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Acusan a servidores
públicos por invasión de predio en Malambo
La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de varios
funcionarios por las presuntas irregularidades cometidas en torno a las
actuaciones adelantadas con relación de la invasión del predio
denominado ‘Villa Katherine’, ubicado en el municipio de Malambo,
Atlántico.
El comunicado informa que el predio habría sido invadido por terceras
personas desde el año 2020 y por las omisiones de los investigados, el
propietario de los terrenos, Eleacyn Cortés, no ha podido recuperarlos.
Los señalados por el organismo de control son: Peter Kepes González,
jefe de Oficina Asesora de Planeación (del 8 de junio al 5 de octubre de
2020); Edilsa Matilde Cortina Arrieta, secretaria de Gobierno (del 5 de
octubre de 2020 hasta el 22 de febrero de 2021); Javier Torres Navarro,
secretario de Gobierno (del 5 de abril al 12 de mayo de 2022) y María
Elena Lascarro Rúa, inspectora Segunda de Policía de Malambo (entre el 7
de octubre de 2021 al 10 de abril de 2022).
La procuraduría afirma que los disciplinados no adoptaron las medidas
policivas y administrativas correspondientes para evitar este hecho. El
ente de control calificó de manera provisional la falta disciplinaria
como grave a título de culpa grave a cada investigado.
Igualmente, de las pruebas recaudadas durante la investigación
disciplinaria, se pudo evidenciar la presunta comisión de
irregularidades por parte del secretario Jurídico de la Alcaldía y la
inspectora de Policía Diurna de Malambo, por lo que se dispuso compulsa
de copias para que se adelanten las correspondientes actuaciones.
Tráfico de migrantes
en aumento: alerta en Turbo y Acandí
Autoridades de la Policía de Urabá,
emitieron una alerta sobre el creciente tráfico de migrantes en el
inicio de este 2024, lo que ha generado congestión en Turbo, en
Antioquia, así como en Acandí, Chocó, debido a las condiciones
climáticas recientes.
El coronel William Zubieta, señaló que hay una gran complejidad en los
días recientes debido al incremento en la migración, destacando que
grupos criminales están aprovechando las dificultades económicas de los
migrantes para obligarlos a transportar drogas.
"Entre las pruebas que hemos recolectado, se observa la actividad de
grupos independientes organizados para facilitar la migración,
especialmente en territorios influenciados por el Clan del Golfo.
Algunos de estos grupos ilegales proporcionan ganancias criminales al
Clan del Golfo", afirmó el funcionario.
Además, se informó sobre la captura de
diez personas en los últimos días por su participación en la
organización de paquetes ilegales que incluyen el transporte de
migrantes hacia Panamá, a través del Golfo de Urabá.
Es importante destacar que, en enero
de este año, 41.277 migrantes cruzaron el |
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Darién por el Urabá, según los
registros de la Oficina para la Atención a la Población Migrante de la
Gobernación de Antioquia, citados por William Palacio Palencia, asesor
de Despacho de la entidad regional para temas de Migración y Movilidad
Humana.
El mismo reporte dio cuenta que desde el año pasado hasta ahora hubo
personas provenientes de 123 nacionalidades que cruzaron por la
mencionada zona.
Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo, oficina regional de Antioquia,
también ofreció su balance, asegurando que durante 2023 fueron 520.085
migrantes los que atravesaron de forma irregular. De estos, 406.905
fueron adultos, mientras que los 113.180 restantes eran niños y
adolescentes.
Estas cifras representan un incremento del 110 % comparadas con los
datos registrados en 2022, cuando fueron 248.284 personas, según
información del ente defensor de derechos humanos.
Por otro lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a
los líderes locales y departamentales para que asuman su responsabilidad
en la atención del fenómeno migratorio y se apeguen a sus programas de
gobierno y planes de desarrollo para el período 2024-2027.
Es relevante recordar que, durante el 2023, más de 527,000 personas
transitaron por Colombia en busca de llegar al Tapón del Darién.
Cali: el pasaje en
MIO sube $200 pesos
Desde el jueves 15 de febrero, según
lo establecido en el borrador del decreto por el cual se fija la tarifa
para el servicio de transporte masivo de pasajeros en el Distrito
Especial de Santiago de Cali, el valor del pasaje del MIO tendrá un
incremento de $200, es decir, pasará a costar $2.900. Así lo determinó
la Administración Distrital luego de analizar varios escenarios para
fijar dicho valor.
La nueva tarifa se calculó siguiendo
la normativa y procedimientos que el Ministerio de Transporte recomienda
para tal fin y se tuvo en cuenta, además, que el incremento no supere el
Índice de Precios al Consumidor, IPC. Así, los $200 pesos adicionales a
los $2.700, que es el costo actual del pasaje, representan un incremento
del 7,4%, porcentaje inferior a la inflación de 2023 que fue del 9,2% a
escala nacional.
“Además de las normas y el IPC,
nosotros tomamos en cuenta variables como la sostenibilidad, es decir,
la capacidad que tiene Metro Cali de cubrir lo que cuesta la operación
anual del MIO a partir de los recursos provenientes de la tarifa que
pagan los usuarios y las transferencias que hace el Distrito para
subsidiar dicha tarifa; así mismo analizamos la costeabilidad, que se
refiere a la cantidad de viajes al mes que los usuarios pueden pagarse
con el auxilio de transporte vigente”, explicó Álvaro Rengifo,
presidente del Sistema Masivo de la capital vallecaucana.
En este sentido, con el auxilio de
transporte de 2024 el usuario podrá comprar 56 pasajes al mes, es decir
cuatro pasajes adicionales a los que podía adquirir con el auxilio en
2023; lo que significa que, con el mencionado auxilio, los usuarios
podrán adquirir dos pasajes diarios durante 28 días al mes.
Para lograr esta meta se hace necesario un esfuerzo presupuestal por
parte del Distrito de $140.505 millones y un compromiso del Sistema
Masivo para disminuir la evasión en un 9% durante 2024, esto, con la
participación de la comunidad y los usuarios fieles del MIO, a través
del control social y la denuncia de esta conducta que impacta
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negativamente el transporte masivo de
los caleños.
Es preciso recalcar que, pese al
incremento, el valor del pasaje del MIO se sigue consolidando como uno
de los más económicos entre los sistemas de transporte masivos del país.
También vale la pena mencionar que cuando el MIO inició operaciones con
cobro, en 2009, el auxilio de transporte permitía al usuario pagar solo
39 viajes al mes, mientras que para 2023 esa cifra pasó a 52 viajes por
mes y con la tarifa de 2024 se incrementará a 56 pasajes mensuales.
ANDI reitera sus
preocupaciones por reforma de la salud
Comenzó a ambientarse la discusión de
la reforma de salud que se reanuda en el Congreso tras el receso
legislativo, esta vez en el tercer debate en la Comisión Séptima del
Senado. Se conoció que representantes de la ANDI (Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia) se reunieron con parlamentarios de partidos de
oposición e independientes que integran esta célula legislativa, para
presentarles un documento que recoge las grandes preocupaciones que
tiene uno de los principales gremios del país por este proyecto del
Gobierno.
Algunas de las preocupaciones que la ANDI manifestó al Congreso que
tiene de la polémica reforma es la fragmentación de la atención al
paciente y usuarios del sistema de salud; la falta de claridad en la
ruta para el acceso y dispensación de tecnologías en salud; la pérdida
de las capacidades y experiencia de los actores en la cadena de
provisión de servicios; la duplicidad e intersección de las funciones de
los actores; y la falta de una transición ordenada.
El gremio dijo que la reforma es innecesaria en aspectos de la atención
a los pacientes porque lo que se pretende mejorar del sistema se puede
hacer con ajustes y decretos que no necesitan pasar por el Congreso, en
temas como disponibilidad de citas, entrega de medicamentos, incremento
del talento humano, y acceso de la población rural al servicio.
Previno que si es aprobada la reforma los pacientes de alto riesgo que
son atendidos en la actualidad en el sistema quedarían desprotegidos y
sin garantías de atención.
También la ANDI llamó la atención porque los recursos de la salud
estarían en riesgo, debido a que contempla que estarán concentrados en
la estatal Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud) con el propósito principal de pagar de manera
directa a hospitales y otras IPS.
Dice también que el proyecto de ley no establece con claridad la fuente
de los millonarios recursos que demandan los cambios en el sistema y el
servicio que contempla la reforma de salud.
A finales de diciembre pasado cuando la plenaria de la Cámara aprobó en
segundo debate de la reforma a la salud, el presidente de la ANDI, Bruce
Mac Master, dijo que “oyendo a los representantes que lideraron la
aprobación de la reforma a la salud, confirmamos lo que sabíamos, no
tienen idea de lo que aprobaron, no tienen idea de cómo será la
operación del sistema, no saben cómo será la transición del sistema, no
tienen idea cuánto vale la reforma. Es decir, están lanzando a Colombia
a una crisis en el sistema de salud sin precedentes en forma totalmente
irresponsable”.
Añadió Mac Master que “quizás solo por seguir una ideología o por
intereses políticos y quizás económicos. Hoy celebran el triunfo de una
estrategia legislativa opaca que enviará a Colombia a una situación en
la cual la salud de todos nosotros dependerá de un sistema improvisado,
político, susceptible a inmensa corrupción y totalmente inoperante”.
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