“Nuestros niños siguen perdiendo la batalla contra el cáncer. Solo el año pasado la tasa de mortalidad en los casos de leucemia aumentó más de un 6%. Hacemos un llamado al Gobierno nacional a no perder más tiempo y reglamentar lo antes posible la Ley Jerónimo. Para la niñez diagnosticada con cáncer, cada día cuenta”, afirmó la senadora Nadia Blel.

Sin embargo, según información del Instituto Nacional de Salud, la ley se encuentra aún a la espera de tener un marco regulatorio e iniciar operación debido a que no se gestionaron en el 2023 los recursos necesarios para iniciar con estas actividades.

Asimismo, está aún sin ser reglamentado el programa de incentivos para las personas naturales o jurídicas que contribuyan a las actividades relacionadas con el proceso de obtención, extracción, procesamiento, almacenamiento y donación de estas células, así como tampoco se ha creado el manual de buenas prácticas para estos procedimientos, el cual tenía que haberse regulado en diciembre de 2022 y julio de 2023 respectivamente.

“Consideramos que la tardanza en la reglamentación se debe a que el Ministerio no ha priorizado en su agenda el registro como un tema de interés regulatorio. Sentimos que para ellos esto no es importante ni una prioridad. Aunque han adoptado y adelantado algunas resoluciones, estas son esporádicas y no se ha colocado una mesa de trabajo en acción que tenga como resultado esa reglamentación, sino que esas acciones obedecen sobre todo a los requerimientos que se han hecho y para nosotros, para el país, para los niños que hoy han sido diagnosticados este tema de registro es de extrema importancia”, aseveró Blel.

Uribistas denunciarán a Petro ante la OEA

Congresistas del Centro Democrático llegaron a Washington, Estados Unidos, con el propósito de reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Además, esperan concretar un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y congresistas en el Capitolio para conversar sobre las presiones del Gobierno de Gustavo Petro hacia la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo fiscal general.

Los parlamentarios Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Hernán Cadavid y José Jaime Uscátegui hacen parte de esta comisión, cuyo fin es contrarrestar con argumentos la idea que tienen algunos organismos internacionales de que en Colombia se quiere fraguar un golpe de Estado.

Uribe Turbay afirmó antes del viaje que contarán en Washington la “verdad oculta” del jefe de la Casa de Nariño. “Petro no es la víctima, es el victimario. Mientras fortalece a las estructuras criminales, debilita a las Fuerzas Armadas. Ataca a la Corte, persigue a los periodistas y estigmatiza a la oposición. Defendemos la democracia y la libertad”, destacó.

Por su parte, la senadora Valencia manifestó que “no es posible que las entidades internacionales están teniendo la idea de un golpe de Estado cuando lo que hay en Colombia es un presidente presionando de manera indebida a la Corte para que elijan una fiscal de su terna”.

Este viaje se hace posible, luego de una carta emitida por la OEA en la que asegura que en Colombia hay intentos de ruptura institucional.

Como se sabe, el pasado 8 de febrero, congresistas del Pacto Histórico, al igual que lo hacen esta vez los del Centro Democrático, arribaron a la capital norteamericana, para denunciar que el presidente Petro ha sido víctima de presuntas persecuciones de parte de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.

Suspenden juicio disciplinario en contra del canciller Álvaro Leyva

Procurador de sala de juzgamiento ordinario consideró que la recusación presentada por defensa del suspendido canciller. La última palabra la tendrá el jefe del Ministerio Público.

El suspendido ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, había sido programado para comparecer a las 10 de la mañana ante la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, para enfrentar un proceso disciplinario relacionado con la controversia en torno a la licitación de los pasaportes. Sin embargo, uno de sus abogados anunció que el funcionario no está ni estará presente, delegando su defensa en su representación legal.

Minutos después de comenzar a audiencia, esta se pospuso durante una hora para analizar la recusación que presentó la defensa de Leyva contra Ernesto Espinosa Jiménez, el procurador de la Sala de Juzgamiento Ordinario, a caso del cargo, aduciendo una "enemistad" significativa de éste con el suspendido canciller.

Sin embargo, después del receso, el procurador rechazó la objeción, argumentando que no existía una enemistad recíproca según la jurisprudencia y que sus opiniones anteriores estaban protegidas por la libertad de expresión. Además, afirmó que no tenía conflictos personales con el funcionario implicado.

La objeción fue declarada sin fundamento y se remitió al despacho de la procuradora para su consideración. La diligencia continuaría con la presentación de los cargos contra el funcionario, quien tendría la oportunidad de declararse inocente o aceptar los señalamientos, lo que determinaría el curso del proceso.

La Sala Disciplinaria de Instrucción había detallado previamente que Leyva enfrenta acusaciones por dos presuntas infracciones disciplinarias, provisionalmente calificadas como graves y cometidas con intención dolosa.

Según lo explicado por la entidad, Leyva está siendo investigado por haber declarado la licitación 001 de 2023 como desierta sin fundamentos suficientes desde el punto de vista factual, jurídico y técnico, y por haber declarado una situación de urgencia manifiesta durante el proceso contractual sin justificación aparente para tomar tal medida.

El Ministerio Público señaló que, durante este proceso disciplinario, el canciller tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias para refutar las acusaciones en su contra.