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Bogotá, Colombia -Edición: 275 Fecha: Domingo 09-01-2022 |
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COLUMNISTA |
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Balance de duque: muerte, muerte y más muerte
Por: Hernán Riaño
El único balance que puede presentar el gobierno Uribe-Duque al finalizar el año 2.021 es el de muerte por todo el país, no se salva ni la capital de la república. El informe de INDEPAZ, titulado “CIFRAS DE LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES 2.021”, que iba hasta el 24 de diciembre, inicialmente, y con fuentes tan confiables como: La Fiscalía General, SNIDH, SIVJRGNR, UIA, SAT Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, registraba los siguientes datos: 168 líderes asesinados, de los cuales 26 fueron mujeres; 48 firmantes del acuerdo de paz, que incluyen a 4 mujeres y 93 masacres. También reportó el total consolidado de 1.283 muertes de líderes, hombres y mujeres desde el 24 de noviembre de 2.016, año en que se firmó el acuerdo de paz, y 885 asesinatos durante el gobierno de Iván Duque. Lo que quiere decir que el 69% de los homicidios han ocurrido en el presente gobierno. Pero la cosa no paró ahí, después del 24 de diciembre ocurrieron 3 nuevas masacres que dejaron un saldo de 335 personas asesinadas en 96 masacres.
Quiero resaltar el silencio de todas las instituciones gubernamentales ante estos hechos. Desde el presidente Duque, pasando por los gobernadores y los alcaldes, como mandatarios a diferente nivel guardan silencio, ante estas muertes, que ya muchos califican como genocidio. Ni que decir del resto de instituciones, del poder judicial, de las instituciones investigadoras, de las personerías, que son las que se supone deben velar por los derechos humanos de los ciudadanos y en la mayoría de los casos callan.
En el parlamento colombiano ocurre algo similar, son muy pocos los senadores y representantes que levantan su voz para denunciar y protestar por la ocurrencia de estos hechos. Podemos resaltar solo a los miembros de la llamada oposición, porque los demás partidos están mas interesados en perpetuar el estado de cosas, promulgando leyes amañadas en contra del pueblo.
Triste es la actitud de la llamada “sociedad civil” que hoy como en años anteriores, ha callado y se ha hecho la de “la vista gorda” ante el asesinato de sus compatriotas. Traemos a colación un artículo del diario El Espectador del 25 de octubre de 2.016, en el que resalta el reclamo de Corte suprema a la sociedad por su permisividad, el artículo lo tituló así: El duro reclamo de la Corte Suprema a los colombianos por permitir el accionar de los paramilitares, con la siguiente introducción: “Para el alto tribunal los grupos de autodefensa no habrían logrado sus metas de no ser por el “silencio cobarde o pagado que se presentó durante su proceso de expansión”. Resalto este aparte del artículo: “En un duro pronunciamiento el alto tribunal advierte que los grupos de autodefensa recibieron la “simpatía” de diferentes “integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”.
¿Y los medios de comunicación afines al gobierno?, callando y desviando la atención de la opinión pública a noticia baladíes, sin importancia o dándole relevancia a lo que ocurre en la vecindad.
Este panorama desolador es el que va a entregar el consentido de Uribe al finalizar “su mandato”. Sabemos que el expresidente pretende dejar otro de sus nominados para que siga haciendo lo mismo que Iván Duque. |
Echar globos al aire
Por: Guillermo Navarrete Hernández
Los globos son unos elementos que se elaboran con papel seda, alambre y una estopa o mecha en el centro, a los que es necesario, primero inflar, y luego, prender la mecha para que el aire caliente que se produce en su interior los impulse hacia el cielo. Durante la Navidad algunas familias los emplean con fines de diversión, sin embargo, esta práctica puede resultar adversa por la posibilidad de que al caer causen incendios, 10 de los cuales fueron reportados en Antioquía, uno de ellos, según Telemedellín (2021), en un hogar geriátrico en el sur del Valle de Aburrá, por cuyo motivo las autoridades instan a las personas para que se abstengan de usarlos. Un juego con candela de unos que termina por afectar a otros.
Esta, podría afirmarse, es una conducta habitual de los seres humanos con su entorno, de la cual sobrevienen respuestas o consecuencias incontrastables. El Covid-19, es a mi juicio, uno de esos tantos resultados de la degradación sistemática del medio ambiente y que a pesar de su avance pareciera que no se aprende acerca de sus causas y efectos. Las aglomeraciones humanas, el relajamiento de las medidas de bioseguridad y las doctrinarias campañas antivacuna, impulsan un inevitable cuarto pico de contagios, al pasar en menos de un mes de 2.000 a 23.000 casos diarios en promedio. Pero lo que llama la atención, es que variantes como Ómicron y la nueva IHU anunciada por el gobierno francés, ponen en evidencia que se está lejos de declarar la victoria sobre este virus.
La violencia es la otra pandemia de la que no aprendemos, particularmente en Colombia. El asesinato de 170 defensores de derechos humanos y 96 masacres con 335 víctimas ocurridas durante el año 2021 (Indepaz, 2022) y las más de 60.700 personas víctimas de desplazamiento forzado por el incremento en el accionar de grupos armados ilegales, conforme lo señala la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (2021), son entre otras, cifras que debieran aterrarnos, pero que las percibimos como parte del paisaje. El coletazo de soslayar el cumplimiento de los acuerdos de paz, la negativa de proseguir con la desescalada del conflicto y la ausencia efectiva del Estado en las regiones afectadas por dicho flagelo, generan redivivos ciclos a los que nos hemos acostumbrado. Prueba de ello son los acontecimientos con los que nos madrugaron este año actores del conflicto en el departamento de Arauca: más de 27 asesinatos, 50 personas desaparecidas y una población inerme invadida por el miedo reclama protección por parte de las autoridades. Más restitución y menos revictimización son vitales en estos aciagos momentos. Y qué decir de los más de 83 asesinatos de jóvenes perpetrados durante las protestas del año anterior.
A lo descrito se suma la rampante inseguridad. Las cifras de criminalidad urbana se tornan cada día más difíciles de atacar, debido fundamentalmente a la impunidad que reina en Colombia, más del 94% de los delitos no son efectivamente juzgados y castigados.
La pobreza, retórica de los políticos en campaña, es el otro azote que padece nuestra sociedad. Colombia el segundo país más desigual de Latinoamérica posee una pobreza multidimensional del 18,1% y 11 millones de personas en pobreza monetaria, según el Banco Mundial y el DANE, respectivamente.
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Modelo fallido
Por: Edgar Cabezas
Al modelo de desarrollo extractivista hay que regularlo tomándolo por los cuernos de la ganadería y controlarle el brío al caballo de paso fino que a punta de metralla y dinamita saquea pueblos y recursos naturales para modificar el uso del suelo de la biodiversidad de la selva húmeda tropical por praderas de gramíneas y cultivos de homogeneidad arbórea, infestadas de agroindustria alopática, ciudades de asfalto, cal, arena, oropeles de acero, aluminio, oro y todos los metales y gases de la tabla periódica que generan riqueza humana y pobreza ambiental.
La transición de un modelo de desarrollo, político, económico, territorial, social y cultural sistémico ante uno fracturado que va a la deriva, sin timonel, empieza por la construcción programática colectiva, la escritura del contenido de los títulos, capítulos, artículos, incisos, numerales y literales de cada una de las leyes que han de ser decretadas por el Congreso de La República para sintetizar el nuevo orden constituyente del Estado social de derecho.
Por alguna razón la revolución tiene su punto de partida en la alimentación. Barriga llena corazón contento. Lo que ralentiza el proceso del buen vivir en el campo rural es lo que mantiene en la dependencia alimentaría al campo urbano. El modelo de desarrollo, es una construcción teórica constituida por una triada de elementos: territorio, capital cultural y hábitats en el corredor biológico de la cuenca hidrográfica y su paisaje. Ello permite legislar respecto del campo unificado del territorio perteneciente a las reformas rurales y urbanas.
En un gobierno pluri nacional, multi étnico y diverso culturalmente, en el que el territorio con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación. Su división política administrativa se orienta por un régimen de entidades territoriales: departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, afrodescendientes y parques nacionales naturales. La propiedad privada tiene que ser obligada por el Estado a cumplir con la función económica, social y ecológica correspondiente a la que cada una de las entidades territoriales, por mandato de las comunidades y su poder legislativo, haya ordenado.
El ordenamiento territorial define el uso del suelo entre rural y urbano, así que el contenido de una ley que dé inicio a una reforma rural integral tendrá que tener por fundamento la seguridad alimentaría, el uso sustentable de los atributos de la tierra, el uso sostenible de la economía y el bienestar de la ciudadanía campesina. Esta última, deberá ser reconocida como sujeto de derecho con el objeto de vincular la productividad agrícola, pecuaria y forestal a los empresarios, trabajadores, entidades financieras, entidades territoriales, transportadores, comerciantes, laboratorios de insumos, fabricantes de maquinaria, de ropa, asistentes técnicos y asociaciones de consumidores.
Los partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, juntas de acción comunal, pueblos originarios, afrodescendientes y romí, tendrán que contribuir con el contenido de la ley, de tal manera que su visión quede explícita, para que pueda ser aprobada por consulta previa e ilustrada para que al finalizar el 2026, a los 90 años de haberse expedido la ley 200 de 1936, por fin Colombia pueda tener paz en el campo rural, confianza inversionista, seguridad alimentaría, capitalismo solidario y familiar.
Los electores demandamos a los partidos y movimientos políticos por los que vamos a votar, el borrador del proyecto de reforma rural que han de formular y proponer. |
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