tantos simplemente desaparecen.
Si usted tiene información sobre Tatiana Hernández, puede comunicarse a
los teléfonos 123 (Policía), 122 (Fiscalía) o a las líneas 3214732045,
3225072370 y 3233190810.
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