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Preocupante aumento de
víctimas en masacres en Colombia durante octubre de 2024
En Colombia, octubre de 2024 se destacó por ser el más
violento en términos de masacres en los últimos dos años, según un
informe del Ministerio de Defensa. Durante ese mes, se registraron 43
víctimas de masacres, superando significativamente las 27 víctimas del
mismo mes en 2023. Este aumento en la violencia ha generado preocupación
en el país.
A lo largo de 2024, de enero a octubre, se contabilizaron un total de 69
masacres en todo el territorio colombiano, resultando en 234 víctimas.
Aunque estas cifras son alarmantes, representan una disminución del 13%
en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se registraron 81
masacres y 270 víctimas, de acuerdo con lo revelado por la cartera de
Defensa.
Cabe mencionar que, desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo
Petro se han documentado 192 masacres con un saldo de 649 víctimas. Los
departamentos más afectados por estos actos de violencia han sido Valle
del Cauca, Cauca, Antioquia, Atlántico y Norte de Santander.
El informe también destaca que la masacre más reciente ocurrió en el
municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca. Además, dos días antes, en
Riohacha, La Guajira, se encontraron los cuerpos de otras cuatro
personas en un área entre los corregimientos de Perico y El Ebanal.
Estas cifras y eventos reflejan un panorama complejo de seguridad en
Colombia, donde las masacres continúan siendo un desafío significativo
para las autoridades y la sociedad en general.
Panorama desalentador para dos departamentos
Valle del Cauca y Cauca se destacan como las regiones más afectadas por
las masacres en Colombia durante 2024, con un total de 64 incidentes
registrados en el país, según datos del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz). Ambas regiones registraron 10 casos cada
una, lo que refleja una preocupante tendencia de violencia en estas
áreas.
El reciente ataque en el norte del Valle del Cauca, ocurrido el 17 de
noviembre, es un ejemplo de la violencia que azota la región. En este
incidente, tres personas murieron en un ataque sicarial en la vía que
conecta Bugalagrande con Andalucía. Las víctimas, identificadas como
José Jesús Aristizábal, Jesús Alejandro Bravo y Luis Alejandro Pérez,
fueron interceptadas por hombres armados que abrieron fuego, según el
coronel Giovanni Cristancho, comandante del Departamento de Policía
Valle. Las autoridades sospechan que el ataque fue un ajuste de cuentas
relacionado con el grupo criminal La Inmaculada.
La violencia en estas regiones está estrechamente vinculada a las
economías ilegales, como el cultivo de coca, la producción de cocaína y
la minería ilegal, que generan tensiones entre los grupos criminales y
las comunidades locales. Iván Carvajal, consultor en seguridad, explicó
que el Valle del Cauca actúa como un corredor para estos negocios
ilegales, lo que contribuye a la violencia en la zona.
En Cauca, las masacres han cobrado la vida de 41 personas en 10
incidentes, afectando principalmente a comunidades étnicas que defienden
sus territorios. Los líderes comunitarios enfrentan un dilema entre
aceptar las condiciones impuestas por los grupos armados o resistirse,
lo que a menudo resulta en violencia, según Carvajal.
La investigadora de Indepaz, Juana Cabezas, señaló que los actores
detrás de estas masacres son variados, incluyendo disidencias de las
FARC, el ELN, la Segunda Marquetalia y bandas locales. Estas
organizaciones buscan controlar economías ilegales como el microtráfico
y la extorsión, lo que incrementa la violencia en las comunidades.
A pesar de los esfuerzos por reducir la violencia, las cifras de
masacres no han mostrado una disminución significativa en los últimos
años. Entre 2016 y 2019, se registraron entre 33 y 51 masacres anuales,
pero desde 2020 no se ha logrado bajar de las 90. Esta persistente
violencia subraya la necesidad de una intervención estatal más efectiva
en las regiones afectadas, no solo con presencia de la Fuerza Pública,
sino también con programas de desarrollo social y económico.
"Pinocho" y su grupo en la
mira de EE.UU.: ¿Un dilema para la "Paz Total" de Petro?
La situación de Fredy Castillo Carrillo, conocido en el
mundo criminal como "Pinocho", ha generado alarma tanto en Colombia como
en Estados Unidos. "Pinocho", líder de las Autodefensas
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Conquistadores de la Sierra Nevada, una
organización criminal surgida de los antiguos "Pachencas", es uno de los
hombres más buscados por las autoridades estadounidenses. Estados Unidos
lo acusa de tráfico de cocaína y otros delitos relacionados, y ha
solicitado su extradición, lo que pone en una situación difícil al
gobierno de Gustavo Petro, en medio de su apuesta por la "Paz Total".
Este grupo delictivo, también conocido por su estrecha
relación con el narcotráfico y las extorsiones en la Sierra Nevada de
Santa Marta y sus alrededores, es el único de los catalogados como
"organizaciones criminales" que se presenta como "Autodefensas". Un
hecho relevante es que el líder de este grupo, Hernán Giraldo Serna,
alias "El Patrón" o "El Taladro", fue designado recientemente como
"gestor de paz" en el marco de los diálogos de paz impulsados por el
gobierno Petro. Sin embargo, la solicitud de extradición de "Pinocho"
complica la situación.
La historia de "Pinocho" y su grupo comenzó a tomar relevancia en agosto
de este año, cuando el gobierno de Petro, a través de una resolución
presidencial, autorizó la instalación de un espacio de "conversación
sociojurídico" con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
En ese espacio, los representantes del grupo, incluyendo a "Pinocho" y
otros líderes, comenzaron a negociar con el gobierno, buscando un
posible acuerdo dentro de la estrategia de "Paz Total".
El 5 de septiembre, mediante un decreto, el presidente Petro aceptó a
"Pinocho" y otros cabecillas del grupo como representantes en dicho
espacio de diálogo, lo que llevó a la suspensión de las órdenes de
captura contra ellos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no
han dejado de presionar para que se cumpla su solicitud de extradición.
Según varias fuentes, las autoridades estadounidenses pidieron la
extradición de "Pinocho" en julio de 2024, acusándolo de estar vinculado
a una red de narcotráfico internacional que distribuye cocaína hacia
Estados Unidos. La Corte del Distrito Este de Texas le imputa, entre
otros delitos, la distribución de más de 5 kilos de cocaína en
territorio estadounidense. Este hecho plantea un desafío diplomático y
político para el gobierno colombiano, que enfrenta la presión de cumplir
con sus compromisos internacionales en la lucha contra las drogas,
mientras busca consolidar un proceso de paz con grupos armados.
Lo que complica aún más la situación es que las autoridades
estadounidenses también han solicitado la extradición de otros miembros
clave del grupo, como Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias "Muñeca",
hermano de "Pinocho", quien también está involucrado en actividades de
narcotráfico. La petición se extiende incluso a Jonathan Jair Hidalgo
Suárez, alias "Máscara", capturado en septiembre de 2024, quien es
señalado como el jefe de sicarios del grupo.
Para las autoridades colombianas, la extradición de estos individuos
podría convertirse en un tema delicado en medio de las negociaciones en
curso. Aunque algunos analistas advierten que el gobierno de Petro
podría estar considerando una salida negociada para evitar la
extradición, otros señalan que, dada la naturaleza de los crímenes
cometidos por estos líderes, la presión internacional podría hacer que
la extradición sea inevitable.
En este contexto, se especula sobre un posible acuerdo en el que los
miembros de las Autodefensas de la Sierra Nevada proporcionen
información sobre las redes de narcotráfico ocultas, a cambio de una
reducción de sus penas o de evitar la extradición. Esta estrategia se ha
utilizado anteriormente con otros delincuentes, como el caso de Juan
José Valencia Zuluaga, alias "Falcon", quien tras ser extraditado a
Estados Unidos logró un acuerdo que redujo considerablemente su condena.
El caso de "Pinocho" es emblemático de los dilemas que enfrenta el
gobierno colombiano en sus esfuerzos por avanzar en la "Paz Total"
mientras lidia con las demandas internacionales de cooperación en la
lucha contra el narcotráfico. El futuro de las negociaciones con los
grupos criminales y la cooperación con Estados Unidos parece estar en un
punto de inflexión, donde las decisiones políticas deberán equilibrar la
búsqueda de la paz con el cumplimiento de los compromisos
internacionales.
En cuanto a "Pinocho" y sus aliados, parece claro que su destino
dependerá en gran medida de la evolución de estas negociaciones y de la
postura del gobierno frente a las exigencias de Estados Unidos. Sin
embargo, su caso podría convertirse en una "papa caliente" para el
gobierno de Petro, cuyo desafío será gestionar la presión interna y
externa en un momento crucial para la política de seguridad y justicia
del país.
Murió hombre que lanzó a
su hija desde un edificio en Jamundí: Los vecinos lo habían linchado
Las autoridades confirmaron el martes la muerte del
hombre que lanzó a su hija de cinco años del tercer piso del conjunto
residencial Torres de Alamadina, ubicado en Jamundí, Valle del Cauca.
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El padre fue golpeado por los vecinos que
arribaron al lugar tras conocerse este hecho en el que murió la menor.
Luego, fue trasladado con la Policía a la Fundación Valle del Lili,
donde por la gravedad de las heridas también falleció.
Según se conoció, el caso ocurrió durante
una discusión de la pareja, que tenía otra hija a quien también el
propio papá habría intentado lanzar del edificio, pero los vecinos lo
impidieron.
El coronel Germán Manrique, subcomandante de la Policía Metropolitana de
Cali, dijo que trasladaron a ambas personas al mismo centro asistencial.
“La menor de edad falleció por la gravedad de las heridas
que le causó la caída. Posteriormente, sobre la media noche, el
progenitor también murió debido al linchamiento que le provocó la
ciudadanía”, agregó el coronel.
Las autoridades comunicaron que este hombre tenía
antecedentes por consumo de drogas, además de problemas psiquiátricos.
“Lastimosamente, la ciudadanía tomó justicia por mano
propia. Queremos hacer un llamado a la gente para que, por favor,
esperen a que sean las autoridades la que realice la captura de
cualquier persona que cometa un delito, porque en este caso se cometió
un homicidio”, afirmó Manrique.
Por último, informó que avanzan las investigaciones para
establecer la responsabilidad de quienes le quitaron la vida al padre de
estas dos niñas.
Corte Suprema absuelve a
exembajador León Fredy Muñoz por delitos de narcotráfico
León Fredy Muñóz, exembajador de Colombia en Nicaragua y
excongresista de la Alianza Verde, fue absuelto en el caso por el que la
Corte Suprema de Justicia lo investigaba por delitos relacionados con el
narcotráfico. En la mañana del martes, la magistrada de la Sala de
Primera Instancia Blanca Nélida Barreto Ardila, leyó el sentido de fallo
con el que salió favorecido el político.
La decisión tomada por la Sala se dio a pesar de la petición de la
Fiscalía de condenar al exembajador por delitos relacionados con el
narcotráfico, en lo que, según trató de probar el ente investigador,
tenían que ver con los 146 gramos de cocaína encontrados en su maleta en
un aeropuerto en 2018.
La Sala concluyó que aunque “para la configuración del tipo penal se
requiere demostrar el ánimo que tenía el procesado de la distribución o
venta de la sustancia estupefaciente, y en este caso la Sala consideró
que la Fiscalía no se ocupó de acreditar esto y omitió toda referencia
fáctica y probatoria dirigida a evidenciar que el excongresista
pretendía comercializarla”.
Asimismo, en su decisión, la Corte consideró que la defensa de Muñóz no
logró demostrar su hipótesis de que se trató de un montaje y que la
droga fue plantada en la maleta. “El órgano instructor enmarcó los
hechos y las circunstancias por las cuales sería sometido a juicio Muñoz
Lopera, omitiendo cualquier referencia al destino de la sustancia que
fue hallada en su poder, pues solo dio por sentado que al no haberse
probado la calidad de consumidor, debía entenderse que la finalidad de
llevarla consigo no era su consumo, sin concretar entonces desde lo
fáctico y lo probatorio, cuál era el propósito —con relevancia penal— de
la droga incautada, bien fuera su distribución o venta”, dice la
decisión.
Al salir de la audiencia que se llevó a cabo en la sede de la Corte
Suprema en la calle 72 de Bogotá, el exembajador Muñón dijo que el caso
en su contra “efectivamente fue un montaje, se dijo desde el principio.
¿Es que quién va a llevar cocaína de Bogotá para Medellín?, además en
esa época yo había sido electo como congresista, me iba a ganar
$35′000.000 y esa droga valía $500.000, no era ni para consumir, porque
se demostró que no era consumidor, jamás en la vida he consumido y jamás
en la vida voy a narcotraficar con 146 gramos de cocaína”.
Durante el proceso en el alto tribunal, según se pudo conocer, Muñóz
dijo no ser “un narcotraficante, no soy un consumidor, jamás lo he
hecho. No tengo malas costumbres. He sido un luchador. El único defecto
en la vida mía es decir la verdad. Y lo voy a seguir haciendo (…) Pero
cuando me hicieron este montaje, eso partió mi vida, nunca he tenido un
día en paz después de eso; sueño con eso, tengo pesadillas con eso. Para
mi familia ha sido muy duro”.
La génesis del caso se remonta al 31 de mayo de 2018. Ese día Muñoz
Lopera fue capturado por la Policía en el aeropuerto de Rionegro al
descubrirse que en su maleta de mano traía una bolsa transparente con
146 gramos de cocaína. Para esa fecha ya había sido elegido
representante a la Cámara por el Partido Verde, pero aún no se había
posesionado. La noticia de su detención provocó revuelo nacional.
Curiosamente, veinte meses después, el 30 de enero de 2020, las
autoridades encontraron una segunda bolsa con cocaína en la maleta de
Muñoz Lopera que permanecía en custodia judicial. Esa segunda bolsa no
fue detectada en el momento de su arresto.
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