El Ministerio Público recibió el 20 de febrero del año 2020 queja del señor Javier Leonardo Badillo Díaz, contratista de la entidad hospitalaria, contra el señor Domiciano Ditta Serpa, gerente de la ESE San Sebastián, debido que el denunciante tenía vinculación a través de contrato de trabajo a término fijo desde el año 2017 al 2019, sin que le hubieran pagado la totalidad de sus salarios y prestaciones sociales. Además, manifestó que se le hacían descuentos de los aportes a la seguridad social integral sin haber percibido salario alguno por dicho mes.

El Ministerio Público encontró que presuntamente, el señor Domiciano Ditta Serpa, suscribió una serie de contratos estatales de trabajo a término fijo con el quejoso, en las vigencias fiscales. Dentro de los contratos se observa la cláusula cuarta que pre​ceptúa como obligaciones del empleador: “a) pagar al Empleado el valor del presente contrato por mensualidades vencidas”.

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña resuelve sancionar al disciplinado Domiciano Ditta Serpa, en su condición de gerente de la ESE Hospital San Sebastián del municipio de Morales – Bolívar, para la época de los hechos, imponiéndole la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de ocho (08) años y seis (06) meses.

Esta decisión fue notificada personalmente al disciplinado el día nueve​ de abril de 2025, contra la cual interpuso recurso de apelación.

Escalada de violencia en el Bajo Calima alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la grave escalada de violencia y vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima, en el distrito de Buenaventura, a causa del conflicto armado entre grupos ilegales.

Durante una misión de verificación humanitaria realizada los días recientes, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, acompañada por delegados del ACNUR y la Sala Especial de Seguimiento a Desplazados de la Corte Constitucional, advirtió sobre el deterioro humanitario que afecta a más de 4.000 personas, principalmente del Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo indígena wounaan del resguardo Santa Rosa de Guayacán.

“Constatamos una crisis alarmante que vulnera la vida, integridad y dignidad de estas comunidades, que apenas habían retornado a sus territorios tras desplazamientos prolongados en Buenaventura y Cali”, señaló la Defensora.

La persistente presencia y disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, ha generado confinamientos masivos, nuevos desplazamientos, homicidios selectivos, uso de minas antipersona, reclutamiento forzado y violencia sexual. Solo en lo que va de 2025, se han registrado 40 confinamientos y el desplazamiento de 46 familias de la comunidad La Esperanza durante la Semana Santa.

Uno de los hechos más graves ocurrió un día antes de la visita institucional, cuando se reportó un asesinato selectivo, evidenciando la intensificación del conflicto armado. Además, la zona presenta alta presencia de artefactos explosivos improvisados y una

preocupante situación de riesgo para líderes y lideresas sociales, quienes continúan su labor en medio de amenazas, estigmatización y escasa presencia institucional.

Esta situación ya había sido advertida por la Alerta Temprana 039 de 2023, sin que hasta ahora se hayan implementado las medidas necesarias para contener la crisis.

“Las comunidades retornadas exigen garantías reales para un retorno digno y seguro. No quieren volver a desplazarse”, remarcó la Defensora.

Ataque en Tibú agrava panorama en el Catatumbo

Mientras tanto, el conflicto también se agudiza en otras regiones del país. El pasado jueves 15 de mayo, en la vereda 20 de Julio, municipio de Tibú, un ataque con explosivos lanzados desde un dron provocó la muerte de un niño de 12 años y dejó heridos a su madre, cinco menores y tres adultos.

El hecho fue atribuido al Frente 33 de las disidencias de las FARC, que se pronunció lamentando lo ocurrido pero justificando su acción al señalar que las casas no deben ser utilizadas como "escudos humanos".

“Es inaceptable que ahora los grupos armados responsabilicen a las comunidades civiles de sus crímenes, cuando es su deber respetar el derecho internacional humanitario”, advirtió la Defensoría.

Este nuevo ataque, sumado a las acciones del ELN, refleja una preocupante tendencia de retaliaciones contra la población civil y una escalada del conflicto armado en medio de intentos fallidos de paz.

Lluvias en Santander dejan 3.900 familias damnificadas

Las lluvias que azotan al departamento de Santander dejaron un saldo de 3.900 familias damnificadas, cinco viviendas destruidas y 1.230 con daños estructurales. Las emergencias se extienden por 72 municipios que permanecen en distintos niveles de alerta.

Según Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo, las tormentas eléctricas han provocado deslizamientos, obstrucciones viales y desbordamiento de ríos y quebradas, generando una crisis que afecta especialmente al sector rural.

Los campesinos de la región denuncian la pérdida de cultivos de yuca, plátano, cacao y café, debido a las inundaciones y la imposibilidad de transportar las cosechas por el mal estado de las vías, muchas de ellas totalmente bloqueadas. En total, 41 kilómetros de vías se encuentran afectados entre tramos primarios, secundarios y terciarios.

Actualmente, 34 municipios han declarado calamidad pública, 30 están en alerta naranja y 39 en alerta amarilla, mientras que Betulia, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí se encuentran en alerta roja debido al alto riesgo por crecientes súbitas.

El río Magdalena también presenta un aumento crítico en su caudal, afectando a las comunidades ribereñas y generando nuevas inundaciones.

Pese a los esfuerzos de atención con maquinaria amarilla, las autoridades advierten que las condiciones climáticas continúan siendo adversas. Organismos de socorro mantienen las alertas activas e instan a la comunidad a seguir las recomendaciones oficiales.