vuelta, después de que ayer no se pudo discutir en tercer debate en la Comisión Primera del Senado por falta de quorum.

El Gobierno con la vocería del ministro del Interior, Juan Cristo, lamentó que no se diera el debate, aunque es optimista de que se aprobará la iniciativa en este periodo legislativo, que acaba el 16 de diciembre.
Sin embargo, el senador Humberto de la Calle manifestó su descontento, no solo por varios aspectos del proyecto, sino porque se pretenda discutirlo en este momento, dijo, a la carrera.

“Lamento mucho porque uno de los argumentos es que se acabó el tiempo, pero es que esto debió discutirse desde el 20 de julio (…). Esto en unas sesiones navideñas y todo a la carrera y repito que no vine aquí a tragar entero y a obrar como un borrego que van llevando de la nariz”, expresó De La Calle.

Agregó el parlamentario, declarado independiente ante el Gobierno, sobre aspectos del proyecto, que “se habla de la necesidad de primarias obligatorias, eso me parece un adefesio costosísimo. Pero esas primarias se harían solo con los afiliados y podrían solo tener mil afiliados, y ellos son los que deciden quién va en la lista y quién no, y me parece que hay cosas inaceptables”.

Por su parte, el ministro del Interior dijo que “no hubo quorum suficiente, hay dos partidos el Centro Democrático y el conservatismo que se salieron para desintegrar el quorum, es un

La reforma política establece, entre otros, financiación 100% estatal de las campañas, listas cerradas a las corporaciones públicas con equidad de género y ajustes al Consejo Nacional Electoral para hacerlo independiente a los partidos.

Esta es la segunda iniciativa de reforma política que presenta el Gobierno, después de la que se hundió en la primera legislatura, debido a que perdió respaldo en las bancadas por los cambios que sufrió en los debates, como que no quedara obligatoria la lista cerrada.

Abecé de cuándo deben renunciar funcionarios para aspirar en 2026

Se avecinan renuncias en gobernaciones, alcaldías y probablemente en el Gobierno nacional, para no inhabilitarse los funcionarios o servidores públicos que tienen en mente aspirar en las elecciones del 2026 a la presidencia de la República o al Congreso.

Según el calendario electoral en 2026, las elecciones legislativas serán el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo.
En algunos casos los funcionarios deben renunciar un año antes de la fecha de las elecciones y en otro un año antes de que se inicie la inscripción de candidatos y listas al Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Presidencia

Entre las inhabilidades para presidente de la República está quien un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente.

Por ello, la vicepresidenta Francia Márquez tiene hasta el jueves 30 de mayo de 2025 para renunciar al cargo. Ella ha señalado que no buscará la presidencia en 2026; sin embargo, según los analistas figura entre los posibles nombres que Gustavo Petro consideraría para dar el guiño y buscar la continuidad de su proyecto político.

También hasta el 30 de mayo de 2025 tienen los integrantes del gabinete para renunciar y aspirar a la jefatura de Estado en 2026. Entre los ministros que suenan para ser la carta presidencial del actual Gobierno figura la de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien junto con Defensa y Trabajo son los únicos titulares de cartera que se mantiene desde el 7 de agosto de 2022.

Igualmente, suenan para aspirar a la presidencia en las próximas elecciones con el apoyo del Gobierno el canciller Luis Murillo; así como el titular del Interior, Juan Cristo, aunque se cree que este buscará la Casa de Nariño con o sin el respaldo de Petro.

Así mismo, hasta el 30 de mayo de 2025, tienen los directores de departamento administrativo para dejar el cargo y así no inhabilitarse a la jefatura de Estado. En esa condición están dos cartas del petrismo puro: Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, y Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación.

De la misma manera, hasta el 30 de mayo de 2025, está el plazo a gobernadores y alcaldes si es que quieren aspirar a la presidencia de la República en 2026.

Entre los gobernadores y alcaldes hay dos nombres fuertes que analistas políticos no

descartan que estén en el partidor presidencial en 2026. Uno de ellos es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien obtuvo más de 5 millones de votos en las elecciones del 2022 y estuvo a punto de pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro.

Algunos también piensan que la gobernadora del Valle, Dilian Toro, eventualmente se presentaría a la presidencia en 2026.

La gobernadora del Valle no ha dado señas que tiene en sus planes aspirar a la presidencia en 2026; así como el alcalde de Medellín ha sido enfático en que “yo no pienso renunciar a la alcaldía”.

.Vicepresidencia

De la misma forma, hasta el 30 de mayo de 2025 tienen para renunciar los que estén considerando en ser fórmula a la vicepresidencia de la República en

2026, si es que en la actualidad son ministros, director de departamento administrativo, gobernador o alcalde.

Funcionarios al Congreso

El artículo 179 de la Constitución Política establece entre las inhabilidades para ser senador o representantes a la Cámara, quienes hubieren ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección.

Esta disposición aplica a los ministros porque ejercen autoridad política, así como directores de departamento administrativo. En el nivel departamental la disposición le calza al gobernador y los secretarios; y en el municipal el alcalde, los secretarios y jefes de departamentos administrativos.

Como consecuencia, los anteriores funcionarios y servidores públicos deben renunciar a sus cargos a más tardar el 7 de marzo del próximo año para poder aspirar al Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones del 2026.

Se ha rumorado que en las próximas semanas se produciría un remezón en el gabinete de Petro en varias carteras, en algunos casos porque la gestión no sería la mejor, pero principalmente por las aspiraciones de algunos integrantes en los comicios del 2026.

En los últimos días ha sonado que el presidente Petro estaría considerando a la ministra Muhamad no para que sea la candidata a la presidencia de la República en los comicios en dos años, sino pieza clave en la lista al Senado que presente el Pacto Histórico, eventualmente que la encabece.

Igualmente, se dice en los corrillos políticos que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, estaría pensando seriamente en dejar el cargo para buscar llegar al Congreso en 2026 por sectores afines al Gobierno actual.

Incluso se dice que Camacho renunciaría porque, como otros integrantes del Gabinete, no le cayó bien que el jefe de Estado trajera a Armando Benedetti a la Casa de Nariño.

Sobre esto último Camacho dijo ayer que no está pensando en renunciar. “No es cierto, eso es un rumor. Me da un poco de risa lo que se ha especulado, pero aquí

Los actuales congresistas no tienen que renunciar a su curul para aspirar en los comicios del 2026 a la presidencia de la República o al Parlamento.

El periodo de los actuales parlamentarios finaliza el 20 de julio de 2026, cuando se instalará el Congreso 2026-2030, por ello no se configura una inhabilidad porque no se cruzan los periodos.

Tampoco se cruza el periodo de los congresistas de hoy con el del próximo mandato presidencial, pues comienza en agosto del 2026.

El problema se presenta a los actuales congresistas que quieren presentarse en las legislativas del 2026 por un partido distinto al cual hoy representan en la curul, y no incurrir en doble militancia.

Para ello tenían plazo hasta el 7 de noviembre pasado para renunciar al escaño, teniendo en cuenta que las inscripciones de listas para esa cita con las urnas comenzarán el 8 de noviembre de 2025.

Sin embargo, ni uno solo de los cerca de 300 parlamentarios, entre senadores y representantes, renunció al Congreso en el plazo establecido, a pesar de que se sabe que hay varios interesados en cambiar de partido para esos comicios.

La razón para que nadie diera ese paso es que hay un proyecto de reforma política que impulsó el Pacto Histórico y que les permitirá a los congresistas cambiar de partido para las elecciones del 2026 sin tener que abandonar antes la curul, y también evitando incurrir en la prohibición de la doble militancia.

La iniciativa de reforma constitucional fue aprobada en segundo debate en la Plenaria del Senado y espera los dos restantes en Cámara de aquí al 16 de diciembre, cuando finaliza el periodo. De ser así debe rendir la segunda vuelta a partir de febrero próximo.

El proyecto contemplaba el transfuguismo en un parágrafo como una medida temporal para las elecciones del 2026, empero los parlamentarios aprobaron que podría darse de forma permanente el cambio de colectividad cada cuatro años, siempre y cuando renuncien un mes antes de las inscripciones para las elecciones.

Bancadas urgen ajustes a proyecto de SGP en último debate

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Fue presentado para último debate el proyecto de ley de reforma al Sistema General de Participación (SGP), que busca la descentralización de los recursos que transfiere el Estado a los departamentos. En ese sentido, la iniciativa cierra el trámite en la Cámara de Representantes y la última discusión se dará ante la plenaria de la corporación legislativa, así la cosas los partidos de Gobierno, independientes y de oposición miden fuerzas en torno a los cambios que tendría el articulado en último debate.

Al respecto, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid explicó que “nos preocupa el parágrafo transitorio que es el plazo que tiene el Gobierno para presentar la ley de competencias ante el Congreso de la República y esto no es una ley cualquiera, sino que es una especie de mini constituyente porque es la reconfiguración de la organización territorial del Estado Colombiano. El plazo de seis meses del actual Gobierno que va con los afanes de salida, es una medida altamente inconveniente y debe ajustarse mínimo a 12 meses”.

Luego el congresista sostuvo que “para la formulación del proyecto de ley el Gobierno debe contar con los conceptos de Fedemunicipios, Fededepartamentos y Asocapitales para la conformación de la superley. A fin de que el comité o la orientación que sea estipulada por el Gobierno nacional, no se convierta en una notificación a los entes territoriales, sino que venga acompañada de las recomendaciones de los entes territoriales. Habrá más responsabilidades para las entidades territoriales, y en eso tendremos que trabajar, pero claramente estamos respaldando la iniciativa”.

Por su parte, la representante del Partido Liberal, Piedad Correal, manifestó que “en este proyecto no se puede transferir obligaciones a los entes territoriales de parte del Gobierno nacional, sino que se debe incluir al (DNP), al Ministerio de Hacienda, al Gobierno nacional, pero sin excluir las asociaciones de departamentos, municipios y ciudades capitales. Porque son a los que les va a recaer la nueva ley con las obligaciones nuevas que se les va a otorgar para hacer las transferencias de los recursos del Sistema General de Participación. Porque las entidades territoriales deben hacer parte del diálogo porque son los que manejan los recursos regionales, ya que podría recibir transferencias que no necesitan o dejar de recibir las que en realidad son prioridad. Es clave que llegue más dinero a las zonas que hoy están abandonadas, asegurando de paso mayor autonomía para acelerar las ejecuciones de obras y programas”.

Ponencia de último debate

Aunque hubo un apoyo total, de cara al último debate quedan propuestas, como la del congresista James Mosquera, para quien es fundamental “tener en cuenta a las comunidades afro y a los consejos comunitarios”. Otro pendiente que se estudiará en el futuro próximo, es el de definir el manejo de los recursos para la educación superior en zonas vulnerables, una preocupación que dejó en evidencia el representante Eduard Sarmiento.

A su turno, el ponente del proyecto, el representante Carlos Ardila del Partido Liberal explicó que “hablamos de una reforma a la constitución que busca darle más autonomía a las regiones del país, con más recursos y competencias para que resuelvan los problemas de sus habitantes. Este es un mandato constitucional que propone dar más recursos y más competencias a las regiones para que el país se desarrolle desde la periferia”.

Dijo, además que esta “Ley de Competencias va a establecer las tareas de los departamentos y municipios, y cuáles son los deberes del Estado. No obstante, con el traslado de recursos también se establece el traslado de competencias para así convertir las necesidades de millones de colombianos. Este proyecto no es solo una reforma financiera, es un clamor histórico de las regiones. Es una apuesta por cerrar las brechas territoriales y construir una Colombia con oportunidades para todos, bajo esos parámetros se hizo la radicación del proyecto para último debate”.

Añadió que lo anterior “es un buen ejemplo de que el espíritu de avanzar en la Autonomía Territorial en Colombia genera unión y consensos que deben hacer parte del Acuerdo Nacional. Además, es una muy buena señal que avancemos en materia de descentralización y de Autonomía Territorial porque buena parte del conflicto que estamos viviendo y del reciclaje de las violencias, tiene que ver con la falta de presencia del Estado en las regiones, este Acto Legislativo va a solventar la deficiencia”.