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Astrid Salamanca fue reelegida
como directora administrativa del Senado
La plenaria del Senado, ratificó por séptima vez a Astrid
Salamanca como directora administrativa, quien obtuvo el
respaldo de 94 de los 96 votos emitidos, mientras que solo dos
fueron en blanco. Esta mayoría según los senadores subraya la
confianza en su gestión y su capacidad para manejar los temas
administrativos de la corporación.
Astrid Salamanca lleva en el cargo desde 2012 y que le permitió
consolidarse como una figura clave en la gestión del presupuesto
y las contrataciones de la corporación.
Desde su primera elección, Salamanca ha sido reconocida por su
eficacia en la dirección de los asuntos administrativos del
Senado, que incluye la supervisión de las contrataciones, el
manejo del presupuesto y la asignación de espacios a los
senadores. En su discurso previo a la votación, destacó logros
significativos durante su gestión, mencionando que el índice de
transparencia de la Contraloría General de la República la
calificó con 98 sobre 100, mientras que la Auditoría General le
otorgó una puntuación de 4.5 sobre 5 en gestión fiscal.
A pesar de que enfrentó a otros candidatos, como Camilo Rojas
Castro y William Valderrama Hoyos, la elección se desarrolló sin
controversias y con estabilidad de su liderazgo en un entorno
que a menudo se caracteriza por la competencia política. El
presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue el encargado de
oficializar los resultados y juramentar a Salamanca para su
nuevo período, que se extenderá hasta 2026.
Salamanca ha demostrado una notable capacidad de adaptación y
liderazgo en sus años al mando, implementando iniciativas
innovadoras como la digitalización de los expedientes de control
interno y la instalación de sistemas de ciberseguridad en la
institución. Con una trayectoria que acumula casi 12 años en el
cargo, su reelección no solo refuerza su posición en el Senado,
sino que también marca un hito en la gestión administrativa del
poder legislativo colombiano.
A medida que se aproxima el inicio de su nuevo período, los
senadores y la opinión pública estarán atentos a cómo Salamanca
continuará utilizando su experiencia para abordar los desafíos
administrativos que enfrenta el Senado, asegurando un
funcionamiento eficaz y transparente en los próximos años.
Duro agarrón entre el presidente Petro y
César Gaviria
El exmandatario César Gaviria y jefe del Partido Liberal le pidió ayer
al presidente Petro que no se inmiscuya en las cosas de la colectividad,
después de que éste criticó la metodología de votación en la IX
Convención Nacional el 31 de octubre y 1 de noviembre.
El jefe del Estado retwitteó una publicación del exministro liberal Luis
Velasco, quien se quejó porque los votos no se contabilizarían por cada
uno de los delegados en la Convención, sino criticó que “mediante una
resolución de su director se impulse a caciques a recoger los votos de
los delegados para votar en su nombre”.
El presidente Petro dijo al respecto que: “¿Un liberalismo antiliberal?
Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal, las
mentalidades Nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La Revolución
en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo”.
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Frente a lo cual César Gaviria dijo en X que “me parece impropio que el
presidente Petro haya dicho eso. Debería dedicarse a gobernar, no a
interferir en la campaña liberal”.
Añadió Gaviria Trujillo que “el Partido Liberal va a reaccionar contra
esa intervención indebida del presidente”.
En el papel el Partido Liberal hace parte de la coalición de gobierno
porque esa fue la declaración que hizo al principio del mandato, sin
embargo, hay división en sus bancadas, pues una parte quiere mantenerse
mientras que la otra pide que la colectividad vaya a la independencia e,
incluso, a la oposición.
Declaran improcedente
tutela contra Petro por denuncia de Pegasus
El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el abogado y presidente
de la Veeduría Ciudadana "Antioqueños por Colombia", Stefan
Bravo Martínez, contra el presidente Gustavo Petro. La demanda
fue presentada con el objetivo de que el mandatario se
retractara públicamente de sus declaraciones del 4 de
septiembre, en las que aseguró que el gobierno anterior habría
adquirido el software Pegasus para interceptar comunicaciones
sin autorización judicial.
Bravo argumentó que los derechos fundamentales a la vida, a la
libertad de expresión, a la honra y a la información habían sido
vulnerados por el presidente en su
alocución, en la que dio detalles sobre una transacción
supuestamente realizada por la administración de Iván Duque para
adquirir Pegasus.
Este software, creado por la empresa israelí NSO Group
Technologies Limited, tiene la
capacidad de
interceptar y espiar dispositivos móviles, lo cual representaría, según
Bravo, una violación de derechos constitucionales.
Los argumentos de la tutela
En la demanda, Bravo expuso que el presidente Petro mencionó aspectos
específicos de la supuesta compra del software, entre los cuales se
incluían los siguientes elementos:
Costo elevado del software: Según el presidente, el software Pegasus fue
adquirido por un monto de 11 millones de dólares pagados en efectivo en
el exterior, transacción realizada antes de las elecciones de 2022.
Cuestionamiento de la legalidad de las operaciones: Petro cuestionó el
origen de los fondos y la falta de órdenes judiciales para las presuntas
interceptaciones de comunicaciones. También ordenó al director de la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y al general William
Salamanca investigar y esclarecer los hechos ante la Fiscalía.
Sin embargo, en su defensa, argumentó que en ningún contrato del
Ministerio de Defensa se encontró documentación o pruebas que
confirmaran la adquisición de dicho software por parte del gobierno
anterior, información que fue corroborada, según el demandante, por
"fuentes" del gobierno de Iván Duque y el Ministerio de Defensa. Además,
mencionó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría
indicaron que no se tienen pruebas concluyentes sobre la compra y uso de
Pegasus.
Respuesta de las entidades implicadas
Durante el trámite, tanto la Fiscalía General de la Nación como el
Ministerio de Defensa señalaron que la tutela era improcedente. La
Fiscalía argumentó que no existe un nexo causal entre las presuntas
vulneraciones y la actuación de la entidad, y pidió ser desvinculada del
proceso. Por su parte, el Ministerio de Defensa enfatizó que el
demandante no demostró una afectación directa a sus derechos
fundamentales y que no se acreditaba un perjuicio irremediable que
justificara la tutela como mecanismo judicial.
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La Presidencia de la República también solicitó que se declarara la
improcedencia de la tutela, argumentando que el señor Bravo no cumplía
con el principio de subsidiariedad, dado que no agotó otros recursos
previos, y que las declaraciones del mandatario no estaban dirigidas al
demandante ni mencionaban su nombre, por lo que no podía considerarse
afectado directamente. Petro defendió su discurso como un acto de
transparencia, afirmando que la información era veraz e imparcial,
desclasificada en aras de proteger el interés general y la seguridad
nacional.
Decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, en su fallo, reiteró que la tutela no es un
mecanismo idóneo para dirimir controversias de este tipo, debido a que
no se acreditó una amenaza inminente a los derechos del demandante, ni
se demostró que la alocución presidencial vulnerara los derechos
fundamentales de Bravo. En el texto del fallo se lee: “...la tutela
resulta improcedente pues el accionante no ha acreditado la afectación
concreta y directa de sus derechos fundamentales”.
Asimismo, la Corte subrayó que las referencias imprecisas o difamatorias
pueden afectar los derechos al buen nombre y a la honra en ciertos
casos, pero destacó que en esta situación particular la alocución
presidencial no se refirió al señor Bravo Martínez, ni de forma directa
ni tangencial, y que las declaraciones realizadas por el presidente
tenían como objetivo informar a la comunidad sobre un tema de interés
nacional. El fallo afirma: “Se trató de una intervención referida a un
tema que, en opinión del Presidente de la República, era de interés de
la comunidad en general”.
¿Luis Carlos Leal dejará la
Superintendencia de Salud?
Luis Carlos Leal estaría próximo a dejar la Superintendencia de Salud,
según lo indicaron fuentes del alto gobierno, en un
movimiento que incluiría además un posible “enroque” con el Instituto
Nacional de Salud (INS). Aunque no ha habido una confirmación oficial,
la expectativa ha crecido en el sector salud.
Fuentes cercanas al gobierno señalaron que se estaría gestionando su
reemplazo en el marco de una reestructuración que incluiría el cambio de
otros funcionarios clave en la entidad. Este movimiento llega en un
momento crítico para la salud pública, dado el impacto de la escasez de
medicamentos y el debate actual en torno a la reforma del sistema de
salud en el Congreso.
El nombre de Giovanny Rubiano, actual director del Instituto Nacional de
Salud (INS), es uno de los que más suena como posible reemplazo de Leal.
Fuentes del Ministerio de Salud, sin embargo, aún no han confirmado el
nombramiento, aunque se espera que se oficialicen los cambios en las
próximas horas.
Una de las causas que se rumoran podrían estar detrás de este posible
movimiento es el manejo que Leal ha dado a temas sensibles, como las
intervenciones a EPS, incluyendo Sanitas y Nueva EPS, y sus inspecciones
en dispensarios de medicamentos. Estas decisiones, que generaron tanto
apoyo como críticas, mantienen a la Superintendencia en el ojo público.
El congresista Andrés Forero sugirió que la salida de Leal podría estar
motivada por ciertas investigaciones que ha impulsado, agregando que “es
una maniobra estratégica” en el gobierno para aliviar algunas de estas
tensiones.
Por otro lado, la posible salida de Leal coincide con el inicio del
debate de la reforma de salud en la Cámara de Representantes, lo cual
alimenta las especulaciones sobre la relación de este cambio con los
esfuerzos de la administración para avanzar en sus propuestas de ajuste
en el sistema de salud.
A la espera de una confirmación oficial, tanto el equipo de la
Superintendencia como actores del sector están pendientes de los
próximos movimientos y sus implicaciones para la dirección y control de
políticas públicas en salud en el país.
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