|
|
Los fallos gruesos en las Altas
Cortes que quedan pendientes para el 2025
A PARTIR del 20 de
este mes y hasta el 10 de enero del 2025 gran parte del aparato
judicial entra en receso por la vacancia prevista, lapso durante
el cual funcionarán los servicios más esenciales. En el caso de
las Altas Cortes quedan a la espera por producirse varios fallos
clave.
Corte Constitucional
Se han presentado más de medio centenar de demandas al Plan
Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que establece la hoja
de ruta de la administración del presidente Petro. La Corte ha
tumbado hasta el momento ocho artículos; sin embargo, queda un
importante número de acciones por resolver.
Una de las demandas que está pendiente de fallo busca tumbar en
su totalidad la Ley 2294 de 2023, con el argumento de que el
informe de conciliación de la iniciativa en el Senado no fue
publicado en la gaceta del Congreso con un día de anticipación,
afectando el principio de publicidad.
También queda por resolver múltiples demandas contra la reforma
tributaria, que el Congreso aprobó a finales del 2022.
Uno de los fallos que está por salir tiene que ver con el
impuesto de renta, que en el parágrafo atacado establece una
tasa mínima de tributación. El demandante pidió tumbar este
aparte por el principio de equidad y justicia fiscal. La
Procuraduría coincide en las motivaciones de esta acción, por lo
que solicitó a la Corte declarar inexequible dicho parágrafo.
Igualmente, de la reforma tributaria queda para 2025 resolver
demandas al impuesto al patrimonio.
Otro fallo clave es por la reforma pensional que impulsó el
Gobierno y que fue aprobada por el Congreso en medio de
polémicas, especialmente por los efectos fiscales. El Alto
Tribunal ha admitido cinco demandas contra esta ley.
La principal razón de las acciones que se han presentado es
porque la reforma no tuvo discusión en cuarto debate en la
Cámara de Representantes, sino lo que hizo la plenaria fue
acoger el texto que venía del Senado.
La procuradora Margarita Cabello en un concepto que entregó a la
Corte pidió tumbar la reforma pensional porque dijo que en su
trámite se afectó el principio democrático que exige una
discusión abierta y plural, esto por lo ocurrido en el cuarto
debate en la plenaria de la Cámara.
En tanto que los departamentos están en ascuas esperando el
fallo por una demanda al artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, en
que establece el monopolio que tienen para la producción de
licores y la facultad para restringir la venta de aguardientes
de otras regiones.
Del mismo modo, está en el inventario por resolver en la Corte
varias demandas a la llamada Ley de la Paz Total, que es el piso
jurídico que tiene el Gobierno para adelantar conversaciones con
los grupos armados al margen de la ley.
Una de las demandas es contra el parágrafo 6 del artículo 5 de
esta Ley, el cual establece que las disposiciones de carácter
humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los
parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en
la mesa de diálogo cuyo propósito sea la protección de la
población civil de los enfrentamientos armados serán vinculantes
para las partes.
El demandante dice que esta disposición desconoce la
distribución de competencias de producción normativa, pues
incorpora al ordenamiento superior los acuerdos y los protocolos
de paz, “eludiendo el procedimiento para concederles a dichos
cuerpos dispositivos el rango de normas constitucionales”,
indica el accionante.
Consejo de Estado
A pesar de que el Consejo de Estado decidió disponer de una
sentencia anticipada para resolver la demanda de nulidad del
nombramiento de José Peña como rector de la Universidad
Nacional, es poco probable que alcance a evacuar este asunto de
aquí al próximo 20 de diciembre.
En este proceso el Alto Tribunal rechazó la solicitud de
suspensión provisional de Leopoldo Múnera, quien se posesionó
como rector el 6 de junio de 2024, en un polémico proceso porque
el Consejo Superior del alma mater ya había escogido a Peña.
No obstante, el Gobierno no estuvo de acuerdo con la escogencia
de Peña, pues apoyó el nombre de Munera debido a que ganó una
consulta entre los estudiantes y los profesores.
Este fallo en clave porque podría significar el regreso de Peña
a la rectoría de la Nacional si el Consejo de Estado rechaza la
demanda de nulidad de su escogencia por parte del Consejo
Superior.
Así mismo, el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre la
legalidad del Decreto 1374 de 2013 que delimita reservas de
recursos naturales temporales y establece prohibiciones para el
desarrollo de actividades mineras.
La Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado una medida
cautelar que suspenda provisionalmente los efectos de este
Decreto, pues para el ente de control es pertinente que el
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, se
abstengan de emitir resoluciones que declaren reservas
temporales hasta que el Consejo de Estado expida su
pronunciamiento sobre el alcance, efectos y límites del Decreto
1374 de 2013, que fue el primer intento para establecer
parámetros que permitieran señalar reservas de recursos
naturales de carácter temporal.
También quedan para
el próximo año varias demandas de pérdida de investidura de
congresistas, como Luis López Aristizábal, representante
conservador por Antioquia, de quien el demandante acusa que
luego de tomar posesión de congresista, continuó ejerciendo como
gerente y representante legal de una empresa.
De igual manera,
está a la espera definir una demanda de pérdida de investidura
en contra del presidente de la Cámara, Jaime Salamanca Torres,
porque no se declaró
|
|
impedido
para participar en el debate de la reforma laboral.
Igualmente, el Alto Tribunal
dejaría para 2025 resolver la demanda de pérdida de investidura de la
representante Adriana Arbeláez, Cambio Radical, por presunto conflicto
de interés en la votación del Presupuesto General de la Nación del 2024,
cuando se votó una proposición que buscaba aplazar por dos años la
entrada en vigencia de los impuestos saludables, que fueron introducidos
en la Reforma Tributaria.
Corte Suprema
Durante la vacancia judicial se suspenderá el desarrollo del proceso que
abrió la Corte por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde según el entonces director de la
entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, se usó la
contratación a finales del 2023, con el fin de atender la crisis por el
fenómeno del Niño, para entregar dineros y contratos a congresistas.
López aseguró que, en una reunión en noviembre del año pasado en la Casa
de Nariño, en la que dijo que participaron algunos ministros y altos
funcionarios, le dieron directrices para que entregara dinero y
contratos a varios congresistas con el propósito de que votaran a favor
las reformas del Gobierno.
Por estos hechos la Corte abrió indagación al expresidente del Senado,
Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quienes
presuntamente recibieron $3.000 y $1.000 millones, según Pinilla.
También el Alto Tribunal investiga por presuntamente incurrir en el
delito de cohecho a los senadores Liliana Bitar y Juan Gallo; y los
representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el
excongresista Juan Muñoz.
A estos parlamentarios que integraban la Comisión de Crédito Público,
según Olmedo López y María Benavides, exasesora en el Ministerio de
Hacienda, les direccionaron tres contratos, con el supuesto conocimiento
del entonces ministro Ricardo Bonilla, para que votaran a favor el aval
al Gobierno para solicitar empréstitos a cargo de la nación.
Hace un par de semanas rindieron indagatoria en la Corte los
parlamentarios Name y Calle; en tanto que esta semana hicieron lo propio
los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes acudieron al
derecho a guardar silencio; y la senadora Liliana Bitar.
Reforma tributaria: 11 de los 15 senadores
de Comisión Tercera están contra
DE LOS proyectos económicos
que tiene al Gobierno nacional en vilo es la ley de financiamiento que
presentó el saliente ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en septiembre
pasado cuando se discutía el proyecto del Presupuesto General de la
Nación. En este punto, el accionar del Gobierno para ese momento causó
un punto de inflexión en la discusión de la reforma tributaria y dejó un
mal ambiente político para el debate.
En consultado con
coordinadores y ponentes de las comisiones económicas de Cámara y Senado
con la certeza que la discusión está firme en cuanto al aspecto clave de
la iniciativa en que no hay un acuerdo para presentar el informe de
ponencia, sumado a esto, el proyecto afronta un clima político adverso
por el solo hecho de tratarse de una propuesta que genera nuevos
impuestos.
Pero sin lugar a dudas, uno de los escollos más fuertes que no ha
logrado sobrepasar es el hecho que fue presentado en medio de la
discusión del proyecto del presupuesto general para 2025, esa propuesta
que advertía $523 billones para gastos fue negada por el Congreso al
considerarla desfinanciada. Así las cosas, y con la llegada de la ley de
financiamiento en medio de ese debate, en el Congreso al parecer no
existe la posibilidad de aprobar otra reforma tributaria al Gobierno, y
más cuando el presupuesto general va por decreto presidencial.
En la Cámara de Representantes el congresista Mauricio Parodi de Cambio
Radical señaló que “se nota un mal ambiente por parte de varios sectores
porque se piensa que es una reforma tributaria inoportuna e innecesaria.
Por el momento avanzamos en las reuniones entre coordinadores y ponentes
para presentar una ponencia sobre el proyecto”.
Procuraduría General hace reparos al
proyecto de SGP
El ministerio Público envió
una advertencia al Congreso de la República, antes de que se presentara
para último debate el pasado 02 de diciembre de 2024, cuando se discutió
en último debate el Proyecto de Acto Legislativo “por el cual se
fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se
modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones”, sobre el cual se determina el Sistema General de
Participaciones para las regiones.
Las recomendaciones, indica
la Procuraduría, estaban encaminadas a evitar escenarios en los que se
pudiera ver afectada la autonomía territorial en el corto, mediano y
largo plazo o la provisión eficiente de bienes y servicios públicos. A
razón de que, con ello, se retrasara el cierre de brechas
socioeconómicas y la protección de derechos para las poblaciones más
vulnerables en el territorio nacional.
De acuerdo con el ente de
control, para velar por la sostenibilidad fiscal de la autonomía
territorial, se invitó a los congresistas a retomar las cuatro
propuestas incluidas en el Informe Final de la Misión de
Descentralización en relación con el Sistema General de Participaciones,
radicado el pasado 24 de junio, avances que
|
|
fueron remitidos a los entonces presidentes del Senado y
Cámara respectivamente, el 29 de febrero.
La Procuraduría destacó que, las propuestas, construidas por expertos en
68 espacios, buscaron establecer un piso mínimo del porcentaje de
participación de los territorios del 30,5% de los Ingresos Corrientes de
la Nación; recomponer la distribución de recursos en dos bolsas, una
sectorial (con el 80,18%) y otra territorial (con el 19,82%); establecer
nuevos criterios de distribución de la bolsa de Propósito General, la
cual sería dirigida solamente a municipios y distritos y flexibilizar
los recursos del SGP de propósito general.
Para la delegada de Gestión
y Gobernanza Territorial, era indispensable tener en cuenta la
conclusión de la Misión de Descentralización, en el apartado donde se
resalta que la cantidad de recursos dentro del sistema no han logrado
cerrar brechas que persisten en todos los sectores, así como entre los
desempeños fiscales entre categorías de entidades territoriales, por lo
que es necesario “ajustar los criterios de asignación de las crecientes
transferencias con el propósito de cerrar brechas dentro de los sectores
y entre las entidades territoriales con capacidades fiscales,
administrativas y estándares de bienestar muy desigual”.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que las recomendaciones estaban
encaminadas a evitar que se configuren escenarios que puedan afectar los
intereses de la sociedad, la protección de derechos fundamentales o
desconocer el ordenamiento jurídico y se emite en el ejercicio de la
colaboración armónica consagrada en el artículo 113 de la Constitución
Política.
Reforma a la salud: partidos insistieron
en volver a escuchar actores del sistema
La reforma a la salud entra
a segundo debate en la Plenaria de la Cámara y las bancadas de Gobierno
y de la oposición están midiendo fuerzas sobre la manera como se va a
dar la discusión en la célula congresional. Como se sabe, bancadas como
las independientes y el Partido Liberal, han insistido en que se escuche
a la sociedad civil, las organizaciones de médicos y pacientes, así como
a otros actores del sector, con el fin hacer algunos ajustes al texto.
En ese sentido, el representante Andrés Forero de Centro Democrático
señaló que el Gobierno pretende sacar la reforma en segundo debate a
como dé lugar y sin darle participación a los actores del sector salud
“lo que vemos es que el Gobierno nacional pretende ‘pupitrear’ la
reforma a la salud mientras que la mayoría de los colombianos está
comiendo natilla con buñuelos y está oyendo villancicos”.
“Esta lamentablemente es una reforma que va a desbalancear el sistema de
salud tal y como lo conocemos, es una reforma que avanza hacia una
estatización y que fragmenta los recursos y disminuye la atención y que
adicionalmente y vemos con preocupación que va darle mayor poder de
determinación a los alcaldes y gobernadores para que hagan contratación
a dedo y sin ningún control de fiscalización. Vamos a tratar de evitar
que se apruebe, pero sabemos que a pesar de los escándalos que se están
revelando contra el Gobierno, muy seguramente logran la aprobación en
Cámara. más no así en senado”, puntualizó Forero.
A su turno, el representante Germán Rozo, del Partido Liberal manifestó
que “el Partido Liberal ha estado tratando de concertar una reunión
interna con todos los miembros de la bancada, para empezar a escuchar
qué postura vamos a adoptar los miembros de la Comisión Séptima y las
propuestas que teníamos han quedado planteadas, fueron discutidas y
algunas aceptadas. Sin embargo, acordamos que es importante continuar en
el avance de la discusión de la reforma y es muy importante escuchar a
los otros 29 congresistas que hacen parte del Congreso en la plenaria y
ver cuáles son los aspectos que consideran preocupantes porque desde la
misma Dirección Nacional el presidente César Gaviria ha manifestado
preocupación por la actual reforma a la salud. Sin embargo, sigue
abierta la posibilidad de concertar y seguir en la discusión en estos
momentos”.
Voces de inconformidad
Por otra parte, la representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso,
explicó que, aunque el texto tiene pocas variaciones en comparación con
el anterior, se trata de un articulado más consensuado, “esta es una
reforma que en esta segunda versión termina incorporando a las EPS mucho
más de lo que nos gusta”.
Dijo también que “las EPS no mejoraron la calidad del sistema de salud
en Colombia, sino una crisis financiera que el Estado ha tenido que
entrar a resolver para evitar la caída del servicio. La negociación que
hace el Ministerio de Salud termina respetando en demasía lo que ya
existe. Se desnaturalizaron propuestas que ya teníamos establecidas en
la reforma anterior y le da mayor participación a las EPS en muchos
aspectos y que han venido haciendo de manera monopólica desde hace 30
años”.
“Afortunadamente no se negoció la rectoría del sistema ni la eliminación
de la intermediación financiera, para que pudiera la Adres administrar
los recursos de la salud que son 100% públicos. Muchas entidades y
actores del sistema, se van a ver sometidas y regidas por las EPS como
ha sucedido desde hace 30 años, hay que permitir el avance de la reforma
para hacer ajustes al sistema de salud que lo requiere con urgencia”,
señaló Alfonso.
Posteriormente, la representante de la Coalición Centro Esperanza
Jennifer Pedraza afirmó al respecto que “ninguno de los comentarios de
las organizaciones de la salud fue tenido en cuenta para presentar la
ponencia para el segundo debate, por eso fue que nosotros volvimos a
luchar aquí en el Congreso de la República para que se escucharan en la
plenaria de la Cámara de Representantes a esas 51 organizaciones quienes
expresaron su deseo de participar en las audiencias públicas y ser
tenidos en cuenta”. Frente a estas afirmaciones, algunos parlamentarios
insistirán en el archivo de una propuesta que ya se hundió en la
legislatura pasada.
|
|
