|
|
Golpe
al narcotráfico en el Cauca
En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía
Nacional, las autoridades lograron incautar más de una tonelada de
marihuana prensada que era transportada en un camión de carga en el
municipio de Piendamó, Cauca. La acción tuvo lugar en un puesto de
control ubicado en el corregimiento de Tunía, donde los uniformados,
tras una inspección de rutina, hallaron el cargamento oculto entre la
carga del vehículo.
El conductor del camión fue capturado en flagrancia y quedó a
disposición de la Fiscalía General de la Nación, que inició el proceso
de judicialización. Según información preliminar, el cargamento estaría
destinado a carteles internacionales con presencia en Centroamérica, una
región donde el valor de este tipo de droga se multiplica, generando
millonarias ganancias a las redes criminales.
La marihuana incautada estaba lista para ser distribuida, empacada
estratégicamente para burlar los controles de las autoridades. Sin
embargo, la pericia de los uniformados permitió frustrar su tránsito
hacia las rutas del narcotráfico.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, celebró el resultado a través de
su cuenta oficial en la red social X, señalando que este tipo de
incautaciones golpean directamente las finanzas de las organizaciones
ilegales que operan en el suroccidente del país.
Mientras tanto, en el Cauca persiste la tensión entre las autoridades y
las estructuras criminales que se disputan el control del territorio y
las rutas del narcotráfico. La incautación de este cargamento es una
muestra más de que, aunque el conflicto continúa, el Estado mantiene
presencia activa en una región donde la ilegalidad busca ganar terreno.
La
guerra con disidencias de las FARC vuelve a sembrar miedo en el Cauca
La noche del viernes 23 de mayo, los habitantes de
Corinto, un municipio enclavado en el norte del convulsionado
departamento del Cauca, vivieron horas de angustia tras un violento
enfrentamiento armado en pleno casco urbano. Los disparos, explosiones y
ráfagas de fusil no provinieron de un ataque externo, sino del choque
entre dos facciones enemigas que, paradójicamente, comparten un mismo
origen: las extintas FARC.
En esta ocasión, se enfrentaron miembros de la estructura Dagoberto
Ramos, alineada con el mando de alias Iván Mordisco, y el Frente 57
‘Yair Bermúdez’, grupo que se escindió recientemente del anterior.
Aunque las autoridades aún no han emitido un parte oficial sobre lo
sucedido, fuentes locales aseguran que al menos dos personas murieron
durante el intercambio de fuego. En redes sociales, los videos de la
confrontación se viralizaron rápidamente, mostrando escenas de pánico
entre la población, obligada a refugiarse o huir para
|
|
evitar quedar atrapada en medio del
combate.
Corinto no es un caso aislado. El Cauca, con su geografía
montañosa y estratégica, sigue siendo una zona clave para las economías
ilegales que alimentan el conflicto armado en Colombia. La violencia se
ha intensificado en los últimos años por la lucha entre distintos grupos
armados ilegales que disputan el control del narcotráfico, la minería
ilegal y otras rentas ilícitas.
Los esfuerzos del Gobierno nacional, que incluyen intervenciones
militares y programas de sustitución de cultivos ilícitos —como los que
se adelantan en el Cañón del Micay— aún no logran frenar la espiral de
violencia que ahoga a la región. Mientras se intenta comprar coca a los
campesinos y reemplazarla con proyectos productivos, los grupos armados
siguen ejerciendo un control de facto en amplios sectores del
departamento.
Apenas una semana antes de los hechos en Corinto, otra tragedia golpeó
al sur del Cauca. En el corregimiento de San Juanito, municipio de
Mercaderes, cuatro hombres fueron asesinados dentro de un bar la noche
del 16 de mayo. El ataque fue tan brutal como frío: dos hombres armados
entraron al establecimiento, abrieron fuego sin mediar palabra y huyeron
dejando muerte y desolación. Tres de las víctimas eran oriundas del
corregimiento El Rosario, y una más era de nacionalidad venezolana.
La vereda Esperanzas del Mayo, donde ocurrió la masacre, no es ajena a
la violencia. Según denunció el alcalde Edilson Gómez, en los últimos
meses han ocurrido múltiples homicidios en el mismo punto, incluyendo la
ejecución de una docente. La cercanía con el departamento de Nariño y su
ubicación en la vía Panamericana convierten esta zona en un corredor
estratégico para las economías criminales.
Mientras las balas siguen marcando el pulso de la vida en el Cauca, la
población civil sigue esperando, entre miedo y resignación, que el
Estado haga presencia más allá de los discursos.
David
Racero y el director del SENA, en la mira de la Procuraduría por
presunta contratación irregular
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación
previa contra el representante a la Cámara David Racero y el director
del SENA, Jorge Eduardo Londoño, por supuestas irregularidades en
procesos de contratación dentro de la entidad de formación pública. La
investigación busca establecer si los funcionarios incurrieron en faltas
disciplinarias al intervenir en la designación de personal dentro del
SENA.
Según informó el ente de control, la decisión surge tras denuncias
difundidas por medios nacionales, donde se revelaron audios y
conversaciones en las que, al parecer, ambos funcionarios discutían cómo
vincular personas a la entidad, incluyendo la posible manipulación de un
concurso para favorecer ciertos nombramientos.
La atención se centra en una posible injerencia indebida por parte del
congresista Racero, quien habría solicitado cargos dentro del SENA para
un familiar cercano. De confirmarse, esta situación podría representar
una vulneración a los derechos de otros servidores públicos, muchos de
ellos pertenecientes a partidos diferentes, que ocupaban previamente
esas posiciones.
“La actuación disciplinaria tiene como propósito
establecer la existencia o no de una conducta irregular y si esta fue
cometida
|
|
bajo alguna causal que excluya la
responsabilidad”, indicó la Procuraduría, que ya ordenó la recolección
de pruebas.
Por ahora, tanto Racero como Londoño guardan silencio
público frente al tema. Sin embargo, el caso genera preocupación en el
Congreso y en sectores sindicales del SENA, que exigen transparencia en
los procesos de vinculación y protección frente a eventuales prácticas
clientelistas.
El país seguirá atento al desarrollo de esta investigación, que podría
tener implicaciones políticas y disciplinarias para uno de los
congresistas más visibles del actual gobierno.
Llevan más de 40 días desaparecidos tras acudir a citación de
disidencias
La incertidumbre se ha convertido en una pesada rutina
para ocho familias del municipio de Calamar, en el departamento de
Guaviare. Desde hace más de 40 días no saben nada de sus seres queridos,
todos integrantes de dos iglesias evangélicas locales, quienes
desaparecieron tras acudir a una supuesta reunión convocada por las
disidencias de las FARC en la vereda Puerto Nuevo.
Era el 3 de abril cuando varios de ellos recibieron una videollamada con
una “invitación” a un encuentro comunitario. Entre los citados estaban
Carlos Valero, Isaías Gómez, Jesús Valero, Marjorie Hernández, James
Caicedo y Óscar Marino. Al día siguiente, según sus familiares, salieron
en una lancha hacia el punto indicado. Algunas mujeres que los
acompañaban no pudieron seguir el trayecto. Les dijeron que los hombres
regresarían en la tarde. Pero nunca volvieron.
Desde entonces, el silencio es absoluto. No hay pistas, no hay
comunicación, no hay respuestas. La comunidad, marcada por el miedo,
vive entre la zozobra y la impotencia. En esta zona, el frente Primero
de las disidencias, supuestamente liderado por alias Calarcá, impone
restricciones y controla la vida cotidiana. "Después de las seis de la
tarde no se puede andar. Los cultos deben hacerse antes. Nos toca
acatar, porque la vida está en juego", confesó un pastor local.
Las iglesias, antes lugares de fe y consuelo, ahora
sienten la ausencia en cada rincón: sillas vacías, niños que preguntan
por sus padres y madres que enfrentan el día a día con un dolor que no
se disfraza. “Es como si se los hubiera tragado la tierra”, lamentó otro
líder espiritual.
El alcalde municipal, Farid Camilo Castaño, anunció recompensas y
convocó reuniones, pero las familias insisten en que no ha habido
acciones concretas. “Un mercado no nos devuelve a nuestros familiares”,
reclamó uno de los afectados.
Hasta el momento, el único pronunciamiento del grupo armado fue un
escueto comunicado negando su responsabilidad. Pero en el Guaviare,
donde los actores armados dominan el territorio, las palabras sin hechos
no traen alivio.
La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, manifestó su
preocupación y aseguró que ha elevado oficios a varias entidades del
Estado, entre ellas la Fiscalía y el Ejército. Sin embargo, sus
gestiones aún no han arrojado resultados. “Este caso refleja la
vulnerabilidad de los líderes religiosos en zonas controladas por
actores ilegales”, advirtió.
Mientras tanto, las familias siguen esperando. No quieren discursos, ni
ruedas de prensa: solo quieren respuestas. Y, sobre todo, que sus seres
queridos regresen con vida.
|
|
