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MinDefensa anuncia mayor presencia
de Fuerza Pública en el Chocó
Al concluir un consejo de seguridad en Quibdó, Chocó, enfocado
en evaluar la situación de orden público, el ministro de
Defensa, Iván Velásquez, se refirió a los esfuerzos que se
llevan a cabo para ampliar la presencia de las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional, incluyendo la llegada de nuevos efectivos
y embarcaciones para el control fluvial. También, habló del
propósito de construir nueva infraestructura policial como el
caso de una estación de policía en Lloró, municipio de este
departamento del pacífico colombiano.
"Este año y el próximo, el Plan 16.000 de las Fuerzas Militares
incrementará efectivos tanto en el Chocó como en todo el
territorio nacional. Además, el Plan 20.000 de la Policía
Nacional también aumentará el número de hombres y mujeres en la
Policía, para lograr una mayor presencia territorial” indicó el
Ministro.
Además, se anunció el fortalecimiento de las capacidades de la
Armada Nacional para el control fluvial, con la llegada de
nuevos botes el próximo mes y otros adicionales el próximo año.
En línea con este esfuerzo, la Gobernación del departamento se
comprometió a renovar los motores de las embarcaciones
existentes, mientras que las alcaldías asumirán el suministro de
combustible y mantenimiento, con el objetivo de intensificar el
patrullaje en las vías fluviales de la región.
Sumado a esto, para mejorar las condiciones de la seguridad
ciudadana, se evaluó la viabilidad de la creación del Distrito
Especial de Policía en Quibdó, “la próxima semana vendrá la
directora administrativa y financiera de la Policía Nacional
para, en el propio terreno, verificar las posibilidades de esta
construcción” aseguró.
De otra parte, el ministro Velásquez manifestó que para
garantizar la seguridad durante las fiestas de San Pacho, en la
capital del departamento, llegarán 80 uniformados más y, así
mismo, un componente de más de 20 hombres del Grupo de
Operaciones Especiales y 35 policías adicionales que estarán de
manera permanente.
Finalmente, para fortalecer la lucha contra la extorsión, el
jefe de la Defensa señaló que se le solicitará a la Fiscalía
General de la Nación que los grupos Gaula policiales y militares
cuenten con fiscales e investigadores del CTI porque según el
alto funcionario “de nada sirve la cantidad de denuncias que
siempre estamos invitando a realizar a la ciudadanía si no
existen investigadores”, concluyó.
Aprueban ley que
incentiva a empresas privadas a invertir en deporte
A la discusión en la Cámara de
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Representantes pasó el proyecto de ley número 107 de 2023 Senado, por
medio de la cual se promueve la
responsabilidad social empresarial para el fomento del deporte, la
recreación y la actividad física y se dictan otras disposiciones, el
cual tuvo como ponente a la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel.
“Celebro esta iniciativa de mi colega y compañero de bancada el senador
Marco Daniel Pineda, la busca que las empresas a través de la figura de
Responsabilidad Social Empresarial puedan invertir recursos para apoyar
a través de convenios a fundaciones, ligas y todas aquellas
organizaciones que tengan como objeto el deporte”, dijo la senadora,
quien precisó que “estos recursos o convenios estarán destinados para
fomentar la construcción el mejoramiento, el mantenimiento y la
adecuación de la estructura deportiva en todo el país, para dotar de
equipamiento, implementos, de uniformes, a nuestros deportistas”.
Señaló que también se propone impulsar programas deportivos de
recreación actividad física con niñas, niños, adolescentes, personas
mayores y también para la participación e inclusión deportiva de esas
poblaciones minoritarias y excluidas de la práctica deportiva
recreacional y actividad física.
Explicó que “como incentivo a ese aporte las empresas tendrán a cambio
unos títulos que serán negociables o certificaciones deducibles del
Impuesto de la Renta estos beneficios y requisitos ya existen, hoy están
establecidos en el Estatuto Tributario, por lo tanto esto no se trata de
un mecanismo que es nuevo sino lo que hace esta iniciativa es incluir un
mecanismo adicional para que puedan acceder a este beneficio las
empresas que realicen este convenio con fines deportivos”.
Tras la votación del proyecto, el autor, senador Marco Daniel Pineda,
señaló que “la historia se repite diariamente en todos los rincones de
Colombia, donde miles de clubes deportivos, centenares de ligas tienen
que padecer diariamente. Cuántos clubes no tienen que hacer rifas,
bingos y hasta vender empanadas en las puertas de la iglesia para poder
financiar a los entrenadores deportivos, para el transporte, la
logística para asistir a los torneos”.
Caso Ungrd: Pinilla asistió a
audiencia contra congresistas salpicados
Durante la tarde de este jueves, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesos y Desastres (Ungrd), asistió a
la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para responder al
llamado hecho por el alto tribunal en el marco de investigación que se
adelanta en contra de varios congresistas que han sido salpicados en el
caso de corrupción de la entidad.
El pasado 20 de agosto el abogado Diego Pérez aseguró que el
exfuncionario se acogería a su derecho de guardar silencio mientras se
adelantaba el principio de oportunidad frente a la Fiscalía General de
la Nación.
"Sneyder Pinilla Álvarez, ha cumplido su compromiso con la justicia y ha
entregado información valiosa a todas las autoridades competentes en
este proceso penal que cursa, incluyendo a la Honorable Corte, pruebas
como: chats, correos electrónicos y distintos detalles que aun la
opinión pública no conoce, y los cuales corroborarán su testimonio
frente a las declaraciones que ha
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rendido", se aclaró a través de un comunicado.
Durante este jueves se adelantó la diligencia en contra
el expresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes, Wadith Manzur ante
la Sala de Instrucción de la Corte Suprema; sin embargo, Pinilla
continuó guardando silencio ante los magistrados.
Diego Pérez criticó la defensa de Ricardo Bonilla, ministro de
Hacienda
El abogado defensor de Sneyder Pinilla, criticó la defensa del ministro
de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que el documento entregado por
el jefe de la cartera, en el cual se mostraba que la asesora, Alejandra
Benavides, no habría ingresado a la UNGRD, se trataría de una versión
editada.
"No entendemos cuál es la dinámica que pretende en este caso la defensa
presentando documentos y sobre todo haciendo una narrativa equivocada,
tergiversada de los hechos para mostrar el señor Sneyder Pinilla como un
mentiroso", afirmó Pérez.
Protocolo contra matoneo ordenan
a Instituciones educativas policiales
La Corte Constitucional ordenó a la Policía Nacional crear un protocolo
para fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso, el
matoneo y la discriminación por razones de género en los centros
educativos policiales. El protocolo deberá construirse de manera
participativa y sustentarse en un diagnóstico institucional con enfoque
de género.
El alto Tribunal se pronunció en ese sentido al resolver una acción de
tutela presentada por una estudiante en contra de la Dirección de
Educación Policial (DIEPO) y de una escuela de formación de la Policía
Nacional.
La accionante afirmó que, en su condición de estudiante de ese centro
educativo, fue objeto de burlas, humillación pública, estigmatización,
acoso verbal y maltrato físico. Manifestó que algunos de sus superiores
y compañeros difundieron rumores sobre una supuesta relación sentimental
entre ella y un intendente. Explicó que las presiones y los tratos
degradantes llegaron a tal punto que la llevaron a pedir su retiro de la
institución educativa.
Tres días después, la joven desistió de la solicitud de retiro
voluntario y expuso que su intención de abandonar la institución fue
producto del matoneo del cual fue víctima. Sin embargo, el comité
académico de la escuela de policía negó su desistimiento.
La Sala Novena de Revisión consideró que la escuela de policía accionada
y la DIEPO vulneraron los derechos a la educación y al debido proceso
administrativo. En primer lugar, la escuela no activó de forma oportuna
una ruta de investigación y eventual sanción respecto de las conductas
denunciadas por la estudiante. Además, la Sala concluyó que las
accionadas no valoraron de forma seria y rigurosa las quejas de acoso y
discriminación. Para la Corte, la institución educativa no actuó con
celeridad y diligencia, de modo que su respuesta fue insuficiente para
proteger los derechos fundamentales de la accionante.
Con fundamento en lo anterior, la Corte ordenó a las entidades que
reintegren a la estudiante en el programa educativo que venía cursando.
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