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Gobierno estudia declaración de
conmoción interior en Catatumbo
Ante la ola de
violencia que se vive en la región del Catatumbo, debido a los
constantes enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las
disidencias de las FARC, en la cual más de 30 personas han
fallecido; el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa las
medidas que podrá tomar frente a la crítica situación de orden
público que se vive, entre los cuales no se descarta la
declaración de estado de conmoción interior y de emergencia
económica.
Durante los últimos
días los combates entre los grupos armados han encendido las
alarmas del Gobierno. Según cifras de la Defensoría del Pueblo,
más de 30 personas han fallecido, entre los cuales se encuentran
al menos cinco firmantes del Acuerdo de Paz, además la
Gobernación de Norte de Santander ha informado que más de 100
personas han tenido que salir de sus hogares hacia otras
ciudades.
Fuentes cercanas al
Gobierno han señalado a medios de comunicación que en caso de
declarar la conmoción interior, sería a nivel regional,
limitando la zona del Catatumbo.
¿Qué significa que se declare estado de conmoción interior?
La declaración del estado de conmoción interior por parte del
Gobierno implica la activación de medidas excepcionales para
enfrentar situaciones que amenacen gravemente la estabilidad
institucional, la seguridad ciudadana o la convivencia. Esta
figura está contemplada en la Constitución Política de Colombia
y permite al Presidente, con la firma de todos los ministros,
expedir decretos con fuerza de ley para afrontar la crisis. Sin
embargo, estas medidas están sujetas al control del Congreso y
de la Corte Constitucional para evitar abusos de poder.
La conmoción interior se ha declarado en ocasiones anteriores,
como en 1984 y 1986, para combatir el narcotráfico y el
terrorismo. La última vez fue en 2008, cuando el entonces
presidente Álvaro Uribe tomó la decisión ante un paro judicial
que amenazaba con la excarcelación masiva de presuntos
delincuentes.
El estado de emergencia económica
El estado de emergencia económica, contemplado en el artículo
215 de la Constitución Política de Colombia, es una herramienta
que permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales cuando
surjan circunstancias imprevistas que afecten gravemente el
orden económico, social o ecológico del país. Durante esta
declaratoria, el Presidente puede emitir decretos con fuerza de
ley para mitigar la crisis, aunque estas decisiones están
sujetas al control del Congreso y la Corte Constitucional.
Históricamente, se ha usado en situaciones como el colapso
financiero de los años 90 y la pandemia de COVID-19, para
implementar acciones inmediatas que estabilicen la economía.
Caso UNGRD: Corte Suprema cita a
declarar a tres ministros
Tres ministros del
gobierno Petro fueron citados a declarar por la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la
investigación por el caso de corrupción en la Unidad de Gestión
del Riesgo (UNGRD).
Los funcionarios
llamados por el alto tribunal son: el ministro de Hacienda,
Diego Guevara; el ministro de Salud, Guillermo
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Alfonso
Jaramillo, y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
La Corte Suprema también
escuchará la versión de al exministro Ricardo Bonilla, renunció después
de que medios dieran a conocer la declaración que su exasistente en el
ministerio, María Benavides, entregó a la Fiscalía.
La exfuncionaria dijo que Bonilla presionó la entrega de tres contratos
por más de $90.000 millones a congresistas que integraban la Comisión de
Crédito Público, para que aprobaran la solicitud que éste pensaba hacer
de varios créditos con la banca internacional.
La Sala de Instrucción de la Corte abrió el 5 de noviembre investigación
formal a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por los presuntos
delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de
terceros.
En tanto que la Corte Suprema el 12 de noviembre dio apertura a
investigación formal a cinco congresistas y un excongresista por el
presunto delito de cohecho impropio.
La decisión cobijó a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo
Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado
Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.
Los parlamentarios hacían parte de la Comisión de Crédito Público en la
que supuestamente el Gobierno dio contratos para obtener el aval y poder
solicitar empréstitos a cargo de la nación.
El actual Congreso está en deuda con su
depuración
En cuatro semanas retornará
el Congreso de la República a sesiones, en un año que es clave para la
suerte de varios proyectos de envergadura que están en la agenda, como
el de salud y el laboral. Sin embargo, una de las dudas es qué va a
pasar con la autorreforma de la corporación, en la cual los actuales
congresistas no han avanzado en mayor medida en temas como la reducción
de los salarios, respecto a la cual que precisamente en días pasados se
radicó una nueva iniciativa.
Se trata de un proyecto de
reforma constitucional que presentó el senador Iván Cepeda, de la
coalición del Pacto Histórico, que cuenta con la firma de 57
congresistas de diferentes bancadas, para reducir en cerca de un 50 %
los salarios de los legisladores a partir del 20 de julio de 2026.
Actualmente reciben una asignación mensual que alcanza los $48'142.000.
El senador de izquierda expresó su confianza en que el texto avanzará
con éxito en el Legislativo. “Creemos que este acto democratiza la
política y contribuye a limpiarla. El Congreso es una institución
altamente desprestigiada, y en parte esto se debe a las prebendas
excesivas de los congresistas”, dijo.
El proyecto establece que “la remuneración mensual de los congresistas
de la República, que incluye factores salariales y no salariales, no
podrá exceder de 20 salarios mínimos”.
En la pasada legislatura se hundió una iniciativa en este sentido, la
cual claudicó en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes por 15 votos a favor y 14 en contra; sin embargo,
requería 21 votos porque era de carácter estatutario.
Entre las razones que se manifestaron para no aprobar el proyecto en la
discusión en esta célula legislativa está que no contaba con el respaldo
del Gobierno Nacional; que la reducción también debería ser para otros
funcionarios del Estado, porque el incremento de su salario está atado
al de los parlamentarios; y que la medida no debería cobijar a los
integrantes de este Congreso, para no legislar en causa propia, entre
otras.
En la última década se ha
presentado más de una decena de proyectos para reducir el salario de los
congresistas, porque sigue creciendo y es muy alto en comparación con lo
que gana un colombiano del común. Sin embargo, invariablemente todos han
naufragado.
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No obstante, en esta oportunidad, un punto posiblemente a
favor de la iniciativa es que están en el horizonte las elecciones
parlamentarias del año 2026, en las cuales los electores podrían cobrar
en las urnas a los congresistas que voten en contra de este proyecto.
Además del asunto de los salarios hay otros por los que se han radicado
iniciativas en el marco de la llamada autorreforma del Congreso de la
República, de las cuales no solamente ven su necesidad los congresistas
que las impulsan, sino que algunas responden al reclamo de los
ciudadanos para mejorar la imagen y el trabajo del Legislativo. No
obstante, los proyectos orientados en ese sentido tampoco han avanzado.
Es el caso de la regulación del cabildeo, actividad que realizan agentes
externos en el Congreso en favor de sectores económicos a los que
representan para que no se vean afectados por las leyes que se aprueban.
Sobre el particular fue radicado en julio pasado un proyecto de ley en
la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero no ha tenido
discusión.
La iniciativa tiene por objeto regular el ejercicio del cabildeo o lobby
con el fin de asegurar la transparencia y el acceso a la información
pública en el marco de la relación del Estado con el sector privado. Así
mismo, se establecen las garantías, condiciones, mecanismos y sanciones
que delimitan este instrumento de incidencia en la construcción de
políticas públicas nacionales y territoriales.
En los anteriores congresos también se ha intentado regular el cabildeo,
pero las respectivas iniciativas no salieron a flote. Algunas superaron
uno o dos debates, mientras que a otras ni siquiera se les dio
discusión.
Tampoco ha salido adelante en el actual Congreso la iniciativa para
hacer ajustes a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que son
conformadas por 10 personas para ayudar la labor de cada uno de los
parlamentarios.
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no le han dado
discusión a un proyecto de ley orientado a modificar la nomenclatura de
los cargos de las UTL para reconocer la experiencia profesional a los
empleados y contratistas pertenecientes a ellas. La iniciativa cuenta
con ponencia para primer debate.
También en la Comisión Primera del Senado de la República está pendiente
de ponencia para primer debate una iniciativa que modifica la Ley 5.ª de
1992 en materia de profesionalización de las UTL.
En firme medida de aseguramiento contra
excongresista Ciro Ramírez
La Corte Suprema de Justicia
rechazó la solicitud del abogado defensor del exsenador del Centro
Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, en la que se pedía que fuera
revocada la medida de aseguramiento, que cumple actualmente por su
presunta participación en el escándalo de corrupción de 'Las Marionetas
2.0'.
El pasado 16 de enero se levó a cabo la audiencia en el que la Sala
Especial de Primera Instancia del alto tribunal tomó la decisión de
mantener la medida impuesta bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio
Caldas.
El pasado 22 de octubre, la Sala de Primera Instancia negó otra
solicitud del exsenador, en la cual el abogado Pedro Nel Escorcia,
argumento vencimiento de los términos procesales, sin embargo, la Corte
encontró que la detención preventiva seguía siendo válida.
El exfuncionario enfrenta un juicio por los delitos de concierto para
delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración
de contratos, en el marco del escándalo conocido como 'Las Marionetas'.
Este entramado de corrupción también involucra al fallecido exsenador
liberal Mario Castaño y se centra en la supuesta manipulación de
contratos públicos por un monto superior a $48.660 millones.
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