Plenaria del Senado escuchó al Ministro del Trabajo

MÁS SALUD, MENOS ARMAS

ARLs atenderán el COVID-19 como enfermedad laboral

Bogotá, Abril 20 de 2020
Por Nohora P. Virgüez.

Con un informe positivo sobre la solicitud presentada la semana anterior al Ministerio de Defensa en el sentido de destinar recursos de su cartera para el sector de la salud, entregado por el senador Roy Barreras del Partido de la U, la plenaria del Senado escuchó el informe del titular de la cartera de Trabajo, citado en la sesión anterior.

Durante su intervención, el senador Barreras señaló que de los recursos asignados al rubro de compra de armas del Ministerio de Defensa, 100 mil millones de pesos fueron destinados al sector de la salud, no obstante que en la proposición se pedía Un billón de pesos.



Estos recursos serán usados para tres hospitales de campaña ubicados en Cartagena Bolívar, Málaga Santander y Puerto Leguizamo Putumayo, siete UCI, compra de pruebas para identificar el COVID-19 e implementos de bioseguridad.

Posteriormente, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Custodio Cabrera rindió un amplio informe sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para ayudar a ese sector durante esta pandemia.

Dijo que luego de analizar la situación de los trabajadores del campo de la salud se liberaron cerca de $20 mil millones de pesos de las ARL, destinados a la protección de médicos, enfermeras, administrativos y demás personas con exposición directa al COVID-19, a la vez que se concluyó que definitivamente el coronavirus si es una enfermedad laboral para ellos, por lo tanto todo el tratamiento de los afectados debe ser asumido por las ARL.
 

 


También anunció en qué consiste la protección a los trabajadores que queden cesantes en esta coyuntura: se les entregará un subsidio equivalente a 2 SMLMV divididos en tres mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia.

Así mismo, según esta directriz, durante seis meses las personas recibirán el aporte de seguridad social sobre 1 SMLMV y mantienen el acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar por seis meses.
 

A su turno, el Director del Departamento

Nacional de Planeación, Luís Alberto Rodríguez, destacó los alcances del programa “ingreso solidario” destinado a los colombianos que, con motivo de la pandemia, cayeron en una situación dramática y que no figuran en los registros de familias en acción y demás programas sociales que entregan subsidios del Estado.

Dijo que en el programa “Colombia Mayor”, cerca de 3 millones de hogares colombianos, han recibido hasta el momento $240 mil pesos dividido en dos pagos, uno de $160 mil pesos y otro de $80 mil pesos, recursos que con corte al 17 de abril, 22 entidades financieras certificaron su pago.

Recordó que la segunda etapa de estos pagos de realizaran a partir del 22 de abril, los cuales van dirigidos a los hogares no bancarizados.

Señaló que estos recursos salen del FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, creado a raíz de la coyuntura generada por el COVID-19, con el fin de que la economía siga brindando condiciones que garanticen el empleo y el crecimiento.

Con relación a denuncias sobre que algunos beneficiados con estos subsidios son personas que no existen, que son fantasmas, insistió en manifestar que “eso no puede ser porque se cruzaron la base de datos del sisben 3 del año pasado y sisben 4 de lo que va del presente año, así como los diferentes programas sociales para conocer quiénes estaban recibiendo algún subsidio, para depurarlas y conocer quienes de verdad necesitan.”
 

Inmediatamente fue interpelado por el senador Alexander López Maya del Polo Democrático, quien calificó como gravísima la afirmación del director del DNP cuando dijo que el registro de indígenas y campesinos es erróneo y que tienen números de cédula inventados a la vez que aceptó la realización encuestas erróneas, lo que fue interpretado por el congresista como detrimento patrimonial.

A su turno el senador José Aulo Polo, del Partido Verde, visiblemente molesto le reclamó a los citados, la decisión del gobierno nacional de autorizar la entrega de $80 mil pesos para los campesinos e indígenas que se vean obligados a mantenerse aislados.



Se preguntó si “esa cifra era semanal, quincenal o mensual y por cuánto tiempo. La calificó de indigna y como un insulto para quienes no han descansado un solo día por garantizar, en esta emergencia, la comida de todos los colombianos”.

Reiteró el llamado al gobierno para que atienda el pedido de auxilio de los pequeños y medianos empresarios, con el fin de que éstos mantengan los puestos de trabajo.

Finalmente, el senador Jorge Guevara también del Partido Verde, reclamó el porqué a la fecha los hospitales públicos no han recibido ni camas UCI, ni elementos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Dijo que “de los recursos que se tomaron de los entes territoriales dirigidos al FOME, a los hospitales públicos no les ha llegado ni un peso con las afectaciones y consecuencias que una situación como ésta genera para el despliegue de la pandemia COVID-19”, concluyó el congresista.