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José Mauricio Lara:
nuevo presidente del Tribunal Superior Militar
Ante el director general de la Unidad
Administrativa de la Justicia Penal Militar, doctor José Reyes Rodríguez
Casas, altos mandos militares y policiales, magistrados del Tribunal
Superior Militar y Policial, y fiscales delegados, el teniente coronel
José Mauricio Lara, de la Fuerza Aérea Colombiana, recibió el cargo de
presidente de este Tribunal, de las manos del coronel Jorge Nelson López
Galeano quien estuvo al mando en el periodo 2023-2024.
“Espero satisfacer de manera exitosa este nuevo reto de representar a la
segunda instancia ante los diferentes órganos de cierre e instituciones
del Estado, para dar a conocer la labor que con ahínco, amor y
responsabilidad realizamos cada día, siendo el derrotero que ha dejado
el señor Coronel Jorge Nelson López Galiano, quien durante un año
representó con pundonor este digno cargo, al igual que sus antecesores”,
así lo afirmó el coronel Lara luego de agradecer a Dios y a su familia
por lo que él denominó como sueño cumplido.
Por su parte, el coronel López luego de entregar su mando, se refirió a
lo que fue su labor como presidente y agradeció el apoyo incondicional
del que fue su equipo de trabajo, “el ser institucional es precisamente
mi oratoria para impulsar y promover todo tipo de acciones bajo el
amparo de lo que significa la legitimidad, el Estado social de derecho y
la dignificación de los derechos humanos, garantía que al interior de
nuestro sistema judicial especializado se traduce en el conocimiento
real que vinculan soldado y policía con la misión constitucional”.
Tras tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior Militar
y Policial, el coronel Lara procedió a tomar el juramento del coronel
Gustavo Alberto Suárez Dávila, quien será el vicepresidente del Tribunal
Superior Militar y Policial.
Los coroneles Lara y Suárez estarán en estos cargos durante el periodo
2024-2025.
Por falta de
recursos, 9,5 millones de estudiantes sin PAE
El vicecontralor en funciones de
contralor, Carlos Mario Zuluaga, reveló este jueves, que hay un promedio
de 8.400 instituciones públicas y 9.500 privadas, que albergan a 9
millones y medio de estudiantes, que no pueden acceder al Programa
Alimenticio Estudiantil (PAE) por la falta de recursos.
Carlos Mario Zuluaga habló sobre los
problemas que se presentan en el PAE, durante el Lanzamiento de la
Plataforma de Contralores Estudiantiles, que se llevó a cabo
en el Parque Explora en
Medellín, y contó con la presencia de la ministra de
Educación, Aurora Vergara y más de 300
alumnos de instituciones educativas.
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El vicecontralor en funciones, sostuvo
que es importante que los ciudadanos se conviertan en "cuidadores de los
recursos públicos", teniendo en cuenta la inversión que realiza el
Estado en programas como el de Alimentación Escolar y el mejoramiento de
las infraestructuras de los centros educativos.
Zuluaga añadió que con la estrategia de contralores estudiantiles se
busca crear un espacio de formación en los que se puedan cuidar los
recursos públicos, asegurando que con el tiempo podrán convertirse en
agentes de cambio en los colegios y con ello puedan aprender a ver las
ventajas comparativas que existe entre las instituciones.
Además, el inspector indicó que se han recuperado un total de 570 obras
que suman un total de 2.5 billones, usando de ejemplo, el recate de una
de las sedes de la universidad de la Amazonia.
Por último durante el encuentro, la contralora delegada para la
participación ciudadana, Martha Cecilia Piza Lozada, le recordó a los y
las alumnas que ser elegido como contralor estudiantil significa tener
una postura crítica y vigilante sobre el movimiento del dinero que se
destine a las instituciones, la infraestructura y todos los materiales.
EPS Sanitas mostró
pérdidas de 400 mil millones: Supersalud
En rueda de prensa, el Superintendente
de Salud, Luis Carlos Leal, presentó los resultados tras la intervención
de tres EPS y aseguró que en Sanitas se ha encontrado un incremento de
gastos operativos injustificados y lo que representó una pérdida de 400
mil millones de pesos.
En ese sentido, fue evidente como la entidad prestadora de servicios de
salud destinó $104.226 millones en operación de los centros médicos y
centros de salud. ”Cuando la EPS recibe recursos que son públicos de la
salud y que normalmente son gestionado para la administración propia,
deben gestionarse y producir sus propios gastos administrativos”, señaló
Leal.
Entre tanto, el superintendente explicó que Sanitas pagó 64 contratos de
arrendamiento por el valor de $4.666 millones mensuales, es decir, $56
millones anuales y además, mejoras en infraestructura que no hace parte
de la EPS pero que si corresponde a centros de salud que brindan
servicios, quienes deberían gestionar los recursos que le son pagados
para dicho propósito.
Adicionalmente, en el balance se evidencia que no hay una descripción de
la población afiliada especialmente, en sus condiciones sociales,
económicas, calidad de vida, patologías, factores de riesgo y riesgo
materializado. Esto quiere decir que si no se identifican correctamente
los problemas de salud de la población, entonces no se puede desarrollar
un plan efectivo para mejorar.
Es por eso que la tasa de mortalidad y morbilidad materna
se encontró en una tasa de 65, aun cuando la meta es de 35. Esto
significa que el número de muertes y complicaciones relacionadas con el
embarazo y el parto es más alto de la normativa.
Por otra parte, se halló que hay debilidad en el reporte de RIPS
(Registro Individual de Prestación de Servicios), pues las
investigaciones determinaron
que no hubo
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retroalimentación de sus auditorías a
pesar que se contrató para ello.
Durante la interventoría, también se
pudo determinar que el 76% de los contratos de la EPS se estaba haciendo
bajo la modalidad de nominada ‘evento’, que es una de las más costosas y
además, va en contravía del propio manual designado por la entidad, que
hablaba que este tipo de contratos solo se realizarían en poblaciones
inferiores a 10 mil habitantes pero se encontró que se desarrollaron en
ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, generando un aumento en el costo
médico.
Finalmente, el superintendente señaló
que el contrato establecido con la empresa Sociedad Andrés Murcia Vargas
Abogados Asociados no tenía ningún tipo de justificación ni
representaban beneficios para la EPS en mención.
Profesores rechazan
cambios a la Ley estatutaria de educación
En un comunicado emitido el 6 de
junio, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU)
expresó su rechazo contundente a las modificaciones realizadas al
Proyecto de Ley Estatutaria de Educación. Las modificaciones fueron
aprobadas el pasado 5 de junio en la Comisión Primera del Senado y,
según la ASPU, representan un grave retroceso para la democracia y la
autonomía universitaria en Colombia.
La ASPU subraya que estas
modificaciones contravienen la esencia del Proyecto de Ley Estatutaria,
limitando la participación de los estamentos en las decisiones que les
afectan directamente. Este cambio, señalan, socava la democracia
participativa, pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa. La
autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, es esencial para
el libre desarrollo de la academia y la investigación en las
instituciones de educación superior, y estas modificaciones no
garantizan dicha autonomía.
Además, el sindicato critica que las modificaciones desconocen el papel
del Estado como garante del derecho a la educación superior. No se
asegura la financiación necesaria para las instituciones de educación
superior públicas, proponiendo en su lugar una financiación compartida
con instituciones privadas, que operan mayoritariamente como negocios de
interés particular y no como entidades comprometidas con el bien común.
La ASPU hace un llamado urgente a los parlamentarios para que
rectifiquen las modificaciones aprobadas y retomen la esencia del
Proyecto de Ley Estatutaria. La asociación defiende una educación
superior pública, de alta calidad y accesible para todos, subrayando que
la educación privada debe ser complementaria a la pública, garantizando
calidad en todas las instituciones.
Finalmente, la ASPU solicita a todos los actores involucrados,
incluyendo estudiantes, docentes, académicos y ciudadanos en general, a
mantenerse activos en la defensa del derecho a una educación superior
pública y de calidad. Destacan que la educación es el fundamento del
desarrollo de la sociedad y no permitirán que intereses particulares
perjudiquen el futuro del país.
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