Transfuguismo atenta contra la democracia y afecta fortaleza de partidos: expertos

La posibilidad de que los congresistas puedan cambiarse de partido sin ser blanco de sanciones disciplinarias para las elecciones de 2026 parece cada vez más cercana, luego de que fuera aprobado la semana pasada el proyecto de ley sobre transfuguismo en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representante.

Radicada el 4 de marzo con el apoyo de 120 parlamentarios de distintas colectividades, esta iniciativa pasó su primera prueba con 20 votos a favor y 8 en contra el 23 de abril.

Aun cuando el apoyo es más que evidente en el Congreso, esta propuesta, que busca la “reorganización de los actores políticos democráticamente elegidos”, no cuenta con el aval de otros sectores del país, que lo consideran como una forma de trasgresión a la democracia y de debilitamiento a las organizaciones políticas, muchas de las cuales dieron la pelea por una curul en el ente legislativo en las pasadas elecciones parlamentarias.

EL NUEVO SIGLO consultó a cuatro expertos en el tema para conocer de qué manera evalúa el proyecto que transita en el Congreso de la República y cuáles serían sus implicaciones inmediatas para los comicios de 2026 de ser aprobado.

En este caso, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios; los exmagistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Felipe Gutiérrez y Joaquín José Vives, y el profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Yann Basset, coincidieron en que el transfuguismo resultaría beneficioso para los congresistas, pero terrible para los ciudadanos que confiaron en ellos a través del voto popular.

La evaluación del proyecto

El exmagistrado del CNE, Joaquín José Vives, se refirió al transfuguismo como el equivalente a una traición al electorado. “Si tú te has elegido con el discurso, con las ideas y con el apoyo de un partido con el compromiso hacia la gente de trabajar en función de ello, apartarte es una defraudación”.

Además, aseguró que es una conducta que afecta la estabilidad y la fuerza de los partidos políticos. “Es un proyecto que está hecho a la medida de las necesidades de algunos de quienes lo están haciendo. Es decir, no está respondiendo a un interés general, que es lo que debe inspirar toda actuación del Congreso”.

Vives recordó que en 2003 fue autorizada la posibilidad de que dirigentes políticos pudieran trastearse de colectividades. Pero en aquella oportunidad, la medida estaba justificada por la necesidad de llevar a cabo una “reforma profunda” al sistema de partidos. “Como consecuencia de esa reforma, pasaríamos de más de 70 partidos a solo 16, lo que implicaba por sí solo un reacomodo”.

Sin embargo, en esta oportunidad, dice que no existen razones para el transfuguismo. “No hay en esta ocasión un contexto general de reestructuración del sistema de partidos que justifique una decisión de transfuguismo”, indicó el también excongresista.

El experto en temas políticos e integrante de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Yann Basset, aseguró que se trata de una iniciativa que de vez en cuando aparece en el Congreso para servir a los intereses de políticos que no están a gusto en sus propias organizaciones.

“Es una medida que los beneficia solo a ellos y que, de cierto modo, es perjudicial porque es introducir excepciones a la regla, digamos de rendir cuenta a través de un partido político y es algo que debilita la lógica de los partidos en Colombia”, manifestó.

Sobre este tema, también opinó la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien compartió recientemente a este Diario que autorizar el proyecto en el Congreso sería terrible para el país.

“Desde el momento en que se presentó, le hemos solicitado al Congreso de la República y a las diferentes organizaciones políticas que hacen parte de él, que por favor la voten en contra”, manifestó.

Considera que el proyecto debilita a las organizaciones políticas y al sistema de partidos. “Pero, además está enviando un pésimo mensaje a la sociedad”, planteó.

A su turno, el exmagistrado del CNE, Pedro Felipe Gutiérrez, indicó que la medida no está acorde con los lineamientos constitucionales, porque desde las últimas reformas políticas, las que se han dado durante estas dos décadas y media, lo que se ha buscado es el fortalecimiento de los partidos.

“Para esos efectos de la doble militancia o evitar que los personajes se cambien de partido cada vez que quieran, se implementaron medidas para que los partidos mayoritarios fueran los que tuvieron alguna preponderancia. También se permitió la figura de las coaliciones, todo esto con el propósito de fortalecer una idea de institucionalidad en las organizaciones políticas”, indicó.

Las implicaciones

Las repercusiones de este proyecto, de ser

El exmagistrado del CNE aseguró que el ciudadano sería el principal afectado, ya que, es quien deposita su confianza en votos en un determinado candidato para que defienda los ideales y postulados propios de una organización política, y, al final, termina defraudado cuando la fuerza de ese postulado se traslada a otra organización.

Por su parte Basset, el transfuguismo propicia la excesiva fragmentación del paisaje político, además de debilitar a los partidos.

“La regla ahora es que, en el Congreso, las curules son del partido. Uno vota por un partido, muchas veces con voto preferente. Uno tiene la intención de haber votado por una persona, pero detrás de ella hay un partido y las curules se calculan en función de los votos de los partidos. Finalmente, hay una necesidad implícita de los políticos de votar en bancada, de concertarse, de actuar en grupo y eso es muy importante para la rendición de cuentas, para la gobernabilidad y para que el Congreso funcione adecuadamente. Si aceptamos que los congresistas cambien de partido cada vez que tienen un desacuerdo con sus colegas, esta lógica se viene al piso”, aseguró.

Mientras tanto, la directora de la MOE afirma que el transfuguismo “es seguir agudizando la falta de democracia interna entre las organizaciones políticas, profundizas el populismo, profundizas el personalismo, debilita la representación política y finalmente defraudas al elector”.

“Porque si hay un candidato que se presentó, señalando que era del centro o que se presentó señalando que tenía posturas ideológicas de derecha y termina en un partido de izquierda, pues lo que está es defraudando al elector, porque el elector pensaba que estaba votando por ese candidato por determinadas ideas, los identifica con el partido y no…, resulta que tú terminas votando es por una persona que toma la decisión de cambiarse de partido cuando quiere”, indicó.

Finalmente, el exmagistrado Gutiérrez afirmó que, de consumarse esta propuesta, muchos de los partidos perderán las curules ganadas en elecciones pasadas.

“Va a generar un perjuicio gigantesco a los partidos que se dieron la pelea en las elecciones pasadas porque van a terminar perdiendo las curules. Hay que mirar el caso del doctor Roy Barrera, que se fue con la curul a hacerle campaña a otro partido y por eso la perdió. Aquí se está buscando un quiebre a los intereses de la Constitución, de fortalecimiento de partidos”, indicó.

Colombia firmó acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro suscribió el viernes en Bogotá un acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), con el fin de "fortalecer" el poder judicial en Colombia.

El acuerdo "busca trabajar de manera conjunta para fortalecer la cooperación, el diálogo, el intercambio de experiencias y la creación de capacidades entre el sistema judicial y los organismos de control en Colombia", aseguró la Presidencia en un comunicado emitido el viernes.

En la presidencial Casa de Nariño, el fiscal de la CPI, Karim Khan, y el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, firmaron el documento en presencia del presidente Petro, tras un encuentro entre representantes de la Corte y del gobierno colombiano, incluido el mandatario.

"Para nosotros es muy esperanzador que la sede del evento de lanzamiento y presentación de la política de complementariedad y cooperación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sea en Colombia, aquí en Bogotá", dijo la víspera el canciller colombiano al término de una reunión con Khan en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Los acuerdos, que se firmaron también en República Centroafricana según un comunicado del tribunal, buscan estrechar lazos de cooperación con los Estados firmantes del Estatuto de Roma de 1998 sobre crímenes de guerra, "acercando su labor a las comunidades afectadas y profundizando en sus asociaciones".

Khan, por su parte, elogió el jueves la política de implementación de los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las
 

En el marco de un foro político, el senador Iván Cepeda, reconocido miembro del Pacto Histórico, hizo énfasis en una de las debilidades que identifica en la gestión gubernamental actual, la falta de perseverancia en alcanzar un acuerdo nacional. Este señalamiento surge en contraposición a la retórica oficial que enfatiza la importancia de la unidad y el consenso en la agenda política del país.

Durante su intervención, Cepeda cuestionó la efectividad de las acciones del Gobierno en la consecución de un acuerdo amplio que aborde los desafíos económicos, sociales y políticos de Colombia. Esta crítica se fundamenta en la percepción de que, a pesar de las declaraciones y propuestas del presidente Gustavo Petro en este sentido, la continuidad y la consistencia en la búsqueda de consensos nacionales han sido insuficientes.

El senador también se distanció de la propuesta de una asamblea constituyente, argumentando que el momento actual requiere prioritariamente el establecimiento de diálogos y consensos básicos, más que la convocatoria a un proceso constituyente.

En este contexto, el llamado de Cepeda resalta la importancia de la perseverancia y la coherencia en la acción gubernamental, así como la necesidad de priorizar el diálogo y la concertación como herramientas fundamentales para fortalecer la estabilidad y el progreso del país.

El senador Iván Cepeda realizado también una crítica al Gobierno actual en relación con la falta de perseverancia en la búsqueda de un acuerdo nacional. Este señalamiento se fundamenta en la percepción de que, a pesar de las declaraciones y propuestas del presidente Gustavo Petro en este sentido, la continuidad y la consistencia en la búsqueda de consensos nacionales han sido insuficientes.

Cepeda también se opone a la propuesta de una asamblea constituyente, argumentando que el momento actual requiere prioritariamente el establecimiento de diálogos y acuerdos básicos, más que la convocatoria a un proceso constituyente.

En este contexto, el llamado de Cepeda resalta la importancia de la perseverancia y la coherencia en la acción gubernamental, así como la necesidad de priorizar el diálogo y la concertación como herramientas fundamentales para fortalecer la estabilidad y el progreso del país.

Por viaje a Turquía y Dubai investigan a 11 concejales de Sabaneta

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a los concejales de Sabaneta, Antioquia, Angel Henao, John Gonzalez, Lucas Restrepo, Julián Ceballos, David Montoya, Wilmar Oquendo, Deifer Morales, Daniel Restrepo, Elisa Tobón, Juliana Villegas y Víctor Gil, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos.

La decisión también acoge al secretario general de la corporación, Gabriel Arturo Vanegas Chaverra, quién también habría acompañado a los cabildantes.

El Ministerio Público verifica el contrato de prestación de servicios del Concejo Municipal con la Corporación Étnica para el Desarrollo Social (Cordessol) para que los funcionarios viajaran a Turquía y Dubai a una capacitación desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril, con visitas a Estambul, Capadocia y otros lugares.

La entidad confirma el itinerario de los investigados, de qué se trató la capacitación y, además, el informe presentado a la corporación de este. Asimismo, se verifica la información del bilateral en el Secop y si este cumple con lo establecido en la ley.

De esta manera, la Procuraduría corrobora las conductas descritas y ordenó las pruebas necesarias para definir los responsables y si constituye falta disciplinaria.