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Alcalde de Pereira
denuncia que amenazaron de muerte a su hijo; el presunto autor del hecho
lo niega
En las próximas horas el hijo mayor del
alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, denunciará al presunto
autor de una amenaza de muerte que se difundió por la red social
Instagram. El posible responsable de la amenaza la niega.
"Voy a poner una lápida en mi nombre, pero si en Pereira están haciendo
limpieza social que empiecen por piscis. Si mañana no estoy ya saben
quien dio la orden. Viví feliz en la Perla antes de Maria (sic)", este
el mensaje que supuestamente escribió en su cuenta de Instagram, Rubén
Darío Miranda Buchelli, quien se define como crítico de la gestión de
Salazar.
En declaraciones a medios nacionales, el
alcalde Salazar afirmó que Piscis es el sobrenombre de su hijo mayor, un
joven de casi 25 años, que estudia Derecho en Bogotá. "Así le dicen
cariñosamente sus amigos", dijo Salazar.
También en Instagram, el alcalde publicó un video en el cual denuncia
las amenazas y señala a su autor, de quien dijo que es uno de sus
críticos, a quien no conoce personalmente, pero que ha hecho
publicaciones irrespetuosas acerca de su esposa.
"Que me amenacen a mi, eso sería "normal" porque soy el alcalde de
Pereira, pero cuando ya las amenazas son en contra de mi hijo, eso es
otra cosa", le expresó a este medio.
Rubén Darío Miranda Buchelli se describe como creador digital y
caricaturista. Se conoce que ha sido contratista de la Alcaldía de
Pereira y de la Gobernación de Risaralda.
'No he puesto ningún post en Instagram'
Diferentes medios nacionales, que presuntamente se contactaron con
Buchelli a través de chat, informaron que esta persona negó que él sea
el autor de ese publicación: 'No he puesto ningún post en Instagram",
les respondió.
Sin embargo, al envió de una imagen de ese post (que no está en su
perfil) respondió enviando la publicación que sí está en su cuenta:
"Quienes me conocen saben que soy una persona de bien, que no tengo nexo
alguno con ningún grupo al margen de la ley, que soy un crítico total de
la administración actual de Pereira y que en mis redes he denunciado
presuntos casos de corrupción, muchas veces utilizo el sarcasmo como
medio para mis críticas".
Además afirmó: "Veo que hoy el alcalde hace un video denunciándome, lo
cual pone en peligro mi vida. Si algo me pasa a mi o a mi familia será
el único responsable. Seguiremos siendo críticos ante la corrupción".
Debido a que Miranda enfatizó en que no es el autor del post, los medios
que se contactaron con él le preguntaron si entonces lo hackearon.
Inicialmente respondió: "Mire mis estados, son públicos" y ante la
insistencia en la pregunta afirmó: "No que yo sepa".
Mancuso habla sobre
decisión de Corte de negarle libertad por ser gestor de paz
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso
respondió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que negó su
libertad, designado como gestor de paz por resolución Presidencial. La
Corte explicó que la medida solicitada por el Gobierno carecía de
proporcionalidad en relación con los derechos de las víctimas y los
fines de justicia.
A través de su cuenta de Tiktok, Mancuso afirmó: “La reciente decisión
de la Sala Penal de la Corte Suprema al intentar impedir que actores del
conflicto actúan como gestores de paz -cuando ya han pagado el doble de
la condena máxima- vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos
de paz, reconciliación y no repetición de la Ley de Justicia y Paz”.
El pronunciamiento de la Sala Penal fue sobre la resolución presidencial
244, expedida el 14 de agosto de 2023 y no sobre la 453 firmada el
pasado 8 de noviembre y conocida esta semana. La diferenciación es
importante porque la primera no especifica el tiempo en que Mancuso
tendrá este rol (la segunda sí dice que será por seis meses). Para la
Corte, no precisar este tiempo de designación “podría enviar un mensaje
erróneo a las víctimas”.
Además, advirtió que otorgar la libertad sin una contribución real a la
verdad y la reparación de las víctimas se podría
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considerar un beneficio excesivo para un
individuo responsable de graves violaciones de derechos humanos,
especialmente cuando aún se encuentra bajo medida de aseguramiento
preventiva.
“Al analizar el alcance de la paz en
relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la
falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno
Nacional”, se lee en la decisión. Y agrega que busca otorgar un
beneficio ilimitado (la libertad), “sin contraprestación ni contención
alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la
reparación de las víctimas por parte del postulado”.
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997,
fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos
armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que
presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar
acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la
paz con el grupo al que pertenecen.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida
como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las
personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo
en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a
quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y
humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan
aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren
en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
Otra de las razones expuestas por la Corte es que la designación de
Mancuso como gestor de paz no cumple con el carácter excepcional que
exige la ley. La resolución presidencial carece de un objetivo claro y
definido, ya que sus consideraciones son vagas y generales, explicó el
alto tribunal. En particular, las consideraciones 11 y 13 son las únicas
que sugieren un propósito, pero no especifican el rol concreto de
Mancuso en las mesas técnicas mencionadas, ni detalles como quiénes las
integrarían, dónde se llevarían a cabo o cuánto tiempo durarían.
“La justicia transicional se ha vuelto un factor de persistencia de
la guerra”: Mancuso
En el video, Mancuso también hace una crítica contra el sistema de
justicia transicional del que dice que ha creado inseguridad jurídica.
“El Sistema de Justicia Transicional, nacido de las negociaciones con
las Autodefensas, enfrente hoy una profunda crisis de inseguridad
jurídica que ha provocado el asesinato de más de 5.000 desmovilizados, y
muchos de los que han sobrevivido han sido forzados a volver a las
trincheras. Hoy el Sistema de Justicia Transicional en Colombia, lejos
de ser garantía, se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra,
generando más víctimas, más pobreza, más desigualdad”, afirmó.
De acuerdo con el exjefe paramilitar, la estigmatización de por vida de
los desmovilizados perpetúa condenas sociales y a su vez el conflicto
armado. “Por eso, una de las razones de ser de la justicia transicional
es cerrar esos ciclos de violencia y para eso es fundamental garantizar
los derechos de aquellos que hemos cumplido con las penas y sanciones a
una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Para eso es fundamental
que a los desmovilizados no se les impida trabajar por la paz y la
reconciliación de Colombia. La paz no se logra con más castigos o
linchamientos sociales o mediáticos, sino con reconciliación”, dijo en
la grabación.
Sobre esto, la decisión de la Corte rechaza la idea de que Mancuso aún
tenga influencia sobre grupos criminales emergentes, señalando que si
fuera así, debería declararse su incumplimiento de compromisos y
activarse su exclusión.
La Alcaldía de Medellín
presenta una alternativa para ‘salvar’ a la Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia, la
institución de educación superior más querida por los antioqueños y
orgullo del departamento, está en una crisis que requiere una solución
de fondo.
Datos oficiales señalan que para cerrar el 2024, la Universidad requiere
poco más de $136.000 millones de pesos, dinero necesario para cubrir
todas las necesidades y obligaciones, no solamente con empleados y
profesores, sino también con contratistas y proveedores. Este hace parte
de los cerca de $350.000 millones de desfinanciación acumulada que
tiene.
Ante este panorama, cientos de
estudiantes y docentes realizaron una movilización pacífica que llegó
hasta la Alpujarra donde le exigieron al Gobierno Nacional,
Departamental y Distrital la entrega de recursos para salvar a la Alma
Máter.
La movilización fue aprovechada para pedirle al alcalde Federico
Gutiérrez aportes económicos pues, más del 50% de los estudiantes que
tiene la institución de educación son de la capital antioqueña.
La petición llegó a oídos del mandatario distrital quien, a través de
redes sociales, les respondió a los manifestantes.
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Aunque no entregó una cifra exacta sobre
el aporte que estaría dispuesto a entregar el Distrito para aportar a
sobrepasar la crisis financiera, sí informó que está dispuesto a buscar
soluciones.
“Como alcalde estoy listo para sumar y
buscar soluciones que deben ser soluciones entre todos. Soluciones
administrativas dentro de la Universidad de Antioquia, como se lo
expresé al rector, con quien hablé y con quien me veré el lunes, más con
diferentes estudiantes de la de Antioquia con quienes he hablado y
buscaremos soluciones”, manifestó Gutiérrez.
Según el mandatario distrital, una de las opciones que está sobre la
mesa para ayudar a superar la situación sería un Proyecto de Acuerdo que
se presentaría en el Concejo para “ayudas extraordinarias”.
Estas se entregarían sin dejar a un lado la responsabilidad que tiene la
Alcaldía con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Institución
Universitaria Pascual Bravo e Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia, planteles de educación superior que son responsabilidad del
Distrito.
“El lunes tenemos una reunión con el rector de la Universidad de
Antioquia, con grupos de estudiantes, ya nuestro equipo desde hace meses
viene analizando la situación de cómo poder ayudar y contribuir”,
agregó.
Juan Manuel Muñoz, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA
e integrante del coordinadora Multiestamentaria de la Asamblea,
manifestó desconocer el grupo de estudiantes que se reunirían con el
alcalde para tratar este tema.
“Nosotros dentro de las exigencias que hemos tenido para esta situación
es que la Alcaldía se comprometa a buscar las formas jurídicas, legales
y financieras que le permitan aportarle directamente a la Universidad.
En ese caso vemos que sea positivo, pero de nuevo, es la necesidad de
saber cuál va a ser la forma y los montos que se van a establecer a
través de ese acuerdo en el Concejo distrital”, dice el joven Muñoz.
Agrega que la intención de ellos es que el aporte de la Alcaldía no sea
una sola vez, sino que sea un recurso permanente, que el Distrito de
Medellín entre a financiar el presupuesto de la Universidad.
“Nosotros hemos hablado de un acuerdo de cofinanciación entre la Nación,
el Distrito y la Gobernación para que cada actor defina con qué
porcentaje va a apoyar la financiación de la Universidad”, concluyó.
Vale la pena recordar que actualmente la Alcaldía de Medellín aporta a
la Universidad de Antioquia recursos provenientes de estampilla por un
valor de más de $6.000 millones al año, además de tener contratación de
proyectos por más de $94.000 millones y becas con Sapiencia.
¿Y el gobernador?
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien dialogó con el
alcalde Gutiérrez sobre las propuestas que la Alcaldía plantearía en la
reunión del próximo lunes, dijo que la Gobernación ha destinado el 40
por ciento del presupuesto de libre destinación para la educación
superior pública, lo que representará para la UdeA una inversión de
$220.000 millones durante el cuatrienio.
A estos recursos, agregó el mandatario seccional, se le suman tres
anticipos entregados para las obligaciones de nómina, seguido por el
crédito aprobado con el IDEA de $90.000 millones y contratos suscritos
por más de $60.000 millones.
Ley seca en seis
corregimientos de Ibagué por elecciones complementarias
La Administración Municipal emitió el
Decreto 831 que estipula que, a partir de las 6:00 de la tarde de ayer
sábado 16 de noviembre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 18, habrá
restricción en la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los seis
corregimientos donde se realizarán las elecciones complementarias de
Juntas Administradoras Locales.
"De acuerdo a las decisiones tomadas en la sesión de la Comisión de
Seguimiento Electoral a través del Decreto 831, se expide la prohibición
y restricción de la venta y consumo de bebidas embriagantes, es decir,
de ley seca en los sitios públicos o abiertos al público solamente en
los corregimientos que se realizarán el proceso de elección”, indicó
Jorge Iván Sabogal, director de Participación Ciudadana.
Es de recordar que los corregimientos donde regirá la medida serán
Laureles, Gamboa, Coello Cocora, Totumo, El Salado y Carmen de Bulira.
Las autoridades locales han expresado su optimismo respecto a la
participación ciudadana. Se espera que un número significativo de
habitantes se acerque a las urnas, reflejando el interés por
involucrarse en la gestión comunitaria y en la toma de decisiones que
afectan directamente su entorno.
Las Juntas de Acción Comunal son esenciales en la estructura
organizativa del país, ya que actúan como un puente entre la comunidad y
las instituciones gubernamentales. A través de ellas, los ciudadanos
pueden expresar sus necesidades y trabajar en conjunto para mejorar su
calidad de vida. Por lo tanto, estas elecciones no solo son un ejercicio
democrático, sino también una oportunidad para que los ibaguereños
fortalezcan su voz en asuntos comunitarios.
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