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Decreto de conmoción interior
autoriza expropiación de predios

El Gobierno Petro presentó los primeros tres decretos bajo el
estado de conmoción interior, declarado el 24 de enero de 2025.
Esta medida, en respuesta a la grave crisis de orden público en
la región del Catatumbo, tiene como objetivo "garantizar la
producción de alimentos y mitigar los efectos devastadores del
conflicto armado en la población local".
Entre las disposiciones más relevantes de estos decretos se
encuentran el financiamiento y la concesión de créditos para los
agricultores afectados, así como el alivio de pasivos y la
suspensión de cobros judiciales en el sector agropecuario. Estas
acciones buscan contrarrestar las consecuencias del
desplazamiento forzado y la pérdida de medios de vida que han
sufrido miles de personas debido a la violencia en la región.
Entre los documentos firmados por el mandatario colombiano llamó
la atención el artículo 4 en el que se destaca la expropiación
administrativa de tierras, el cual busca facilitar la entrega de
terrenos a las víctimas de desplazamiento forzado y a
excombatientes que están en proceso de reintegración a la vida
civil.
"Por el cual se adoptan medidas de protección de tierras,
territorios y activos, y prevención de la acumulación y
acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos
derivados de la situación de orden público en la región del
Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios del Rio de Oro y González del departamento del Cesar,
para las y los campesinos, pequeños y medianos productores
agropecuarios, en el marco del Estado de Conmoción Interior", se
lee.
Este ítem permite al Gobierno adquiera predios necesarios para
garantizar el retorno y estabilización de quienes han sido
desplazados por la violencia. Esto se realiza bajo los términos
establecidos en la Ley 1523 de 2012, que regula la dotación de
tierras para estas comunidades. Esta medida se presenta como
crucial para ayudar a las personas a recuperar sus medios de
vida y reintegrarse en sus comunidades.
Además, el decreto incluye disposiciones para proteger las
tierras y territorios en el sector agropecuario, evitando su
acumulación y acaparamiento. Esto es especialmente importante
para los campesinos y pequeños productores que han sufrido las
consecuencias del conflicto armado. Las medidas buscan mitigar
los efectos negativos sobre la tenencia y ocupación de tierras
en municipios afectados como Ocaña, Abrego y El Carmen.
Por otro lado, el Artículo 5 establece un saneamiento automático
de predios adquiridos, lo que significa que cualquier problema
relacionado con su titulación será resuelto automáticamente a
favor del Estado. Esto facilitará la adquisición rápida de
terrenos necesarios para atender la emergencia.
El Artículo 6 suspende temporalmente las inscripciones en los
registros públicos de ciertas áreas rurales durante el periodo
de conmoción interior. Esto implica que no se podrán realizar
transacciones sobre esos terrenos sin la intervención del
Gobierno, lo que busca evitar conflictos sobre la propiedad
durante este tiempo crítico.
El presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete ministerial,
justificó esta medida amparándose en el artículo 213 de la
Constitución Política, que permite declarar el estado de
conmoción interior ante perturbaciones graves del orden público.
La medida se extenderá por un periodo inicial de 90 días y
abarcará 16 municipios, incluyendo los más afectados por los
combates entre el Eln y disidencias de las Farc. Este estado
excepcional permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de
ley sin necesidad de aprobación legislativa, aunque todos deben
ser revisados por la Corte Constitucional para asegurar su
conformidad con los derechos humanos.
Laura Sarabia pidió
renuncia de Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAPRE

Antes de la toma de su cargo como canciller de Colombia, Laura
Sarabia solicitó la renuncia del asesor del Departamento
Administrativo de la Presidencia (Dapre),
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Jaime Ramírez Cobo, uno de
sus mayores escuderos, quien fue vinculado al escándalo de corrupción al
interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
El funcionario dejará el cargo y su trabajo en el Gobierno de Gustavo
Petro, el próximo viernes 31 de enero, según información de Blu Radio,
en medio del proceso que se adelanta en su contra por su presunta
participación en la adjudicación de contratos de hasta $92.000 millones
en varios municipios del país, entre los cuales se incluye Carmen de
Bolívar, Cotorra y Saravena.
Fiscalía interrogó a Ramírez Cobo
El pasado 22 de enero, la Fiscalía General de la Nación adelantó el
interrogatorio del asesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo, quien fue
mencionado en las declaraciones de diferentes procesados en el escándalo
de la Ungrd, como en el de María Alejandra Benavides, exasesora de
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.
Así mismo, Ramírez fue mencionado en chats que se encuentran bajo el
resguardo del ente acusador, en los cuales habría preguntado por tres
convenidos de la Unidad, que superan los $92.000 millones.
Según Benavides, Ramírez habría concretado una reunión entre los
ministros del Interior y de Hacienda, que se habría dado el 12 de
diciembre de 2023 en la oficina del entonces ministro Ricardo Bonilla.
Más de 40 parlamentarios
presentarán informe sobre conmoción que declaró Petro

Antes de 15 días, 41 congresistas del Senado y la Cámara, que fueron
designados por las respectivas presidencias en sendas comisiones
accidentales, deben presentar un informe a las plenarias sobre el estado
de conmoción interior que declaró el presidente Petro para la región del
Catatumbo, en Norte de Santander, debido a la crisis de orden público y
humanitaria por la guerra entre el Eln y las disidencias del frente 33
de las Farc.
El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, informó, sobre
los integrantes de la comisión por esta corporación, que “del Partido
Liberal, Alejandro Carlos Chacón; del Partido de la U, Juan Felipe
Lemus; del Partido Conservador, Juan Carlos García, quien es el
coordinador y es de Norte de Santander; del partido Centro Democrático,
Honorio Henríquez; del partido MIRA, Manuel Virgüez; de Cambio Radical,
Édgar Díaz; de la Coalición Centro Esperanza, Jairo Castellanos; Pacto
Histórico, Gloria Flórez; de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, y por
la circunscripción indígena, Richard Fuelantala”.
En tanto que la comisión de legisladores por la Cámara que designó el
presidente de esa corporación, Jaime Salamanca, está constituida por
Jorge Ocampo, del Pacto Histórico; Alirio Uribe, Pacto Histórico; Jairo
Cristo, Cambio Radical; Lina Garrido, Cambio Radical; Javier Sánchez,
Cambio Radical; Wílmer Carrillo, la U; José Salazar, la U; Hernando
Guida, la U, y Alexánder Guarín, la U.
Igualmente, Duvalier Sánchez, Alianza Verde; Gloria Rodríguez, Alianza
Verde; Martha Alfonso, Alianza Verde; Carlos Vallejo, Alianza Verde;
Diógenes Quintero, Circunscripción Especial de Paz; Karen Manrique,
Circunscripción Especial de Paz; Jorge Tovar, Circunscripción Especial
de Paz; Juan Corzo, Centro Democrático; Hernán Cadavid, Centro
Democrático; Hugo Lozano, Centro Democrático; Heráclito Landínez, Pacto
Histórico; Pedro Suárez, Pacto Histórico; Jorge Bastidas, Pacto
Histórico; Ciro Rodríguez, Partido Conservador; Libardo Cruz, Partido
Conservador; Alfredo Ape Cuello, Partido Conservador; Ruth Caycedo,
Partido Conservador; Wílmer Guerrero, Partido Liberal; Carlos Quintero,
Coalición Liberal y Justa Libres; María Lopera, Partido Liberal; Karyme
Cotes, Partido Liberal, y Marelén Castillo, curul de oposición.
El artículo 213 de la Constitución establece que en caso de grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad
del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada
mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de
Policía, el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá
declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de
ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos
períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y
favorable del Senado.
Establece la Carta Política que dentro de los tres días siguientes a la
declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá
por derecho propio y el presidente le pasará inmediatamente un informe
motivado sobre las razones que determinaron la declaración.
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El presidente Petro declaró
el estado de conmoción para 16 municipios del Catatumbo, en Norte de
Santander; dos resguardos indígenas y dos poblaciones del departamento
del Cesar.
El martes pasado, las plenarias del Senado y la Cámara, por separado,
escucharon a los ministros de Interior, Justicia y Defensa sobre las
razones que tuvo el Gobierno para acudir a este estado de excepción por
la grave situación en el Catatumbo.
Van 10 decretos firmados
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó ayer que han sido
expedidos 10 decretos al amparo de la conmoción interior para el
Catatumbo.
“Hoy (ayer) nos reunimos con el presidente y firmamos alrededor de diez
decretos. Entre ayer y hoy quedaron listos los primeros diez, que se
publicarán en las próximas zonas sectoriales. Algunos corresponden a
agricultura y vivienda, que cada ministro explicará en detalle. También
trabajamos en un decreto tributario, del cual hemos adelantado algunos
aspectos”, afirmó Guevara.
Sobre este último decreto se sabe que entre otros busca establecer un
IVA del 19 % a los juegos de azar en línea, que ya había propuesto el
Gobierno en la pasada reforma tributaria que se hundió.
Luis Eduardo Llinás asumió como director encargado de la DIAN

Luis Eduardo Llinás Chica asumió oficialmente el cargo de director
encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en
un acto presidido por el ministro de Hacienda, Diego Guevara Castañeda.
El nombramiento llega en un momento clave para la entidad, que enfrenta
retos significativos en cuanto a modernización y la necesidad de
fortalecer el recaudo tributario y aduanero en Colombia.
Sin embargo, esta determinación no escapa a la polémica, pues se ha
mencionado que Llinás Chica estaría involucrado presuntamente en el
escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres. Al respecto se conoce que la Procuraduría General indaga
al exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
en posibles contratos irregulares para la compra de los 80 carrotanques
en La Guajira que derivaron en las investigaciones al exdirector de
Gestión del Riesgo Olmedo López.
No obstante, mientras se surten las averiguaciones asumirá el cargo en
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Llinás, quien hasta
la fecha se desempeñaba como director general de la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF), tiene la misión de liderar el
ambicioso proyecto de modernización de la DIAN, un objetivo que ha sido
abordado por sus antecesores, pero que aún está por consolidarse.
En este sentido, el nuevo director busca implementar estrategias de
fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria, así como proyectar la
entidad hacia las demandas globales en analítica de datos, lo que se
considera esencial para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y
garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
"Una entidad como la DIAN debe estar a la vanguardia de las
administraciones tributarias del mundo, y la analítica de datos es clave
para la toma de decisiones eficientes", señaló Llinás durante su
encuentro con el ministro Guevara. En el contexto de la gestión, la DIAN
ha avanzado en el uso de técnicas analíticas, destacándose el ecosistema
de la factura electrónica, un proceso que ha sido fundamental gracias al
compromiso de los servidores públicos de la entidad.
Llinás es contador público de la Universidad de Antioquia y cuenta con
estudios especializados en Legislación Tributaria y Derecho Tributario,
formación que lo avala para liderar una de las entidades más cruciales
del Estado colombiano. Su experiencia incluye haber sido catedrático en
temas tributarios en la Universidad de Antioquia y haber trabajado como
asesor contable y financiero en la Alcaldía Mayor de Bogotá entre 2012 y
2015.
Asume la dirección de la DIAN con el reto de aumentar el recaudo de la
entidad, que no han logrado sus antecesores, así como cumplir las metas
que permitan al Gobierno nacional recuperar la cartera morosa que tienen
varios contribuyentes con el Estado. Como se sabe, el funcionario llega
como director encargado mientras desde la Casa de Nariño se podría
definir otro cambio más adelante o incluso nombrarlo en propiedad.
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