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Protestas en
Perú: Multitud exige a Boluarte acciones contra el crimen
organizado
Las calles de Lima fueron escenario de
multitudinarias protestas contra la presidenta Dina Boluarte,
con ciudadanos clamando por seguridad ante la ola de violencia
que azota el país. La indignación alcanzó su punto máximo tras
el asesinato del cantante de cumbia Paul Flores, ocurrido el 16
de marzo al final de un concierto.
Vestidos de blanco, músicos, actores y cómicos lideraron una de
las movilizaciones más concurridas. Al grito de "¡No queremos
morir!" recorrieron varios kilómetros hasta el Ministerio del
Interior, donde entregaron un comunicado exigiendo medidas
inmediatas contra la extorsión y el sicariato. Sus pancartas
llevaban el rostro de Flores, convertido en símbolo de la
creciente inseguridad en Perú.
En otra manifestación, profesores, estudiantes y fuerzas de
oposición marcharon hacia el Congreso, denunciando la falta de
acción del gobierno. "Nos están matando", rezaban los carteles,
mientras algunos manifestantes mencionaban al presidente
salvadoreño Nayib Bukele como referente en la lucha contra el
crimen.
El temor en las calles no es infundado. La Asociación Nacional
de Colegios Privados del Perú informó que más de 400
instituciones educativas han sido víctimas de extorsión. En
algunos casos, las amenazas han obligado a suspender clases
presenciales y optar por sesiones virtuales. "El gobierno no
tiene las herramientas para enfrentar la inseguridad", afirmó
Mileidi Abanto, una ingeniera de 27 años que se unió a la
protesta.
Boluarte enfrenta una crisis de popularidad sin precedentes. Su
desaprobación ha alcanzado el 93%, una cifra que la sitúa entre
los mandatarios más impopulares del mundo. La inseguridad y la
falta de confianza en su gestión han impulsado estas
movilizaciones, que reflejan el hartazgo de la población.
Como respuesta a la creciente violencia, el gobierno decretó el
estado de emergencia en Lima desde el 18 de marzo, autorizando
el despliegue de militares para apoyar a la policía. Sin
embargo, muchos ciudadanos consideran insuficientes estas
medidas y exigen soluciones más contundentes para frenar la
criminalidad.
Las protestas en Lima dejaron en claro un mensaje: el pueblo
peruano no está dispuesto a normalizar la violencia.
Tragedia en
Myanmar: Más de 1.600 muertos tras devastador terremoto
La tragedia sacudió a Myanmar el pasado viernes,
cuando un terremoto de magnitud 7,7 dejó un saldo de más de
1.600 muertos y al menos 2.376 heridos, según informaron las
autoridades militares del país. El sismo, con epicentro a 17,2
kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar,
causó estragos en la infraestructura, destruyendo carreteras,
puentes y miles de edificios.
El líder de la junta militar, el general Min Aung Hlaing,
advirtió que el número de víctimas podría seguir aumentando. En
un comunicado, pidió ayuda internacional para hacer frente a la
magnitud del desastre, mientras equipos de rescate continúan
trabajando en las zonas más afectadas. Sin embargo, la falta de
recursos y la inestabilidad política han complicado las labores
humanitarias.
De acuerdo con un modelo predictivo del Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS), la cifra de fallecidos
podría superar las 10.000 personas, mientras que las pérdidas
económicas podrían representar un duro golpe para la ya frágil
economía del
país. A pesar de los esfuerzos de búsqueda
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y rescate, la devastación ha superado
la capacidad de respuesta local, y muchas personas aún permanecen
atrapadas bajo los escombros.
El terremoto ocurrió en plena luz del día, lo que, según los expertos,
podría haber evitado un número aún mayor de víctimas, ya que las
personas tuvieron más oportunidad de reaccionar. Sin embargo, el colapso
de estructuras mal construidas agravó la situación, dejando a cientos de
familias sin hogar y con pocas esperanzas de recuperación inmediata.
Las comunicaciones y el transporte también se han visto gravemente
afectados. La torre de control del aeropuerto de Naypyidaw colapsó,
obligando al cierre de este y del aeropuerto de Mandalay. Además, los
daños en la autopista que conecta las principales ciudades han
dificultado el acceso a las zonas más golpeadas por la catástrofe.
La comunidad internacional ha comenzado a movilizarse para enviar ayuda.
China anunció un paquete de asistencia de 13,77 millones de dólares en
suministros de emergencia, mientras que países como Rusia, India,
Malasia y Singapur han enviado personal y materiales de socorro. Corea
del Sur, por su parte, destinará una ayuda humanitaria inicial de dos
millones de dólares.
Estados Unidos también ofreció asistencia, a pesar de sus tensas
relaciones con la junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de
Estado de 2021. No obstante, las sanciones impuestas al régimen podrían
dificultar el acceso a estos recursos.
Mientras tanto, en Tailandia, el terremoto también dejó un rastro de
destrucción. Al menos 10 personas murieron y más de 100 continúan
desaparecidas tras el colapso de tres edificios en Bangkok. Equipos de
rescate trabajan contrarreloj para encontrar supervivientes entre los
escombros.
La situación en Myanmar sigue siendo crítica. Con miles de personas sin
hogar y una infraestructura colapsada, el país enfrenta uno de los
peores desastres naturales de su historia reciente. La comunidad
internacional observa con atención, mientras los esfuerzos de rescate
continúan en medio de la desesperación de los afectados.
Polonia se aleja de la
misión francobritánica en Ucrania para evitar tensiones con Rusia
Polonia, uno de los países europeos más firmes en su
apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, ha decidido no
participar en la misión de paz impulsada por Francia y el Reino Unido.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, y su ministro de Defensa,
Wadysaw Kosiniak-Kamysz, han dejado claro que el país no enviará tropas
a territorio ucraniano para evitar cualquier provocación con Rusia.
"Ningún país fronterizo con Rusia debería participar en una misión de
mantenimiento de la paz en Ucrania, ya que esto podría dar lugar a
diversos tipos de provocaciones", declaró Kosiniak-Kamysz. La postura
del Gobierno polaco cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía, con
encuestas que reflejan un apoyo de entre el 60 % y el 75 % a esta
decisión.
El diputado Bartomiej Wróblewski, del partido opositor Ley y Justicia
(PIS), coincidió en la necesidad de actuar con cautela. "En política
exterior, Polonia no siempre tiene que ser la primera en adoptar una
postura clara. Es mejor ir medio paso por detrás para evitar errores",
explicó, recordando el ejemplo de la participación polaca en Irak, que
generó controversia.
Más allá de la prudencia política, Polonia enfrenta
múltiples desafíos en su seguridad. Su posición geográfica la convierte
en el principal centro logístico para el apoyo internacional a Ucrania
y, al mismo tiempo, en la encargada de asegurar la frontera con
Bielorrusia, donde actualmente hay desplegados 6.000 soldados. Kosiniak-Kamysz
enfatizó que "el flanco oriental de la OTAN debe ser protegido", y que
los riesgos de ataques híbridos en la región son una realidad constante.
No obstante, no todos en Polonia ven con buenos ojos la
decisión de mantenerse al margen. El general Roman Polko criticó la
postura del Gobierno, sugiriendo que ya
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existen incursiones encubiertas de
soldados polacos en Ucrania. "Es absurdo negar nuestra participación,
cuando actividades logísticas ya se realizan dentro del territorio
ucraniano", afirmó. Polko también sugirió que las fuerzas especiales
polacas podrían desempeñar un papel clave en misiones de inteligencia y
operaciones encubiertas, como ya lo hicieron en Kosovo a principios del
siglo XXI.
El rechazo polaco a la misión de paz también responde a la necesidad de
evitar que Rusia utilice su participación como un pretexto para reforzar
su discurso propagandístico. Moscú ha acusado repetidamente a Polonia de
tener ambiciones territoriales sobre el oeste de Ucrania. Los altos
mandos rusos, incluido el ministro de Exteriores Sergei Lavrov y el ex
presidente Dmitri Medvedev, han insistido en que Varsovia busca
aprovechar el conflicto para expandir su influencia en el este de
Europa.
Para evitar alimentar esta narrativa, el Gobierno de Tusk ha optado por
mantener una postura prudente. Su negativa a enviar tropas es vista como
una estrategia para preservar la estabilidad regional y evitar que Rusia
utilice la presencia polaca en Ucrania como un argumento para escalar
aún más el conflicto.
Tribunal de apelaciones
permite a DOGE continuar con recortes en USAID
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos
levantó la orden que impedía al Departamento de Eficiencia Gubernamental
(DOGE), dirigido por Elon Musk, continuar con los recortes en la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La decisión
allana el camino para que la Administración Trump desmantele casi por
completo la agencia.
Antes del fallo, la Administración ya había dado los últimos pasos para
eliminar USAID como organismo independiente. En un correo enviado a los
empleados, el equipo de gobierno confirmó que la agencia quedará bajo el
control del Departamento de Estado con apenas 15 trabajadores. Minutos
después del anuncio, comenzaron a llegar correos de despido a cientos de
empleados.
El secretario de Estado, Marco Rubio, notificó formalmente al Congreso
que la mayoría de los programas de USAID serán recortados y sus
funciones restantes trasladadas. La decisión es parte de la estrategia
de Trump para reducir lo que considera "desperdicio y abuso" en el
gobierno federal.
El tribunal de apelaciones falló a
favor de la Administración al concluir que, si bien DOGE influyó en el
proceso, los recortes fueron aprobados por funcionarios gubernamentales.
La demanda, impulsada por exempleados de USAID, argumentaba que DOGE
ejercía un poder inconstitucional sin la aprobación del Senado. Sin
embargo, los jueces determinaron que las declaraciones de Musk en redes
sociales, como su comentario sobre haber "triturado a USAID", no eran
prueba suficiente de que estuviera tomando decisiones directas.
El abogado de los demandantes, Norm Eisen, expresó su desacuerdo con el
fallo, aunque destacó que el tribunal dejó abierta la posibilidad de que
el desmantelamiento de USAID sea inconstitucional por otras razones.
"Esta lucha apenas comienza", afirmó.
La eliminación de USAID ha generado preocupación entre legisladores
demócratas y organizaciones humanitarias. La agencia, con más de seis
décadas de historia, jugaba un papel clave en la asistencia exterior de
Estados Unidos. Su cierre ha obligado a reducir programas, despedir
personal y suspender contratos en medio de crisis globales, como el
reciente terremoto en el sudeste asiático y la hambruna en Sudán.
Inicialmente, el gobierno ordenó a los empleados en el extranjero
regresar en 30 días, lo que generó protestas. Aunque se permitirá un
retorno más gradual, muchos trabajadores ya no tienen empleo ni
residencia en EE.UU. Mientras la batalla legal continúa, el destino de
USAID sigue en el aire.
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