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En medio de esta controversia, quedan los ciudadanos atrapados entre discursos, bloqueos y denuncias. Quienes esperaban el bus esa mañana o perdieron una cita médica por el caos del transporte, difícilmente olvidarán que, más allá de las palabras, lo que se requiere es equilibrio: entre la protesta y la movilidad, entre el derecho a expresarse y el derecho a vivir en paz.

Arma camuflada en encomienda reaviva alertas de seguridad en la cárcel La Picota

Un hecho que pone en entredicho la seguridad de los centros penitenciarios del país ocurrió el pasado viernes en la cárcel La Picota, en Bogotá. Las autoridades penitenciarias descubrieron una pistola calibre 9 mm camuflada dentro de un paquete enviado por correspondencia. El hallazgo se dio gracias a un control rutinario con rayos X en la zona de recepción de encomiendas del penal.

La pistola CZ venía acompañada por un proveedor y diez cartuchos, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El paquete fue remitido por la empresa de mensajería Inter Rapidísimo y estaba dirigido a un recluso, cuyo nombre no ha sido revelado mientras avanza la investigación.

El hecho activó de inmediato los protocolos de seguridad. Unidades antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército acudieron al lugar para verificar el contenido del paquete. Tras descartar la presencia de explosivos, el arma fue asegurada bajo estrictos procedimientos de cadena de custodia.

Como parte del operativo, el INPEC también realizó un registro en el pabellón 31 del penal, en busca del destinatario de la encomienda. Aún no se ha confirmado si se ha identificado al recluso involucrado en el intento de ingreso del arma.

Este intento fallido no es un caso aislado. Es apenas la punta del iceberg de una problemática profunda que enfrenta el sistema carcelario colombiano: la constante entrada de objetos prohibidos a los establecimientos de reclusión.

En abril de este año, un gran operativo simultáneo en 12 cárceles del país permitió decomisar más de 250 celulares, 125 armas cortopunzantes, dos kilos de drogas y hasta 450 litros de una bebida artesanal conocida como Chamber. El balance fue contundente: más de 40 pabellones intervenidos y cerca de cinco mil internos vigilados en una sola jornada.

El 15 de enero, otra intervención masiva en más de 100 cárceles reveló una realidad igual de preocupante: 796 celulares, 2.712 accesorios móviles y 485 tarjetas SIM en manos de internos. Esta operación expuso redes de comunicación ilegales que continúan operando desde dentro, poniendo en riesgo tanto la seguridad de los establecimientos como la del exterior.

El INPEC ha insistido en que estos controles no son únicamente para confiscar elementos, sino también para frenar actividades ilícitas que se gestan tras las rejas. El intento de ingresar un arma de fuego por correspondencia es, sin duda, una alerta roja que obliga a reforzar aún más las medidas de vigilancia.

La seguridad carcelaria en Colombia, más que un desafío, se ha convertido en una carrera contrarreloj.

Rescatan a conductor secuestrado en Bogotá y capturan a nueve integrantes de red criminal

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió rescatar a un conductor secuestrado durante más de doce horas y capturar a nueve personas involucradas, en un caso que pone en evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan con plataformas digitales en la ciudad.

La víctima, un hombre que prestaba servicios de transporte a través de una aplicación, aceptó un viaje en la madrugada cuando fue abordado por cuatro supuestos pasajeros —dos hombres y dos mujeres— en el sur de Bogotá. Lo que parecía ser un servicio habitual se convirtió rápidamente en una pesadilla: fue golpeado, amenazado y llevado por la fuerza a una vivienda donde lo mantuvieron amarrado mientras lo obligaban a entregar datos bancarios y de sus billeteras digitales.

Según relató la víctima, fue torturado física y psicológicamente durante su cautiverio. Los agresores buscaban vaciar sus cuentas, aprovechando la información que lograron obtener a la fuerza. Fue gracias a los gritos de auxilio que vecinos alertaron a las autoridades sobre una situación sospechosa en una vivienda donde presuntamente funcionaba un sistema de “pagadiario”.

Uniformados adscritos a la Estación de Policía de Kennedy se desplazaron al lugar y, ante la actitud evasiva de uno de los ocupantes, ingresaron al inmueble. Allí encontraron al conductor atado de manos y pies, con lesiones visibles en la cabeza y las manos. La intervención permitió su liberación inmediata y la detención de los nueve presuntos responsables, entre ellos una mujer y dos menores de edad.

Durante el procedimiento fueron incautados cinco celulares, un arma de fuego y munición. Las autoridades investigan si este grupo tiene relación con otros casos similares reportados en la ciudad.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación, confirmó que la víctima fue despojada de su vehículo, celular y acceso a cuentas digitales. “Lo golpearon y lo retuvieron por horas. Gracias a la comunidad y a la rápida acción de nuestros hombres, hoy está a salvo”, señaló.

Un juez imputó a los capturados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado, tortura, lesiones personales, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir. Todos fueron enviados a centros de reclusión como medida preventiva.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea 123. En lo que va del año, más de 14.100 personas han sido capturadas en Bogotá, 30 de ellas por secuestro extorsivo. El mensaje es claro: la denuncia ciudadana salva vidas.

Accidente de avioneta médica en zona rural de Chía deja cinco heridos

Un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 31 de mayo encendió las alarmas en la sabana de Bogotá. Una avioneta ambulancia que cubría la ruta entre Guaviare y el aeropuerto de Guaymaral cayó cerca de la vereda Fagua, en el municipio de Chía, dejando cinco personas heridas.

La aeronave cumplía una misión médica y transportaba a una paciente junto a su acompañante. A bordo también se encontraban el piloto, un médico y un auxiliar de enfermería. Todos resultaron lesionados tras el impacto.

El capitán de bomberos de Chía, Jairo Garzón, confirmó que la emergencia fue atendida por su equipo tras recibir una llamada sobre el accidente en zona rural. “Encontramos una avioneta ambulancia con cinco pasajeros. Se trataba de una misión médica, y afortunadamente pudimos prestar atención oportuna a los afectados”, señaló Garzón.

La zona del siniestro, de difícil acceso, complicó por momentos la labor de los equipos de rescate, que lograron estabilizar a los heridos y trasladarlos a centros asistenciales cercanos. Aunque no se ha precisado la gravedad de las lesiones, se confirmó que ninguno de los ocupantes perdió la vida.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. La Aeronáutica Civil ya se encuentra al frente del caso y realizará los estudios pertinentes para determinar si hubo fallas mecánicas, humanas o meteorológicas involucradas.

Este tipo de vuelos suele ser una herramienta vital para trasladar pacientes desde regiones apartadas del país hacia centros médicos de mayor complejidad, por lo que el accidente ha generado preocupación en el sector salud.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia en la zona y se espera un parte médico oficial sobre el estado de salud de los cinco heridos en las próximas horas.

Galán y Petro chocan por bloqueos en TransMilenio durante el paro nacional

El paro nacional del 28 y 29 de mayo en Colombia no solo dejó calles bloqueadas y estaciones de TransMilenio colapsadas. También desencadenó una confrontación directa entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una disputa que revive viejos fantasmas sobre el alcance de la protesta social y la gobernabilidad en la capital.

Todo comenzó con una declaración del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien reconoció públicamente que el bloqueo del sistema de transporte masivo de Bogotá fue una estrategia deliberada del paro. Según Arias, los manifestantes actuaron en distintas localidades con el objetivo de respaldar la consulta popular y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos”, afirmó Arias. La frase no tardó en generar reacciones. La Alcaldía de Bogotá, a través de TransMilenio, presentó una denuncia penal contra el líder sindical, lo que encendió los ánimos en la Casa de Nariño.

El presidente Petro, fiel a su estilo directo y sin rodeos, usó su cuenta en redes sociales para condenar la judicialización de la protesta. “En mi Gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias”, afirmó, añadiendo un dardo a la gestión distrital al señalar que “la capital no necesita de peñalosas jugando a las convivir”, en alusión a antiguos mandatarios bogotanos y sus estrategias de seguridad urbana.

El alcalde Galán no se quedó atrás. También desde la red X, antes Twitter, respondió con un tono firme y cargado de preocupación por el impacto de las protestas en la vida de los ciudadanos. “Dígame, ¿usted está de acuerdo con que 200 o 300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público durante varias horas?”, preguntó al presidente, visibilizando el caos que vivieron más de dos millones de usuarios del sistema.

El alcalde insistió en que Bogotá protege la protesta pacífica, pero advirtió que esta no puede sobrepasar los límites del respeto a los derechos de los demás. “La protesta no puede ser violenta ni desproporcionada”, subrayó, recordando fallos de la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Arias, por su parte, defendió su postura ante la denuncia. “Los bloqueos no son ningún delito. En Colombia estamos acostumbrados a criminalizar la protesta social”, dijo en entrevista con medios locales. Y añadió que su declaración no incita a la violencia, sino que refleja el ejercicio legítimo de un derecho fundamental.