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CNE tiene facultad para investigar
campaña Petro: Consejo de Estado
El Consejo de
Estado, en un fallo trascendental, confirmó que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad para investigar la
campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas violaciones a
los topes de financiación electoral. Esta decisión ratifica la
responsabilidad del CNE en la primera etapa de indagación
administrativa y aclara el procedimiento a seguir en caso de que
se encuentren méritos para una sanción mayor.
En su auto del 20 de junio de 2024, el Consejo de Estado reiteró
que, según la Constitución y la Ley Estatutaria 996 de 2005,
corresponde al CNE realizar las investigaciones preliminares
sobre la financiación de las campañas electorales. Este
pronunciamiento despeja cualquier duda sobre la competencia de
este órgano electoral en casos que involucren a altos
funcionarios electos.
En la decisión del alto tribunal se lee “corresponde al Consejo
Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas
tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo
frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la
campaña electoral; terminada esa etapa y, encontrándose mérito,
se debe remitir lo pertinente a la autoridad que resulte
competente, según el cargo, a efectos de dar aplicación a la
sanción de pérdida del cargo”.
El tribunal subrayó que, de encontrarse pruebas suficientes de
violación de los topes de financiación, el caso debe ser
remitido a las autoridades competentes para la aplicación de
sanciones, según el cargo. En el caso específico del presidente
Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sería el
Congreso de la República quien tendría la última palabra sobre
la posible pérdida de sus cargos.
En el fallo del alto tribunal administrativo se lee “le
corresponde al Congreso, de ser el caso, adelantar el proceso de
la pérdida del cargo de los integrantes de la fórmula a la
Presidencia, puesto que el estudio que se haga sobre la
violación de los topes afecta a los dos integrantes de la
fórmula presidencial”.
El fallo del Consejo de Estado responde a una demanda que
señalaba irregularidades en los gastos de la campaña
presidencial de 2022. El demandante argumentó que se habían
superado los límites permitidos, lo que debería conllevar a la
pérdida de investidura del presidente y su fórmula
vicepresidencial. Sin embargo, el tribunal aclaró que su
competencia no abarca la decisión final sobre la pérdida de
cargos, sino que se limita a la verificación inicial de los
hechos.
Además, la Sección Quinta del Consejo de Estado enfatizó que
cualquier decisión sobre la pérdida de investidura presidencial
debe ser tramitada por el Congreso, conforme a lo estipulado en
la legislación vigente. Esta etapa sería crucial, pues afectaría
tanto al presidente como a la vicepresidenta, debido a que la
campaña presidencial se registra como una unidad indivisible.
El magistrado del CNE, César Lorduy, también confirmó esta
disposición en sus redes sociales, indicando que el fallo
reafirma el papel del CNE en la investigación de los topes de
financiación.
EPS deben asumir costo del retiro
de biopolímeros: Corte Constitucional
La Corte
Constitucional reconoció que los procedimientos médicos para el
retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios
de Salud, por lo tanto, las EPS deben asumir el costo del
tratamiento. Así mismo afirmó que los médicos y las EPS tienen
la obligación de diagnosticar y tratar los graves síntomas
causados por las cirugías estéticas de implantes mamarios.
El alto tribunal llamó la atención del Estado para que impulse
medidas tendientes a prever que la decisión de las mujeres para
practicarse procedimientos estéticos sea libre, espontánea y sin
ningún tipo de presiones estereotipadas.
Además, exhortó a
diferentes entidades para que activen sus competencias con el
fin de sancionar de forma efectiva a las personas y los
establecimientos que ofrecen servicios médicos sin contar con
las calidades para ello.
Antecedentes
Esta decisión se produce luego de que la Corte conociera el caso
de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos,
cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se
sometieron a cirugías de implantes mamarios. En tres de los
casos las accionantes manifestaron que su decisión de someterse
a dichos procedimientos fue impulsada y, en algunos de los casos
pagados, por sus parejas sentimentales.
El alto tribunal
señala que como consecuencia de estos procedimientos, su salud
física y mental se vio afectada. Ellas acudieron a las EPS con
el fin de obtener un diagnóstico y un tratamiento para efectos
de recuperar su salud. No obstante, encontraron barreras que, en
su concepto, vulneraron sus derechos a la salud y a la vida
digna.
En estos casos los
médicos tratantes y las EPS negaron la prescripción y
autorización
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de los servicios médicos
argumentando que las cirugías estéticas y las complicaciones que de
ellas se derivan no están incluidas en el PBS. Por ello, pese a
reconocer la necesidad de los exámenes y de los procedimientos para
tratar sus graves dolencias, las accionadas les advertían que debían
asumir el costo para ser tratadas por médicos particulares.
Aunque en cuatro de los
casos los jueces de instancia concedieron la protección de los derechos
a la salud y a la vida digna de las accionantes; en dos casos los jueces
de tutela no solo no protegieron sus derechos, sino que además las
señalaron de ser las causantes de sus síntomas por decidir realizarse
los procedimientos estéticos.
Medidas complementarias
Finalmente, la decisión advirtió que estos casos son el reflejo de la
ausencia de una ruta clara y efectiva para la atención de las mujeres
que encuentran en el sistema de salud, barreras muchas veces
insuperables, que comienzan con señalamientos o recriminaciones por las
decisiones por ellas tomadas y que terminan en graves daños para su
salud o hasta en la muerte. También responden a la ausencia de
concientización sobre los estereotipos estéticos y los impactos que
ellos causan en las mujeres. A esto súmese, en algunos casos, cierta
actitud indolente y menos empática de quienes administran justicia.
Comisión de vigilancia a Ley de
Inteligencia, sin ‘dientes’ ante ‘chuzadas’
Una preguntaA que surge por
el escándalo en estos días por las presuntas ‘chuzadas’ y seguimientos
ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, es qué pasa con la
Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y
Contrainteligencia, que fue creada en el Congreso para controlar que las
agencias del Estado a cargo de estas actividades las hagan en el marco
de la ley y respetando los derechos ciudadanos. La senadora Paola
Holguín advirtió que esta célula no tiene dientes para realizar esta
función.
La congresista del Centro Democrático, quien hace parte de dicha célula
congresional, dijo que “la Comisión sí se ha reunido, no con la
frecuencia que ameriten los hechos, pero sí se ha estado reuniendo. El
tema de fondo que se debería analizar en algún momento son dos cosas:
uno, que es una Comisión que no tiene ‘dientes’ y, dos, que es una
Comisión que siempre es reservada. Entonces, lo que nosotros hablamos en
esa Comisión, los debates de control político, todo lo que está allí,
termina absolutamente secreto para los demás congresistas y en general
para la comunidad”.
Agregó la senadora antioqueña que “a nosotros nos han pasado algunos
informes de gastos reservados, nos han entregado informes algunos de los
miembros de la comunidad de inteligencia, pero el problema es que
nosotros no podemos decir nada de lo que pasa, nada de nada”.
Holguín propuso reformar esta Comisión para que tenga mejores resultados
tras ser creada por la Ley 1621 de 2013, norma que fortalece el marco
jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y
establece límites para evitar abusos por parte de las autoridades.
“Creo que sería importante que, si en algún momento se encuentran
indicios graves de faltas frente a lo que nosotros tenemos que auditar,
que son las actividades legales de inteligencia y contrainteligencia,
pues la Comisión pudiese tener algún tipo de actuación porque es que hoy
no tiene ninguna capacidad. O sea, todo lo que a nosotros se nos informa
allí es secreto, es reservado. Entonces eso hace que no tengamos ningún
tipo de capacidad”, enfatizó la senadora Holguín.
Frente a la denuncia la semana anterior de la Corte Constitucional de
que a un magistrado y sus colaboradores de despacho agentes del Estado
les habrían chuzado las comunicaciones y también les habrían realizado
seguimientos, la senadora Holguín dijo que “tenemos una preocupación muy
grande, que la hice pública en el debate que se hizo al director de la
Dirección Nacional de Inteligencia, y es que a pesar de que ellos dicen
que este es un Gobierno que no chuza, pues el caso de los magistrados,
que es muy grave, no es el primero de interceptaciones ilegales”.
Añadió la parlamentaria que “no se nos puede olvidar que cuando sucedió
el escándalo de Marelbys Meza, la niñera, ellos utilizaron información
falsa vinculándola a una estructura criminal para que le interceptaran
el teléfono”.
Indicó que “no se nos puede olvidar que cuando salió el escándalo del
profesor de inglés de la esposa de un general, allí también se habló de
interceptaciones ilegales. Y ahora viene la denuncia tan grave del
magistrado Ibáñez. Entonces, creo que el problema es que aquí sí se han
presentado antecedentes que ameritarían una investigación exhaustiva
sobre lo que está pasando con el tema de la inteligencia”.
El escándalo por las supuestas ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte
Constitucional coge a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades
de Inteligencia y Contrainteligencia en pleno receso legislativo. Se han
escuchado algunas voces pidiendo que busque reunirse en estos días para
que se pronuncie.
Sin embargo,
la senadora Holguín advirtió que “quien cita es la mesa directiva y,
obviamente, la mesa directiva de la Comisión de Inteligencia y
Contrainteligencia siempre ha estado en manos del Gobierno. En la
Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia solo estamos dos personas
en nombre de la oposición: un representante y yo
como senadora. Entonces siempre somos minoría y
eso también dificulta cualquier acción frente al Gobierno”.
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Pronunciamiento del Gobierno
El jefe de Estado dijo ayer que “desde el primer día de gobierno la
orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla
contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la
inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”.
Agregó que “en inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia),
se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de
servicios de telefonía privada. Este Gobierno no hace lo que sí hicieron
otros en el pasado”.
En tanto que la Presidencia de la República en un comunicado indicó que
“desde que se hicieron públicas las denuncias sobre una supuesta
operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una
investigación a Control Interno y a Control Interno Disciplinario de la
entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los
procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría
para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la
Presidencia de la República”.
Aclaró que las actividades de estas dos dependencias, “no incluye
prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas
absolutamente condenables en una democracia”.
Fiscalía escuchó a Ibáñez
En la tarde de ayer el magistrado Ibáñez se reunió con la unidad de
fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para poner en su
conocimiento que “desde hace varios meses, mis comunicaciones,
especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en
información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la
conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos
de inteligencia oficial”, como lo indicó el Togado en una carta que la
Corte Constitucional entregó la semana anterior a la fiscal General, Luz
Camargo Garzón.
Justicia expresa preocupación
Las Altas Cortes manifestaron ayer su preocupación por las presuntas
‘chuzadas’ al magistrado Ibáñez, al tiempo que pidieron al Gobierno
garantías para que la justicia haga su labor.
Los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
integrantes de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial,
indicaron en un comunicado que “registramos con preocupación los hechos
denunciados por el señor vicepresidente de la Corte Constitucional,
Jorge Enrique Ibáñez Najar, relativos a presuntas interceptaciones,
monitoreos y seguimientos ilegales denunciados formalmente ante la
Fiscalía General de la Nación”.
Agregaron que “rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos
en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de
verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y
constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad
de los jueces y magistrados que imparten justicia”.
Finalmente, las Altas Cortes demandaron del “Gobierno nacional las
garantías para el cumplimiento de nuestra labor y solicitamos a la
Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad las
investigaciones pertinentes para esclarecer una situación que afecta
directamente al magistrado Ibáñez, su señora esposa y a su equipo de
trabajo, a quienes expresamos nuestra solidaridad y respaldo”.
El comunicado tiene las firmas de Diana Remolina Botía, presidenta del
Consejo Superior de la Judicatura; Gerson Chaverra Castro, presidente de
la Corte Suprema de Justicia; Milton Chaves García, presidente del
Consejo de Estado; y José Reyes Cuartas, presidente de la Corte
Constitucional.
Sindicatos de MinTrabajo hacen cacerolazo
frente al Congreso
En la mañana de este martes,
miembros de Confederación General del Trabajo (CGT) y el Comité de
Huelga del Ministerio de Trabajo realizan un cacerolazo frente al
Congreso, exigiendo la intervención de la ministra de Trabajo, Gloria
Inés Ramírez.
A través de un comunicado, el sindicato señaló que continúan exigiendo
una mejora en las condiciones económicas y profesionales de los
trabajadores, además del cumplimiento de las normas de seguridad y
salud.
Consideran que la ministra de Trabajo, Gloria {Inés Ramírez, no ha hecho
caso a sus peticiones, y por el contrario, “ha optado por el silencio”.
En un documento advierten que la administración ha insistido en
desconocer el derecho a la huelga, lo que impide un dialogo franco entre
las partes.
“Como trabajadores de este país debemos ser escuchados con soluciones
por parte del Gobierno nacional a nuestras peticiones, ya que deben ser
resueltas y solucionadas de manera inmediata”, manifiestan.
A las protestas se le suma el CGT, en apoyo al sindicato. “Desde la
Confederación General del Trabajo (CGT-ADS), queremos expresar nuestra
más profunda solidaridad con los compañeros del Ministerio de Trabajo
que actualmente se encuentran en huelga, luchando por sus derechos y
bienestar”, indicaron.
A la fecha, han transcurrido 25 días de cese de actividades por parte de
los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Cabe señalar que el pasado
31 de mayo iniciaron la huelga en forma de protesta, pues aseguran que
sus condiciones laborales no son las mismas en comparación de otras
entidades del sector.
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