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Ministros irán a debates de
control político y moción de censura en Senado
Diferentes
comisiones y la plenaria del Senado de la República han citado
para debates de control político y de moción de censura a
ministros y funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo
Petro, a fin de explicar temas puntuales de interés nacional.
Uno de los convocados es el canciller (e) Luis Murillo, quien
tendrá que responder los cuestionamientos de los congresistas de
la Comisión Segunda del Senado, a propósito del escándalo por la
licitación de pasaportes. En esta ocasión, el debate fue
organizado por los legisladores del Partido Liberal, Lidio
García Turbay; y del Partido Conservador, Óscar Giraldo
Hernández.
La polémica en torno a este tema se agudizó cuando el ministro
Murillo desestimó una decisión del exsecretario general de
Cancillería, José Antonio Salazar, de otorgar a la firma Thomas
Greg & Sons el derecho de elaborar los pasaportes.
Mientras tanto en la plenaria, el ministro de Defensa, Iván
Velásquez, tendrá que presentarse hoy, luego de haber sido
citado a debate de moción de censura la semana pasada. Entre los
promotores están Jota Pe Hernández (Alianza Verde), Paloma
Valencia (Centro Democrático) y David Luna (Cambio Radical).
“No garantizar la seguridad a Colombia tiene responsable y el
congreso lo puede sacar”, manifestó Hernández.
Por su parte, la Comisión Sexta también citó a debate de control
político a las ministras de Educación, Aurora Vergara; y de
Ciencia, Tecnología y Educación, Yesenia Olaya.
Tendrán que responder por la situación del sector y, muy
especialmente, sobre la estructuración e implementación de
políticas de acceso en materia de comunicaciones y tecnologías a
nivel escolar, cobertura tecnológica y desarrollo científico. El
cuestionario se remitirá a la secretaría de la comisión”.
Además, la Comisión Tercera hará lo propio con el ministro de
Minas, Óscar Andrés Camacho; y el ministro de Hacienda, Ricardo
Bonilla. Los senadores de esta célula hicieron la proposición,
ya que existe una evidente “situación y descontento de la
ciudadanía conforme a los incrementos del servicio de energía”.
Luz Adriana
Camargo, elegida Fiscal General
Con 18 votos a
favor, la abogada de la Universidad de la Sabana y especialista
en Derecho Penal-Criminología de la Universidad Libre de
Colombia, Luz Adriana Camargo, fue elegida por la Corte Suprema
de Justicia como Fiscal General de la Nación.
En la cuarta sesión del alto tribunal para definir el cargo y en
la que sorpresivamente una de las ternadas, Amalia Pérez
presentó renuncia a su postulación argumentando falta de
garantías, los magistrados realizaron la votación que terminó
con la elección de Camargo (18 apoyos), Angela Buitrago (2),
Pérez (1) y dos votos en blanco.
La elegida para
reemplazar al frente del ente acusador a Martha Mancera tiene un
tiempo establecido por ley para aceptar el cargo y presentar los
documentos respectivos.
El presidente de la Corte, magistrado Gerson Chaverra, indicó
que “Por mandato de la ley estatutaria, la doctora Camargo
Garzón, a partir del momento en que se le notifique su elección
como Fiscal General de la nación debe, dentro los próximos 8
días aceptarla y al tiempo corren 20 días para que ella presente
los documentos para ser confirmada su elección y esa
confirmación también se hace en el marco de una sala plena.
Después de la confirmación la doctora Camargo tiene 15 días para
tomar posesión ante el presidente de la República.
En cuanto a la
renuncia de Amelia Pérez, el togado sostuvo que "nosotros no
hicimos
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pronunciamientos sobre aceptación de renuncia porque no tenemos esa
competencia porque quien configura la terna, por mandato constitucional,
es el presidente de la República, de manera que nosotros procedimos a la
elección involucrando a las tres candidatas (...) Las tres candidatas
fueron votadas en igualdad de condiciones y oportunidades y, en ese
marco, la doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos".
Luz Angela Camargo Garzón, a lo largo de su vida laboral, se ha
desempeñado como magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, donde investigó el escándalo de la
parapolítca. También, hizo parte del grupo de abogados que estuvo con el
ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 3 de
septiembre de 2019.
En 20 años de experiencia, Camargo estuvo al servicio de cuatro fiscales
generales de la Nación y de tres magistrados de la Sala Penal de la
Corte Suprema, como ella mismo recordó.
Cuando Camargo habló ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
aseguró su independencia y compromiso con el sector judicial. “Yo quiero
decirles que no estoy en representación de persona alguna y no esgrimo
ninguna bandera distinta a la de la Rama Judicial, que además me
comprometo a defender en su independencia y soberanía”, manifestó la
ternada al presentarse ante los magistrados.
Asimismo, se
comprometió a enfrentar la criminalidad con cinco líneas de acción
diferentes, priorizando a las víctimas.
En la misma
ocasión indicó: “Ser fiscal general es un llamado que pocas colombianas
tenemos el honor de recibir y un llamado que debe responderse con
profundo respeto de la institucionalidad”.
Sobre la
renuncia de Pérez, el magistrado Chaverra sostuvo: "No hicimos
pronunciamientos sobre aceptación de renuncia porque nosotros no tenemos
esa competencia porque quien configura la terna por mandato
constitucional es el presidente de la república de manera que nosotros
procedimos a la elección involucrando a las tres candidatas y como ya
les mencioné las tres candidatas en igualdad de condiciones en igualdad
de oportunidades fueron votadas y en el marco de esas votaciones la
doctora Luz Adriana Camargo garzón obtuvo 18 votos".
Tumban sanción contra Rodolfo Hernández
por abofetear a Concejal
Tumbada fue la sanción que
interpuso la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de
Bucaramanga, Rodolfo Hernández, precisamente cuando este estaba en
ejercicio en dicha administración.
“La Sala
revocará la decisión de primera instancia y declarará la nulidad de los
actos administrativos demandados por haberse impuesto por parte de la
Procuraduría una sanción de inhabilidad y suspensión a un servidor
público elegido popularmente (la cual, posteriormente, se convirtió en
el pago de salarios), lo que conlleva una restricción de derechos
políticos, que como se analizó con anterioridad, es competencia
exclusiva de las autoridades judiciales competentes”, se lee en el
comunicado de nulidad.
El Consejo
de Estado argumentó que el Ministerio Público no puede tomar dicha
decisión, ya que Hernández fue elegido por voto popular.
Cabe recordar que este caso
se remonta al acontecido en el año 2019, cuando el entonces alcalde
Rdolfo Hernández agredió físicamente al Concejal Jhon Jairo Claro.
Las otras sanciones
El pasado 15 de noviembre,
la Procuraduría sancionó con 12 años de inhabilidad contra Hernández en
medio de una revisión de segunda instancia, por el polémico caso
Vitalogic.
El antiguo
alcalde de Bucaramanga había solicitado una revisión de su caso y, en
función de ello, el Ministerio Público confirmó ayer que el político de
78 años de edad incurrió en interés indebido en la selección del
contrato de las basuras para la ciudad.
Como es
sabido, la sentencia emitida por el órgano de control liderado por
Margarita
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Cabello en primera instancia sacó a Hernández del juego
político por un lapso de 14 años. Si bien en esta oportunidad reducen a
dos la cantidad de años en los que no podrá ejercer a cargos públicos,
algunos expertos sugieren que esta podría ser su muerte política.
El caso Vitalogic generó gran controversia entre sectores políticos, ya
que durante la gestión del ingeniero se firmó un contrato de
consultoría, con la intención de dar respaldo técnico al manejo de los
desechos sólidos en la ciudad de Bucaramanga.
De acuerdo a las autoridades, en medio de todo ese proceso se habrían
cometido irregularidades que terminaron en señalamientos contra el
excandidato a la Presidencia y posterior inhabilidad política.
Dicho contrato se habría celebrado en el año 2016. En él, figuraron
quien para aquel entonces fungía como gerente de Aseo Bucaramanga, José
Manuel Barrera; además del contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.
Adicionalmente a eso, las investigaciones de las autoridades revelaron
que el costo inicial del acuerdo era de 344 millones de pesos y que él
mismo tendría una vigencia cinco meses.
Las indagaciones también permitieron concluir que Hernández habría
logrado que Barrera otorgara el contrato de asesoría a Alarcón. En dicho
proceso, también salió a relucir el nombre del hijo del ingeniero, Luis
Carlos Hernández, quien, de acuerdo a las pesquisas, habría repartido
“incentivos” para que el contrato fuera cedido a Vitalogic.
Anuncian política pública de convivencia y
seguridad ciudadana
La alta afectación de la
convivencia agrava considerablemente la percepción de las personas
frente al deterioro de la seguridad, indicó el Ministerio del Interior.
En este sentido anunció la construcción de una política pública de
convivencia y seguridad ciudadana.
El Ministerio explicó que
convocará aproximadamente 153 equipos de convivencia en todo el país
para trabajar con ellos una política pública de convivencia y seguridad
ciudadana, enfocada a las relaciones entre ciudadanos y las relaciones
entre instituciones, con enfoque territorial, de género y diferencial.
“La convivencia ciudadana es fundamental, si mejoramos en eso vamos a
mejorar en percepción de seguridad, y si mejoramos en convivencia vamos
a poder dedicar la policía a la persecución del delito y no a la
mediación de conflictos en los que otras entidades pueden mediar”,
aseguró el ministro Luis Velasco.
Agregó esta cartera que capacita en todo el país a las autoridades
locales y departamentales para la formulación de Planes Integrales de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC), y también asesora a alcaldías
y gobernaciones para que busquen con el Fonsecon (Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana) aportes para los Centros de
Convivencia.
Así mismo se busca que a partir del Sistema Nacional de
Convivencia para la Vida, que ya está en los 32 departamentos, se apoye
la articulación en todos los niveles, con énfasis en prevención.
“Vamos a empezar en 20 ciudades que fueron escogidas por diferentes
variables, entre ellas, cifras de conflictividad de convivencia, delitos
de riñas, entre otros, pero también por la disposición de algunos
alcaldes de realizar inversiones en infraestructura tecnológica. Vamos a
hacer prevención, pero también a aportar tecnología para que los
ciudadanos se puedan sentir más seguros”, dijo Gabriel Rondón, Líder del
Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, del Ministerio del
Interior.
Adicionalmente, la cartera hizo un llamado a los Comités de Convivencia
de las propiedades horizontales, a las juntas de acción comunal y a los
gestores de convivencia, para que se articulen en la prevención y temas
de convivencia en las comunidades, mejorando la calidad de vida de los
habitantes.
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