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Polémica por proyecto de ley que
beneficiaría al Clan Torres

Un proyecto de ley, el 233 de 2023, encendió las alarmas al ser
vinculado estrechamente con los intereses del Clan Torres, una
familia con influencia económica y política. La iniciativa,
conocida también como proyecto de ley 142 de 2022, propone
modificaciones al Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de
Tránsito (SICOV), un elemento fundamental en la regulación de
actividades como la revisión tecno-mecánica y los exámenes de
conducción en el país.
El proyecto ha suscitado una serie de interrogantes y críticas,
particularmente desde la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI). La preocupación se centra en la posible
inclinación del proyecto hacia los intereses del Clan Torres,
cuyo apoyo financiero a la campaña del actual presidente Gustavo
Petro es objeto de escrutinio público.
El artículo 15 del proyecto es el foco principal de la
controversia. Se plantea que este artículo podría dar una
ventaja significativa al Clan Torres al excluir efectivamente a
otros competidores en futuras licitaciones relacionadas con el
SICOV. Esto levanta preocupaciones sobre la transparencia y la
equidad en los procesos licitatorios, aspectos cruciales para la
seguridad vial y la justicia empresarial en Colombia.
El representante Luis Carlos Ochoa, quien funge como ponente del
proyecto, intentó disipar las preocupaciones, asegurando que su
objetivo no es favorecer a ningún grupo económico en particular.
El funcionario afirmó su compromiso con la promoción de un
ambiente de libre mercado y competencia, destacando su
disposición para revisar y modificar artículos controvertidos,
como el mencionado artículo 15.
Sin embargo, la vinculación entre el proyecto y el Clan Torres
no es una novedad. Informes periodísticos anteriores revelan que
el Clan Torres ha obtenido contratos significativos con el
gobierno, lo que suscita sospechas sobre posibles favores
políticos a cambio de apoyo financiero. La ANDI, en su carta de
queja, señala cómo este proyecto de ley podría fortalecer el
monopolio del Clan Torres en el sector de trámites de
transporte, presentando una amenaza para la competencia justa y
el desarrollo empresarial en el país.
En respuesta a las preocupaciones planteadas, Ochoa expresó su
disposición para dialogar y considerar las opiniones de la ANDI
y otros actores relevantes en el proceso legislativo. Se están
planificando reuniones para discutir y revisar los aspectos del
proyecto que generan las alarmas, lo que podría resultar en
modificaciones sustanciales antes de su aprobación final.
El debate sobre el proyecto de ley continúa, en medio de
tensiones entre la necesidad de modernizar y mejorar los
sistemas de regulación de tránsito y la importancia de
garantizar la transparencia y la equidad en los procesos
legislativos y empresariales. La resolución de estas tensiones
definirá el futuro del SICOV y su impacto en la sociedad
colombiana.
El martes empezaría en firme el
debate a reforma pensional

Tras más de dos
semanas de aplazamientos y una muy lenta aprobación de los
impedimentos de los congresistas, el próximo martes empezaría en
firme el debate al articulado del proyecto de reforma pensional
en la plenaria del Senado.
Así quedó determinado ayer luego de que en el pleno de la Cámara
Alta se terminaran de aprobar los impedimentos de los
legisladores que estaban pendientes por resolver.
Frente a ello, el
ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “el
Gobierno busca alternativas de consenso en el Senado a la
República para acompañar las iniciativas del Ejecutivo que se
encuentran en trámite desde el Congreso”. Esto no solo en
referencia a la reforma a la salud que tiene ponencia de archivo
en la Comisión Séptima del Senado, sino que también
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apunta a la
reforma pensional.
Tras las
votaciones de los impedimentos, el presidente del Senado, Iván Name,
explicó que la iniciativa continuará su curso normal en el pleno de esa
alta corporación legislativa, y que se realizará la debida discusión de
cada uno de los artículos del texto la siguiente sesión de plenaria que
quedó agendada para el próximo 19 de marzo.
Debate
Como se sabe, el proyecto de reforma pensional ha generado amplio debate
en el Congreso por los alcances de la iniciativa.
El tema más fuerte tiene que ver con los umbrales de cotizaciones
exclusivas que plantea el proyecto.
La reforma contiene dos ponencias: Una es la del Gobierno que sostiene
la aplicación de un modelo pensional basado en pilares que varían de
acuerdo con el sistema en el que están registrados los trabajadores.
El sistema de pilares se enfoca en una redistribución del ingreso en
varios “bolsillos” para una mejor distribución. Este es uno de los
aspectos en los cuales el Congreso considera que no debe ser aprobado en
razón a que los ahorros de los trabajadores que no alcancen el tiempo de
cotización, perderían su dinero al ser estos llevados a un mismo fondo
administrado por el gobierno.
Por su parte, la ponencia alternativa propuesta por la senadora del
Partido de La U, Norma Hurtado, advierte que “el objetivo primordial
debe ser salvaguardar los intereses de los afiliados, la sostenibilidad
fiscal, la protección del ahorro nacional y el desarrollo económico del
país, a través de la reducción del umbral del Pilar Contributivo de 3
smlmv a 1,5 smlmv”.
Además, dijo que “al considerarlo como monto razonable de cotización al
Componente de Prima Media, que ayude a fortalecer el ahorro, brindar
equilibrio en la regla fiscal, garantizar el pago de pensiones, y añade
un pilar semicontributivo con un umbral de 1,5 smlmv, con el que asegura
que se liberan recursos que en el sistema propuesto por el Gobierno se
irían a subsidiar a las personas que tienen mayores ingresos”.
Otro de los aspectos al interior de la discusión señala que el gobierno
pretende resolver el problema de flujo de caja del régimen de prima
media, entiéndase Colpensiones, que se infiere de lo que propone la
reforma pensional al pretender trasladar 360 billones de las
administradoras de fondos pensionales a Colpensiones sin garantizar y
asegurar una mayor cobertura ni mayores niveles de inversión y
transparencia en el manejo de los recursos.
Este es un punto neurálgico para la discusión y varios senadores tienen
opiniones en contra de esa propuesta específica, motivo por el cual han
señalado que no votaran favorablemente a la reforma, advirtiendo que va
no solo en contra de los cotizantes actuales a pensión, sino que,
además, tampoco piensa en los jóvenes colombianos que aún no ingresan al
sistema de pensiones.
Petro se reunió con Fiscal General electa

Una reunión sostuvo el
presidente Gustavo Petro con la recién electa fiscal general, Luz
Adriana Camargo. Este encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño
es el primero desde que fue escogida el martes con 18 votos a favor como
la nueva jefa del ente investigador.
El mandatario nacional expresó su satisfacción al ver que la entidad que
hoy dirige en calidad de encargada la fiscal Martha Mancera, “está ahora
liderada por una mujer con profundo conocimiento, así como una extensa
trayectoria profesional y académica en la lucha contra la impunidad”.
Además de reafirmar su compromiso con la independencia y la separación
de poderes, el jefe de Estado manifestó la importancia de que la
Fiscalía General “se abstenga de utilizar su poder para perseguir a
ciudadanos por motivos políticos o económicos y, en su lugar, proteja a
la población contra grupos criminales”.
Instó a que el ente acusador
se convierta en una institución transparente que “inspire confianza en
todos los ciudadanos colombianos, y que demuestre que es posible
impartir justicia a pesar de los escándalos que han afectado su
reputación en años recientes”.
La reunión entre Petro y
Camargo se da un día después de que el presidente afirmará a los medios
de comunicación que el tiempo definirá si los magistrados de la Corte
Suprema le “atinaron” a la designación de esta nueva funcionaria.
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Como se sabe, Camargo era una de las tres ternadas del presidente para
sustituir a Francisco Barbosa en el cargo. También eran candidatas
Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, quien renunció a sus
aspiraciones horas antes de las votaciones en el Alto Tribunal.
La ejecución presupuestal del
Gobierno está por debajo del 5% este año

En lo que va corrido del año, la ejecución presupuestal del Gobierno
nacional está por debajo del 5%, según se puede observar en el Portal de
Transparencia, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este
sentido, los ministerios que menos han avanzado son Deporte con el 0,8%;
Ciencia, Tecnología e Innovación con el 0,9%; Trabajo con 1,7%; y
Agricultura y Desarrollo Rural con el 1,9%.
En tanto que los ministerios que han ejecutado un poco más en lo corrido
de este año son Minas y Energía con el 36,55%; Salud con 19,9%;
Educación con el 17,4%; y Relaciones Exteriores con 17,2%.
En planeación la ejecución ha sido del 5,87% de una apropiación de
$1.684.558.484.360. Sector que integran el DANE y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
En el sector de hacienda la ejecución es del 6,24% de un presupuesto
para este año de $52.315.601.104.877. Mientras que en el sector defensa
y policía la ejecución es del 12,44%.
Por su parte el Ministerio del Interior y las direcciones y unidades
adscritas tienen una ejecución del 2,74%. En el sector justicia la
ejecución es del 9,28% en lo que ha avanzado este año.
Llama la atención que agricultura, uno de los sectores para el Gobierno
prioritarios en materia de inversión desde el punto de vista económico,
social y paz, la ejecución este año es de apenas el 2,33%.
El Presupuesto General de la Nación para este año aprobado por el
Congreso de la República es de $502,6 billones, mientras que en 2023 fue
de $423,2 billones.
Los sectores con la mayor asignación presupuestal este año son Educación
con $70 billones; Salud con $61,5 billones; y Defensa con $56 billones.
¿Qué pasó el año anterior?
La ejecución presupuestal fue una de las principales críticas que
recibió el Gobierno nacional el año pasado por el rezago, especialmente
en los tres primeros trimestres.
El senador conservador Efraín Cepeda, integrante de las comisiones
económicas, señaló que la ejecución presupuestal total se dinamizó a
final del año 2023 hasta 87,3%, “gracias al impulso del ministro de
Hacienda, Ricardo Bonilla, pero no pasó lo mismo con la inversión que
llegó solo al 70,5%”.
En agosto del año pasado, Cepeda Sarabia dijo en un debate de control
político que a esa fecha el Ministerio de Transporte solo había
ejecutado el 26,7% del presupuesto, el de Trabajo el 25% y Deporte el
19%.
Agregó en ese entonces que a las “carteras que ejecuten menos del 50% se
les pondrá matrícula condicional, porque la falta de ejecución atenta
contra el desarrollo económico del país”.
Cepeda Sarabia hizo un llamado, en esa oportunidad, a las carteras para
ejecutar de manera efectiva y eficiente los recursos asignados. Dijo que
la baja ejecución presupuestal, ocasionará desperdicio del dinero de los
contribuyentes, mala calidad de vida de los colombianos, falta de
creación de empleo, retraso en el desarrollo en el país, entre otros
efectos. Llamó la atención a las carteras para ejecutar de manera
efectiva y eficiente los recursos asignados.
En ese momento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que
“cuando hablamos de ejecución son dos tipos:
presupuestal y de caja. La primera es cuando el Presupuesto se
compromete, se establece la asignación y esta llega a un tipo de
modalidades por obra. Y la de caja es cuando las obras se adelantan y
donde hay que señalar claramente que no puedo pagar por obras que no se
han hecho (...). Yo no pago al momento del contrato, porque eso es pagar
por obras no recibidas: pagamos inversión contra obra recibida, los
‘elefantes blancos’ son un problema del pasado y no es el objetivo de
este gobierno”.
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