Bogotá, Colombia -Edición: 682

 Fecha: Domingo 18-08-2024

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POLÍTICA

 

 

 

Senador Antonio Correa continuará siendo investigado por Corte Suprema

 

 

La indagación en torno a la participación del congresista Antonio Jose Correa Jiménez, del Partido de la U, en la celebración de contratos relacionados en la construcción de canchas sintéticas en Bolívar y Córdoba, continúa.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al resolver no decretar la nulidad de pruebas solicitada por la defensa del congresista, acusado ante la Sala de Primera Instancia por los presuntos delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público.

“Como viene de verse, en este caso la bancada de la defensa sustentó su solicitud anulatoria en irregularidades sustanciales que constituyen vicios de estructura del procedimiento, señalando que el magistrado instructor a más que practicó cuatro pruebas testimoniales en el término de ejecutoria del cierre del sumario, las cuales no fueron tenidas en cuenta al momento de realizar la valoración exigida por el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, negó su solicitud probatoria «por considerarla inoportuna y extemporánea»”, explicó la Sala en lo que respecta a la nulidad alegada en el presente caso.

Los hechos se remontan al año 2018 cuando el senador resultó involucrado en un informe de interceptaciones telefónicas que se ordenaron contra la intermediaria Vanesa Margarita Deyongh Yepes y el contratista Carlos Celestino Martelo Sarabia; integrantes del Consorcio El Peñón, a través de las cuales se habría establecido, inicialmente, la posible participación del congresista en las conductas punibles que se le endilgan.

La situación se relaciona con un convenio firmado con Coldeportes entre 2017 y 2018, un expediente que la Fiscalía General de la Nación llamó "Caso de Corrupción Mermelada Tóxica".

Según se desprende de la acusación, entre los años 2016 y 2017, cuando Correa fungía como senador de la República, tuvo a su disposición un cupo de recursos para la cofinanciación de proyectos a través del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), por un total de 5.000 millones de pesos, figura conocida en la actualidad como "cupos indicativos".

Presuntamente, estos recursos fueron gestionados por una estructura criminal, de la cual, señala la investigación, el senador Correa era la cabeza visible, encargándose de coordinar la celebración de contratos entre Coldeportes y algunos municipios de la Costa Atlántica, exigiendo a cambio de ello el pago de retribuciones económicas a los posibles contratistas.

Así las cosas, la Sala ordenó además la ampliación de varios testimonios de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador, entre los que están Mariela Trujillo, Melissa Pérez y Claudia Mora.

La Corte argumentó en su decisión que cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida como requisito sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a declaratoria de nulidad si la prueba que no se practicó y se califica como fundamental puede recaudada en la etapa de juicio.

 

Presidente Petro pide al Congreso ocuparse de inteligencia artificial

 

 

Al referirse a los retos que plantea la inteligencia artificial en la sociedad moderna, como podría ser la pérdida de empleos, el
 

 

 

presidente Gustavo Petro dijo que es un tema del cual el Congreso debe empezar a ocuparse.

 

El mandatario hizo el planteamiento al intervenir en la clausura del XXX Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, organizado por el Consejo de Estado y que se realizó en Villavicencio.

El jefe de Estado se refirió a los retos que plantea la inteligencia artificial en materia del alto consumo de energía que demanda, la posible pérdida de empleos entre trabajadores que cumplen tareas rutinarias y el riesgo de que esta tecnología, si no se toman medidas, se convierta en una especie de nueva droga en la que el ser humano no diferencie la realidad de la virtualidad, tal como lo han advertido científicos como Stephen Hawking.

“¿Cómo se regula la inteligencia artificial para que no pueda provocar la disolución de la conciencia de la realidad en el ser humano? Ese es un tema jurídico que me parece que sería interesante que comenzáramos a analizar”, dijo.

Y agregó: “Por ponerlo en términos de drogas, la inteligencia artificial puede crear mundos, vidas virtuales, en donde se desarrolla un individuo que no quiere salir de ahí o que ya no sabe salir de ahí. Puede ser una de las drogas más poderosas que se haya inventado la humanidad. Ahí Stephen Hawking encontró el mayor peligro de la inteligencia artificial”.

“Solo lo menciono, porque dividir realidad de virtualidad es un tema normativo. Esto lo tiene que analizar el Congreso de Colombia e, incluso, lo están analizando los congresos del mundo”, sostuvo.

De otro lado, el presidente Petro indicó que la inteligencia artificial hará saltar la demanda de energía muchísimo más de lo que conocemos hoy, lo cual plantea un problema: “Si la inteligencia artificial no se produce a través de lo que llamamos energía limpia, destruye a la humanidad”.

En este contexto, el mandatario advirtió que uno de los impactos que puede conllevar la inteligencia artificial es la pérdida de empleos de trabajadores que cumplen tareas rutinarias, las cuales serán hechas por la inteligencia artificial.

Al respecto dijo: “¿Cuántos trabajadores en el mundo hacen tareas rutinarias? En cinco años, ellos no estarán empleados. Podemos hacer el cálculo en Colombia, pero este es un problema mundial. Significa que centenares de millones de trabajadores y trabajadoras saldrán a la calle. Serán despedidos”.

Consideró que esto, unido a la crisis climática, llevaría a incrementar la desigualdad y los conflictos sociales, frente a lo cual es necesario prepararse desde ya.

 

Guillermo Gómez asumió como jefe de prensa de la Presidencia

 

 

Durante la noche de este viernes, la directora del Departamento Administrativo (Dapre), Laura Sarabia, posesionó al periodista Guillermo Gómez Romero como nuevo secretario de prensa y comunicaciones de la Casa de Nariño.

La hoja de vida Gómez fue publicada en la página de la Presidencia de la República el pasado domingo, 4 de agosto.

El comunicador social es el quinto jefe de prensa que asume el cargo durante los dos años de mandato de Gustavo Petro, Gómes es presidido por Germán Gómez, María Paula Fonseca, Hollman Morris y Juan David Moreno.

El periodista tomó posesión del cargo luego de la salida de Juan David Moreno del cargo, quien habría dejado la jefatura de prensa luego de renunciar, argumentando temas personales.

¿Quién es Guillermo Gómez?

El nuevo secretario de prensa y comunicaciones es comunicador Social y Periodista, egresado de la Universidad Central y con una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, Gómez cuenta con una sólida trayectoria en medios de comunicación, destacándose por su trabajo en la Revista Cambio, Noticias UNO, El Tiempo, CM&, entre otros medios.

Ha sido tres veces ganador del Premio

 

 

 

Nacional de Periodimo Simón Bolívar. Su reciente experiencia como asesor de prensa en el Ministerio de Justicia y la Embajada de Alemania, refuerza su capacidad para liderar la comunicación gubernamental, estrechando el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.

 

Más contundencia contra la inseguridad pide Procuraduría a Fuerza Pública

 

 

Un llamado a la Fuerza Pública hizo recientemente la Procuraduría General de la Nación para contrarrestar la inseguridad en el país. Margarita Cabello, jefa del Ministerio Público, pidió a los uniformados mayor contundencia, eficacia y rapidez, ante la situación de violencia y crisis de orden público en el país, que, a su juicio, se ha incrementado.

En su último informe, Cabello hizo referencia a diversas situaciones que han puesto en evidencia la situación de inseguridad que pone en peligro a comunidades de todo el territorio nacional.

Puso como ejemplo las amenazas a un posible atentado al Palacio de Justicia. Pero también al paro armado en el Chocó, el cual ejecuta el Eln desde el 11 de este mes.

“El ‘paro armado’ del Eln en Chocó, el secuestro de 100 soldados en Guaviare, entre otras graves coyunturas de orden público que se presentan en el Pacífico, Cauca, Nariño y el bajo Cauca Antioqueño”, resaltó la jefa del ente de control disciplinario, por medio del boletín.

Precisó, además, que es la ciudadanía y las entidades territoriales quienes permanentemente piden el actuar del Ministerio Público para exigir al Gobierno nacional, la presencia en zonas rurales y urbanas del país.

Asimismo, y frente al anuncio del Eln sobre un corredor humanitario para facilitar la evacuación de civiles atrapados por el paro armado desde el 11 de agosto expresó: “Que no tengamos que estar sometidos a que sean los grupos organizados al margen de la ley, que nos den garantías y elementos de seguridad. Es la fuerza pública la que debe hacer eso y no los grupos ilegales”.

Como se sabe, la guerrilla del Eln anunció el inicio de un paro armado en el departamento del Chocó, propiciado por las confrontaciones con el ‘Clan del Golfo’, organización criminal con la que disputa el control del territorio.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, esta situación irregular ha confinado a más de 45.000 personas de la región, quienes claman soluciones al conflicto armado.

La democracia

Pero también reiteró su posición frente a la vital importancia del ente de control y el Derecho Disciplinario, especialmente en tiempos donde la corrupción está recobrando una dimensión inimaginada que tanto daño y desazón genera al país. Lo hizo durante el II Congreso Nacional de Derecho Disciplinario en la ciudad de Cartagena, reiteró.

Cabello fue enfática en destacar la relevancia de la Sentencia C-030 de la Corte Constitucional, que ratificó las facultades de investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular de la Procuraduría.

“La corrupción está cada vez molestando y afectando más la vida de los ciudadanos y la vida en sociedad y la Procuraduría es la encargada de velar por luchar contra la corrupción y la ineficiencia administrativa”, indicó.

También afirmó que es innegable que, en toda democracia, deben existir frenos y contrapesos y que no puede haber ningún servidor público que esté por fuera del derecho disciplinario.

Finalmente, se refirió a que, si bien todos los días se ejecutan sanciones disciplinarias por parte del Ministerio Público, es necesario un control social que permita combatir la corrupción, pues “el Estado se maneja con el dinero de todos”.

“La sociedad debe levantar la voz y ayudar a los órganos de control. No podemos abandonar el derecho disciplinario y a la Procuraduría, y el control social es la única manera que tenemos para salir de la corrupción”, destacó Cabello Blanco.

 

 

 

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