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Senador Luna demanda superpoderes
a Contrainteligencia del Estado
El Senador David Luna radicó una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto
1077 de 2024, emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Este
decreto otorga poderes excesivos a la Dirección de
Contrainteligencia de la DNI, lo que representa un grave riesgo
para la privacidad, el derecho al debido proceso y la libertad
de expresión en Colombia.
El parlamentario advirtió que este decreto es un retroceso en la
protección de los derechos humanos. No se debe permitir que,
bajo la excusa de la seguridad nacional, se justifiquen
prácticas que conviertan al Estado en un ente vigilante y sin
control. La falta de mecanismos claros para supervisar estas
acciones podría llevar a abusos de poder y violaciones de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, David Luna ha radicado una advertencia formal ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar
sobre la gravedad de este decreto. Señala que la comunidad
internacional debe estar al tanto de los peligros que enfrenta
la democracia colombiana cuando el Estado concentra demasiado
poder sin los controles necesarios. La falta de transparencia y
la desinformación pueden resultar en una violación masiva de los
derechos humanos, sin posibilidades de defensa o justicia para
los afectados.
El Senador Luna reafirma su compromiso de proteger los valores
democráticos y los derechos fundamentales en Colombia. No
permitirá que el país se convierta en un Estado de vigilancia
que amenace las libertades de sus ciudadanos. Este comunicado es
un llamado de alerta para que la sociedad civil, las
instituciones y la comunidad internacional permanezcan
vigilantes y actúen en defensa de la democracia.
Extenderían contrato de pasaportes
con Thomas Greg & Sons: los detalles
Tras la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Gilberto
Murillo, habría podido llegar a un acuerdo con la firma Thomas
Greg & Sons, con el cual la empresa
continuaría a cargo de la expedición de los pasaportes
colombianos durante once meses más luego de que el próximo 3 de
octubre finalice su contrato con el Gobierno.
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La prórroga
sería hasta septiembre del 2025, momento en el cual, el Gobierno
debería estar preparado para generar el empalme con el prestado de
servicio que sea elegido para la
impresión de los documentos en el país.
Si se llaga a oficializar la decisión, la firma completaría dos de los
tres años que estaban contemplados durante la primera licitación abierta
por el excanciller Álvaro Leyva, evaluada en cerca de 600 mil millones
de pesos.
Se espera que el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Luis
Gilberto Murillo, anuncie la decisión en el marco del debate de control
político que se desarrolla en la tarde de este martes en la plenaria del
Senado.
De igual forma, es importante recordar que el pasado martes, 27 de
agosto, la mesa de concertación con el procurador delegado, Ramiro
Escandón, afirmó que se había contemplado la idea de que Thomas Greg &
Sons continuará al frente de la impresión de los documentos en calidad
de asesor del nuevo modelo que establece el Gobierno Nacional.
" (...) Mediante la posibilidad de que Thomas Greg asesore al Gobierno
en la implementación del nuevo modelo y en ese asesoramiento el que va a
asumir el nuevo modelo se integre a esa forma, Thomas Greg le dirá cómo
y entonces ese nuevo operador, que puede ser un órgano internacional,
entrará a ser la operación", afirmó en su momento, el funcionario.
Aprueban en primer debate
proyecto de ley contra maltrato animal
Con 16 votos a favor, se aprobó en primer debate, la iniciativa que
fortalece la lucha contra el maltrato animal, conocida como "Ley Ángel",
en el Senado. Esta medida, impulsada por la senadora Andrea Padilla
Villarraga, busca endurecer las sanciones para quienes cometan actos de
violencia contra los animales, incluyendo un aumento en la pena de
prisión para los maltratadores.
Además, se plantea que quienes cometan abusos sexuales contra animales
no puedan acceder a beneficios penales, y se establece la prohibición de
tener animales a aquellos condenados por maltrato durante un periodo de
6 a 7 años tras su condena.
El senador Julián Gallo destacó la importancia de esta ley, afirmando
que se da un paso significativo hacia la justicia y la protección de los
derechos de los animales. La Ley Ángel tiene como objetivo no solo
castigar severamente el maltrato, sino también prevenirlo mediante la
sensibilización y capacitación de jueces, fiscales e inspectores de
policía.
"En Colombia, todos los días se reportan casos de maltrato animal con un
elevado porcentaje de impunidad”, señaló Padilla.
La sesión del Senado
concluyó alrededor de la 1:00 p.m. y se convocó a una nueva reunión para
el 4 de septiembre a las 10:00 a.m., donde se continuará el trámite de
este proyecto de ley en Plenaria.
La Ley Ángel ahora avanza
hacia su segundo debate, lo que representa un avance crucial en la
legislación sobre derechos de los animales en Colombia.
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Radican proyecto para reformar la ley
30 de la educación superior
El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, radicó ante el
Congreso de la República el proyecto de ley del ‘Gran Acuerdo Nacional
por la Educación Superior Pública’, que busca modificar los artículos 86
y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación
adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas,
tecnológicas y universitarias estatales del país.
El Gobierno señala que el proyecto tiene como objetivo transformar el
modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia, que
actualmente se basa en los aportes estatales ajustados anualmente según
el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este esquema, según el ministro Rojas, no refleja adecuadamente el
crecimiento de la cobertura, la mejora de la calidad ni el incremento de
los costos educativos a lo largo del tiempo, lo que ha generado una
brecha financiera significativa en estas instituciones.
El Ministerio de Educación sostiene que la propuesta central del
proyecto es que el cálculo de los aportes estatales se realice tomando
como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un
indicador más ajustado a las necesidades reales de las instituciones
educativas.
Además, se contempla que, si el incremento del ICES es inferior al del
IPC en un año determinado, el ajuste se hará con base en el IPC,
asegurando así que las universidades no pierdan poder adquisitivo.
Otro aspecto del proyecyo es la asignación de recursos adicionales
equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer año
de aplicación de la ley, destinados a establecer la base presupuestal de
las instituciones de educación superior.
"Estos fondos buscarán fortalecer la capacidad instalada de las
universidades, garantizar la sostenibilidad de nuevas seccionales y
sedes, y mejorar la calidad de la oferta educativa", indicaron desde la
cartera.
En la radicación del proyecto, el ministro Rojas subrayó que esta
iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por avanzar en el
financiamiento, bienestar, calidad y pertinencia de la educación
superior pública, cumpliendo con lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) del gobierno.
“Este acuerdo nacional supera las ideologías y nos une como colombianos
para garantizar una educación pública de calidad para todos”, afirmó el
ministro durante el evento de radicación en el Capitolio Nacional.
El proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que el Estado destine
recursos adicionales de manera voluntaria para incrementar la base
presupuestal, con el objetivo de reducir lo que se ha denominado la
‘deuda histórica’ con las universidades públicas. Esta deuda, calculada
en $15 billones de pesos, corresponde al dinero que las instituciones
dejaron de recibir por cuenta del cálculo de incrementos basados en el
IPC.
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