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Comerciantes de Usaquén, atrapados entre las obras y la incertidumbre

El centro fundacional de Usaquén sigue siendo un laberinto de polisombras, maquinaria y calles rotas. A pesar de que las obras debieron terminar en agosto de 2023, los comerciantes y residentes siguen lidiando con un panorama desolador. La suspensión del contrato con el consorcio RGH 2021, responsable de la renovación del sector, dejó las intervenciones a medias, y ahora el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) intentan mitigar los estragos causados por el retraso.

Las promesas de un espacio renovado quedaron en el aire para los habitantes del barrio Santa Bárbara. Las obras iniciaron en diciembre de 2021 con la demolición del parque central y sus alrededores. Lo que al principio se veía como una transformación necesaria pronto se convirtió en una pesadilla sin final aparente. De los 38 segmentos viales que debía intervenir el contratista, solo trabajó en 13, y ninguno fue terminado.

Ramiro Camacho, dueño de una pizzería en la calle 117, resume el sentir general: “Desde que empezaron las obras, los clientes ya no quieren venir. No hay por dónde transitar, el parqueo es un caos y caminar por acá es imposible”. Como él, decenas de comerciantes han visto caer sus ventas drásticamente. Algunos ya cerraron sus negocios, incapaces de resistir la prolongada crisis.

El IDU anunció recientemente que intervendrá siete de los 13 segmentos inacabados, mientras que la UMV se hará cargo de los otros seis. El plan de mitigación contempla reparaciones puntuales para garantizar la movilidad de peatones y vehículos en los próximos tres meses, sin generar nuevos cierres. Sin embargo, esto no alivia la frustración de quienes han esperado por años la terminación de un proyecto que parecía una solución, pero que ha traído más problemas que beneficios.

Para los residentes, la situación es igual de desesperante. “Al principio, pensé que era bueno para el sector, pero ahora desearía que nunca lo hubieran hecho”, comenta un vecino de la zona. El deterioro del espacio público, la proliferación de escombros y la afectación a la movilidad han convertido la vida cotidiana en un desafío constante.

La toma de posesión parcial del contrato por parte del IDU es la última esperanza para la comunidad. Las entidades de servicios públicos ya iniciaron verificaciones en la zona para evaluar el estado de las redes y coordinar las acciones necesarias. No obstante, la incertidumbre persiste: ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar los comerciantes y residentes para que Usaquén vuelva a ser un lugar transitable y próspero? Mientras tanto, la resignación parece ser la única alternativa.

El drama de los pacientes en Bogotá: Una lucha diaria por medicamentos

Laura López Pardo tiene 25 años y, desde que era bebé, depende completamente de los cuidados de su madre, Adriana Pardo. Un accidente en su infancia la dejó postrada en una cama y con una salud frágil que requiere atención constante. Sin embargo, su derecho a la vida digna, reconocido en un fallo judicial desde 2009, hoy se tambalea. Desde hace dos meses, no ha recibido Ensure Advance, el suplemento alimenticio que necesita para sobrevivir.

El desabastecimiento de medicamentos no es un problema exclusivo de Laura. En diferentes sectores de Bogotá, cientos de pacientes viven un viacrucis para acceder a sus tratamientos. Entre filas interminables, fórmulas vencidas y respuestas inconclusas, la salud de muchas personas se deteriora mientras esperan una solución que no llega.

Adriana, con desesperación, ha recurrido a la ayuda de vecinos y rifas para costear el suplemento de su hija. "Una botella diaria cuesta 66.000 pesos. No puedo cubrir ese
 

gasto por mi cuenta. Nos han fiado en la droguería, pero esto no puede seguir así", relata. Su caso es apenas uno de tantos en la capital.

Los adultos mayores también enfrentan este drama. Julio Rodríguez, de 72 años, necesita levotiroxina para su tiroides, pero cada vez que acude a Audifarma le dicen que no hay stock. "Toca venir una y otra vez hasta que uno pierde la esperanza. La fórmula se vence y empieza el ciclo de nuevo", cuenta resignado. Luis Rincón, de 75 años, vive la misma historia: "Me dicen que venga la próxima semana, pero siempre es la misma respuesta. Entre pasajes y tiempo, la salud de uno se va deteriorando".

El problema también afecta a personas con enfermedades crónicas y degenerativas. Martha Galindo, paciente con artritis y osteoporosis, no recibe su biológico desde febrero. Su hija, Ivón Herrera, enfrenta un calvario similar: lucha contra el cáncer y la falta de medicación ha deteriorado su salud. "Sin los suplementos de calcio, tengo parálisis frecuentes. Mi esposo, que es diabético, también sufre porque no encuentra sus medicamentos", explica.

Las EPS y dispensarios han sido señalados por la crisis. La Superintendencia Nacional de Salud realizó inspecciones y halló grandes cantidades de medicamentos en bodegas de Audifarma, lo que desató un debate sobre posible acaparamiento. Sin embargo, Fenalco, vocero del sector, alega que el Gobierno desconoce la logística del abastecimiento y que los inventarios hallados corresponden a un suministro habitual.

Mientras las entidades debaten responsabilidades, los pacientes siguen sufriendo. Jenny Molina ha hecho filas incontables en un dispensario en el Restrepo sin éxito. "He venido cuatro veces este mes. Me ofrecen enviarlos a la casa, pero llegan incompletos. Es una burla", denuncia.

El panorama es incierto. La odisea por conseguir medicamentos en Bogotá se ha convertido en una rutina dolorosa para muchas familias. La salud, un derecho fundamental, se ha transformado en un privilegio inalcanzable para quienes dependen del sistema.

Subred Sur fortalece la atención en salud y amplía su oferta de servicios en Bogotá

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur continúa consolidándose como un pilar clave en la atención médica de Bogotá. Durante el último año, la entidad ha registrado avances significativos en la prestación de servicios, beneficiando a miles de habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz.

Uno de los logros más destacados ha sido el aumento del 4,2 % en la consulta de medicina general, pasando de 288.530 atenciones en 2023 a 300.413 en 2024. Además, los egresos hospitalarios han tenido un crecimiento notable del 52 %, reflejando una mejor capacidad de respuesta y atención oportuna a los pacientes. En el servicio de urgencias, se ha logrado reducir el tiempo de permanencia de los pacientes en un 24 %, optimizando la rotación y evitando congestiones en los centros de salud.

Para garantizar una cobertura más amplia, la Subred ha reforzado su modelo de atención extramural e intramural, llegando a barrios y comunidades con equipos de salud especializados. Esto ha permitido mejorar el acceso a servicios básicos y especializados para poblaciones vulnerables, impactando positivamente en su bienestar. Gracias a esta estrategia, el 99 % de los usuarios ha manifestado satisfacción con la atención recibida.

En términos financieros, la Subred Sur ha logrado resultados positivos, con una utilidad operacional de $1.384 millones y un excedente de $2.673 millones. Además, se ha reducido el tiempo de pago de cuentas de 210 a 90 días, lo que ha mejorado la gestión y sostenibilidad del sistema de salud.

Con el objetivo de seguir ampliando la capacidad de atención, avanzan los proyectos de infraestructura en salud. El Hospital de Usme, con un 93,74 % de ejecución, se proyecta para entrega en junio de 2025, mientras que la nueva Torre de Urgencias del Hospital El Tunal, con un 32,29 % de avance, estaría lista en agosto de ese mismo año.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la Subred Sur con una atención en salud más eficiente, accesible y de calidad para la comunidad del sur de Bogotá.

Chapinero quiere ser el primer piloto de la Ley Antirruido en Bogotá

La localidad de Chapinero, una de las más afectadas por la contaminación auditiva en Bogotá, podría convertirse en el primer territorio en implementar la recién sancionada Ley Antirruido. Así lo propuso la alcaldesa local, Alexandra Mejía, quien instó a reducir el tiempo de reglamentación y comenzar su aplicación cuanto antes.

“Chapinero ha sido una de las localidades más impactadas por el ruido nocturno y el generado por la movilidad. Por eso, solicitamos que nuestra localidad sea el territorio piloto para la implementación de la Ley Antirruido. Un año y medio es demasiado tiempo para la reglamentación y pedagogía; estamos listos para actuar desde ya”, afirmó la mandataria.

La problemática del ruido en Chapinero no es nueva. Desde hace años, residentes han denunciado el abuso de la figura de “sedes sindicales”, utilizada como fachada por numerosos negocios nocturnos para operar sin restricciones. A pesar de las quejas formales, las cartas a la Alcaldía Local y las mesas técnicas con las autoridades, el problema persiste, afectando la calidad de vida de los habitantes.

La Ley Antirruido, sancionada recientemente por el presidente Gustavo Petro, busca dotar a las autoridades regionales y nacionales con herramientas más allá del control policial para enfrentar el problema del ruido. Según la normativa, los municipios con más de 100.000 habitantes deberán desarrollar planes de gestión contra la contaminación auditiva, adaptados a sus propias realidades. Además, se establecen sanciones económicas para quienes superen los niveles permitidos, con multas que pueden ir desde dos hasta 800 salarios mínimos en eventos masivos.

Mientras se definen los lineamientos nacionales, Chapinero avanza en su propia estrategia. “Desde ya estamos trabajando en la socialización de la ley con residentes y empresarios, promoviendo buenas prácticas y mecanismos de diálogo. También fortaleceremos los canales de atención a la ciudadanía para recibir denuncias y educar sobre los efectos nocivos del ruido excesivo”, aseguró Mejía.

Con esta propuesta, la localidad se posiciona como pionera en la lucha contra la contaminación auditiva en Bogotá, buscando mejorar la convivencia y el bienestar de sus habitantes. Ahora, la decisión final está en manos del Gobierno Nacional y las entidades encargadas de definir la implementación de la ley en todo el país.