Acusación tiene que cumplir su deber que es el de investigar.

“Es imperativo iniciar esta investigación dado la conducta omisiva del entonces candidato Petro, quien, a pesar de afirmar en medios de comunicación que ordenó la devolución de los recursos en ese entonces, no reportó estos hechos ante las autoridades competentes en su momento, lo que podría configurar el delito de omisión de información del aporte que se establece en el código penal”, finalizó Barrios.

No hay desacato ni incumplimiento: MinSalud por autos de la Corte

El Ministerio de Salud y Protección Social informó a la opinión pública que no se encuentra en situación de desacato ni de incumplimiento respecto de los Autos 2049 de 2024 (sobre presupuestos máximos) y 007 de 2025 (sobre la Unidad de Pago por Capitación - UPC), ya que dichos autos no están en firme.

En este sentido, y en ejercicio de los instrumentos procesales disponibles en el Estado colombiano, la cartera ministerial radicó ante la Corte Constitucional solicitudes de aclaración sobre ambos autos. Como resultado, las providencias solo quedarán ejecutoriadas y en firme una vez se resuelvan dichas solicitudes, de acuerdo con el artículo 302 del Código General del Proceso:

"Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud (...)".

Por lo tanto, el Ministerio de Salud y Protección Social reitera que no ha incumplido ninguna orden de la Corte Constitucional.

Solicitud de aclaración sobre el Auto 2049 de 2024

El pasado 23 de enero, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó una aclaración sobre el Auto 2049 de 2024, el cual se refiere a presupuestos máximos. La solicitud se fundamentó en inconsistencias detectadas en el documento, que generan incertidumbre sobre la naturaleza del auto, los plazos establecidos y la coherencia de las órdenes impartidas.

En este contexto, las órdenes de la Corte Constitucional no están en firme hasta que el Alto Tribunal resuelva los siguientes interrogantes:

Alcance del auto: No se especifica si abre un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social o si introduce nuevas órdenes dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

Referencia a un considerando inexistente: En el numeral 5.1 de la parte resolutiva se menciona el considerando 128, el cual no existe en el Auto 2049 de 2024, ya que este solo cuenta con 115 considerandos.

Plazos vencidos para el pago de presupuestos máximos: Se ordena el pago de los presupuestos máximos de julio a octubre de 2024 antes de finalizar la vigencia de ese año, pero la notificación del auto se realizó en enero de 2025, cuando dicho plazo ya había expirado.

Incompatibilidad con la normativa vigente: La orden de pagar los presupuestos máximos dentro de los primeros 15 días de cada mes en 2025 no tiene en cuenta el procedimiento establecido en la Ley 1955 de 2019 y en la Resolución 067 de 2025, lo que podría generar conflictos en su aplicación.

Referencia a literales inexistentes: En los numerales 6.5 y 7 de la parte resolutiva se mencionan los literales "a), b) y d)" como base para el cumplimiento de ciertas órdenes, pero estos no existen en el documento.

Solicitud de aclaración sobre el Auto 007 de 2025

El 2 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó  una aclaración a la Sala Especial de Seguimiento de la

Sentencia T-760 de 2008 respecto del Auto 007 de 2025, relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Hasta la fecha, no ha obtenido respuesta a los siguientes interrogantes:

Incongruencias en la declaratoria de insuficiencia de la UPC de 2024: La mayoría de la Sala no aportó un estudio técnico que demostrara la presunta insuficiencia, ni tuvo en cuenta el estudio elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual demostraba su suficiencia.

Falta de estudios técnicos sobre el supuesto rezago 2021-2023: No se aportaron documentos que sustenten la existencia de un rezago financiero, operativo o relacionado con costos de atención. Además, se observa una contradicción en la orden, ya que se ordena un reajuste para 2021-2023 cuando la insuficiencia se declaró para 2024.

Dudas sobre la retroactividad del reajuste: No se precisa si este ajuste implicaría pagos adicionales a las EPS en los años siguientes.

Competencia de la Sala Especial de Seguimiento: Se cuestiona si modificar la metodología de cálculo de la UPC es una facultad de la Sala, pues esto podría entrar en conflicto con normativas vigentes y competencias exclusivas del Ministerio de Salud. También se teme que funcionarios del Ministerio puedan ser sancionados disciplinaria o penalmente por aplicar decisiones que contradigan normas establecidas.

Ambigüedades sobre la mesa técnica de seguimiento: No está claro quién la presidirá, cómo se regulará su operatividad ni si se requiere socialización previa de su reglamento. Además, se desconoce si el reglamento técnico debe ser objeto de consulta pública conforme a la Ley 1437 de 2011.

Ante estas dudas, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó una aclaración oportuna para garantizar el debido proceso y evitar interpretaciones erróneas en la ejecución de las órdenes.

Finalmente, la cartera ministerial reafirmó su compromiso con la mejora del sistema de salud en Colombia, actuando conforme a la Constitución y las leyes, y respondiendo en derecho a todas las solicitudes y requerimientos de las autoridades competentes.

Con proyecto de ley buscarán regular viajes presidenciales

En medio de la crisis de orden público, el conflicto entre grupos al margen de la ley, miles de familias desplazadas y escándalos de corrupción, el presidente Gustavo Petro está fuera del país, por esta razón desde la Cámara de Representantes se radicará un proyecto de ley que busca regular los viajes presidenciales.

“Es inconcebible que en medio de la crisis que estamos viviendo el presidente Petro esté en Dubai, como si nada pasara. Petro ha salido del país en 53 ocaciones en un poco menos de 30 meses de gobierno. En promedio cada 15 días sale del territorio, todo esto mientras deja a la deriva el bienestar de millones de colombianos que hoy sufren el flagelo del conflicto”, puntualizó el congresista John Jairo Berrío.

Las salidas del presidente de la nación le han costado a los colombianos cerca de 10 mil millones de pesos. Una cifra que perfectamente podría utilizarse en apoyo a la fuerza pública, ayudas para los más necesitados, mejoramientos de vías, viviendas, apoyo a los deportistas, becas universitarias o programas culturales.

“Por eso con este iniciativa pretendemos regular los viajes del presidente de turno. Que la salida sea estrictamente necesaria, que busque un beneficio real o tangible para el país. No vamos a permitir más derroche ni alcahuetería, el presidente fue elegido para gobernar, para resolver las problemáticas que tenemos, no para ir a conocer el mundo o intentar salvar el planeta”, explicó el congresista, creador del proyecto.

Hoy en la tarde quedará radicado el proyecto ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, iniciativa que cuenta con el apoyo de la bancada del Centro Democrático y demás congresistas de oposición.