Se desconoce si el mandatario enfocará su intervención ante el Consejo de Seguridad, donde tienen asiento las principales potencias del mundo, en que a pesar de los retrasos y algunos aspectos que no se han implementado el Estado avanza en el cumplimiento del Acuerdo de Paz o, como lo advirtió hace algunas semanas, denunciará que no lo quiere cumplir.

El pasado 14 de mayo, el presidente Petro advirtió que “quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir (…), pero esta vez va a ir el presidente de la República, y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”.

El lunes anterior, el Ejecutivo sostuvo una reunión con los voceros del Partido Comunes para evaluar la implementación del Acuerdo. “De nuevo, se reunieron las dos altas partes contratantes del Acuerdo de Paz del 2016: el Estado y las FARC, esta vez en el Palacio de Nariño. Preparamos informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre ejecución del Acuerdo”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red X.

De acuerdo con el canciller Luis Murillo, ante el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez el jefe de Estado presentará su balance como alta parte contratante del Acuerdo de Paz de 2016.

“Este informe se hizo con más de 30 entidades del Gobierno y con la otra alta parte contratante: las FARC. Hicimos varias mesas técnicas con Planeación Nacional y la Cancillería. Este informe desarrolla un nuevo marco estratégico para la Paz Total, bajo tres ejes que estamos revisando: la Reforma Agraria, la transformación del territorio y el esclarecimiento de la verdad judicial completa”, explicó Murillo.

El canciller anunció que el presidente Petro planteará ante el Consejo de Seguridad un plan de choque para los próximos dos años, “con algunas medidas extraordinarias y otras de emergencia”, para avanzar en la implementación.

“También estamos proponiendo un ajuste al marco estratégico de implementación que se diseñó para 15 años, y considerar muy seriamente la posibilidad de extender el periodo de implementación de ese plan marco”, aseguró el jefe de la diplomacia.

Por otra parte, Petro cumplirá una agenda en Nueva York, luego regresará a Colombia.

¿Constituyente o referendo?: Juan Fernando Cristo abre la posibilidad

Tras la reunión con la Federación Nacional de Departamentos (FND) y los gobernadores del país, el entrante ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abrió la posibilidad de realizar un referendo, sin dejar de lado la posibilidad de establecer una Asamblea Nacional Constituyente.

"Primero el acuerdo nacional, primero concertar las reformas y después de eso definiremos con todo el país, con los que participen en ese acuerdo si la mejor manera de avanzar en esa reforma, de hacer realidad esas reformas que están esperando los colombianos desde hace tiempo, es cualquiera de las que está contemplada en la Constitución nacional, o el tránsito por el Congreso de la República o la convocatoria a un referendo la celebración de una asamblea nacional constituyente", aseguró Juan Fernando Cristo.

El jefe de la cartera del Interior, añadió que en el acuerdo nacional que busca, junto al presidente Gustavo Petro, no se explorara la opción de un nuevo mandato.

Al salir de la reunión con los gobernadores, Cristo indicó que uno de los puntos clave de la reunión fue establecer "la importancia para darle total tranquilidad al país que ese acuerdo nacional debe incluir que la figura de la reelección presidencial no se toca ni se tocará en Colombia", esto siguiendo los puntos pactados durante el Proceso de Paz.

El ministro celebró la posición participativa, propositiva y abierta de los gobernadores que participaron en la sesión, para establecer un diálogo productivo que, según él, permita mejorar la vida de los colombianos.

De igual forma, Cristo añadió que las reformas de justicia, política y de ordenamiento territorial están puestas sobre la mesa del Gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, indició que los mandatarios departamentales se encuentran en una disputa sobre el tema de la constituyente;

Si bien es cierto que el Consejo de Estado, conceptuó que el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar al presidente de la República en torno a la financiación de su campaña y que una vez y que si llega a encontrar mérito para indagarlo debe trasladar el proceso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el proceso en este segundo alto tribunal continúa congelado.

Según se conoció son varias las aristas pendientes que impiden el avance de las investigaciones, En este sentido, fuentes cercanas al Consejo Nacional Electoral revelaron que “actualmente el proceso de investigación se encuentra suspendido, hasta que la Sala de Consulta del Consejo de Estado, proceda a definir la competencia ocasionada por la solicitud de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

Choque de trenes

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, le solicitó al Consejo Nacional Electoral, el traslado del proceso de investigación que adelanta al presidente Gustavo Petro, y que está relacionado con la financiación de la campaña presidencial que adelanta esa entidad.

Desde el 16 de mayo pasado, el ente investigador de la corporación legislativa elevó la petición argumentando que “la Comisión de Acusación de manera autonomía y oficiosa, solicita a través de providencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), las investigaciones que ante esa autoridad cursan contra el presidente de la República, por hechos relacionados con la financiación de su campaña. Pues, aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes, y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República, la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra carta política”.

A su turno, el Consejo Nacional Electoral, se pronunció al respecto, el pasado 5 de junio y tras una sala plena, se declaró como el único órgano competente para investigar la presunta violación del tope de gastos de la campaña advirtiendo que “es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para investigar y tomar una decisión de fondo sobre los hechos que constituyan una violación de los topes de la campaña electoral. Una vez concluida esa etapa, y de encontrarse mérito, se debe remitir lo pertinente a la autoridad competente, según el cargo, para aplicar la sanción correspondiente”, pero ante las dudas, el CNE le solicitó a la Sala Civil del Consejo de Estado un concepto ante esta competencia.

Proceso en el Consejo de Estado

En torno a estas investigaciones, la Sección Quinta de ese alto tribunal se declaró impedido para determinar la pérdida del cargo en el caso del presidente Gustavo y de la vicepresidenta Francia Márquez, por la presunta violación a los topes electorales de la campaña.

Para ese efecto, la corporación judicial aclaró que dicha determinación la debe adelantar el Congreso de la República en cabeza de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cómo órgano competente en razón al fuero constitucional de Gustavo Petro por su cargo de primer mandatario.

“El magistrado sustanciador consideró que de conformidad con los artículos 109 de la Constitución Política y 21 de la Ley 996 de 2005, el Congreso tiene la competencia para decretar la pérdida del cargo del presidente de la República”.

Agregó que “en todos los casos, le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas, y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar la pérdida de investidura o del cargo”. Como parte de las aclaraciones hechas por el alto tribunal, determinó que, en caso de considerar mérito, el Consejo Nacional Electoral puede trasladar la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, siempre y cuando se trate de un asunto que refiera estrictamente a la competencia de la corporación legislativa.

Como se sabe, el recurso judicial interpuesto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, será resuelto por el Consejo de Estado en los próximos días al determinar sobre cuál organismo va a recaer la investigación por presunta violación a los topes de campaña.