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Paloma Valencia, entre los cinco mejores senadores de Colombia
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se
encuentra entre los cinco mejores senadores de Colombia, según
la reciente encuesta de Cifras y Conceptos publicada este 31 de
octubre.
A través de su cuenta de X, la parlamentaria expresó su
agradecimiento a quienes votaron por ella en este sondeo.
"Orgullosa de ser reconocida como la mejor senadora de Colombia.
Seguiré trabajando con amor y disciplina por nuestro país,
construyendo sobre lo construido. Gracias a todos los que me han
acompañado en cada lucha", indicó Valencia.
Mejores senadores de la última legislatura 2024
David Luna: 13%
Iván Cepeda: 10%
Humberto De la Calle: 10%
Paloma Valencia: 9%
María José Pizarro: 8%
Ariel Ávila: 6%
Angélica Lozano: 6%
María Fernanda Cabal 6%
Miguel Uribe Turbay: 4%
Wilson Arias Castillo: 2%
JP Hernández: 2%
Aida Avellaneda: 2%
Clara López: 2%
Inti Asprilla: 2%
Norma Hurtado: 2%
Ficha Técnica
Persona natural/ jurídica que la encomendó y realizó: Cifras &
Conceptos S.A.
Fuente de financiación: Recursos propios. Margen de error: Por
la naturaleza del diseño de muestreo implementado, la estimación
del margen de error observado no aplica.
Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y
ponderación: Las premisas para la selección de las unidades de
observación (líderes de opinión), corresponden a las de un
diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de
marco de lista.
Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio
está limitado a la zona urbana de los departamentos de
Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Nariño, Meta, Norte de Santander,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de
Bogotá.
Tamaño de la muestra: 1416 encuestas distribuidas en los
departamentos que conforman el ámbito geográfico de estudio.
Universo de estudio: Está conformado por un total de 6191
líderes de opinión, hombres y mujeres de 18 años y más,
clasificados en 6 dominios de estudio (redes): políticos, medios
de comunicación, académicos, sector privado, organizaciones
sociales y líderes digitales.
Técnica utilizada para la aplicación de la encuesta: Encuesta
multimodal: telefónica, presencial y vía internet con aplicación
de un cuestionario estructurado.
Periodo de recolección: Del 05 de junio al 06 de septiembre
de 2024
Temas a los que se refieren: "*Inteligencia Artificial
(conocimiento, percepción frente a la IA) *Temas nacionales
(calificación de Ministerios y Ministros, Presidente de la
República, desafíos, justicia y paz). *Medios de comunicación
(impreso, radio, televisión, páginas web, podcast, columnistas,
tuiteros (X) y caricaturistas). *Organizaciones y personajes
(empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). *Temas
regionales (calificación gobernador y alcalde)".
Preguntas del formulario:
¿En qué red se identifica? De los siguientes avances en ciencia,
tecnología e ingeniería, indíqueme por favor ¿cuáles conoce?. De
los que conoce, por favor, describa su percepción frente a cada
uno de ellos. ¿Alguna vez ha utilizado alguna tecnología,
producto o servicio que emplee inteligencia artificial? ¿Qué
tanto le preocupa que las grandes empresas tecnológicas usen,
recolecten y vendan a terceros su información personal
identificable? ¿Es consciente que muchas empresas tecnológicas
recopilan y almacenan datos privados durante cierto período para
luego venderlos a terceros? ¿Usted cree que los gobiernos deben
aumentar la regulación del manejo de los datos personales por
parte de las empresas? ¿Usted cree que los gobiernos deben
implementar políticas específicas para regular el uso de la
inteligencia artificial? ¿Cree que la inteligencia artificial
contribuirá a reducir o aumentar la brecha económica entre
países desarrollados y en desarrollo? Utilizando una escala de 1
a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la
situación del país en los siguientes aspectos. Seguridad/
Economía/ Social/ Ambiental/ Gobernabilidad ¿Qué tanta confianza
le generan las siguientes instituciones nacionales? Califique de
1 a 6, donde 1 es muy poca confianza y 6 es mucha confianza.
Evalúe la gestión de los siguientes ministerios (Ministros) y
departamentos administrativos (Directores) durante el último
año. Califique de 1 a 6, donde 1 es una calificación muy mala y
6 es una calificación muy buena. Utilizando una escala de 1 a 6,
donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique el desempeño del
Presidente de la República (Gustavo Petro), durante el último
año en las siguientes funciones. En su criterio, ¿cuál será el
desafío más importante para el país en el 2024 en cada uno de
los siguientes temas? ¿Cuáles son los tres medios de
comunicación que usted más consulta para mantenerse informado?
¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee? ¿Cuáles
son los/las tres columnistas de su región que usted más lee? En
temas políticos, económicos, sociales o ambientales, ¿cuáles son
sus tres tuiteros (as) preferidos (as)? ¿Cuáles son los tres
caricaturistas políticos que usted más ve? ¿Cuáles son las tres
empresas de Colombia que más admira? ¿Cuáles son las
organizaciones de la sociedad civil que más admira? ¿Cuáles son
los/los tres mejores senadores (as) de la última legislatura?
¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de
la última legislatura? Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1
es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del actual
gobernador de su departamento en los siguientes aspectos:
Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy
bueno, califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de
su departamento, durante el último año, en los siguientes
aspectos El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los
lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 Versión 2012.
Ministro Cristo y Zuleta
chocan por descentralización
La aprovación en sexto debate de la reforma al Sistema General
de Participaciones fue
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motivo de discusión en la
propia coalición de Gobierno, pues la senadora Isabel Zuleta considera
que esta no es la mejor forma para la descentralización administrativa
que estableció la Constitución del 91, que según la mayoría de
integrantes del Congreso se puede alcanzar con el incremento de los
recursos al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación que contempla
esta iniciativa.
El ministro del Interior, Juan Cristo, dijo ayer a W Radio que “lo que
se ha demostrado con el paso de los años es que el centralismo fracasó
en Colombia, el centralismo no ha sido capaz de solucionar los problemas
de la gente”. Agregó que después de una contrarreforma a la Constitución
en el 2001, que se prorrogó en el 2007, “el Estado central creció
desmesuradamente gobierno tras gobierno, mientras que el Estado en los
territorios”, que es donde está la desigualdad, el atraso y el abandono,
“lo que ha hecho es adelgazarse”.
Consideró Cristo que “la gente en los departamentos y municipios, en las
zonas afectadas por el conflicto, está mamada del centralismo”.
Al respecto, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, dijo que
“no, señor ministro Cristo Bustos, la gente está mamada de la
desigualdad, esa que trae el empobrecimiento y esa que no se resuelve
con la descentralización, sino con la distribución de la riqueza”.
Incluso cuando el jefe de Estado anunció que apoyaría la iniciativa,
Zuleta le dijo: “Presidente, este proyecto es una tremenda equivocación,
las estadísticas son claras y demuestran cómo desde mediados de los años
80 la descentralización creó incentivos para el uso de la violencia por
los grupos ilegales que les permitiera tener mayor control local”.
Mindefensa niega autorización del Gobierno para renovación de ‘Pegasus’
TRAS LA sesión reservada en la Comisión Segunda del Senado, el ministro
de Defensa, Iván Velásquez, abordó el tema del software ‘Pegasus’,
destacando, a su juicio, la gravedad de sus implicaciones para la
democracia y los derechos humanos en Colombia.
“Desde el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, tenemos toda la disposición para llevar a cabo las
verificaciones necesarias, a medida que avanzan las investigaciones en
conjunto con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el ministro
Velásquez.
El ministro también aclaró que los organismos de inteligencia ya han
realizado revisiones exhaustivas, confirmando que no existe registro de
adquisición del software ‘Pegasus’ en los inventarios del ministerio o
sus organismos asociados: “No hay ningún rubro destinado a esta
adquisición ni hay registro de que este software esté en uso
actualmente”.
Velásquez fue enfático al señalar que, si bien ‘Pegasus’ fue adquirido
en el pasado, en este Gobierno no se ha autorizado la renovación de
licencias. Además, dada la magnitud del escándalo, es probable que los
equipos asociados a su uso hayan sido destruidos. Sin embargo, el
ministerio asegura que continuará comprometido con llegar al fondo del
asunto: “Debemos determinar cómo se adquirió, quién lo adquirió y,
posiblemente, contra quiénes se utilizó”.
El jefe de la Cartera también subrayó la importancia de asegurar el uso
legal y controlado de todos los mecanismos de inteligencia intrusiva.
Como presidente de la Junta de Inteligencia Conjunta, Velásquez solicitó
a cada organismo de inteligencia un informe detallado sobre los equipos
y software disponibles, enfatizando la necesidad de ejercer un control
riguroso sobre estos recursos.
Finalmente, anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo una
nueva sesión reservada con la Comisión, para avanzar en el inventario de
los equipos de inteligencia y revisar las garantías de control sobre su
uso.
“El compromiso de este Gobierno es garantizar el respeto absoluto por
los derechos humanos, y asegurarnos de que en el futuro no se repitan
estas violaciones”, concluyó Velásquez.
Rechazo de tutela
Es importante recordar que recientemente el Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado y presidente
de la Veeduría Ciudadana “Antioqueños por Colombia”, Stefan Bravo
Martínez, contra el presidente Gustavo Petro. La demanda fue presentada
con el objetivo de que el mandatario se retractara públicamente de sus
declaraciones del 4 de septiembre, en las que aseguró que el gobierno
anterior habría adquirido el software ‘Pegasus’ para interceptar
comunicaciones sin autorización judicial.
Bravo argumentó que los derechos fundamentales a la vida, a la libertad
de expresión, a la honra y a la información habían sido vulnerados por
el presidente en su alocución, en la que dio detalles sobre una
transacción supuestamente realizada por la administración de Iván Duque
para adquirir ‘Pegasus’.
Este software, creado por la empresa israelí NSO Group Technologies
Limited, tiene la capacidad de interceptar y espiar dispositivos
móviles, lo cual representaría, según Bravo, una violación de derechos
constitucionales.
El Consejo de Estado, en su fallo, reiteró que la tutela no es un
mecanismo idóneo para dirimir controversias de este tipo, debido a que
no se acreditó una amenaza inminente a los derechos del demandante ni se
demostró que la alocución presidencial vulnerara los derechos
fundamentales de Bravo. En el texto del fallo se lee: “... la tutela
resulta improcedente, pues el accionante no ha acreditado la afectación
concreta y directa de sus derechos fundamentales”.
Asimismo, la Corte subrayó que las referencias imprecisas o difamatorias
pueden afectar los derechos al buen nombre y a la honra en ciertos
casos, pero destacó que en esta situación particular la alocución
presidencial no se refirió al señor Bravo Martínez ni de forma directa
ni tangencial, y que las declaraciones realizadas por el presidente
tenían como objetivo informar a la comunidad sobre un tema de interés
nacional. El fallo afirma: “Se trató de una intervención referida a un
tema que, en opinión del presidente de la República, era de interés de
la comunidad en general”.
Ajustes a reforma al SGP no apagan voces
de alerta
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) para que el nivel
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central gire más dinero a las regiones, de los
ingresos corrientes de la Nación, se da por descontado su
aprobación por el alto consenso entre parlamentarios de distintos
partidos y porque solo le restan dos debates en Cámara. Sin embargo, es
relevante que en este momento tan avanzado del trámite y a pesar de los
ajustes al texto en la plenaria del Senado, hay más alertas, una del
Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
El sábado anterior, previo al sexto debate en la plenaria del Senado, el
viceministro de Hacienda, Diego Guevara; el director de Presupuesto
Nacional, Jairo Bautista; el ponente del proyecto, Ariel Ávila; y el
ministro del Interior, Juan Cristo, llegaron a un acuerdo para reducir
en el proyecto del 46,5% al 39,5% el SGP a las regiones. También se
convino que a este umbral se llegaría de forma gradual en 12 años, a
partir del año 2027, no en 10 como establecía la iniciativa.
En la actualidad las transferencias del SGP que llegan a los
departamentos, municipios y distritos son del 25,7% de los ingresos
corrientes de la Nación.
El ministro Cristo dijo en la plenaria del Senado el pasado martes,
cuando fue aprobado el acto legislativo en sexto debate, que “el
Ministerio de Hacienda después de evaluar la propuesta llegó a la
conclusión que las proyecciones con el crecimiento al año 2036 permitían
que se diera un aumento del Sistema General de Participaciones no al
46,5%, sino al 39,5%, y no en 10 años si no plantearon que era
importante aplanar la curva de crecimiento del ajuste del SGP a 12
años”.
Añadió que en “el texto se incluyó el concepto de que tenía que estar
ceñido al Marco Fiscal de Mediano Plazo y además se reiteró a lo largo
de todo el texto que este acto legislativo tendría un seguro, que es la
aprobación de la ley de competencias que será una oportunidad inmensa
que tenga este Congreso de la República para un gran acuerdo nacional en
torno a con qué competencias se quedan los departamentos y municipios, y
cuáles finalmente ejerce el Estado central desde Bogotá, que muchas de
ellas las ha venido ejerciendo mal desde hace 20 años”.
CARF no está convencida
El CARF indicó ayer que pese a los ajustes realizados en la plenaria del
Senado la reforma es inconveniente para las finanzas públicas.
“Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el CARF
considera inconveniente la iniciativa por las razones ya expuestas y,
adicionalmente: que las transferencias para financiar sectores no puedan
reducirse en términos nominales de un año a otro y que no exista un
mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las
regiones”.
También el CARF, adscrito al Ministerio de Hacienda, señaló que con esta
reforma “se crea una situación de posible superación del límite de deuda
en el mediano plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de
la rigidez del gasto del Gobierno nacional es ya retadora en ausencia de
este proyecto de reforma”.
Advirtió que la iniciativa generará un aumento de la deuda pública a
niveles de no retorno, por encima del límite de 71% del PIB, y por tanto
se incumpliría la regla fiscal. “Esto comprometería la capacidad que
tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las
intransferibles”, indicó el organismo. Dijo que por lo aprobado hasta el
momento los giros del SGP a las regiones crecerían hasta 8,2% del PIB,
situación que sería insostenible y obligaría a obtener recursos
adicionales equivalentes a tres reformas tributarias.
Puso de presente también que “la discusión de esta reforma inició por el
final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias
que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales,
cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto
sectorial”.
En síntesis, dijo el CARF, “cualquier modificación de SGP que incremente
la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto
al Gobierno nacional pone en peligro el cumplimiento de la regla
fiscal”.
Otras voces de alerta
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que “no se puede
transferir un solo peso nuevo a las entidades territoriales si
previamente no se expide una ley de competencias, en que se diga y se
cuantifiquen las transferencias. Porque la discusión no es si es 46%, si
es 39%, si es 35%. Es que si no hay ese delineamiento de
responsabilidades las cuentas fiscales no van a funcionar”.
Agregó Restrepo Salazar que “me parece que esto lo está manejando el
Gobierno con mucha improvisación. En el acto legislativo que se está
aprobando se dice que habrá una ley de competencias, pero no se dice lo
que es más importante: que se expida antes de que entre en vigencia el
acto legislativo”.
En tanto que el también exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo,
dijo que “asignan primero el dinero a los entes territoriales (con un
porcentaje sacado de la manga y negociado como regateando precios) sin
tener idea alguna de los costos por la asignación de nuevas competencias
a los entes territoriales ni que es lo que va a eliminarse en el tamaño
del estado central”.
Previo al sexto debate del proyecto la ANIF (Asociación Nacional de
Instituciones Financieras) propuso que el SGP gire a las regiones máximo
el 35% de ingresos corrientes de la Nación. “Una mala calibración de la
fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de
riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de
endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino
del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el
empleo en todo el país”, dijo.
Añadió que “desde ANIF hemos advertido sobre las graves consecuencias
que traería la aprobación del acto legislativo que reforma las
transferencias a los departamentos y municipios, y proponemos una
fórmula alternativa”.
A su turno, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo,
puso el acento en que “lo primero que hay que hacer es un estudio
técnico que haga una cuantificación de cuánto gasto se puede trasladar y
cómo se va a hacer, porque trasladar recursos sin un mejoramiento en los
mecanismos de gestión y control terminará generando ineficiencias y
derroche de recursos”.
¿Qué dijo el ministro de Hacienda?
A pesar de que el ministro del Interior indicó en la plenaria del Senado
“que llegamos a un acuerdo sobre esa posición que fue avalada además por
el señor presidente de la República, y la posición es que el Gobierno
respalda este proyecto de iniciativa parlamentaria”, en el sentido de
que las transferencias del SGP a las regiones serán del 39,5% de los
ingresos corriente de la Nación, vale recordar que el lunes pasado el
ministro de Hacienda planteó otro porcentaje y vigencia al Congreso.
“Que ese proyecto solo tenga vigencia a partir de que se defina cuáles
son las competencias que se van a trasladar y que eso tenga una vigencia
a partir del 2027 y, más importante (…) que bajen el umbral, pueden
aceptar el umbral planteado por la Comisión de Descentralización, llegar
a un umbral de 37% y segundo, que lo difieran en el tiempo entre 15 y 20
años porque finalmente el objetivo es profundizar la descentralización”.
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