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Moción de censura a Francia
Márquez por baja ejecución presupuestal
Representantes a la
Cámara de partidos de oposición e independientes citaron a
debate de moción de censura a Francia Márquez, en calidad de
ministra de la Igualdad, para que responda por presuntos
incumplimientos de sus responsabilidades y la baja ejecución
presupuestal de esta dependencia.
Cabe recordar que la Contraloría General de la República informó
que, a 17 de abril de 2024, el Ministerio de Igualdad y Equidad
no ha ejecutado su presupuesto de inversión. La cartera presentó
un porcentaje de 0,54%.
Márquez no fue la única citada a moción de censura, Iván
Velásquez, de Defensa; Andrés Camacho, de Minas; Luis Fernando
Velasco, del Interior; y Guillermo Jaramillo, de Salud, también
tienen un llamado.
En cuanto a Iván Velásquez, deberá explicar la grave situación
de orden público en el departamento del Cauca. Por su parte,
Andrés Camacho tendrá que argumentar los motivos por los que
pretende “acabar con las reservas de petróleo y gas”.
El representante Óscar Villamizar, del partido Centro
Democrático, aseguró que esta acción “es necesaria para el país”
por las fallas en esos sectores; pero también señaló que tiene
el propósito de que la reforma pensional no pase a Cámara de
Representantes.
“Vamos a utilizar todos los medios que nos habilita la Ley
Quinta”, planteó Villamizar en declaraciones a la prensa.
En los próximos días, se espera que se definan las fechas y los
términos específicos del debate de moción de censura.
Migración y
transición energética, temas de diálogo Colombia- EE. UU.
Durante la
instalación del XI Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y
Estados Unidos, el Canciller Luis Gilberto Murillo y el
Subsecretario de Estado Richard Verma, anunciaron una nueva
etapa de relacionamiento bilateral: la ‘Estrategia Vida
Colombia’.
Dicha estrategia,
que muestra a Colombia como potencia de la vida, busca renovar
los planes de cooperación establecidos en años anteriores (Plan
Colombia y Paz Colombia) y enfrentar, junto a Estados Unidos,
los retos globales de la actualidad.
Cambio climático, protección del medio ambiente y transición
energética; paz, democracia y derechos humanos, migración,
movilidad humana y diáspora colombiana; seguridad, defensa y
política de drogas; prosperidad económica, inclusión social y
territorial; y un marco de cooperación gana-gana para demostrar
liderazgo conjunto; son los principales desafíos que discuten
las dos delegaciones en un plan de trabajo para la cooperación a
través de 25 ejes temáticos, 64 áreas de trabajo y 149 acciones
concretas a implementar en 8 mesas de trabajo.
“Hemos pasado del Plan Colombia, del Plan Paz Colombia, al Plan
y la Estrategia Vida Colombia, que marca un nuevo paradigma de
la relación, la nueva agenda, la agenda que recoge el espíritu
de lo que hemos avanzado en estos años, y refleja los nuevos
retos del siglo XXI en una agenda diversificada”, aseguró el
ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.
Este plan conjunto
tiene como propósito cooperar en la implementación de la
diplomacia por la vida y la política exterior por la Paz del
Gobierno de Colombia en un contexto de justicia social.
El Canciller Murillo aseguró que las entidades de Colombia y las
agencias de Estados Unidos que participan en el diálogo
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“están trabajando a favor de
un desarrollo sostenible para la prosperidad económica y la inclusión
social con enfoque diferencial, que incluya a las regiones y las
provincias, a los pueblos étnicos, campesinos, a las mujeres, a pueblos
indígenas, afrodescendientes, a toda la multiculturalidad y diversidad
del país”.
Por su parte, el Subsecretario de Estado de Estados Unidos aseguró que
durante el diálogo los dos países se concentrarán “en dar pasos
concretos para fortalecer nuestra cooperación y entregar resultados
tangibles para nuestros pueblos”. También resaltó el liderazgo de
Colombia en la próxima COP 16 sobre Biodiversidad, el respaldo de ese
país al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016; y destacó las
decisiones del presidente Gustavo Petro en materia de migración:
“Aplaudimos al Presidente Petro en su decisión de expandir la
regularización y las opciones de protección este año para darle a casi 3
millones de venezolanos que residen en Colombia la oportunidad de
trabajar, mandar a sus hijos al colegio y de tener acceso a los
servicios de salud”.
Murillo también destacó los diálogos paralelos con el Sector Empresarial
y la Sociedad Civil y el buen momento que atraviesa la relación entre
Colombia y Estados Unidos. “Es una relación que es sincera, que es
cercana. EE.UU. sigue siendo nuestro socio principal, y contamos con el
apoyo histórico del Gobierno de EEUU, de su Congreso, en un marco
bipartidista, como nos han manifestado todas las delegaciones de
congresistas que nos visitan periódicamente; y es una relación que
refleja que tenemos más de dos siglos de interacción entre los dos
pueblos”, dijo el ministro.
Archivan denuncia contra Álvaro Uribe por
supuesto tráfico de influencias
En un fallo emitido la noche
del 27 de mayo, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la
investigación contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por
presunto tráfico de influencias, argumentando la ausencia de pruebas que
demostraran su culpabilidad en el delito.
El magistrado Francisco Farfán, en su ponencia, concluyó que el material
probatorio no sustentaba que Uribe Vélez hubiera incurrido en tráfico de
influencias al contactar en 2019 a la entonces directora de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez Cárdenas, para discutir un
conflicto territorial en Riosucio, Caldas. La denuncia fue presentada
por Javier de Jesús Uchima, gobernador del resguardo indígena Cañamomo
Lomapiedra.
La llamada telefónica de Uribe, realizada durante una convención del
Partido Centro Democrático en Manizales, fue el eje central de la
denuncia. En ella, Uribe pidió a Martínez atender a los pequeños
propietarios de Riosucio, describiendo que estos habían sido
"maltratados mucho". Según la denuncia, esta intervención habría
facilitado reuniones subsecuentes entre Martínez y aliados de Uribe en
la región, lo que fue interpretado como un intento de influir en el
proceso electoral.
No obstante, la Sala de
Instrucción determinó que la intervención de Uribe no configuraba un
acto delictivo, pues no se orientó a obtener beneficios personales ni
para su partido. La Sala también señaló que la ANT no tenía competencia
decisiva sobre la disputa de tierras, ya que estas decisiones
corresponden a la jurisdicción de restitución de tierras y no a una
entidad gubernamental como la ANT.
El fallo de la Corte desestimó así la posibilidad de abrir una
investigación formal, considerando que la actuación del exsenador
buscaba atención para una comunidad específica y no violaba las normas
de tráfico de influencias aplicables a funcionarios públicos. La Sala
concluyó: “En el presente caso, se observa que Álvaro Uribe Vélez, en su
condición de Senador de la República, estableció una comunicación con la
directora de la Agencia Nacional de Tierras, buscando única y
exclusivamente atención para un sector de la población de Riosucio,
pequeños propietarios, sin nexos con el Resguardo Cañamomo Lomaprieta,
inmersos en un conflicto social referente a la propiedad de la tierra en
esa localidad”.
Ante esta decisión, el abogado Germán Romero, representante del
resguardo Cañamomo Lomapiedra, interpuso un recurso de reposición con el
objetivo de mantener viva la investigación, alegando que la Corte no
consideró todas las pruebas pertinentes, incluyendo testimonios que
podrían sugerir un posible favorecimiento a miembros del Centro
Democrático.
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La resolución de la Corte Suprema cierra, al menos
temporalmente, uno de los varios capítulos judiciales en torno al
expresidente Uribe, reflejando la complejidad y las controversias que
rodean su figura y su influencia en la política colombiana.
MOE: este año ya van 58 hechos de
violencia contra dirigentes políticos
La violencia política
continúa aumentando en el país, como una manifestación más de la crisis
de seguridad y orden público que se viene registrando en todo el
territorio.
Ayer la Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer un informe
en donde da cuenta de las afectaciones que se han registrado en lo
corrido del año contra la dirigencia política.
La organización no gubernamental comenzó manifestando su más sentida
preocupación por la desaparición, el domingo pasado, de la concejala del
municipio de Argelia (Cauca), Sandra Milena Mosquera Buitrón, del
partido Alianza Verde.
Los cabildantes son, hasta el momento, el actor político que más ha
estado en la mira de los criminales.
De hecho, la MOE rechazó y condenó los asesinatos de los concejales
Carlos César Camacho, de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; Bryan Duván
Medina Ospina, de Viterbo (Caldas), y Carlos Arturo Londoño Marín, de
Tuluá (Valle del Cauca), todos ellos del Partido Conservador; igualmente
los de John Fredy Gil Franco, de Jamundí (Valle del Cauca), y de Eduardo
Cedeño García, de San Vicente del Caguán (Caquetá), pertenecientes a los
partidos MAIS y Liberal, respectivamente.
Según la directora de la misión, Alejandra Barrios, “de acuerdo al
seguimiento que esta organización hace a los casos de violencia
política, en los primeros cuatro meses de 2024 se registraron 58 hechos
de violencia contra funcionarios públicos electos en octubre del año
pasado, mientras que, en ese mismo periodo de tiempo en 2020, fueron 13
el total de los hechos que se presentaron contra los mandatarios recién
posesionados, lo que significa un incremento del 346%”.
De acuerdo con la misión, la situación de violencia no solo afecta a los
liderazgos políticos, sino que también se presenta en un contexto de
recrudecimiento de las acciones de los grupos armados ilegales que
afectan la vida y seguridad de la población.
En particular, en el mismo periodo señalado, la MOE registró 858
acciones armadas o de amedrentamientos por parte de grupos armados
ilegales en 26 departamentos, lo que representa un incremento del 91%
respecto a los primeros cuatro meses del 2023. Estos hechos se han
concentrado particularmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Cauca y Nariño.
La organización no gubernamental trajo a colación, por ejemplo, que
entre el 18 y el 26 de mayo miembros del llamado ‘Bloque Occidental del
Estado Mayor Central’ (EMC) llevaron a cabo al menos 24 acciones armadas
que afectaron a la población civil en los departamentos de Cauca y el
Valle del Cauca.
Por otro lado, el 24 de mayo en la zona rural de Remedios (Antioquia),
los enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo’ y el EMC, en alianza con
el ELN, resultaron en un total de 13 muertos. Y finalmente, el domingo
pasado, en la vereda Las Palmeiras, del municipio de San José del Fragua
(Caquetá), se produjeron enfrentamientos entre grupos disidentes de las
FARC, específicamente de las estructuras ‘Carolina Ramírez’ y la
estructura ‘Comandos de la Frontera’, que dieron como resultado once
víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad.
“Estos eventos subrayan la necesidad de que en los diálogos con los
distintos grupos armados ilegales se ponga como primer lugar de la
discusión el respeto por la vida y la dignidad de la ciudadanía, los
liderazgos y los procesos organizativos de los territorios”, señaló
Barrios.
La crisis de orden público en todo el país y su grave afectación a la
población civil y los integrantes de la Fuerza Pública viene
recrudeciéndose desde el año pasado. Tanto el Congreso como la
Procuraduría como la Fiscalía han denunciado el aumento del accionar de
los grupos armados ilegales, incluso de aquellos que están en cese el
fuego en el marco de procesos de paz con el Gobierno.
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