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Corte
Suprema condena a exgobernador del Meta
La justicia colombiana emitió un fallo contundente contra el
exgobernador del Meta, Juan Manuel González Torres, al imponerle una
condena de 19 años de prisión por su responsabilidad en un esquema de
contratación irregular que provocó millonarias pérdidas para el
departamento. La decisión fue adoptada por la Sala de Primera Instancia
de la Corte Suprema de Justicia, tras un proceso que analizó la gestión
administrativa del exmandatario entre 2006 y 2007.
Según la sentencia, González Torres fue hallado culpable de los delitos
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación agravado. La investigación determinó que durante su
administración se comprometieron recursos públicos mediante contratos
que no cumplían las exigencias legales ni los criterios de seguridad
financiera establecidos para la inversión de dineros estatales.
El fallo también incluye la inhabilidad para ejercer cargos públicos por
el mismo tiempo de la condena, una multa cercana a los 21.600 millones
de pesos y el pago de una indemnización superior a 1.400 millones de
pesos a favor del departamento del Meta.
De acuerdo con las pruebas evaluadas por la Corte, funcionarios de la
administración departamental firmaron 38 contratos bajo la modalidad de
oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición. A través de estos acuerdos, se destinaron recursos
públicos a patrimonios administrados por fiduciarias y empresas
privadas, lo que implicó una inversión total cercana a los 182.000
millones de pesos.
Sin embargo, al momento de cumplirse los plazos para la devolución de
los recursos, solo se recuperaron cerca de 94.000 millones, dejando un
faltante superior a los 87.000 millones de pesos. Para el alto tribunal,
la operación financiera ignoró principios fundamentales de la
contratación pública como la transparencia, la economía y la
responsabilidad en el manejo de recursos estatales.
La sentencia concluyó que el exgobernador no ejerció el control
necesario sobre estas operaciones, permitiendo que dineros públicos
terminaran comprometidos en inversiones de alto riesgo que beneficiaron
a particulares.
Colombia’s Supreme
Court sentences former Meta governor over irregular contracts
Colombia’s judicial system delivered a landmark ruling
against former Meta governor Juan Manuel González Torres, sentencing him
to 19 years in prison for his role in a controversial scheme involving
irregular public contracts that caused massive financial losses for the
department.
The verdict was issued by the First Instance Chamber of the Supreme
Court after reviewing evidence related to González Torres’
administration between 2006 and 2007. Judges concluded that the former
governor was responsible for signing and allowing contracts that failed
to meet legal requirements and placed public resources at significant
financial risk.
In addition to the prison sentence, the ruling bars González Torres from
holding public office for the same period. The court also imposed a fine
of approximately 21.6 billion Colombian pesos and ordered him to
compensate the Meta department with more than 1.4 billion pesos in
damages.
Investigators found that during the administration, treasury and
financial officials signed 38 agreements known as commercial offers for
the transfer of benefit rights with repurchase clauses. Through these
contracts, public funds were invested in private financial structures
managed by fiduciary companies and private entities.
The total investment reached roughly 182 billion pesos. When the
contracts expired, however, only about 94 billion pesos were returned to
the department, leaving a deficit of more than 87 billion pesos.
The court determined that these investments violated the basic
principles of transparency, accountability and responsible management of
public funds. According to the ruling, the former governor failed to
properly oversee the use of departmental resources, ultimately enabling
private contractors to benefit from risky financial operations that
harmed the public treasury.
Autoridades investigan
incautación de dinero que sería usado para compra de votos
Un nuevo caso que podría estar relacionado con delitos electorales
encendió las alertas de las autoridades en Colombia. En la vía que
conecta a Ibagué con Espinal, en el departamento del Tolima, la Policía
incautó más de 70 millones de pesos en efectivo que, según las primeras
hipótesis, habrían sido destinados a la compra de votos.
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El hallazgo se produjo en la tarde del 4 de marzo, alrededor de las 5:30
p.m., durante un control de rutina realizado por la Policía de Tránsito
en el kilómetro nueve, a la altura del sector del peaje de Gualanday.
Allí, los uniformados detuvieron un vehículo en el que se movilizaban
varias personas y, tras una inspección, encontraron una suma
considerable de dinero en efectivo dentro de un bolso.
Además del dinero, los agentes hallaron cerca de 2.000 adhesivos y más
de 1.800 tarjetones con propaganda política relacionada con una
aspirante a la Cámara de Representantes. La presencia de estos elementos
levantó sospechas entre las autoridades, especialmente porque los
ocupantes del vehículo no pudieron presentar documentos que justificaran
la procedencia ni el destino de los recursos.
El comandante de la Policía, el general William Rincón,
explicó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales
competentes para establecer si el dinero está vinculado a un posible
esquema de compra de votos, una práctica considerada delito en el marco
de los procesos electorales.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de
la Nación, específicamente de la Fiscalía 22 Especializada en Lavado de
Activos en Bogotá, que ahora analiza las pruebas recolectadas durante el
procedimiento.
Este episodio se suma a otros casos recientes que también
han despertado preocupación en medio del ambiente electoral. Días atrás,
un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección fue capturado en
La Guajira con 145 millones de pesos y material político, aunque
posteriormente un juez ordenó su libertad al considerar irregular su
captura.
Las autoridades también investigan otro hecho ocurrido en Córdoba, donde
un exconcejal fue detenido transportando más de 430 millones de pesos en
efectivo sin justificar su origen.
Authorities investigate
seizure of cash allegedly linked to vote buying in Colombia
Colombian authorities have opened a new investigation
into a suspected electoral crime after more than 70 million pesos in
cash were seized during a police checkpoint in the Tolima region. The
incident occurred on the road connecting the cities of Ibagué and
Espinal, where traffic officers stopped a vehicle during a routine
inspection.
According to preliminary reports, officers discovered the money inside a
bag during the search of the car. Alongside the cash, police also found
political campaign materials, including approximately 2,000 stickers and
more than 1,800 printed ballots promoting a candidate for the House of
Representatives.
The discovery immediately raised concerns among officers, especially
because the individuals traveling in the vehicle were unable to provide
documentation proving the legal origin or intended use of the money.
Authorities suspect the funds could be related to illegal vote-buying
activities, a crime that frequently surfaces during electoral seasons in
different parts of the country.
Police commander General William Rincón confirmed that the evidence
collected at the scene was handed over to judicial authorities for
further analysis. The case is now under investigation by Colombia’s
Attorney General’s Office, specifically the Specialized Anti-Money
Laundering Unit based in Bogotá.
Investigators are examining whether the seized funds were part of a
broader network designed to influence voters through financial
incentives. If proven, those involved could face criminal charges
related to electoral corruption and illicit financing.
The case is not isolated. In recent days, authorities have reported
similar incidents across the country. One of them involved a security
guard assigned to Colombia’s National Protection Unit who was detained
in La Guajira with more than 145 million pesos and campaign materials,
although a judge later ordered his release due to procedural issues
during the arrest.
Another ongoing investigation in the department of Córdoba involves a
former councilman caught transporting more than 430 million pesos in
cash without being able to explain the source of the funds.
JEP convoca a
excomandantes del Bloque Caribe
La Jurisdicción Especial para la Paz puso nuevamente el foco sobre los
secuestros cometidos por el antiguo Bloque Caribe de las Farc al
convocar a cinco de sus excomandantes a una audiencia pública de
reconocimiento de verdad y responsabilidad. El encuentro judicial está
previsto para los días 21 y 24 de abril y se centrará en los hechos
ocurridos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y
Barranquilla, regiones donde cientos de familias vivieron durante años
la angustia del cautiverio.
Los llamados por el tribunal de paz son Abelardo Caicedo, Osmany Landero,
Gilberto de Jesús Giraldo, Luis Cuadras y Uriel Oviedo, antiguos mandos
de esa estructura guerrillera. Según la investigación, todos habrían
tenido capacidad de decisión y control sobre las unidades que ejecutaron
secuestros, muchos de ellos en retenes ilegales conocidos como pescas
milagrosas.
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Dentro del Caso 01 de la JEP, dedicado
al fenómeno del secuestro, hay 4.439 víctimas acreditadas. De ellas, 827
atribuyen su cautiverio al Bloque Caribe. La jurisdicción concluyó que
esta estructura aplicó tres patrones criminales: financiar la guerra,
presionar intercambios ilegales.
Colombia’s Peace Court
Calls Former FARC Commanders to Admit Kidnappings
The Special Jurisdiction for Peace has once again turned
attention to the kidnappings carried out by the former Caribbean Bloc of
the FARC after summoning five of its ex-commanders to publicly
acknowledge responsibility. The hearing is scheduled for April 21 and 24
and will focus on crimes committed in the Caribbean departments of
Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar and the city of
Barranquilla, territories where hundreds of families endured years of
uncertainty while their relatives remained in captivity.
Those called before the tribunal are Abelardo Caicedo, Osmany Landero,
Gilberto de Jesús Giraldo, Luis Cuadras and Uriel Oviedo, former leaders
within that guerrilla structure. Investigators say the men held command
authority and knew how kidnappings were organized, often through illegal
roadblocks known in Colombia as “miracle” fishing operations.
Within Case 01 of the court, dedicated to the FARC kidnapping strategy,
authorities have recognized 4,439 victims. At least 827 link their
abduction to the Caribbean Bloc. Judges concluded the group followed
systematic orders to finance war and pressure prisoner exchanges with
hostages across northern Colombia decades.
Imputan a hombre por
asesinato de exmarino estadounidense en Villa de Leyva
La Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento del
asesinato de Martín George Paige, un ciudadano estadounidense y
exintegrante de la Marina de Estados Unidos que fue hallado muerto en su
residencia en Villa de Leyva, Boyacá. En las últimas horas, un fiscal de
la Seccional Boyacá imputó a Carlos Alberto Sánchez Jiménez por los
delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, dentro de una
investigación que apunta a un crimen planeado con fines de robo.
De acuerdo con el ente acusador, Sánchez Jiménez habría participado en
la planeación del asalto ocurrido el 2 de febrero de 2025 en el barrio
Los Ángeles del municipio. Según las evidencias recopiladas por los
investigadores, el hombre se habría reunido con al menos otras dos
personas para coordinar la manera de ingresar a la vivienda del
extranjero y sustraer objetos de alto valor.
La Fiscalía sostiene que el hoy procesado habría facilitado elementos
como cuerdas y otros implementos que permitieron someter a la víctima.
Durante el asalto, los responsables se llevaron dos anillos valorados en
más de 25.000 dólares, además de una manilla de plata y otros artículos
personales.
El dictamen de Medicina Legal reveló que a Paige le suministraron
opioides para dejarlo inconsciente. Posteriormente, la causa de la
muerte fue determinada como asfixia mecánica, lo que confirmó la
violencia del ataque.
Por estos hechos ya fueron condenados, mediante preacuerdo con la
justicia, Jesús Alberto Ramírez Machado y Eduardo Moisés Machado
González, quienes recibieron una pena de 25 años de prisión. La
investigación continúa abierta y las autoridades mantienen activa una
notificación roja de Interpol contra una mujer que también estaría
involucrada en el homicidio.
Man charged in killing
of former U.S. Navy member in Colombia
Colombia’s Attorney General’s Office continues to
move forward in the investigation into the killing of Martin George
Paige, a U.S. citizen and former member of the United States Navy who
was found dead in his home in Villa de Leyva, in the department of
Boyacá. Authorities recently charged Carlos Alberto Sánchez Jiménez with
aggravated homicide and aggravated theft, describing the crime as a
carefully planned robbery that ended in a fatal attack.
According to prosecutors, Sánchez Jiménez played a role in organizing
the events that took place on February 2, 2025, in the Los Ángeles
neighborhood of the historic tourist town. Investigators believe the
suspect met with at least two other people beforehand to plan how they
would enter the victim’s home and steal valuable belongings.
Authorities say Sánchez Jiménez allegedly provided ropes and other items
used to restrain Paige during the assault. Once inside the house, the
attackers stole two rings valued at more than $25,000, along with a
silver bracelet and other personal items belonging to the victim.
Forensic experts from Colombia’s National Institute of Legal Medicine
determined that Paige had been given opioids to render him unconscious.
The autopsy later confirmed that the cause of death was mechanical
asphyxiation.
Two other suspects, Jesús Alberto Ramírez Machado and Eduardo Moisés
Machado González, have already been sentenced to 25 years in prison
after reaching plea agreements with prosecutors. Investigators also
confirmed that an Interpol red notice remains active for a woman
believed to be linked to the crime.
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