Los videos compartidos en redes sociales evidenciaron cómo motociclistas y conductores de carros particulares se detuvieron de golpe, buscando refugio ante lo que muchos creyeron era un enfrentamiento entre el Ejército y grupos armados ilegales. Sin embargo, el mismo Ejército Nacional aclaró más tarde que no se trataba de un combate, sino de “maniobras disuasivas” ejecutadas por los pelotones blindados del Grupo Maza.

Según voceros militares, estas acciones forman parte de una estrategia operativa diseñada para evitar que estructuras armadas ilegales, como el ELN o las disidencias del frente 33 de las FARC, se tomen el control del territorio. “Estas maniobras buscan replegar a los grupos que pretenden sembrar miedo en esta vía estratégica hacia el Catatumbo”, explicó un oficial de la institución.

Aun así, la zozobra fue real. En los videos se escuchan explosiones y se observan vehículos estacionados a un lado de la carretera mientras los ocupantes intentan protegerse. Los testimonios recogidos por medios locales dan cuenta de la angustia vivida por los civiles, que por varios minutos creyeron estar en medio de un combate.

El temor no es infundado. Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo, vive una de las peores crisis humanitarias del país. Desde enero, más de 60.000 personas han sido desplazadas y otras 10.000 permanecen confinadas por la violencia. Apenas la noche anterior a los hechos en El Zulia, un ataque con dron explosivo en zona rural de Tibú cobró la vida de un niño de 12 años y dejó gravemente herida a su madre.

Las autoridades aún no han logrado confirmar los detalles del ataque debido a las dificultades para acceder a la zona, lo que ha generado preocupación entre líderes comunitarios. El episodio de anoche, aunque atribuido a una acción preventiva del Ejército, vuelve a poner sobre la mesa el temor constante que viven los habitantes del departamento, atrapados entre el fuego cruzado y la incertidumbre.

Colombia busca fortalecer su alianza con la OTAN en medio de creciente tensión en seguridad nacional

En un contexto de creciente presión interna por la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento del crimen transnacional, una comitiva de alto nivel de las Fuerzas Militares de Colombia viajó esta semana a Bélgica para afianzar su relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El objetivo central del viaje fue la renovación del Programa de Asociación Personalizado (ITPP), una herramienta clave en la cooperación entre Colombia y la Alianza Atlántica.

La delegación estuvo encabezada por el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, e integrada por representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. Durante las reuniones en Bruselas y Mons, las autoridades colombianas destacaron la necesidad de extender el ITPP por tres años más, subrayando que esta alianza no solo aporta respaldo estratégico, sino también acceso a estándares de interoperabilidad, educación militar, tecnología y ciberseguridad.

Colombia es el único país de América Latina con estatus de socio global de la OTAN. Desde 2013, cuando firmó su primer acuerdo de cooperación en seguridad de la información, ha venido consolidando su rol dentro del organismo, especialmente en áreas como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. El programa ITPP, firmado en 2021, también incluye compromisos en derechos humanos, cambio climático, inclusión de género y respuesta a amenazas compartidas.
 

El almirante Cubides aprovechó su intervención ante el Comité Militar de la OTAN, presidido por el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, para destacar los avances de Colombia en materia de lucha

contra el narcotráfico y la consolidación de capacidades militares bajo estándares internacionales. Asimismo, mencionó los progresos en el proceso de certificación del Centro Internacional de Desminado del Ejército como centro de formación acreditado por la OTAN, modelo que se espera replicar en otras ramas de las Fuerzas.

La visita también incluyó una reunión con el embajador colombiano en Bélgica, Daniel Prado Albarracín, a quien se le presentó un balance detallado de las operaciones militares recientes en el país, marcadas por una escalada violenta en regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Pacífico nariñense.

En un momento en el que Colombia enfrenta desafíos crecientes en su seguridad interna, la renovación de esta alianza cobra especial importancia. Más allá del simbolismo diplomático, el fortalecimiento de los lazos con la OTAN se traduce en capacidades concretas para enfrentar amenazas globales y regionales, en un esfuerzo por garantizar una mayor estabilidad en el país.

JEP imputa a cuatro excomandantes de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad

Una nueva decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner en el centro del debate judicial las heridas abiertas por el conflicto armado en Colombia. El pasado 16 de mayo, el tribunal de justicia transicional imputó a cuatro exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas FARC por crímenes de guerra, lesa humanidad y secuestros cometidos entre los años más crudos del enfrentamiento armado.

Los excomandantes señalados son Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como Jairo Quintero o Jairo Mechas; y Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez. Según informó la JEP, los delitos incluyen toma de rehenes, homicidios, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento y atentados contra la dignidad humana.

La magnitud de los crímenes y el sufrimiento causado a miles de víctimas excluyen a los imputados de cualquier posibilidad de amnistía. La JEP subrayó, además, que muchos de los delitos tuvieron un impacto agravado por razones de género y por las secuelas psicológicas que persisten hasta hoy en los sobrevivientes.

El Bloque Magdalena Medio operó durante años en regiones como Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. Allí, el grupo armado impuso su ley mediante secuestros, extorsiones y control territorial. El tribunal documentó “decenas de secuestros individuales y colectivos”, ejecutados incluso contra personas sin capacidad económica para pagar un rescate.

Uno de los casos más recordados es el de la hija del dueño de la empresa lechera Algarra, secuestrada en Bogotá el 20 de septiembre del 2000 mediante un “paseo millonario”, modalidad delictiva en la que se obliga a las víctimas a retirar dinero de sus cuentas bajo amenaza.

Hasta la fecha, el Caso 01 de la JEP ha acreditado 4.213 víctimas de secuestro por parte de las FARC, de las cuales al menos 189 responsabilizan directamente al Bloque Magdalena Medio.

Los excomandantes tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si los aceptan, deberán comparecer en audiencia pública para reconocer su responsabilidad ante las víctimas y la sociedad. De lo contrario, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación para continuar con el proceso judicial.

Este nuevo paso de la JEP refuerza su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación en medio de un país que aún busca cerrar las heridas de su conflicto armado.