que se gesta en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

“Aquí estamos presentes, seguiremos presente aquí vamos a estar en defensa de ustedes las comunidades, en defensa del territorio enfrentando esos paramilitares del ELN, que se dedicaron a matar civiles desarmados a torturar a matar niños, a matar, mujeres”, afirmó alias Richard, cabecilla de las disidencias de las FARC, a través de un video.

El duro enfrentamiento entre los grupos armados al margen de la ley suma cifras alarmantes, con más de 80 muertos, entre ellos, preliminarmente habría ocho firmantes de paz, así como más de 20 heridos, 1.000 confinados y 20.000 desplazados, que han llegado a Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander).

Uno de los grupos más perjudicados y perseguidos por la violencia en el territorio han sido los firmantes de paz del proceso entre el Gobierno Santos y las FARC, en 2016; algunos fueron resguardados por la fuerza pública, mientras que otros viven el flagelo del secuestro y desplazamiento.

Al respecto, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) dio a conocer el balance que hasta ahora ha dejado la toma del ELN en el Catatumbo.

Según la ARN, en varios municipios del Catatumbo viven cerca de 464 personas que se encuentran vinculadas al proceso de reincorporación, de las cuales 102 fueron desplazadas forzosamente junto con sus familias, mientras que 11 están desaparecidas.

En ese sentido, la directora de la ARN, Alejandra Miller, anunció las acciones que desde la entidad se están adelantando para afrontar la crisis humanitaria en el Catatumbo para los firmantes de paz y sus familias.

“La Agencia para la Reincorporación en este momento ha gestionado ya un albergue humanitario para los firmantes de paz, en donde está acogiendo justamente a los firmantes que llegan con sus familiares”, explicó.

Asimismo, confirmó que en la vereda Caño Indio, en Tibú, se encuentra un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se atienden más de 718 personas.

“Estamos trabajando también en una ayuda humanitaria para el ETCR de Caño Indio, que gracias a que se ha constituido en un albergue humanitario, están apoyando a muchas veredas alrededor. Tenemos ya 718 personas, más de 200 menores de edad menores de 15 años, que deben ser atendidos de manera urgente”, añadió.

Agregó que en dichos lugares hay garantizadas camas, comida, implementos de aseo y apoyo emocional. “En el albergue tenemos habitaciones, camas para las familias, tenemos comida y tenemos a instrumentos básicos de aseo, para quienes están llegando al albergue, realmente es un lugar tranquilo, digno, seguro para que los firmantes y las firmantes se sientan tranquilos, acompañados y, sobre todo, con un apoyo emocional por parte de estos equipos de trabajo”, complementó.

Por último, enfatizó en el mensaje a los grupos armados ilegales para que aparten del conflicto a los excombatientes, sus familias y a la población civil.

“Este es un mensaje muy doloroso para la paz, pero también que nos hace pensar en la persistencia de la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la paz, en las negociaciones, en los diálogos, a no darnos por vencidos en estos momentos, en donde arrecia la guerra es donde más debemos levantar las banderas de la Paz. Hacemos por supuesto un llamado y una exigencia al ELN, a todos los grupos armados a que saquen a los firmantes, sus familias y a la población civil del conflicto que hay por el control de los territorios. La gente que está en estos territorios, no merece más guerra”, puntualizó.

Cabe señalar que, en las últimas horas se conoció el crimen del firmante de paz Pedro Nel Angarita en el centro de Teorama (Norte de Santander). El hombre, que trabajaba en la recolección de basura, fue atacado por hombres armados mientras realizaba sus labores en el Catatumbo.

Guerra en el Catatumbo se originó por la pérdida de un cargamento de cocaína
 

Desde la semana pasada en la ya convulsionada región del Catatumbo (Norte de Santander), en zona de frontera con Venezuela, la violencia se recrudeció al punto de que este lunes 20 de enero el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó el estado de conmoción interior para el departamento ante la grave situación de orden público por la que se tiene un estimado de 80 personas muertas y 11.000 desplazados forzados, según datos de la Defensoría del Pueblo.

A este punto se llegó por un problema que sigue siendo el combustible del conflicto armado en el país: el narcotráfico y, para el  caso de esa zona del nororiente colombiano, la lucha a sangre y fuego por controlar la ruta a través del hermano país, de hecho el mismo jefe de Estado lo reconoció en una publicación reciente en su cuenta oficial de la red social X.

“Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más, del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas ”, trinó en la mañana del lunes.

En la misma publicación indicó que el ELN, que en sus orígenes se alzó en armas inspirado en la revolución cubana, ahora perpetra los mismos patrones de violencia de las extintas AUC, grupo contrainsurgente, para dominar el tráfico de cocaína por esa región, donde proliferan los cultivos de coca.

“La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares, cuando, dirigidos por Mancuso, llegaron a la zona: masacre de campesinos civiles, en estado de indefensión. Crímenes de guerra por doquier son crímenes contra la humanidad ”, agregó.

Y precisamente la génesis de esta violencia desbordada en el Catatumbo estuvo con la pérdida de un multimillonario cargamento de cocaína a finales del año pasado, con la que provocó la ruptura de un pacto criminal que se mantenía entre el Frente 33 de la extinta guerrilla de las FARC y el ELN.

De acuerdo con un informe de inteligencia militar que obtuvieron en el informativo de televisión Noticias Uno, ‘Richard’ uno de los subalternos del jefe subversivo de la mencionada disidencia, alias Andrey, había llegado al mencionado trato para no interferir con el tránsito de los cargamentos de cocaína del grupo en pugna.

Pero uno de los envíos se perdió en noviembre, lo que conllevó a que se sembrara un clima de desconfianza con la disidencia, que concluyó con el homicidio de alias Catre o el Calvo el pasado 12 de enero, que era jefe del frente Juan Fernando Porras del ELN, días antes de la despreciable masacre del sepulturero del Catatumbo Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de 9 meses de edad, múltiple crimen que terminó de desatar la guerra sin cuartel que se padece en la actualidad en esa región.

Crisis humanitaria en el Catatumbo: ICBF brinda atención especializada a 1.800 niños desplazados

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta actualmente grave crisis humanitaria con un saldo de al menos 80 muertos y más de 10.000 desplazados debido a la escalada de violencia entre grupos armados. Según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 1.800 niños y niñas desplazados han recibido atención en un albergue en el municipio de Ocaña, donde se instaló una sala de crisis para atender a las familias afectadas. La directora del Instituto, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, calificó la situación como “un hecho sin precedentes” y destacó el impacto devastador del conflicto armado en la vida de los menores.

De acuerdo con el ICBF, la violencia en la región ha dejado profundas cicatrices en los niños y niñas, quienes enfrentan un futuro incierto debido a las consecuencias del desplazamiento forzado. Cáceres subrayó que el interés superior de la niñez debe ser una prioridad para el Estado, y enfatizó la necesidad de interrumpir el ciclo de violencia que afecta a esta generación. “Estamos aquí porque esta generación de niños necesita ayuda. Es el interés superior de ellos el que debe llamarnos al Estado a acercarnos y a cortar el circuito de guerra que se está viviendo en la región”, afirmó la funcionaria.

La región del Catatumbo, conocida por sus extensos cultivos de coca, se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre guerrillas, disidencias de las FARC y grupos narcos que luchan por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Según reportó el Ministerio de Defensa, la reciente ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra disidentes de las FARC y la población civil ha provocado asesinatos selectivos, combates y desplazamientos masivos. En este contexto, las morgues del departamento de Norte de Santander están saturadas en un 250%, según informaron las autoridades forenses.

La violencia en la región no solo afecta al Catatumbo. En el departamento de Bolívar, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo dejaron nueve muertos, mientras que en el sur amazónico, en el municipio de Calamar, los combates entre facciones disidentes de las FARC han causado la muerte de 20 personas. Estas cifras reflejan el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Gustavo Petro por alcanzar acuerdos de paz con los grupos armados.

Respuesta del Gobierno y el ICBF ante la crisis

El Gobierno colombiano desplegó más de 5.000 soldados en Norte de Santander para proteger a la población civil y combatir a los grupos armados. En helicópteros, el Ejército ha evacuado a más de 230 personas, incluidos niños, mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se trasladó a la región para liderar la ofensiva militar. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y las autoridades anunciaron una “segunda fase” de operaciones para ingresar a las zonas más afectadas.

En respuesta a la ofensiva del ELN, Petro ordenó la suspensión de las negociaciones de paz con esta guerrilla, a la que acusó de cometer “crímenes de guerra”. A través de X, el mandatario afirmó que el ELN ha adoptado tácticas propias del narcotráfico y advirtió que “ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”. Esta decisión marca un giro en la política de Paz Total impulsada por el presidente desde su llegada al poder en 2022, la cual busca una salida dialogada al conflicto armado que ha azotado a Colombia durante más de seis décadas.

Por su parte, el ICBF intensificó su labor en la región, con equipos psicosociales que han atendido hasta 19 niños en un solo día en municipios como Acarí, Teorama y Cúcuta. Según detalló Astrid Cáceres, el instituto no solo se enfoca en brindar atención inmediata, sino también en garantizar un acompañamiento a largo plazo para las comunidades afectadas. “Nosotros no vinimos para irnos. Vamos a seguir en el territorio para acompañar a cada una de estas personas afectadas”, aseguró.