agravada por un paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una bebé de 16 meses, residente en la vereda San Cristóbal del municipio de Istmina en el departamento del Chocó, falleció debido a la falta de atención médica urgente.

El paro, que comenzó el 11 de agosto, llevó a un confinamiento generalizado y a la restricción de movilidad en varias localidades del Chocó, mpidiendo la evacuación de pacientes necesitados y afectando directamente a las comunidades de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.

La menor sufrió desnutrición severa y problemas respiratorios que requerían atención médica urgente. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por el ELN, no fue posible trasladarla a un centro médico.

Las restricciones impuestas por el grupo armado incluyen la prohibición de navegación en el río San Juan, que es la principal vía de acceso para las áreas afectadas. Esta medida ha impedido que los residentes puedan evacuar a personas con necesidades médicas urgentes, como en el caso de la bebé fallecida.

La situación en la región ha sido descrita por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba como una "parálisis total de la vida cotidiana", con un impacto significativo en la disponibilidad de servicios y suministros. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han señalado la gravedad de la situación, que ha resultado en una falta de acceso a alimentos, atención médica y educación para las personas confinadas.
 

El presidente Gustavo Petro ha programado una visita a la región para evaluar la situación y coordinar posibles soluciones. La intervención del gobierno y las autoridades locales se considera crucial para mitigar los efectos del paro armado y garantizar el acceso a los derechos fundamentales de la población afectada.

El caso de Isabella Piraza subraya la importancia de asegurar el acceso a servicios médicos y asistencia humanitaria en situaciones de conflicto y restricciones de movilidad. Las autoridades continúan trabajando para abordar la crisis y mejorar la situación de las comunidades en el Chocó.

Reportan dos explosiones en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca

Este 15 de agosto, la comunidad de Jamundí, Valle del Cauca, se vio alarmada por dos explosiones que resonaron en la vía que conecta el sector de Río Claro con el corregimiento de Ampudia.

Las explosiones, reportadas por los habitantes de la región, ocurrieron en un área donde la presencia de las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez', es notable. Según la Tercera Brigada del Ejército, aunque se confirmaron las detonaciones, no se registraron afectaciones en las tropas, ya que se encontraban a una distancia segura del lugar de los hechos. "Las tropas permanecen seguras y continúan ejerciendo control en la zona", afirmaron las autoridades locales.
 

La alcaldía de Jamundí también se pronunció, indicando que aún no se ha determinado el tipo de artefacto utilizado en las explosiones. "Hasta el momento, no se ha determinado el artefacto responsable de la explosión", señalaron, mientras se intensifican las investigaciones para esclarecer la situación.

Los residentes de la zona han expresado su temor ante la posibilidad de que estos actos sean parte de una estrategia de intimidación por parte de grupos armados. En particular, se ha mencionado que en el corregimiento de Potrerito se escucharon disparos, aunque las autoridades han descartado que haya acciones directas contra las tropas.

Tras llegar a acuerdos levantan protestas en peajes de Santander

Las protestas en los peajes de Oiba y Sabana de Torres, que habían generado importantes bloqueos en la Troncal de Magdalena Medio y otras vías clave de Santander, se levantaron después de intensas negociaciones entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales. Los acuerdos alcanzados incluyen compromisos sobre mantenimiento de vías y proyectos de infraestructura, con un enfoque en la mejora de las condiciones viales y la contratación local.

En el peaje La Gómez, en Sabana de Torres, el proceso de resolución fue particularmente arduo. La protesta, que había paralizado el tránsito en la Troncal de Magdalena Medio, culminó después de una jornada de nueve horas de discusiones. El alcalde Darío Buchenicow detalló que se llegaron a acuerdos sobre 17 puntos clave, incluyendo la provisión de maquinaria amarilla para las obras y mejoras en los servicios de transporte.

Buchenicow destacó que "lo importante es que se lograron acuerdos en varios puntos, incluyendo la evaluación de los diseños de la autopista, especialmente en la entrada por La Gómez. Gracias al acompañamiento de las instituciones, se pudo levantar la protesta y seguimos en mesas técnicas para asegurar que todo llegue a un feliz término".

En Oiba, las protestas se concentraron en el peaje ubicado en la carretera hacia Bogotá, donde los manifestantes exigían la pavimentación de tramos deteriorados de la vía. Javier Cañón, gerente del Grupo Centro Oriente del Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció que "hemos acordado iniciar los trabajos en los puntos críticos de la vía, y la próxima semana comenzaremos con las obras en los sectores de Garavito y Curití". El hombre subrayó que las conversaciones fueron extensas, pero productivas, y reafirmó el compromiso de Invías para cumplir con los trabajos pendientes.

Ambos municipios han acordado seguir en contacto mediante mesas técnicas para garantizar la implementación efectiva de los compromisos alcanzados. Las autoridades locales y nacionales han manifestado su compromiso de colaborar de manera continua con las comunidades para asegurar que las obras se realicen conforme a los acuerdos y que se resuelvan cualquier asunto pendiente relacionado con los proyectos viales.

El levantamiento de las protestas marca un hito en la resolución de las tensiones que afectaron la movilidad y el desarrollo en la región de Santander. Las autoridades ahora se enfocan en cumplir los compromisos asumidos y en continuar trabajando para mejorar las condiciones viales en la región.