Bogotá, Colombia -Edición: 723

 Fecha: Viernes 22-11-2024

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POLÍTICA

 

 

 

Katherine Miranda se declara impedida para participar en los casos sobre la campaña de Petro

 

 

La representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, presentó un impedimento para participar en los casos relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La Comisión de Acusación, de manera unánime, aprobó su solicitud debido a su participación activa en la campaña electoral de 2022 en Bogotá, donde fue jefa de campaña del actual mandatario.

 

Miranda justificó su solicitud señalando que su vinculación directa con la campaña presidencial la coloca en una situación de conflicto de interés. “Fui jefe de campaña a la presidencia del hoy presidente Petro en Bogotá”, explicó en el documento en el que presentó el impedimento. Además, señaló que está vinculada a las investigaciones de la Fiscalía que indagan sobre un presunto aporte ilegal de una narcotraficante a la campaña en Yopal, aunque aclaró desconocer la propiedad de los vehículos utilizados en ese contexto. Según la representante, estos vehículos pertenecían al esquema de seguridad de la campaña, y no a la narcotraficante mencionada.

La solicitud fue respaldada por la Comisión de Acusación, el organismo encargado de investigar los posibles delitos cometidos por el presidente. En este sentido, se recordó que este órgano también está evaluando la recusación de otros miembros del Pacto Histórico, como Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, quienes tienen cercanía con el presidente y también estuvieron involucrados en la campaña electoral de Petro.

Este escenario resalta las tensiones dentro de la Comisión de Acusación, que ahora se enfrenta a la tarea de investigar a su propio equipo en medio de las acusaciones que afectan al presidente Petro. Mientras tanto, el equipo liderado por Uribe y Arizabaleta, junto con Wilmer Carrillo, sigue adelante con las investigaciones sobre las cuentas de la campaña, en busca de esclarecer las irregularidades denunciadas.

 

Cristo pide celeridad a la JEP en la imposición de sanciones a ex-FARC

 

 

En el marco de la conmemoración de los ocho años del Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aprovechó la ocasión para señalar la necesidad de una mayor rapidez por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la imposición de sanciones a los excombatientes que han cumplido con el proceso. El jefe de la cartera expresó que el proceso ha demorado más de lo esperado y subrayó que es urgente acelerar la ejecución de estas sanciones.

El ministro aseguró que, si bien se ha logrado avanzar en la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto, los exmiembros de las FARC aún no han enfrentado las sanciones correspondientes.
 

 

 

"Se ha demorado mucho en la imposición de las primeras sanciones. Estamos listos para hacerlas cumplir", afirmó Cristo. El gobierno, según el ministro, está comprometido con la implementación de las sanciones, las cuales se espera comiencen en 2025, a pesar de las demoras.

 

Cristo también se refirió a la situación de los municipios más afectados por el conflicto, conocidos como los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). A pesar de que la Contraloría General ha informado sobre una inversión de 31 billones de pesos en estas regiones, Cristo reconoció que los recursos no siempre se han destinado de manera efectiva, debido en parte a la corrupción y a la falta de proyectos que impacten positivamente en las zonas más necesitadas. Sin embargo, subrayó que el gobierno está trabajando en recuperar los cuatro años perdidos durante la administración anterior, que congeló el avance del acuerdo.

En cuanto a la reincorporación de los excombatientes, Cristo destacó que más de 12.000 exFARC han logrado reincorporarse a la vida civil, con un 90% de cumplimiento del compromiso de paz, lo que calificó como un hecho sin precedentes en el mundo. A pesar de los desafíos, resaltó que la firma del acuerdo también ha tenido un impacto positivo en la democracia colombiana, facilitando la elección del primer gobierno de izquierda en la historia del país.

El ministro también se pronunció sobre la violencia en algunas regiones del país, particularmente sobre las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aseguró que el gobierno está enfrentando militarmente al grupo armado, ya que, según él, el ELN no ha mostrado un compromiso serio con la paz.

Por último, Cristo resaltó la importancia de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, y anunció que próximamente viajará a Washington para fortalecer los lazos con las autoridades estadounidenses, en busca de un respaldo bipartidista para el proceso de paz en Colombia.

 

Ministro de Educación responde a críticas sobre los giros del Icetex

 

 

El reciente intercambio de palabras entre el Ministro de Educación, Daniel Rojas, y la congresista Catherine Juvinao ha desatado un intenso debate sobre el manejo financiero del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), especialmente en relación con los giros pendientes para este 2024. Mientras la congresista alertó sobre una posible crisis en la entidad y los efectos negativos para los estudiantes, el Ministro Rojas ha querido despejar cualquier duda sobre la continuidad de los recursos destinados a los créditos educativos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rojas aclaró que el Icetex no forma parte del Ministerio de Educación, sino que desde 2020 está vinculado al Ministerio de Hacienda, según el Decreto 492 de ese año. "El Icetex es una entidad financiera vinculada al MinHacienda desde 2020. Las prioridades del gobierno no buscan afectar su funcionamiento, sino garantizar la continuidad del servicio", aseguró el Ministro.

Rojas también desmintió las afirmaciones de Juvinao sobre la posible pérdida de 432.000 millones de pesos para el Icetex, subrayando que estos fondos no están en riesgo. Según explicó, el Ministerio de Hacienda ha realizado una reprogramación de los giros para completar el presupuesto de 2024. Esta reprogramación obedece a la necesidad de atender la emergencia invernal que afecta al país, pero los giros
 

 

 

destinados a los estudiantes se realizarán conforme a lo previsto.

 

En una entrevista con un medio nacional, el Ministro reiteró que, a pesar del ajuste fiscal anunciado para el próximo año, los recursos destinados al Icetex permanecerán intactos. "El sector educación no se verá afectado por el congelamiento de recursos", afirmó Rojas, buscando calmar las preocupaciones de los estudiantes y las instituciones que dependen de estos fondos.

Rojas también cuestionó las declaraciones de Juvinao, señalando que hablar del "marchitamiento" del Icetex era una postura "subjetiva" y "políticamente conveniente" para algunos, en un contexto de campaña electoral a puertas de las elecciones de 2026.

 

Por su parte, Juvinao había advertido que cerca de 200.000 estudiantes activos podrían verse afectados, junto con 114.000 jóvenes que no recibirían los subsidios de sostenimiento de aproximadamente un millón de pesos mensuales. No obstante, Rojas insistió en que el gobierno está comprometido con garantizar la continuidad de los créditos educativos y no permitirá que los estudiantes se vean perjudicados por la situación financiera actual del Icetex.

 

Centro Democrático rechaza declaraciones de la JEP sobre los falsos positivos

 

 

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ha emitido una respuesta contundente a las recientes declaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que se vinculó al Ejército Nacional con un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. A través de una carta enviada a la JEP, Vallejo rechazó las generalizaciones sobre estos hechos y defendió las políticas adoptadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al tiempo que criticó la actuación de la Corte frente a este tema.

En su misiva, Vallejo reconoció el impacto devastador que las ejecuciones extrajudiciales tuvieron sobre las víctimas y sus familias, así como la afectación a la credibilidad de la Fuerza Pública. No obstante, subrayó que los falsos positivos fueron un hecho aislado, y aseguró que el gobierno de Uribe implementó "medidas claras y consistentes" para prevenir, investigar y sancionar estas violaciones de derechos humanos.

El líder del Centro Democrático desmintió las acusaciones que afirman que durante el mandato de Uribe existió una política de "body counting" (conteo de cuerpos), un término utilizado para referirse a la práctica de presentar a civiles asesinados como guerrilleros caídos en combate. Vallejo enfatizó que este concepto no fue adoptado en el gobierno de Uribe, sino que fue empleado en administraciones posteriores, contradiciendo así las afirmaciones de la JEP.

Además, en la carta se advirtió sobre el riesgo de que la JEP se convierta en un "instrumento de persecución política", haciendo alusión a las declaraciones de los magistrados Alejandro Ramelli, Catalina Díaz y Óscar Parra. Estos habían asegurado que, tras investigaciones en los últimos tres años, existía un patrón de crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por miembros del Ejército. El Centro Democrático insistió en que las afirmaciones carecen de sustento documental y vulneran los esfuerzos del gobierno por lograr resultados basados en la transparencia y legalidad.

La controversia en torno a este tema sigue siendo un punto clave en el debate político y judicial del país.

 

 

 

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