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Alud de críticas al Acuerdo
Nacional
Tras el anuncio del
ministro del Interior sobre el gran Acuerdo Nacional que propone
al mínimo de la sociedad, distintos sectores políticos en el
Congreso de la República se pronunciaron al respecto y se
mostraron tanto en desacuerdo, como a favor de la propuesta.
Inicialmente, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe
explicó que “los nuevos liderazgos para Colombia deben tener la
capacidad de unir en torno a una visión, pero también de
convertir en realidad esas ideas. Estamos cansados de un
presidente que no escucha, no reconoce críticas y solo viene a
imponer. Nosotros hacemos parte de una nueva generación que
vivió la guerra, pero que también fue capaz de unirse en torno a
un objetivo común: la seguridad”.
Así mismo, el presidente de la Cámara, Raúl Salamanca, dijo que
“creer en las regiones también debe hacer parte del Acuerdo
Nacional. La articulación de alcaldes y gobernadores con el
Gobierno Nacional será una apuesta que construirá confianza de
la ciudadanía en sus instituciones y que generará oportunidades
a la gente”.
Por su parte, la representante a la Cámara por el Huila, Luz
Ayda Pastrana, de Cambio Radical, criticó que el Gobierno
Nacional esté lanzando propuestas y haciendo eventos con
exparamilitares cuando las disidencias de a poco se vienen
tomando el país. “Seguimos viviendo días de desesperanza y
miedo. Presidente Gustavo Petro, ministro de Defensa Iván
Velásquez, nuestros territorios permanecen en la incertidumbre y
el temor. Como ciudadana, rechazo este tipo de hechos que solo
agravan la angustia de nuestros territorios. La región
surcolombiana no puede seguir sufriendo las consecuencias del
abandono y la violencia”.
Acuerdo sin consenso
De la misma manera, la representante a la Cámara por el partido
Alianza Verde, Catherine Juvinao, explicó que “la izquierda y la
derecha están unidas cuidándose los unos a los otros.
Definitivamente el único acuerdo nacional posible en este país
es hablar de cambio para que nada cambie”.
A su turno, el expresidente Iván Duque destacó varios errores
procedimentales de Gustavo Petro en el Gobierno, afirmando que
“la beatificación de criminales y dictadores es la consigna del
gobierno colombiano. En paralelo, la intimidación a los
empresarios, la presión para decapitar a los directores de
medios de comunicación, la destrucción de los sectores
productivos, la nacionalización de sectores mediante la asfixia
financiera y la intervención regulatoria son su camino para la
ruptura institucional. Ni el Congreso ni las cortes pueden
prestarse para esta institucionalización del crimen”.
A su turno, el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry
señaló: “Es desesperanzador ver un gobierno sin rumbo ni
liderazgo, que demuestra desinterés hacia quienes no están de
acuerdo. Ignorar a quienes critican solo muestra falta de
asertividad. Liderar es escuchar y concertar, y esa debería ser
una prioridad para el Gobierno”.
Los temas gruesos de Cabello en el
remate de su periodo
Son varias y de alto
calado las decisiones que están pendientes de tomar en la
Procuraduría General en la recta final de Margarita Cabello, que
irá hasta el 14 de enero próximo, fecha en la cual asumirá el
nuevo jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, elegido esta
semana por el Senado.
Entre los expedientes, uno de los casos más sonados es el
escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El organismo avanza en la investigación que abrió en abril
pasado por irregularidades en la Ungrd en la adquisición de 40
carrotanques para llevar agua a La Guajira y la compra de 1.000
tanques de reserva de agua para rancherías en ese departamento.
En el expediente están vinculados exfuncionarios como el
exdirector Olmedo López, el exsubdirector de Manejo de
Desastres, Sneyder Pinilla, y Víctor Meza Galván, exsubdirector
general.
Incluso, adicional a las investigaciones disciplinarias que
adelanta el Ministerio Público por estos hechos, la procuradora
Cabello intervino esta semana para desempantanar la habilitación
que busca la UNGRD de los citados
carrotanques y 20 más para un total de 60 vehículos, con el fin
de distribuirlos para uso público en distintas regiones del
país.
Desde que la UNGRD
compró estos vehículos, están parados a la intemperie en dos
bases militares en La Guajira, por las dificultades para que las
aseguradores expidan las pólizas, pues temen un daño
reputacional por los hechos de corrupción que rodearon esta
contratación.
Por ello, la Procuraduría General de la Nación citó de urgencia
a la UNGRD , a la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda)
y a la Previsora Compañías de Seguros, para buscar una solución.
De acuerdo con el ente de control, “la preocupación principal es
que haya un uso eficiente de bienes adquiridos por la UNGRD”.
Igualmente, en junio pasado, el organismo finalizó la
investigación al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo
del jefe del Estado, que abrió el 3 de marzo del 2023 por
presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la
campaña presidencial de 2022.
Se espera la
decisión de la Procuraduría si encuentra responsable o no a
Nicolás Petro por estos hechos.
También está pendiente el organismo de resolver la investigación
disciplinaria que abrió a Laura Sarabia, actual directora del
Dapre, por las presuntas irregularidades debido a que
uniformados al servicio de la seguridad de la Casa de Nariño
sometieron al polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba para la
funcionaria como niñera de su hijo, después de que se perdiera
de su apartamento un maletín con una gruesa suma de dinero.
En marzo de 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió
indagación preliminar a Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete
de la Presidencia de la República, y otros funcionarios por
determinar por las presuntas irregularidades presentadas al
someter a la prueba del polígrafo a la señora Meza.
El órgano de control
decretó una serie de pruebas en el marco de esta investigación,
como fue solicitar al Dapre copia del protocolo existente para
la realización de la prueba poligráfica, también videos de
seguridad e inspeccionó oficinas de la Presidencia de la
República.
En noviembre último, la Procuraduría abrió también investigación
a seis miembros de la Policía Nacional por las presuntas
irregularidades relacionadas con las interceptaciones de las
líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea,
trabajadoras de Laura Sarabia.
El mes pasado, por
las chuzadas a Marelbys Meza fueron condenados a 10 años de
prisión dos policías, quienes sostuvieron que la orden
supuestamente vino de la Casa de Nariño.
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Escándalo en compra de
tierras
La Procuraduría General abrió en junio pasado tres investigaciones
disciplinarias a igual número de funcionarios de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en los procesos de
adquisición de predios.
Las investigaciones tienen origen en un informe con fines disciplinarios
elaborado por el órgano de control, que realizó observaciones a 288
procesos de compra de predios, y entre sus conclusiones señaló que las
aparentes irregularidades en los procedimientos administrativos y
conceptos técnicos rendidos representarían “un riesgo para el erario
estimado en 136 mil millones de pesos”.
Dos de los procesos
disciplinarios fueron abiertos contra Tony Luis Lozano Berrocal y Nury
Luz Peralta Cardozo, mientras que el restante se adelanta contra el
mismo Lozano Berrocal y Felipe Alberto Maldonado. Los tres desempeñan el
cargo de directores técnicos en la entidad.
El órgano de control
investiga, entre otros hechos, posibles inconsistencias en los conceptos
técnicos utilizados para determinar la aptitud agropecuaria de los
terrenos, los cuales se limitaban a describir las características de
éstos sin realizar una evaluación rigurosa que justificara la decisión
de compra.
En febrero pasado, la
Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación
disciplinaria al exdirector de la ANT Gerardo Vega Medina, por presuntas
irregularidades en el proceso de adquisición de un predio ubicado en
Chimichagua, Cesar, por el que se habría ofrecido un precio superior a
su valor real, y que posteriormente sería adjudicado a campesinos de la
región.
Comisionados de la CREG
Otra de las investigaciones en que se espera que la procuradora Cabello
tome decisiones antes de salir del cargo es la que abrió en abril pasado
al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, por no acatar la orden
de realizar los nombramientos en propiedad en la Comisión de Regulación
de Energías y Gas (CREG).
Según lo referido por la jefe del Ministerio Público, el traslado
disciplinario se realizó por el no acatamiento al llamado de alerta con
tres requerimientos realizados por el ente de control, acerca de la
interinidad que se presenta en la CREG, ante la acción de cumplimiento
que en decisión de primera instancia ordenó la realización de los
mencionados nombramientos en propiedad.
Incluso, esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó
al presidente Gustavo Petro con una multa de cinco salarios mínimos
mensuales en un plazo máximo de diez días, por desatender la orden de
nombrar en propiedad a los comisionados de la CREG, lo que ha afectado
el quórum y por ende que este órgano de control tome decisiones
atinentes a las funciones que le corresponden, como frente a las quejas
por las altas tarifas de energía.
Gobierno plantea nueva agenda para
concretar un “Acuerdo Nacional”
El Gobierno Nacional,
presentó el Acuerdo Nacional sobre el cual se establecen dos condiciones
importantes, erradicar la violencia política y el respeto a las reglas y
al calendario electoral. El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo
realizó la presentación de esta iniciativa, en la que señaló que el
Gobierno Nacional viene trabajando desde hace varios meses.
Al referirse sobre este punto, el Ministro Cristo señaló que se trata de
establecer una propuesta que debe llegar a todos los mínimos de la
sociedad, sus ejes fundamentales son: Acuerdo mínimo contra la violencia
y la democracia; Seguridad y erradicación de la violencia en el
ejercicio de la política; Respeto a las reglas y el calendario
electoral; Transformación territorial en las zonas más golpeadas por el
conflicto; Crecimiento económico y compromiso con la deliberación
argumentada y el trámite en el congreso de las reformas sociales.
Luego, el funcionario puntualizó que “Un acuerdo nacional no es para
llegar a consensos sobre todo, eso sería inviable, sería imposible. Un
acuerdo nacional tampoco se puede hacer, como los conocíamos nosotros
cuando crecimos hace 30 años, los grandes pactos de expresidentes en el
Palacio de Nariño, con los jefes de los partidos y eso ya está mandado a
recoger”.
De la misma manera, el ministro de gobierno señaló que “El acuerdo
nacional se construye todos los días, este Gobierno ha venido todos los
días construyendo un acuerdo que a veces es imperceptible frente a la
gente por los destellos del momento de las confrontaciones verbales.
Nosotros hemos dicho, hay que hacer un acuerdo nacional más allá de la
agenda legislativa, no se trata de ponernos de acuerdo en que hay que
aprobar. Lo decía Humberto de la Calle sobre esta reforma o la otra. Es
un acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia de
este país”.
Proceso electoral y grupos armados
Posteriormente, Juan Fernando Cristo agregó que “Este acuerdo contiene
cinco ejes: El primero de ellos que nosotros consideramos y Fernando
Carrillo lo dijo muy bien es que en el Gobierno Nacional estamos
preocupados por las elecciones del 2026. Por la interferencia de grupos
armados; rechazar el ejercicio de la violencia mezclado con la política
y que todos los partidos y el Gobierno nos comprometamos a rechazar
vínculos con grupos ilegales pretendan intervenir en las elecciones, de
la misma forma desescalar la violencia política física y verbal pero
sobre todo, bajar el tono a la confrontación verbal. Porque si seguimos
en esta espiral vamos a llegar a un 2026 muy complicado”.
En lo que hace referencia al proceso electoral el ministro manifestó que
“Pongamos de acuerdo todos en reiterar con toda claridad lo que dijo acá
el Registrador Nacional, aquí no va a haber ningún cambio de reglas de
juego, aquí el calendario electoral en Colombia es sagrado. Pero hay una
realidad que nosotros no podemos desconocer, hay más de 200 municipios
en Colombia afectados por el conflicto; viven 8 millones de compatriotas
que tienen aún la esperanza, tienen miedo ahora con la inseguridad, pero
tienen la esperanza de la Implementación del Acuerdo de Paz. Un acuerdo
de verdad, no con los acuerdos que hemos tenido en los últimos 30 años
de todos la sociedad que no es de izquierda, ni de derecha, ni de
centro; de que el Estado colombiano y la sociedad nos vamos a volcar a
transformar esa realidad territorial”.
De la misma manera, el jefe
de la cartera del Interior sostuvo que “Si no transformamos esa realidad
territorial el conflicto va a seguir y no hay negociación de paz que
valga ni ofensiva militar que valga. Además, sobre este acuerdo es
importante decir que el tema de una economía sana, debe ser una economía
que garantice igualdad. Finalmente, la agenda legislativa, no es la
agenda legislativa y en eso estoy de acuerdo con De la Calle, para que
haya un consenso sobre la agenda debe haber diferencia en el disenso que
es el ser de la democracia, que debe ser discutido civilizadamente. Tal
vez hay temas que pasan desapercibidos en medio de las vorágine de
noticias del país, la mesa técnica que instalamos esta semana en el
sector salud es inédita y es novedosa en la discusión legislativa en
Colombia”.
Las bases del Acuerdo son las siguientes:
1. Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la
política
Se debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores
democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación
política, erradicar la
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estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en
todos los escenarios; acordar medidas efectivas para promover una mejor
respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos
y sociales y de las personas firmantes de paz. Asimismo, se acuerda
promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga
como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún
anhela Colombia.
Debe haber un compromiso de las partes con rechazar la
violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en
los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a
candidatos con vínculos con grupos ilegales. El Estado debe cumplir con
su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control
territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos
armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como
promover la construcción de una estrategia para desmantelar las
organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de
nuestra fuerza pública y de la población civil.
2. Respeto a las reglas
electorales y al calendario electoral
Se plantea la necesidad de garantizar la estabilidad de las reglas
democráticas a corto, mediano y largo plazo, abarcando los niveles
nacional, regional y local. Se enfatiza que no se promoverá la
reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios electos
en la rama ejecutiva. En el contexto del Acuerdo Nacional, se busca
estudiar y construir consensos para reformar el sistema político y
electoral, con el objetivo de hacerlo más eficiente y transparente. Esto
incluye fortalecer a los partidos políticos y mejorar el sistema de
financiación de campañas.
3. Transformación
territorial de los municipios más afectados por el conflicto.
Es fundamental impulsar la transformación de las 16 regiones donde se
implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
A pesar de las diferencias políticas en torno al Acuerdo de Paz de 2016,
se busca colaborar con alcaldes, gobernadores y comunidades, así como
con el sector privado y la comunidad internacional, para mejorar las
condiciones de vida y seguridad de 6.6 millones de habitantes en 170
municipios afectados por la violencia y la pobreza. La intervención
integral en estos territorios es crucial para evitar el reciclaje de
violencias en las zonas PDET y en las regiones históricamente impactadas
por el conflicto. Esta transformación debe ser una prioridad tanto para
el Estado como para la sociedad, independientemente del gobierno actual.
Se reconoce que los PDET son un instrumento clave para estabilizar y
transformar áreas vulnerables, abordando causas estructurales de la
violencia y promoviendo el desarrollo rural necesario para estas
comunidades.
4. Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía
Se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo,
hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y
conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la
educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición
energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del
Estado Social de Derecho. En ese sentido, planean que se puede avanzar
de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así
como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre
de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos
naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria
estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de
crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el
industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo.
5. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el
Congreso de las reformas sociales.
Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las
reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las
condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acuerdan trabajar
con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la
discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la
actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su
aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación
argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo
respetuoso.
“El Acuerdo Nacional va más allá de los trámites legislativos. Es un
compromiso con la institucionalidad, con el reconocimiento a las
realidades territoriales, con el respeto a los disensos y a las
construcciones civilizadas. Si no nos hemos podido poner de acuerdo
sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los mínimos”, anotó el
Ministro Cristo en su presentación del Acuerdo.
Petro desafía al CNE: "No tienen
competencia para sancionarme ni para investigarme"
El presidente de Colombia,
Gustavo Petro, ha generado controversia al afirmar que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) carece de competencia para sancionarlo o
investigarlo en relación con los expedientes que evalúan su campaña
presidencial. Las declaraciones surgieron a raíz de una entrevista
publicada en un medio nacional con el magistrado César Lorduy,
presidente del CNE, quien aclaró el rol del organismo en este contexto.
Lorduy expresó que el CNE no tiene facultades para sancionar al
presidente electo, salvo en lo que respecta a sanciones económicas
relacionadas con la campaña. Sin embargo, mencionó que, dependiendo del
resultado de la votación del expediente programada para el próximo 8 de
octubre, el caso podría ser remitido a la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes o, en el caso de otros implicados sin fuero, a
la Fiscalía General de la Nación.
En su respuesta, Petro no dudó en reafirmar su posición a través de su
cuenta de X, señalando que “no tienen competencia alguna no sólo para
sancionarme sino para investigarme”. El mandatario hizo hincapié en que
el fuero presidencial es un principio constitucional que no puede ser
vulnerado por una instancia administrativa, lo que ha encendido el
debate sobre los límites de la autoridad del CNE.
La controversia gira en torno a las presuntas irregularidades en la
financiación y presentación de informes de la campaña de la Coalición
Pacto Histórico, de la que Petro fue candidato en las elecciones
presidenciales de 2022. Aunque el CNE ha sostenido que tiene la
autoridad para investigar estas irregularidades, Petro argumenta que
solo el Congreso tiene la capacidad para juzgarlo debido a su estatus de
presidente.
El CNE, por su parte, ha indicado que la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado ha validado su competencia para continuar la
investigación administrativa sobre las irregularidades en la
financiación de la campaña. El comunicado del CNE reafirma su autoridad
para imponer sanciones administrativas si así lo determinan los hechos
investigados.
La situación plantea un dilema significativo en el ámbito político y
legal, ya que cuestiona la separación de poderes y la capacidad del CNE
para actuar en la supervisión de procesos electorales y la financiación
de campañas. La votación del 8 de octubre será crucial para determinar
el rumbo de esta controversia, ya que podría abrir la puerta a nuevas
investigaciones o, en cambio, confirmar la posición de Petro en su
defensa del fuero presidencial.
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