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Proyecto de ley que objetó Duque, genera polémica |
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Agropecuarios, con la cual se van a destinar recursos para
el apoyo a pequeños y medianos productores. Uno de los
debates más sonados fue contra la entonces ministra de las
TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de Centros Poblados,
en medio del cual renunció.
De igual forma, las peticiones de documentos se deberán
contestar en un lapso de 20 días y las autoridades
dispondrán de hasta 35 días para dar respuesta a las
inquietudes relacionadas con sus cargos.
“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud, las autoridades
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la
Emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo,
los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa”, señala la orden
del Ejecutivo.
Y agrega que “la suspensión afectará todos los términos
legales, incluidos aquellos establecidos en términos de
meses y años”.
En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional informó que la
modificación de los tiempos se reanudará el día hábil
siguiente a la fecha en la que la cartera de Salud informe
que Colombia ha superado la emergencia sanitaria por el
coronavirus y que por ahora no avanzarán los periodos de
caducidad y prescripción que se regulan en la ley.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)
también expresó su inconformidad por la decisión, puesto que
considera que la misma “afecta el derecho a acceder a
información pública”.
“El Congreso está llamado a rechazar las objeciones al
proyecto de ley. No debería haber lugar para maniobras
políticas que perjudiquen el libre flujo de información”,
escribió el ente en Twitter, agregando que solo 20 países,
incluido Colombia, la mantienen.
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Aunque el Congreso de la República ya clausuró sus sesiones
ordinarias y extraordinarias, hay un proyecto de ley que
sigue generando polémica.

Se trata de la iniciativa que pretendía restablecer los
tiempos de respuesta de los derechos de petición a entre
diez y quince días hábiles, como ocurría antes de la
pandemia del Covid-19, pero que en las últimas horas fue
objetado por el presidente Iván Duque.
“El Gobierno objetó nuestro proyecto que devuelve a la
normalidad los tiempos de respuesta de derechos de petición,
que llevan duplicados 21 meses”, aseguró ayer la
representante a la Cámara por la Alianza Verde Juanita
Goebertus en su cuenta de Twitter.
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Según se explicó, el proyecto contemplaba la derogación de
los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que
se refieren a los términos para atender las peticiones que
estén en curso o sean radicadas durante la emergencia
sanitaria ordenada por el Ministerio de Salud con motivo de
la pandemia por Covid-19, y suspendían los términos de las
actuaciones administrativas y jurisdiccionales.
La disposición emitida por la Jefatura del Estado objetó
esas derogaciones, explicando que se contará con un tiempo
de respuesta a los derechos de petición consistente en los
30 días siguientes a la solicitud.
En las extras también se aprobó la Ley de Insumos.

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