|
Elecciones
presidenciales 2026: inicia inscripción y recolección de firmas

Hoy inicia el
calendario electoral para las elecciones de presidente y
vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo
constitucional 2026-2030, que se llevarán a cabo el 31 de mayo
de 2026, con la inscripción de ciudadanos para cambiar el lugar
de votación, el registro de los comités inscriptores de
candidaturas avaladas por firmas y la etapa de recolección de
las firmas de apoyo.
Inscripción de ciudadanos
Para dar inicio al proceso de inscripción de ciudadanos para
participar en las elecciones presidenciales de 2026, las 1.205
sedes de la Registraduría Nacional en todo el país estarán
abiertas este 31 de mayo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Es de señalar que deben realizar el trámite de inscripción
aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, que
hayan regresado al país de forma permanente, y quienes tengan
cédulas expedidas antes de 1988 y no estén en el censo
electoral.
En Colombia, el trámite de inscripción se podrá realizar en la
Registraduría más cercana, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a
4:00 p. m., presentando la cédula amarilla con hologramas o la
cédula digital (versión física o desde el dispositivo móvil).
En el exterior, se
realiza en los consulados en los horarios habituales de
atención, presentando la cédula amarilla con hologramas, la
cédula digital o el pasaporte colombiano vigente.
La inscripción de
ciudadanos para votar en las elecciones presidenciales se
extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, dos meses antes de las
elecciones. El cambio del puesto de votación se verá reflejado
una vez se conforme el censo electoral definitivo, es decir, a
partir del 30 de abril de 2026.
Los ciudadanos
pueden consultar su lugar de votación actual en
www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’ y
finalizando con el botón ‘Lugar de votación’.
Registro de comités inscriptores de candidaturas avaladas por
firmas y recolección de apoyos
Hoy también comienza el registro de los comités inscriptores de
candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y
movimientos sociales e inicia el periodo de recolección de las
firmas de apoyo.
Con el propósito de reglamentar el procedimiento, la
Registraduría Nacional del Estado Civil profirió la Resolución
6064 del 22 de mayo de 2025, donde se establece ante quién debe
registrarse el comité, cómo presentar la solicitud de registro,
cuáles son los requisitos, entre otros.
La fecha límite para la presentación de los apoyos que respaldan
a los candidatos es el 17 de diciembre de 2025. El número mínimo
de firmas válidas requeridas equivale al 3 % del total de votos
válidos depositados en las elecciones presidenciales de 2022.
La Registraduría Nacional tendrá plazo hasta el 21 de enero de
2026 para certificar el cumplimiento del número mínimo de apoyos
válidos requeridos para respaldar la inscripción de las
candidaturas.
Finalmente, de acuerdo con el calendario electoral, el 31 de
enero de 2026 iniciará el periodo de inscripción de candidatos,
y este se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026.
Se espera que
polarización y campaña para 2026 no afecten ley de competencia

En esta tercera
legislatura, el proyecto más importante que se aprobó es la
reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), con el
propósito de que las regiones reciban más plata de los ingresos
corrientes de la Nación para atender obligaciones y necesidades.
En la cuarta y última legislatura en este Congreso, que comienza
el próximo 20 de julio, será la ley de competencias la que
redistribuya en el nuevo esquema las obligaciones entre el
Gobierno nacional, departamentos y municipios. Es una discusión
compleja, más técnica que política, que se espera esté por
encima de la campaña para las elecciones del 2026 y la
polarización entre el oficialismo y la oposición.
La reforma al SGP hará que el giro de recursos que hace la
Nación a las regiones crezca del 22,5% al 39,5% de los ingresos
corrientes de la Nación, de forma gradual en los próximos 12
años. No obstante, para que ello ocurra, primero se debe
tramitar una ley de competencias en la que la Nación se
desprenda de algunas obligaciones, porque se reducen sus
ingresos, y que pasen a las entidades territoriales.
Es una discusión técnica, pero también política, porque es claro
que se va a dar un pulso entre la nación y las entidades
territoriales por no quedarse con las obligaciones que consuman
más recursos, como salud, educación y saneamiento básico. Sin
embargo, lo que finalmente se determine debe asegurar la
sostenibilidad de las finanzas públicas, el suficiente
financiamiento del Gobierno nacional, de gobernaciones y
alcaldías, así como la inversión para el desarrollo y mejorar la
calidad de vida de los colombianos.
|
|
El proyecto
El proyecto de ley de competencias será el primero que radicará el
Gobierno en la próxima legislatura. El presidente Petro dijo el pasado
22 de mayo, durante su intervención en el foro “Retos de la
descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en
Colombia”, organizado por la Contraloría General, que se presentará este
20 de julio.
“Está abierta (la discusión). Espero que para las sesiones que comienzan
después del 20 de julio se presente, y ya veremos el desarrollo del
debate. Es intenso, lo sé, dura sus meses, pero va a ser muy
enriquecedor para Colombia”, dijo el mandatario.
La ley establecerá la organización y el funcionamiento del SGP y la
distribución de competencias entre niveles de gobierno. “No se podrán
descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos
fiscales suficientes para atenderlas, y no se podrán asignar recursos a
las entidades beneficiarias del Sistema General de Participaciones sin
la previa descentralización de competencias”, establece el Acto
Legislativo 03 de 2024.
Determina también que “el Gobierno nacional presentará ante el Congreso
de la República, en el término de hasta 12 meses contados a partir de la
promulgación del presente acto legislativo, el proyecto de ley de qué
trata este artículo”. Conforme a esto, la Administración Petro tiene
hasta el próximo 27 de diciembre para radicar la iniciativa, sin
embargo, su propósito, como se dijo, es hacerlo este 20 de julio.
No obstante, ha habido retraso en tener listo el borrador del proyecto
para que, una vez sea aprobado por el presidente Petro y las carteras
comprometidas en este tema, se inicie la socialización del texto con la
Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de
Municipios, así como con las asociaciones de ciudades capitales e
intermedias.
El ministro del Interior,
Armando Benedetti, dijo en su participación en abril anterior en la
Cumbre de Gobernadores en Yopal, Casanare, que “la lógica de trabajo
para la construcción de este proyecto de ley es que se ha hecho un
comité presidido por el Ministerio del Interior, el de Hacienda y el
Departamento Nacional de Planeación, con unos subcomités de educación,
salud y vivienda”.
Se conoció que esta semana o a más tardar en la próxima, el Gobierno
tendrá listo el borrador del proyecto con cerca de 150 artículos, y si
es avalado por el presidente comenzará la socialización con los
distintos actores, para lo que se tendría mes y medio, si es que
efectivamente la Casa de Nariño radica la ley de competencias el próximo
20 de julio.
Parece poco el tiempo para discutir con las agremiaciones de
gobernadores y alcaldes un proyecto tan complejo y con tantos artículos
antes de llevarlo al Congreso; sin embargo, el ambiente político
enrarecido por el hundimiento de la reforma laboral y la consulta
popular en que insiste el presidente, así como por el cambio de timonel
en ministerios y entidades que están en este proceso (Interior, Hacienda
y el Departamento Nacional de Planeación), explicaría la demora en tener
el respectivo borrador.
Benedetti afirmó que “el
problema con este proyecto de ley es que todo el mundo cree que va
recibir más plata, y si esto no llega concertado con la Federación de
Municipios, Asointermedias y la Federación de Departamentos, naufraga en
el Congreso.
Cada gobernador tiene su
amigo en el Congreso de la República para que realmente quede lo que
quieren las gobernaciones, los municipios o los mismos representantes de
Fecode, sectores de la salud, saneamiento básico y otros. Por eso, esto
tiene que ser muy bien concertado con ustedes”, puntualizó el ministro
Benedetti en la pasada cumbre de gobernadores.
Crecen expectativas
El contralor general de la República, Carlos Rodríguez Becerra, advirtió
que los modelos económicos aplicados privilegian la centralización,
generando mayores brechas y desigualdades entre las diferentes regiones,
situación que ha contrariado el espíritu del constituyente del 91. Esta
es la conclusión, explicó, de un estudio del ente de control sobre la
implementación de la descentralización diferencial y sus posibles
implicaciones en el desarrollo equitativo de las regiones en Colombia.
Rodríguez recordó que la implementación progresiva de la nueva
asignación del SGP implicará trasladar cerca de $1,7 billones a partir
del año 2027, hasta alcanzar $45 billones en 2039. Advirtió que esta
transferencia deberá ser compensada, en su mayor parte, con la reducción
de gastos de funcionamiento o inversión a cargo del Gobierno central. Al
respecto, advirtió: “Esto conlleva un riesgo relacionado con las
inflexibilidades presupuestales que presenta el Presupuesto General de
la Nación”.
A su turno, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de
Municipios, Gilberto Toro, afirmo que: “Nosotros hemos venido trabajando
ya en un proyecto concreto que creemos que el Gobierno nacional, en
cabeza del ministro Benedetti, y el Congreso de la República,
seguramente nos lo recibirán porque refleja el querer de los alcaldes y
alcaldesas del país”.
También la Federación Nacional de Departamentos tiene lista una
propuesta de borrador de ley de competencias, a la espera de que el
Gobierno dé el banderazo para iniciar la discusión.
Este proyecto exige un consenso de alto vuelo con el propósito de que
salga una ley de competencias equilibrada, funcional y que tenga en
cuenta las diferencias que hay entre los territorios.
De nada serviría que los departamentos casi doblen los recursos que hoy
reciben, si son sobrecargados de responsabilidades que no puedan cumplir
con eficiencia, ni tampoco que se adelgacen de tal manera los ingresos
del Gobierno nacional que no alcance a solventar rubros que
constitucionalmente le corresponden, como la atención de la deuda
pública, la defensa nacional y, por ende, costear el Ejército y la
Policía; las relaciones exteriores y, por ello, el gasto que demandan
las embajadas y los consulados; y el funcionamiento de la justicia,
entre una extensa lista.
|
|
¿Por qué no avanza
investigación de la ‘Campaña Petro’ en la Comisión de Acusaciones?

Luego de que la Procuraduría
pidiera sanciones contra el exgerente de la campaña “Petro Presidente
2022-2026”, Ricardo Roa, al señalar que el hoy gerente de Ecopetrol
omitió el reporte de facturas para cuadrar las cifras y evitar la
superación de los topes electorales, diversos sectores han cuestionado
la labor de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes,
donde también cursan pesquisas por este caso.
El triunvirato encargado de adelantar la información está conformado por
Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta de la colectividad Pacto Histórico,
así como por Wilmer Carrillo, perteneciente al partido de la U.
Sin embargo, desde el 11 de marzo la investigación no ha avanzado. En un
comunicado emitido por los parlamentarios se anunció “es necesario por
mandato de la ley suspender nuevamente la investigación hasta tanto la
última recusación sea resuelta por el pleno de la Comisión de
Acusaciones, por lo que el triunvirato no podrá adelantar ninguna otra
diligencia hasta ese momento”.
Al respecto, se conoció por parte de uno de los miembros de la Comisión
que las recusaciones ya se encuentran agendadas en el orden del día de
esta célula “desde hace tres semanas”. Sin embargo, las más recientes
sesiones se han tenido que suspender por falta de cuórum. Asimismo, las
discusiones se han dilatado, hecho que no ha permitido la solución de
las recusaciones para dar continuidad al proceso investigativo.
No obstante, justamente un grueso de representantes ha señalado que los
tres parlamentarios se han encargado de torpedear el proceso, razón que
ha llevado a nuevas acusaciones contra los congresistas.
De hecho, Christian Garcés del Centro Democrático ha denunciado un
presunto prevaricato por omisión por parte del Triunvirato “porque
usaron nuestras recusaciones para dilatar el proceso del juicio político
a Petro”. Además, Garcés agregó en entrevista con el diario El
Colombiano que “en vez de someter a discusión las recusaciones
inmediatamente, como se hace en cualquier comisión del Congreso, no lo
hicieron y dejaron que pasaran meses para dilatar el juicio”.
A su vez, previo a la última recusación contra Uribe, Carrillo y
Arizabaleta –radicada a principios de marzo– la Corte Suprema de
Justicia pidió acceso a la investigación adelantada por este
triunvirato, que ya cursará su tercer año. La orden fue por solicitud
del magistrado Misael Rodríguez “para tener la documentación del citado
proceso disponible con el fin de adelantar diligencia de obtención de
documentos en las instalaciones de la Comisión de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes”.
'Iván Mordisco' sigue
delinquiendo: minDefensa desmiente a disidencias

El ministro de Defensa,
Pedro Sánchez, desmintió la veracidad del comunicado publicado,
supuestamente, por el Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Suárez
Briceño, disidencias de las Farc, donde se confirma la muerte de Néstor
Gregorio Vera Fernández, más conocido como 'Iván Mordisco'.
"Por el narco criminal 'Iván Mordisco' hay una recompensa de hasta 4.450
millones pesos y para nosotros sigue delinquiendo hasta que demostremos
lo contrario", afirmó el jefe de la cartera de Defensa, al término de un
consejo de seguridad en Chiquinquirá, Boyacá.
Del mismo modo, el negociador del Gobierno con las disidencias de alias
'Calarcá', Camilo González Posso, le confirmó a RCN Radio que el
comunicado es falso.
"Les hemos preguntado a personas del equipo más cercano a Calarcá, que
nos han dicho que efectivamente es falso, y por el lado del Gobierno,
del Ministerio de Defensa, servicios de inteligencia, pues también están
reconfirmando ese carácter falso del comunicado", indicó el negociador
al medio de comunicación.
¿Qué dice el comunicado de las disidencias?
Este viernes se dio a conocer un documento, en el que, supuestamente,
las disidencias al mando de alias 'Calarcá' aseguraban que 'Mordisco'
habría sido abatido durante los recientes enfrentamientos en la selva
del Amazonas, en inmediaciones a los ríos Caguán y Caquetá.
"Se ha liderado una guerra fratricida, innecesaria y dolorosa, contra
nuestros propios hermanos de lucha, empujada por el capricho y la sed de
poder del autodenominado comandante 'Iván Mordisco'. Su visión
personalista, autoritaria y contraria a la voluntad colectiva de los
pueblos insurgentes nos condujo a un enfrentamiento evitable", se lee en
el comunicado en que se añadieron, "hoy, con pesar, pero también con
firmeza, informamos que 'Iván Mordisco' ha caído".
El documento fue firmado por el Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge
Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.
|
|