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Campaña Petro: Corte IDH declara
improcedente solicitud de medidas cautelares

La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que la
decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una
investigación administrativa contra la campaña presidencial de
Gustavo Petro no vulnera sus derechos políticos ni judiciales
del jefe de Estado colombiano.
La decisión responde a una solicitud de medidas provisionales
presentada por los representantes del presidente Petro, quienes
alegaron una afectación a sus garantías convencionales.
En su análisis, la
Corte determinó que el caso planteado no guarda relación con la
sentencia emitida en 2020 sobre las sanciones que en su momento
afectaron los derechos políticos de Petro como alcalde de
Bogotá. El alto tribunal indicó que la actual investigación del
CNE, que se centra en presuntas irregularidades en la
financiación de la campaña de 2022, no implica restricciones
directas a los derechos políticos ni la destitución de un cargo
público, como ocurrió anteriormente.
"De la información aportada en esta solicitud de medidas
provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión
tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos
políticos de un funcionario electo popularmente", indicó CIHD
En ese sentido, agregó que "la Corte Interamericana de Derechos
Huhamos declará improcedente la solicitud de adopción de medidas
provisionales presentada por los representantes de la víctima en
el presente caso".
El CNE, respaldado por una decisión previa del Consejo de
Estado, afirmó tener competencia para investigar y sancionar
irregularidades administrativas en la financiación de campañas,
incluyendo la de Petro. Además, señaló que cualquier medida
sancionatoria que resulte de esta investigación no implicaría
limitaciones a los derechos políticos del mandatario ni de sus
electores.
La Corte enfatizó que la solicitud presentada por los
representantes no cumplía con los criterios de extrema gravedad,
urgencia y daño irreparable requeridos para otorgar medidas
provisionales. También subrayó que el asunto debe resolverse
bajo el marco del sistema legal interno de Colombia antes de
recurrir a instancias internacionales.
Con esta resolución, la Corte reafirma la autonomía de las
instituciones colombianas en el manejo de procesos
administrativos, siempre que no violen los estándares
internacionales de derechos humanos.
Cámara no logra aprobar proyecto de reforma a salud en extras

El debate de la reforma a la salud finalizó con la aprobación en
la plenaria de la Cámara de Representantes
de las proposiciones de tan solo 23 artículos. Tras más de nueve
horas de debate, los partidos de Gobierno no pudieron llegar al
50% de la discusión de esta apuesta clave de la Administración
Petro que esperaba, fuese aprobada en las sesiones
extraordinarias convocadas tras la última semana de legislatura.
Si bien el avance fue significativo, en palabras del ministro
Juan Fernando Cristo, desde la oposición se calificó como una
derrota más en el mes de diciembre en el que las reformas
política, ley de financiamiento y ahora esta iniciativa de
cambiar de manera integral el sistema de salud no lograron
avanzar, siendo solamente
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la Jurisdicción Agraria el
único proyecto que prosperó en el cierre del 2024.
El debate se tornó tenso, con muchos reparos y denuncias desde la
oposición, quienes destacaron en reiteradas ocasiones la falta de
garantías para el desarrollo de la plenaria, y que además puntualizaron
en el poco debate que se dio a sus propuestas para la concertación del
articulado de la reforma, los tiempos de discusión de diferentes
proposiciones y el tipo de votación, pues los bloques aprobados no
fueron organizados en relación a los temas de interés.
“Cuando los artículos no
tienen que ver uno con otro y se someten todos en un solo paquete, no es
posible dar un debate serio, consciente, alrededor de los diferentes
artículos”, dijo representante Cristian Danilo Avendaño.
De hecho, el primer bloque
aprobado consistió en los primeros 8 artículos de la reforma, pero, por
ejemplo, “nosotros pedimos que el artículo 6, que tenía que ver con el
Consejo Nacional de Salud, que es una instancia supremamente importante
de la gobernanza del sistema nuevo, se votara de manera independiente y
se pudiera discutir. No lo aceptaron y aun así hicieron una mezcla de
muchos cambios de funciones y de integrantes”, dijo el congresista.
Asimismo, la representante Luz Ayda Pastrana señaló en este Diario que
“es muy desafortunado que desde la oposición queramos tener la actitud
propositiva, que estudiemos a fondo cada uno de los artículos y lo que
hagamos sea exponer motivos para que los artículos queden mejor
redactados y no sean tenidos en cuenta. Definitivamente vemos la
tendencia de que apenas ven nuestros nombres y son de oposición hasta
ahí llega la revisión”.
Además, la representante por el departamento del Huila dijo que el país
“se ha dado cuenta cómo insulto va e insulto viene, y si no lo aprueban
en los tiempos y en los momentos y en las condiciones que ellos desean
el acuerdo nacional se rompe”.
Finalmente, Hernando González del Cambio Radical también cuestionó que
“con dos minutos o con minuto y medio para analizar cada una de las casi
620 proposiciones es imposible. Estos 68 artículos necesitan un análisis
profundo, un análisis sin carrera. Pero tampoco no se puede hablar
porque cuando uno habla en contra o a favor de un artículo
inmediatamente lo tildan a uno que es que está favoreciendo a tales o
cuales”.
Caso UNGRD: Laura Sarabia denunció a Sandra Ortiz por injuria

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (Dapre), Laura Sarabia, denunció ante la Fiscalía General de
la Nación a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones,
por los delitos de injuria y calumnia. La acción judicial surge luego de
que la señalara como la responsable de un supuesto “complot
presidencial” en su contra, relacionado con el escándalo de corrupción
en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez Restrepo, sostuvo que las
acusaciones de Ortiz son infundadas y tienen como propósito “dañar la
reputación de mi clienta”. Además, afirmó que dichos señalamientos, que
incluyen a figuras como la fiscal general y la procuradora, “carecen de
pruebas claras y buscan generar un clima de desconfianza en las
instituciones del Estado”.
Ortiz señala un complot
en su contra
Durante una audiencia en los Juzgados de Paloquemao, Ortiz aseguró que
fue víctima de una campaña mediática para desacreditarla y que las
acusaciones en su contra forman parte de una estrategia para desviar la
atención sobre las irregularidades en la UNGRD. Según Ortiz, “ese show
que están armando desde la Presidencia y en los medios de comunicación
es un complot; lo que querían era un chivo expiatorio porque sí hubo
corrupción”.
Ortiz identificó a Laura Sarabia como la funcionaria que lideró dicho
complot y señaló: “Esa persona, que tiene mucho poder en la Presidencia,
está al lado del Presidente, y ella fue la que armó ese
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complot”. También afirmó que
Sarabia mantiene vínculos cercanos con “la Fiscal, la Procuradora y las
cabezas más poderosas”.
Ortiz advirtió sobre el riesgo a su seguridad y la de su familia: “Me
preocupa mi seguridad y la de mis hijas. Esa persona tiene mucho poder y
fue la que armó este complot”.
Además, defendió su
inocencia frente a las acusaciones de corrupción, indicando: “Tengo
pruebas y certificados que demuestran que nada se perdió. Ese show
mediático dañó mi nombre”. Ortiz aseguró que su detención es resultado
de una “estrategia para ocultar un entramado de corrupción más amplio”.
Respuesta de Sarabia
Antes de presentar la denuncia, Sarabia se defendió públicamente a
través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), escribiendo: “Liderar
un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han
hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar
información”.
En otro mensaje, explicó que
asumió su cargo en febrero de 2024 y que, en coordinación con el
presidente Gustavo Petro, solicitó la renuncia al entonces director de
la UNGRD y suspendió las contrataciones en esa entidad. “He cumplido mi
labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace, se
las imagina”, concluyó.
El abogado Gómez reiteró:
“Laura Sarabia no está dispuesta a tolerar de ninguna manera que hagan
señalamientos falsos en su contra”, agregando que la denuncia es una
respuesta a lo que consideran un intento de “obstruir la justicia”.
Suspenden a Katherine Miranda por insulto
al presidente de la Cámara

En medio del debate sobre la reforma a la salud, la representante
Katherine Miranda, de la Alianza Verde, fue suspendida temporalmente por
el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, tras
un altercado ocurrido durante la plenaria.
El incidente surgió luego de que la congresista, denunciara
restricciones para intervenir en la sesión. Según Salamanca, la
funcionaria se refirió a él con términos despectivos, llamándolo
"marica", lo cual calificó como una violación al artículo 73 de la Ley
Quinta, que regula el respeto dentro del Congreso.
“Me quitan la posibilidad de hablar en medio de la discusión de la
reforma a la salud porque saben que soy una de las voces más críticas.
En el recinto de la democracia, @JaimeRaulSt posa de dictador y me
restringe mis derechos”, expresó Miranda a través de redes sociales.
Por su parte, Salamanca afirmó que la sanción fue consecuencia directa
de una actitud irrespetuosa: “Decirle ‘marica’ al presidente de la
Cámara no solo es homofóbico, sino también contrario a la ley. Mi deber
es garantizar el orden y el respeto en los debates”, señaló.
Miranda negó haber utilizado ese calificativo y aseguró que su expresión
fue “gamín”, refiriéndose al comportamiento de Salamanca y no como un
insulto personal. Sin embargo, el presidente de la Cámara insistió en
que el término utilizado fue “marica” y que este quedó registrado en
video, aunque no se evidenció en la transmisión oficial de la sesión.
La medida impuesta por Salamanca impide a Miranda intervenir en las
sesiones relacionadas con la reforma a la salud, aunque podrá seguir
ejerciendo su derecho al voto. Este hecho generó una fuerte reacción
entre los congresistas.
Jennifer Pedraza, también de la Alianza Verde, criticó la decisión de
Salamanca en redes sociales: “Hay gente a la que le dan media gota de
poder e inmediatamente muestran lo autoritarios que son. Mejor dicho:
mini dictadores”.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, recordando
un caso previo de pérdida de investidura por expresiones similares y
calificando el incidente como “violencia verbal discriminatoria”.
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