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Alertan posible
vulneración de derechos con actualización del Sisbén
Basada en el análisis que hizo sobre
una información emitida por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), la cual está relacionada con la actualización de la clasificación
de los hogares mediante el Registro Social de Hogares (RSH), la
Defensoría del Pueblo alerta sobre las posibles vulneraciones de los
derechos fundamentales de los ciudadanos en la nueva categorización del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (Sisbén).
“La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60% del
total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva
categorización. De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones
de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta
actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que
realmente haya cambiado su situación, por lo cual es necesario que la
aplicación del mecanismo sea rigurosa, para no afectar a los
ciudadanos”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El proceso de actualización del Sisbén está produciendo una
recategorización de los hogares, la cual muestra que 732.740 hogares han
salido de la clasificación de pobreza extrema, lo que equivale a una
disminución del 17,8%. Además, 446.141 hogares han sido reclasificados
desde la pobreza moderada, una variación del 8,8%.
Aunque los cambios podrían interpretarse como una mejora en la condición
socioeconómica, la preocupación surge al constatar que 615.526 hogares
fueron cambiados a la categoría de vulnerables, lo que supone un aumento
del 19,7%. Adicionalmente, se observa un incremento del 4,2% en el grupo
de no pobres y no vulnerables, que añade 63.355 hogares a esta
clasificación.
“El reajuste en la categorización podría significar que hogares
anteriormente considerados como en situación de pobreza, los cuales, por
ende, tenían acceso a programas de apoyo y subsidios estatales, ahora
pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de
vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su
salida de los programas de asistencia”, señala Camargo Assis.
Si bien la actualización metodológica busca una identificación más
precisa de las necesidades de los hogares, aclara el Defensor, “la
reubicación de hogares en categorías superiores puede conllevar una
exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo
vital”.
Recomendaciones de la Defensoría
del Pueblo
Es imperativo, por tanto, que el
Estado colombiano realice la implementación con un tiempo razonable, de
manera que se proteja a los hogares de una transición abrupta, que
podría despojarlos del acceso a servicios básicos. Es esencial:
• Establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto
real de la recategorización en las condiciones de vida de los hogares
afectados.
• Implementar políticas de transición para asegurar que ningún
hogar pierda acceso a los programas sociales de manera repentina,
especialmente aquellos que dependen de esos programas para satisfacer
sus necesidades básicas.
• Garantizar un sistema de apelación eficiente y accesible para
los hogares que han sido reubicados en categorías que no reflejan su
realidad socioeconómica, permitiéndoles solicitar una revisión de su
clasificación.
• Realizar campañas de información amplia y efectiva para que los
hogares conozcan los cambios, las implicaciones de su nueva
clasificación y los pasos a seguir en caso de que requieran apoyo o
revisión.
El llamado a evaluar los efectos de
las actualizaciones
“Instamos al Departamento Nacional de
Planeación y a las entidades gubernamentales involucradas a considerar
las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en los
sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de programas
sociales, como también, a actuar con la diligencia debida para mitigar
cualquier posible afectación adversa que se pueda generar”, enfatiza
Carlos Camargo Assis.
Es tarea de la Defensoría asegurar que los cambios se hagan con justicia
y equidad, y que cualquier transición sea suave y considerada, poniendo
siempre en primer lugar el bienestar de los hogares colombianos.
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“Las medidas adoptadas contra la
pobreza y la inequidad deben ser una prioridad constante, por lo que no
deben verse comprometidas con cambios que, aunque bien intencionados,
tendrían el potencial de excluir indebidamente a los ciudadanos de los
apoyos que legítimamente necesitan”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Bajo 'la lupa'
contratos del ICBF en Centros de Desarrollo Infantil
La Procuraduría General de la Nación
alertó sobre la preocupante situación que se está presentando en los
Centros de Desarrollo Infantil -CDI- a cargo del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, en algunas regionales del país, puesto que, no
se han contratado los servicios de atención para la primera infancia, en
pro de brindar los cuidados nutricionales y de desarrollo infantil a
esta población.
El ente de control precisó que, si
bien es cierto, frente a esta situación la subdirectora del ICBF, afirmó
que se viene cerrando la contratación en las modalidades comunitarias,
no deja de ser preocupante la demora en el trámite contractual, pues
estos van en contravía de la protección integral y oportuna de 400.000
niños y niñas de todo el país, que son atendidos por 46.000 madres
comunitarias.
Por lo tanto, en cumplimiento de las funciones preventivas y control, el
Ministerio Público requirió al ICBF informar cuántas y cuáles regionales
están en proceso de contratación para los servicios de los Centros de
Desarrollo Infantil -CDI-, las razones de la demora y fecha prevista
para superar la delicada situación.
Finalmente, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia,
la Adolescencia, la Familia y la Mujer le pidió al ICBF que, dada la
magnitud de la contratación para la prestación de esos servicios, a
futuro se adopten medidas con la debida antelación para evitar los
inconvenientes que, al parecer, se han presentado en algunas regionales.
Cerrada vía entre Ocaña y Cúcuta por bloqueos de camioneros
Bloqueada por el gremio de
transportadores de combustible se encuentra la vía que comunica a Ocaña
con Cúcuta.
El motivo de este plantón es
principalmente la inseguridad y el riesgo que representa el descargue en
la zona fronteriza con Venezuela.
Mientras un grupo de estos conductores
considera que una de las alternativas es continuar con los bloqueos,
otros creen que la mejor alternativa es esperar a la respuesta del
Ministerio de Minas y Energía.
Una de las personas que precisamente se encuentra en el lugar le dijo a
la FM: "desde las 3:30 p.m. de este viernes empezaron los bloqueos a la
altura del municipio de Ábrego, se permite el paso de vehículos cada
media hora y esto origina congestión vehicular para la gente que viene
viajando desde la Costa Atlántica".
Y es que el servicio de combustible se encuentra colapsado en Ocaña
desde el pasado miércoles, ya que los abastecedores no han hecho los
descargues en la zona.
"Son diversos factores que nos obliga a no viajar a Cúcuta que al final
origina incremento de costos y afecta el bolsillo del usuario", sostuvo
Francisco Antonio Coronel Julio, asesor jurídico de distribuidores de
combustible en Ocaña.
Y es que la inseguridad suele ser un pan de cada día para estos
conductores, pues los grupos armados según ellos insisten en pedir
vacunas cada vez que realizan el paso por la región.
Tras esta grave circunstancia los conductores piden que se les permita
realizar el viaje a las plantas de Bucaramanga o Cesar, pues es menos
recorrido y estarían más seguros.
Finalmente, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, sostuvo que se están
manteniendo diálogos con los conductores para llegar a un acuerdo.
"Ya tenemos programado para el próximo
domingo 18 de febrero una reunión en Ocaña con el director de
hidrocarburos y lograr un acuerdo, reconociendo las dificultades que se
vienen registrando para
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el traslado de los distribuidores de
combustible a la zona de frontera, aunque hay un decreto expedido por el
gobierno nacional de abastecerse en la planta de Agualinda en Villa del
Rosario", afirmó el mandatario local.
Gobierno de Canadá
hizo un llamado a sus ciudadanos para que no visiten algunas zonas de
Colombia
Las autoridades canadienses emitieron
una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Colombia,
advirtiendo sobre la necesidad de mantener un alto grado de precaución
debido a la prevalencia de la criminalidad en el país.
Esta recomendación subrayó que en Colombia hay una serie de peligros
asociados con los altos índices de delitos y la inseguridad que
enfrentan los viajeros internacionales.
La advertencia específica sobre el
riesgo de criminalidad se basa en una evaluación detallada de la
situación actual en Colombia, instando a los ciudadanos de Canadá a
estar especialmente vigilantes. La preocupación de las autoridades
migratorias canadienses no es infundada, considerando las estadísticas y
reportes sobre incidentes de seguridad que afectan tanto a locales como
a extranjeros en distintas regiones colombianas.
En su comunicado, el gobierno de
Canadá puntualizó que la decisión de viajar debe tomarse con plena
conciencia de los potenciales riesgos y recomienda enfáticamente revisar
las guías de seguridad y los consejos proporcionados para turistas y
residentes temporales.
Aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre incidentes
recientes con ciudadanos canadienses, el enfoque de la alerta se centró
en la prevención y la preparación antes de emprender viajes hacia o
dentro de Colombia.
Es importante para los viajeros internacionales considerar las
recomendaciones de sus respectivos gobiernos respecto a los destinos
internacionales, especialmente en áreas con conocidos desafíos de
seguridad. La emisión de este tipo de advertencias tiene como objetivo
principal garantizar que los ciudadanos estén bien informados y puedan
tomar decisiones prudentes respecto a sus planes de viaje.
Las autoridades canadienses dentro de la advertencia para sus ciudadanos
enfatizaron en los elevados riesgos de viajar a varias regiones de
Colombia, enfatizando sobre la latente amenaza de crimen violento o
algún secuestro por parte de organizaciones delictivas y grupos armados
ilegales.
“Las armas de fuego y otras armas son comunes en Colombia. Los robos a
mano armada son frecuentes y pueden ocurrir en las calles, autobuses,
taxis, restaurantes y centros comerciales”, dice el comunicado.
Se hizo hincapié en que los turistas canadienses deben evitar viajes a
ciertas zonas fronterizas y departamentos específicos debido a estos
peligros. Las áreas señaladas en el comunicado comprenden a los
departamentos de Arauca, Caquetá (excluyendo a la capital del
departamento Florencia), Cauca (excluyendo Popayán), Chocó (excluyendo
los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Capurganá), así como zonas
cercanas a las fronteras con Venezuela, Panamá, y Ecuador.
“Se aconseja evitar caminar solo en áreas aisladas o desiertas, viajar
solo después del anochecer, vestirse de manera discreta, y mantener
objetos de valor fuera de la vista”, indica el gobierno canadiense en el
comunicado.
La advertencia detalla que Colombia presenta tasas elevadas de
delincuencia a nivel nacional, más notablemente en sus principales
ciudades donde se han informado episodios de violencia extrema con
múltiples víctimas. La recomendación a los viajeros, incluyendo aquellos
en estancias temporales o quienes planean establecer operaciones
comerciales, es tomar medidas de precaución avanzadas. Se subraya el
riesgo particular de secuestro dirigido a extranjeros, incitando a
empresas, especialmente aquellas en el sector petrolero y minero, a
implementar estrategias de protección para personal y bienes.
Las autoridades del país norteamericano pusieron especial atención en
los riesgos derivados de la presencia activa de grupos armados ilegales
en estas áreas, quienes continúan financiando sus operaciones a través
de secuestros y extorsiones.
La recomendación es mantenerse siempre en áreas transitadas y ser
extremadamente cauteloso en lugares remotos. Por ese motivo, las
autoridades de ese país aconsejaron a los viajeros evitar desplazarse
solos por zonas aisladas, vestir discretamente y mantener los objetos de
valor fuera de vista para disminuir el riesgo de ser objetivo de
delincuentes.
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