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El Valle del Javarí se ha convertido en una zona narco de la
Amazonía

Ya es un hecho que la desaparición de un periodista británico y
un indigenista en el Valle de Javarí ha puesto el foco sobre esta remota área
amazónica en la frontera de Brasil con Perú y Colombia, con fuerte presencia del
narcotráfico ligado a otros crímenes como la pesca ilegal.
El lugar donde fueron vistos por última vez Dom Phillips y Bruno Pereira cuando
navegaban por el río Itaquaí la mañana del domingo 5 de junio es próximo a la
segunda mayor tierra indígena de Brasil, con una población de 6.300 personas de
26 pueblos, 19 de los cuales viven completamente aislados.
En los últimos años, la región ha sufrido un aumento de la criminalidad que,
según fuentes consultadas por la AFP que trabajaron en la región, se debe a una
fiscalización más laxa del Estado brasileño, aprovechada por el narcotráfico y
por otras organizaciones ilegales de pesca, minería, caza y madera que operan en
las tierras protegidas.

Eso llevó al delegado de la policía en Amazonas, Eduardo Alexandre, a
calificarla de área "bastante peligrosa", al iniciar la búsqueda de los
desaparecidos.
"El bosque, por su naturaleza, siempre fue un espacio
privilegiado para el tráfico debido a que se puede camuflar la droga más
fácilmente que en otros ambientes", dijo Aiala Colares, geógrafo de la
Universidad Federal de Pará e investigador especializado
en la Amazonía en la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.
En la inmensidad de la densa selva amazónica, surcada por ríos
que algunos
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meses al año inundan parte de la vegetación, los pueblos indígenas
han enfrentado crecientes amenazas e invasiones de grupos criminales.

Narcotraficantes han apostado, desde la década de 1990, por las
vías fluviales de la región para transportar droga, principalmente cocaína de
Perú y cannabis de tipo skunk y marihuana de Colombia, apuntó Colares.
El tráfico creció sustancialmente en la última década, dijo el experto, que
explicó que esa ruta termina abasteciendo al mercado brasileño o bien continúa
hacia el exterior.
Colares definió como "multidimensional" la acción de las bandas que operan allí,
ya que mezclan tanto el tráfico de drogas como delitos ambientales como el
contrabando de madera y la pesca ilegal.

La principal, "Os Crias", surgió en 2021 como disidencia de la Familia do Norte,
una de las mayores organizaciones de la Amazonía. La facción, oriunda de la
región, domina la triple frontera de lado brasileño y las rutas del Javarí,
añadió.
Un problema de desigualdad
Bárbara Arisi, antropóloga y profesora de la Vrije Universiteit
de Ámsterdam, trabaja con pueblos del Javarí desde 2003 y aseguró que constató
un deterioro en la última década.
"Cada vez, más criminales, más organizados y armados se aprovecharon de la falta
de estructura del Estado" en esa zona, dijo Arisi, que destacó la penetración
del narcotráfico en algunos pueblos indígenas como los Tikuna.
La antropóloga comparó la inserción del narco en
comunidades indígenas con la penetración en favelas de ciudades como
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Rio
de Janeiro.
"El narco ofrece a muchos jóvenes una vida que no tienen opción de
alcanzar. Les ofrece dinero y muchos acaban convirtiéndose en mulas o
informantes", explicó la antropóloga.
Por ejemplo, Atalaia do Norte, ciudad donde tenían su
base Phillips y Pereira durante su expedición, tiene el tercer peor
Índice de Desarrollo Humano de todo Brasil entre más de 5.000
municipios, según el último censo.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asumió en enero de 2019 con la
promesa de desarrollar la Amazonía, un territorio, según sus palabras,
ocupado por "indios pobres" en "tierras ricas".

El mandatario cambió la dirección de la agencia gubernamental de asuntos
indígenas, la Funai, y colocó a cargo del sector de tribus aisladas a un
pastor evangélico, acusado por activistas de ignorar los intereses que
sirve.
La base de la Funai ubicada sobre el río Itaquaí fue atacada a tiros en
varias ocasiones en los últimos años.
El propio Pereira, que como licenciado de la agencia ayudaba a indígenas
a organizarse para defender el territorio, había sido amenazado por
madereros, mineros y pescadores que intentaban invadir tierras
protegidas.
"Lo que sucedió con Bruno y Dom es resultado de un crecimiento del
crimen organizado que se explica por la ausencia del Estado", dijo
Antenor Vaz, jefe de la Funai en el Javarí, entre 2006 y 2009.
Vaz se mostró pesimista sobre la posibilidad de que, a más de una semana
de su desaparición, las autoridades den con los responsables materiales
e intelectuales del caso.

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