La entidad rechazó vehementemente la inaceptable retención ilegal de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La Fiscalía General de la Nación pide respeto por la vida e integridad de estos dos servidores de la justicia y exige su inmediata liberación.

Según determinó la Fiscalía, fueron miembros de las disidencias de las FARC Gaor Dagoberto Ramos, del autodeterminado Estado Mayor Central.

El grupo al margen de la ley emitió un comunicado en donde se expresa que ambos funcionarios se encuentran en buen estado de salud y que serán liberados por medio de organismos internacionales.

Además informaron que en su poder también hay otra persona, quien es identificada como María Yeni Ruiz, quien sería una acompañante que se movilizaba en el automotor.

La entidad rechazó vehementemente la inaceptable retención ilegal de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La Fiscalía General de la Nación pide respeto por la vida e integridad de estos dos servidores de la justicia y exige su inmediata liberación.

JEP citó a antiguos altos mandos del Ejército por asesinato de indígenas

Dos antiguos integrantes del Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo y el teniente coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo, fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP a aportar verdad por la tortura, desaparición y homicidio de tres Mamos del Pueblo Arhuaco y la detención ilegal y tortura de dos indígenas de la misma comunidad, en 1990.

La versión, que se realizó este 19 de abril en un espacio sagrado del pueblo Arhuaco, se da en el marco del Caso 09 que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos en el marco del conflicto armado.

En la audiencia, frente a las víctimas del Pueblo Indígena Arhuaco, la magistrada Caterina Heyck, ahondará en lo sucedido a los Mamos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro (quienes fueron detenidos por hombres armados en Curumaní, Cesar, luego torturados y finalmente asesinados) y a los hermanos indígenas José Vicente y Amado Villafañe Chaparro (detenidos y torturados en el Batallón ‘La Popa’), a finales de noviembre y comienzos de diciembre de 1990.

La Justicia Penal Ordinaria abrió investigación por estos hechos, pero no pudo avanzar debido a que el proceso fue asignado a la Justicia Penal Militar, la que, a su turno, en el año 1993, declaró que los dos militares no eran responsables.

Dada la impunidad del caso, y por solicitud de los familiares de las víctimas, en 1997, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y ordenó adelantar una investigación seria y reabrir los procesos contra los militares. Más tarde, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía reactivar el proceso, razón por la cual, la Corte Suprema de Justicia revisó la absolución de la Justicia Penal Militar y en el año 2019 ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación, entidad que declaró los hechos como

crímenes de lesa humanidad.

La Comisión de la Verdad incluyó estos hechos en su informe final, el cual, junto con los informes presentados por organizaciones de víctimas, la resolución de destitución proferida frente a Duque Izquierdo y Fernández Ocampo por la Procuraduría en 1992 y el expediente de la Fiscalía, además de las pruebas decretadas por el despacho, serán contrastadas con la versión que entregarán los comparecientes a efecto de avanzar en la decisión del caso.

Por tercer año consecutivo pobreza en Colombia cayó a 12,1% en 2023

En su informe más reciente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revela que la pobreza multidimensional en el país experimenta una disminución por tercer año consecutivo, alcanzando un 12,1% en 2023. Este descenso del 0,8% con respecto al año anterior refleja una tendencia positiva en la mejora de las condiciones de vida para una parte significativa de la población colombiana.

La pobreza multidimensional en Colombia ha experimentado una reducción constante, alcanzando un 12,1% en 2023, según los datos más recientes del Dane. Este descenso representa el tercer año consecutivo de disminución, lo que indica un progreso sostenido en la mejora de las condiciones de vida para muchos colombianos. Esta tendencia positiva es especialmente significativa dado el contexto desafiante provocado por la pandemia del COVID-19 en años anteriores.

El informe del Dane también revela diferencias regionales en la incidencia de la pobreza multidimensional. Regiones como el Caribe y el Pacífico, sin incluir el Valle del Cauca, muestran tasas más altas, mientras que Bogotá registra la menor afectación, con un 3,6%. Estas disparidades subrayan la importancia de abordar las causas estructurales de la pobreza a nivel regional para garantizar un progreso equitativo en todo el país.

Según el informe, cerca de 338.000 colombianos salieron de la condición de pobreza multidimensional entre 2022 y 2023. Este dato resalta el impacto positivo de las políticas y programas implementados para abordar la pobreza en el país.

El informe identifica varios factores clave que contribuyen a la persistencia de la pobreza en Colombia, incluido el trabajo informal, el bajo nivel educativo y la falta de acceso a servicios básicos. Estos aspectos destacan la necesidad de políticas integrales que aborden no solo la falta de recursos financieros, sino también las barreras estructurales que limitan las oportunidades de desarrollo para ciertos grupos de la población.

A pesar de los avances logrados, persisten desafíos significativos en la lucha contra la pobreza en Colombia. La directora del Dane, Piedad Urdinola, subraya la importancia de continuar trabajando para abordar las desigualdades regionales y promover un crecimiento económico inclusivo que beneficie a todos los colombianos. Además, es fundamental seguir monitoreando de cerca los indicadores de pobreza y adaptar las políticas públicas según sea necesario para garantizar un progreso sostenido en la reducción de la pobreza en el país.

Si bien la disminución de la pobreza multidimensional en Colombia es motivo de optimismo, queda trabajo por hacer para asegurar que este progreso se mantenga y se amplíe en el futuro. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil será fundamental para implementar estrategias efectivas que aborden las causas subyacentes de la pobreza y promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible en todo el país.