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Guaviare: incendio
en bodega de FF.MM dejó perdidas de $1.1 millones

El incendio registrado en el Centro de
Almacenamiento y Distribución (CAD) de las Fuerzas Militares en San José
del Guaviare, dejó pérdidas de aproximadamente $1.100 millones en
víveres.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, la bodega
tenía un inventario de 82.831.350 kilogramos de víveres secos como
granos, cereales, leche en polvo, entre otros.
La Agencia Logística de las Fuerzas
Militares ya tiene un plan de contingencia establecido para abastecer
las once unidades de la jurisdicción, que atendía el CAD afectado”,
aseguró la entidad.
Así mismo, señaló que el
abastecimiento se llevará a cabo desde la regional y la unidad de
Villavicencio. Cabe señalar que en horas de la tarde del pasado lunes,
dicha bodega de incendió por motivos que aún son materia de
investigación.
Los víveres almacenados en el lugar proveían de alimentos a las unidades
de las Fuerzas Militares en Guaviare. Gracia a u trabajo articulado
entre los bomberos Puerto Concordia Meta, El Retorno y del aeropuerto
del departamento, no se registraron victimas humanas.
EPS Sura pidió el
retiro voluntario del sistema de salud: Acemi

Persiste la crisis en las EPS, esta
vez Sura se une a Compensar y solicitará al Gobierno su retiro del
sistema de salud. Esta entidad cuenta con más de 5 millones de
afiliados.
A través de un comunicado de prensa, Sura señaló que esa decisión se
evaluó por varios meses, en la que buscaron alternativas para evitar lo
ocurrido con las otras EPS.
"Queremos comunicarles la decisión más difícil que hemos tenido que
tomar como Compañía. Hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de
Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del
Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, a través de un
Programa de Desmonte Progresivo, un mecanismo jurídico que permite el
retiro de manera ordenada y diligente".
La EPS sostuvo que la situación actual fue puesta en conocimiento al
Gobierno, al Congreso de la República y a la sociedad en general, sin
obtener respuesta alguna.
"Sin embargo, el tiempo se agotó y en este momento se deben tomar
medidas para evitar un mayor deterioro, que le impida a EPS SURA cumplir
con sus obligaciones. Tal y como lo hemos reiterado, el país gasta más
de lo que el sistema de salud tiene disponible para costearlo. La
inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y
estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios
ilimitados, junto con un presupuesto limitado", indicó la EPS.
En ese sentido, también argumentaron
que "los Presupuestos Máximos establecidos para lo que no está incluido
en el Plan de Beneficios en Salud, tampoco son suficientes y agravan la
situación, por las deudas acumuladas por este concepto en los últimos
años.
Pérdidas
En la misiva, Sura señaló que entre el 2022 y el 2023 perdió 360 mil
millones de pesos, lo que agotó su patrimonio, situación reportada al
Gobierno desde julio del año pasado, "Hoy aún contamos con las reservas
técnicas que respaldan los compromisos adquiridos hasta la fecha",
agregaron.
Desmonte Progresivo
Sura informó que su propuesta de desmonte progresivo "tiene
recomendaciones que, de ser aceptadas, nos permiten seguir cumpliendo
con las expectativas de servicio de nuestros afiliados, y realizar una
transición coordinada y planificada, que garantice la entrega completa
de la información clínica y favorezca la continuidad del tratamiento,
según las necesidades de salud de las personas".
El programa prevé también mecanismos para proteger los dineros que
actualmente
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hay en las reservas técnicas de la
compañía, para gestionar las obligaciones con los distintos públicos de
interés, como clínicas, IPS y hospitales.
Reacciones
Ana María Vesga, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de
Empresas de Medicina Integral (ACEMI), se pronunció al respecto de la
situación y señaló que "desde el mes de junio las EPS Sura, Sanitas y
Compensar advirtieron al Gobierno nacional sobre la profunda crisis
financiera que afrontaban. Una siniestralidad desbordada, pérdidas
acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una
deuda creciente con prestadores".
En ese sentido, la presidenta de ACEMI aseguró que la principal causa de
esta situación estaba relacionada con la insuficiencia de la prima
reconocida por la Nación.
"Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera
corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores
cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la
atención en salud de la población", sostuvo Vesga.
Finalmente, la líder del gremio de las EPS aseguró que Colombia está
presentando la mayor destrucción del sistema.
"Hoy el país recibe la noticia del retiro voluntario de Sura que se suma
al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del Gobierno
nacional en el mes de abril. Estamos presenciando la destrucción del
mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible", dijo
Vesga.
Compensar
El pasado 5 de abril, la EPS Compensar solicitó a la Superintendencia
Nacional de Salud su liquidación voluntaria. La entidad señala que la
decisión obedecía a la "compleja situación financiera del sector".
La entidad aseguró la crisis financiera, llegó a un “punto de no
permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de
calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado a Compensar”.
Ante esta situación, la EPS aseguró que seguirá atendiendo a sus
afiliados hasta el último momento que estén a su cargo.
Intervención a EPS
En el transcurso de este año, el Gobierno ha intervenido a varias
Entidades Promotoras de Salud, entre ellas, a Sanitas considerada una de
las más grandes del país. Decisión que fue fuertemente cuestionada y
demandada por Keralty, dueña de la EPS.
Reciente, la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa y
la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Subred Salud
Centro Oriente en Bogotá.
UNGRD alcanzó a
“salvar” $322.000 millones que se habían girado

En medio del escándalo de corrupción
en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
una nueva decisión fue tomada por la entidad, pues según informó por
medio de sus canales oficiales en la jornada de ayer que logró, de
común acuerdo, frenar los giros por $322.000 millones asignados, en
tiempo récord por la pasada administración a Corantioquia, Corpourabá
y al municipio de Girón, en el departamento de Santander.
Tras el anuncio, Carlos Carillo, actual director de la UNGRD dijo: “no
vamos a seguir con los proyectos de inversión de Olmedo López”.
Según el ente, la revocatoria de los actos administrativos fueron
posible luego de que la dirección, en cabeza de Carrillo, detectara que
las solicitudes de recursos por parte de las corporaciones y el
municipio no tenían el respaldo técnico suficiente y los montos
asignados eran desproporcionados.
Atendiendo el llamado del presidente de la República, Gustavo Petro
Urrego, de suspender estos giros, la UNGRD expuso las razones a las
entidades implicadas y tras semanas de intensas negociaciones logró, de
común acuerdo con las corporaciones y el municipio de Girón, el
desistimiento de los recursos comprometidos en el Fondo de Inversión
Colectiva (FIC).
“Esa plata se salvó por el cambio de dirección en la entidad, los
recursos nunca salieron, pero estaban amarrados, por lo que, durante
semanas, nuestro equipo directivo adelantó una rigurosa gestión e
intensas negociaciones para lograr que las corporaciones y el municipio
renuncien voluntariamente a los recursos asignados por Olmedo López”,
afirmó Carrillo.
A su turno, Ricardo Hurtado, subdirector de Manejo de Desastres, dijo:
“Este FIC no se
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justificaba. En ese momento Santander
expidió un decreto de calamidad por el mismo valor y no hay
correspondencia entre los recursos asignados al municipio y al
departamento”.
Así las cosas, $180.000 millones
destinados al municipio de Girón, Santander, $97.000 millones a
Corantioquia y $43.000 millones a Corpouraba retornarán a las
subdirecciones de Reducción del Riesgo y de Manejo de Desastres.
Nuevas asignaciones
Tras la revocatoria de los actos administrativos, firmados en la
administración de Olmedo López, los millonarios recursos se liberan y
podrán destinarse de manera equitativa a los municipios que tienen
verdaderas emergencias y urgen el apoyo de la Unidad, tal y como podría
suceder en el país con la llegada del fenómeno de la Niña.
“Esos $300.000 millones, gracias a esta nueva dirección, serán
reasignados de una manera equitativa, basados en estudios técnicos y no
por compromisos políticos. Los vamos a usar para la atención del
fenómeno de la Niña”, añadió el director de la UNGRD.
Por otro lado, la UNGRD también adelanta gestiones para lograr el
desistimiento y posterior revocatoria del Fondo de Inversión Colectiva
por $15.000 millones asignado al municipio de Sabana de Torres, en el
departamento de Santander.
Asimismo, los FIC de Uribia, La Guajira, que suman $238.000 millones,
asignados para el sistema de acueducto y para la operación de los
carrotanques, también están bajo revisión de la dirección de la
UNGRD por dudas sobre su origen técnico y su valor.
Curso de la investigación
Mientras la Fiscalía General de la Nación recibe las declaraciones de
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD, por las
presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques para llevar
agua a La Guajira, en la jornada de ayer, el director de la entidad,
Carlos Carrillo, manifestó que hoy fue citado a un debate en el
Congreso, invitación que recibió de la congresista y representante a la
Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao.
“Mañana estoy citado al Congreso por Cathy Juvinao, preparando el debate
me encuentro con una respuesta entregada por la exsecretaria general de
la UNGRD, Ana María Castaño. Hoy esa respuesta es una prueba más de la
colusión en el contrato de los 40 carrotanques. ¡Pinta bien el debate!”,
escribió Carrillo en su cuenta de X.
Por otro lado, cabe resaltar que, el Consejo de Estado rechazó
definitivamente la demanda que pedía anular el nombramiento de Carrillo
como director de la UNGRD. La Sección Quinta del Alto Tribunal manifestó
que no se corrigió de “debida forma” la acción judicial.
Cali: aparece
pancarta y bandera alusiva a las FARC ¿qué se sabe?

Tras la aparición de pancartas y
banderas alusivas a las disidencias de las FARC, en dos puntos de la
avenida Circunvalar de Cali, se despertó el temor e incertidumbre en la
ciudadanía. Las autoridades informaron que capturaron tres personas
acusadas de instalar los pendones con propaganda subversiva en la calle
1 con carrera 52 y en el sector de los Cristales.
"Frente a las pancartas que fueron instaladas en la glorieta de Siloé y
Cristales, tres personas fueron identificadas y en este momento están
siendo conducidas a la estación de Policía para identificarlas y
realizar las acciones judiciales correspondientes”, aseguró el coronel
Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García,
aseguró que se han instalado seis puestos de control de forma permanente
en Cali, junto a "10 reacciones móviles que permiten control y
vigilancia en toda la ciudad”.
Las pancartas y banderas alusivas al grupo guerrillero, presuntamente
habrían sido instalados en conmemoración a los 60 años de creación de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En este momento, las autoridades continúan con los puestos de control en
el perímetro urbano de Cali y en la entrada de la ciudad, con el fin de
evitar el ingreso de elementos que puedan llegar a atentar o intimidar a
los caleños.
La congresista María Fernanda Cabal rechazó este acto a través de su
cuenta oficial de X. Asegurando que “esta bandera de los terroristas de
las FARC en Cali es una muestra más del éxito que ha tenido Petro
‘milicianizando’ el país. Ya es normal ver banderas de los terroristas.
Cuánta falta hace la mano dura contra los criminales. Tenemos que
regresar a una política seria de seguridad donde se proteja a los
ciudadanos y se persiga a los delincuentes”.
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