Esto se produce después de que la JEP citara hace dos semanas a declarar a doce altos mandos retirados del Ejército por los casos de 'falsos positivos' --civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos-- registrados en el departamento colombiano del Valle del Cauca.

"Luego de la primera fase de investigación en Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, que ha llevado a que 55 comparecientes de la fuerza pública reconocieran su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, hoy la investigación del Caso 03 se enfoca en la fase nacional", indicó en un comunicado la JEP.

Medidas cautelares nacionales

La JEP ordenó en la víspera medidas cautelares a nivel nacional "para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada" en los once casos que investiga, entre ellos los 'falsos positivos' en el Valle del Cauca.

La JEP ha solicitado a las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de víctimas, que presenten informes antes del próximo 19 de abril relacionados con la búsqueda de desaparecidos, exhumaciones o identificación de cuerpos.

En el caso de las organizaciones civiles, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), podrán detallar en sus informes las prioridades y acciones específicas en el marco de todos estos procesos. El objetivo, según la JEP, es "unir esfuerzos que permitan desplegar acciones más eficientes que respondan a las demandas de las víctimas".

"La magistratura podrá plantear una radiografía inicial sobre lo que se está haciendo en todos los niveles de los entes territoriales para satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada", ha agregado.

Algunos de los desafíos que la JEP ha encontrado son la "falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad en el acceso a la información" o "el subregistro de víctimas de desaparición".

Por otro lado, el organismo también ha convocado una audiencia pública para los días 14 y 16 de mayo en las ciudades de Bogotá y Barrancabermeja, respectivamente, en las que estarán presentes organizaciones especializadas en Derechos Humanos.

‘Jalón de orejas’ al Gobierno por estado crítico de 40 puentes

Son 40 los puentes están en situación crítica, así: 4 estrcuturas en estado extremo de falla total con riesgo alto y 36 puentes con daño grave, según informó la Contraloría. Ante esta situación, solicitó al Gobierno intervenir de manera inmediata.

De acuerdo con la información suministrada por la ANI, dentro de los 4 puentes en riesgo alto por daño extremo y falla total está el Puente Arenoso II, que hace parte de la Concesión vial Santana - Mocoa – Neiva y está ubicado entre Neiva y Campoalegre.

Según un Informe de la Interventoría de  
 

este proyecto, este puente se encuentra con plan de cierre vigente y en espera de los Estudios, Diseños y Permisos necesarios para su reparación y rehabilitación, los cuales, según la ANI, son a cargo del concesionario de este corredor vial.

La ANI también ha informado que esta afectación está siendo suplida con el segundo Puente Arenoso II que construyó el concesionario en la segunda calzada de esta vía, que es paralelo al puente colapsado y que está en servicio bidireccional para todo tipo de vehículos desde el 14 de julio de 2023.

De otra parte, los Puentes Susumuco, Estaquecá y Aserrío, que hacen parte de la Concesión vial Bogotá – Villavicencio, presentan problemas estructurales y geotécnicos que requieren reparación inmediata.

A este respecto y aunque la ANI ha informado a la CGR que la construcción del nuevo Puente Susumuco está incluida en el Programa de Atención de Puntos Críticos de este Corredor Vial que tiene previsto un presupuesto de $ 600.000 millones. Por otra parte, la reparación y repotenciación del Puente Estaquecá está a cargo de INVÍAS, cuyos Estudios y Diseños están actualmente en licitación; en el caso de la intervención del Puente Aserrío, está en ejecución por parte del concesionario.

Ante esta situación, la Contraloría alertó a la ANI para que prontamente se adopten las medidas de seguridad necesarias y suficientes que garanticen la plena seguridad de los usuarios de este corredor vial y de los que utilizan los demás puentes en estado crítico de la Red Vial Nacional.

"Importante informar que estas alertas fueron trasladadas por la DIARI a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, la cual, en desarrollo de sus competencias, prontamente remitió Oficio a la ANI solicitando información sobre las gestiones realizadas para la inmediata y satisfactoria atención y solución de estos riesgos críticos", señaló el órgano de control.

En marzo, ADRES giró por presupuestos máximos más de $1.1 billón a EPS

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), informó que ha girado entre marzo y la primera semana de abril $1 billón 144 mil millones por concepto de presupuestos máximos correspondientes al cierre de 2023 y a pagos corrientes de 2024. respectivamente.

De estos recursos, cerca de $539 mil millones corresponden al cierre y ajustes de 2023 y más de $605 mil millones a enero y febrero de 2024.

Las EPS que recibieron estos recursos son las que manifestaron su conformidad con las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de las cuales el sistema reconoce los gastos de los servicios de salud no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según la entidad, hay tres promotoras de salud que aún no han ejecutoriado resoluciones, por ende, no se han realizado los giros correspondientes.

Félix León Martínez, director de la ADRES, aseguró que no hubo cambio en la destinación de recursos. "Con respecto a las EPS intervenida por la Superintendencia de Salud, informo que los giros que, por correspondientes a la UPC del régimen contributivo y el régimen subsidiado siguen haciendose regularmente, no hay ningún cambio en la destinación de recursos. La diferencia está en que los interventores establezcan giro directo de buena parte de estos recursos a las clínicas y hospitales".