En firme sanción a senador Alex Flórez por agredir a policías

La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo de primera instancia y modificó de ocho a seis meses la suspensión e inhabilidad impuesta al senador Alex Xavier Flórez Hernández (2022- 2026), por protagonizar actos calumniosos y en estado de alicoramiento contra tres integrantes de la fuerza pública.

El fallo de segunda instancia señaló que el respaldo que le dieron los uniformados al recepcionista de un hotel en el que se alojaba el disciplinado, al negarle el acceso a una acompañante por no demostrar que era mayor de edad, originó el comportamiento que fue objeto de reproche por parte del Ministerio Público.

El ente de control reconsideró el término de la sanción impuesta al integrante de la corporación legislativa en decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que después de cometer la conducta conocida, Flórez Hernández se retractó pública y voluntariamente de sus afirmaciones.

Además, intentó reparar el daño por iniciativa propia y presentó excusas a los miembros de la Policía Nacional víctimas de su comportamiento ilícito y a sus familias, tratando de subsanar los derechos afectados.

A juicio del Ministerio Público “el senador investigado atentó contra los derechos de los policiales (…)” y “(…) lesionó su integridad moral, su honra, su buen nombre y dignidad personal”, enviando un mensaje de anarquía que va en contravía del Estado Social de Derecho y frustrando la expectativa que se tiene de quienes ostentan los más elevados cargos de la jerarquía estatal.

En atención a que la Corte Constitucional determinó que es imperioso asegurar que las decisiones sancionatorias de suspensión e inhabilidad que impone la Procuraduría contra los servidores de elección popular en ejercicio de sus funciones no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables antes de que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida un juez, la Entidad señaló que este fallo deberá ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Exministros de Hacienda advierten riesgos fiscales por reforma al SGP

Por medio de una carta dirigida al Congreso de la República, algunos exministros y exviceministros de Hacienda lanzaron una alerta sobre el proyecto de ley sobre el Sistema General de Participaciones (SGP) que se discute en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y que se encuentra en sexto debate de ocho que debe superar por tratarse de un acto legislativo.

A través de la misiva, los exfuncionarios advierten profundas preocupaciones por el aumento en el SGP que este proyecto les entrega a las regiones. Según el texto, “vemos con preocupación el avance del proyecto de acto legislativo por medio del cual se incrementan los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios hasta llegar a ser como mínimo el 46,5%de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy en día dicha participación, tomando como base el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el 2025, es del 25,7%”.

De igual manera, manifiestan: “No es un secreto la existencia de enormes inflexibilidades que enfrenta el Presupuesto General de la Nación, que explican las actuales dificultades fiscales... Es decir, los gastos inflexibles del Presupuesto ascienden, según el proyecto presentado por el Gobierno, e incluyendo el Sistema General de Participaciones, a la suma de $362,4 billones, o sea el 113% de los ingresos corrientes, aun incluyendo dentro de éstos los $12 billones adicionales con los que espera contar si se aprueba la ley de financiamiento. Como consecuencia, para financiar el resto de gastos de funcionamiento, como la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de la administración pública y los gastos de inversión, el Gobierno Nacional no tiene otra alternativa que la de endeudarse, incrementando año tras año el monto de la deuda pública”.

Posteriormente en el documento sostienen que “el proyecto de acto legislativo agravaría la situación. La inflexibilidad del gasto del Presupuesto General de la Nación aumentará considerablemente. No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación. La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55 % del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71% del PIB establecido en la Ley 2155 de 2021”. La misiva fue firmada por los exministros Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas, Alberto Carrasquilla, Juan Carlos Echeverry, Rudolf Hommes, José Antonio Ocampo, César Vallejo, entre otros.
 

Descentralización de recursos, en juego

Uno de los aspectos más relevantes que se encuentra discutiendo el Congreso de la

República está relacionado con la descentralización de los recursos para las regiones, sobre lo cual el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno la va a apoyar y “se van a quedar con los crespos hechos aquellos que apuestan por la división de este gobierno. La centralización de los recursos pone en juego la unidad nacional".

A su turno, el senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, dejó claro que no va a apoyar el artículo siete de la reforma a la justicia: “Ojos abiertos, porque la próxima semana veremos los nombres de esos senadores que apoyan la rebaja de penas a secuestradores, violadores y asesinos de niños y quienes nos opondremos a dicho beneficio. Les estaré mostrando cómo se va a votar esa reforma a la justicia y ese artículo que le da rebajas y beneficios a quienes secuestran, violan, torturan y asesinan a nuestros niños. Este año van más de 375 niños que han sido asesinados y usted colombiano y colombiana que está indignado y que dice defender a los niños, esté pendiente de cuáles son esos senadores y senadoras cómplices de un gobierno que desde el día uno les ha dado beneficios a los bandidos”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, afirmó que lamenta "que la Corte Constitucional haya considerado que la cadena perpetua para violadores de niños era una sustitución constitucional. Creo que el mecanismo pretendía dar un mensaje poderoso: no hay en Colombia un crimen más grave. Sin embargo, el asunto no se limita a un depravado y degenerado asesino; la violencia intrafamiliar alcanzó más de 42 mil casos en lo corrido del 2024. Las más afectadas son las mujeres y luego los niños. El 12,5% de la violencia intrafamiliar se da contra los niños, y el padre es el mayor perpetrador, con cerca del 36% de los casos, seguido por la madre con el 31%. La violencia sexual aumentó a septiembre más del 15%. Lo escalofriante del asunto es que Medicina Legal estima que el 60% de los casos se da contra menores de edad y el 77% de los casos ocurren en la propia vivienda. Además, en el 49% de los casos, el violador es un familiar, seguido por un conocido (25%) y una pareja o expareja (11%)".

Una proposición contra la iniciativa

Posteriormente, el senador Humberto de la Calle, de la Alianza Verde, aseguró que “el país entero aún está horrorizado por el crimen cometido contra Sofía Delgado, una menor de apenas 12 años que fue secuestrada, descuartizada y enterrada en un cañaduzal por un hombre que debía estar en prisión por haber violado en 2018 a otra menor. Por esto es urgente que el Congreso apruebe la Ley Sofía, un proyecto que busca proteger a los menores, con una justicia eficiente, que logre identificar a los verdaderos criminales al fortalecer el Banco Nacional de Perfiles Genéticos, administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante la toma y procesamiento de muestras biológicas que permitan la creación de más perfiles genéticos, así como la consulta de la base de datos sobre los perfiles creados y sus registros. El proyecto es un esfuerzo colectivo, con diferentes entidades". El congresista insistió en “el llamado a los senadores para que en el próximo debate que se llevará a cabo en la plenaria este proyecto sea aprobado y así continuar su trámite en la Cámara de Representantes. Es una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la justicia y a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Como parte de la discusión fue presentada una proposición firmada por 120 congresistas, quienes piden la eliminación del polémico artículo 7 que da alivios penales a abusadores de niños, niñas y adolescentes. La propuesta ha surgido en medio de un creciente debate sobre la necesidad de garantizar una justicia efectiva

y rápida para los delitos que atentan contra la integridad de los niños. El artículo en cuestión, parte de un proyecto promovido por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, ha suscitado preocupación debido a sus posibles implicaciones en casos de homicidio, secuestro y abuso sexual.

Fue firmada por congresistas como la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, y el representante Julián Peinado, del Partido Liberal. A través de esa proposición se pide que “en relación con la figura de la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y la aplicación del principio de oportunidad, entre otras reformas para una Justicia Pronta y Eficaz, se elimine el artículo 7 de mecanismos sustitutivos de beneficios por delitos sexuales y secuestros contra niños, niñas y adolescentes”.

Proyecto de Justicia Eficaz

Como se sabe, la discusión se intensificó tras la reciente tragedia del asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca, un evento que ha puesto en el centro de la atención pública la vulnerabilidad de los menores en el país. En este contexto, Arbeláez hizo un llamado a toda la rama judicial para consensuar medidas que permitan una justicia más especializada y eficaz, enfatizando que es fundamental priorizar la protección de los menores.