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Bogotá, Colombia -Edición: 748 Fecha: Domingo 19-01-2025 |
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INFORME |
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AmCham advierte riesgos por cambios propuestos al TLC con Estados Unidos: estos son los puntos que más preocupan
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inquietud sobre la
legalidad y transparencia de la propuesta.
Frente a estas críticas, Gustavo Petro intervino para defender la
modificación del TLC y respondió a los cuestionamientos sobre la nota
interpretativa. A través de un mensaje en la red social X, el presidente señaló
que la interpretación de los términos del tratado surgía de un acuerdo mutuo
entre Colombia y Estados Unidos.
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La reciente
intención del Gobierno colombiano de modificar el capítulo 10 del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está generando una creciente
preocupación, especialmente entre los sectores empresariales.
El 17 de enero, la Cámara Colombo Americana (AmCham) expresó su
inquietud ante la propuesta del Gobierno colombiano. María Claudia Lacouture,
presidenta de la entidad, señaló que cualquier cambio en el texto original del
TLC debía seguir los procedimientos establecidos, tanto por el acuerdo comercial
como por la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional de Colombia.
Entre los puntos más críticos que se destacaron, se encontraba la posible restricción del acceso al arbitraje internacional, lo cual limitaría el derecho de los inversionistas extranjeros a impugnar decisiones judiciales locales que pudieran ser injustas o no estar alineadas con los términos del TLC.
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Otro aspecto que levantó alarmas fue la eliminación de las expectativas legítimas como criterio de trato justo y equitativo. Esta modificación implicaría una reducción de la seguridad jurídica, ya que permitiría que los gobiernos cambien las reglas del juego sin ofrecer garantías previas a los inversionistas, lo que podría generar incertidumbre y desconfianza en los mercados internacionales.
También se resaltó la modificación en la protección frente a
regulaciones ambientales sin compensación, un cambio que reafirmaba el derecho
de los gobiernos a imponer regulaciones que pudieran afectar el valor de las
inversiones, limitando las posibilidades de que los inversionistas pudieran
demandar al Estado por esos impactos. Esto podría reducir el atractivo de
Colombia como destino para la inversión extranjera, ya que los inversionistas se
verían más expuestos a decisiones gubernamentales que afectaran negativamente
sus intereses. Además, AmCham señaló que estos cambios no fueron sometidos a consideración de los congresos de ambos países ni, en el caso de Colombia, al control constitucional previsto en la Sentencia C-252 de 2019. La falta de consulta y aprobación formal del Congreso significaba que el proceso no cumplía con los procedimientos establecidos para modificar el acuerdo comercial, lo que generaba
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