Ordenan que saquen bicitaxis y mototaxis de Bogotá
 

El servicio de bicitaxis y mototaxis en Bogotá tendría los días contados, tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López para desmontar este sistema de transporte.

Durante una rueda de prensa, la mandataria afirmó que ya no se necesitan de esta clase de vehículos, que funcionan principalmente entre barrios de la ciudad.

“Le pido también a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación”, dijo la alcaldesa.

El argumento de Claudia López para acabar con este sistema, es porque los buses del SITP ya cubren las rutas que habitualmente realiza el otro servicio, que también calificó como "ilegal".

“Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP, ya están las rutas. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal. Entonces con concertación, pero con toda la aplicación de la ley, ir corrigiendo eso que nos falta”, explicó López.

Durante los últimos años, los representantes del sistema de transporte solicitaron al Distrito un plan para su regulación, que hasta el momento no ha avanzado.
 

Se han entregado 107 mil dispositivos electrónicos a estudiantes en Bogotá
 

La pandemia puso a prueba la capacidad de respuesta de la sociedad humana en los aspectos más relevantes, como garantizar los derechos más básicos tales como la salud y la educación en medio de cuarentenas y restricciones a la movilidad.

Aunque en un principio el Plan Distrital de Desarrollo de la alcaldía de Claudia López se trazó la meta de entregar 100 mil dispositivos electrónicos para los estudiantes de los colegios oficiales a lo

largo del cuatrienio, la llegada del covid-19 aceleró el cumplimiento de esta meta, la cual fue alcanzada a comienzos de septiembre del año pasado.

No obstante, ¿cómo se llegó a esta cifra? Para responder a la pregunta de cuántos dispositivos electrónicos ha entregado esta Administración a estudiantes sin acceso tecnológico y por qué valor, se habló con el subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación Distrital, Carlos Reverón, quien comenzó por aclarar que a la fecha la cifra de tabletas y portátiles entregados va por los 107 mil dispositivos.

Este número, y esto es muy importante aclararlo, fue posible alcanzarlo gracias a dos hechos: las donaciones y los recursos que la Secretaría de Educación solicitó directamente al Concejo de Bogotá para tal efecto.Con relación a las donaciones, la Alcaldía Mayor no solo hizo la notoria donatón de mediados del 2020, sino que entidades como el grupo de Energía de Bogotá (que donó 2.500 portátiles), la OIM (que donó 140 tabletas) y Satena con Probogotá (que entregaron cerca de 5 mil dispositivos), han contribuido con el resultado final.
 

Sancionan a 19 aerolíneas por posibles cláusulas abusivas
 

Como resultado de 24 investigaciones administrativas, adelantadas por el presunto incumplimiento a las disposiciones del Estatuto del Consumidor que prohíben la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, la Superintendencia de Transporte sancionó a 19 aerolíneas, exoneró de responsabilidad a otras 4 y existe 1 caso más que sigue en curso.

Según el Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar, “la labor oficiosa realizada por la Superintendencia en la detección de cláusulas abusivas en los contratos de transporte de 24 aerolíneas, es muestra de que la supervisión administrativa resulta fundamental para promover la efectiva realización de los derechos de todos los usuarios del sector y defender el interés general previsto en la normatividad.

Trabajamos con rigurosidad para que todos como viajeros podamos acceder a un servicio de transporte aéreo en el que impere el cumplimiento de la ley y así evitar desequilibrios injustificados”.

En febrero y marzo de 2021, la SuperTransporte inspeccionó las páginas web de las aerolíneas que operan en el país, con el propósito de verificar la disponibilidad y el contenido de sus contratos de transporte, a los que tenían acceso los usuarios.

Fue así como se revisaron 69 cláusulas contractuales, encontrando que 56 de ellas contenían disposiciones abusivas como, por

ejemplo, la limitación de la responsabilidad de las aerolíneas y la renuncia de los derechos de los usuarios, lo que podría generar un desequilibrio injustificado en perjuicio de los viajeros, afectando el tiempo, modo o lugar en que podían ejercer sus derechos.

Concejo de Bogotá denunció que Integración ha dejado vencer contratos
 

Organizado por la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, ayer se adelantó un debate de control político al funcionamiento de la Secretaría de Integración Social, sustentado en las denuncias de la comunidad en torno a la falta de gestión, acoso laboral, pagos e irregularidades.

De acuerdo con la cabildante la situación ya es insostenible, pues las denuncias vienen de todos los lados y no es solo un sector o un programa en específico el que está fallando en prestarle atención a los más vulnerables, sino la Secretaría en su conjunto.

No obstante, en el marco de este debate, la concejal se refirió sobre todo a la falta en el pago de bonos canjeables a ciudadanos, al cierre de comedores comunitarios, de jardines infantiles y de provisión de alimentos en estas instancias.

“Lo que vemos es una falta de planeación muy grave. La Secretaría ha dicho que no hay recursos pero recursos sí tienen. El presupuesto que ellos hicieron se aprobó por parte de la Administración Distrital; se le aprobaron recursos para rescate social y se le aprobaron recursos en el cupo de endeudamiento por cerca de $287 mil millones. Así que no entendemos por qué esa es la respuesta del Distrito”, comenzó por referir a EL NUEVO SIGLO la concejal Bastidas.

Dentro de las quejas que ha conocido la cabildante se encuentran, por ejemplo, las que recaen en el programa de “Habitante de Calle”, pues con visitas a los centros de atención y con evidencias de ciudadanos, se encontró que en la sede ubicada en la carrera 35, el Distrito “juntó” a esta población, que tiene una condición especial pues en su mayoría está compuesta por farmacodependientes, con población adulta mayor que tiene otros requerimientos.