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Gobierno retomará diálogos de paz
con Coordinadora Ejército Bolivariano
Este sábado la
Consejería Comisionada de Paz anunció que el Gobierno Nacional
retomará los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército
Bolivariana a partir del próximo 10 de abril.
Según lo señalado por la Consejería, este 15 de marzo se
reunieron las delegaciones del Gobierno junto a la de la
estructura armada de las disidencias de las FARC en el resguardo
Inda Sabaleta de Tumaco, Nariño, donde se reafirmó el compromiso
con los diálogos de paz, así como el proceso de aporte en la
transformación territorial y el restablecimiento de la
confianza.
Además, las delegaciones se comprometieron a retomar los
compromisos firmados en la mesa de diálogo de paz del pasado 12
de febrero de 2025, en los que se establecieron los siguientes
puntos:
Instalar la subcomisión del Acuerdo #3: Transformaciones
territoriales, con el propósito de identificar los polígonos
donde se ejecutará el plan piloto de transformación territorial
para el tránsito de economías legales. Asegurando que la
delegación del Gobierno adelantará las gestiones con la
dirección de sustitución de cultivos de los departamentos de
Putumayo y Nariño.
Instalar la subcomisión del Acuerdo #4: Garantías de seguridad
para los diálogos de paz con el propósito de construir los
documentos necesarios para la planeación, diseño y puesta en
marca de un cese al fuego bilateral, temporal y
local/territorial. Con el cual se espera el inicio del taller de
capacitación sobre el mismo, dirigido por la Embajada de Suiza y
la Organización de las Naciones Unidas.
Instalar la subcomisión del Acuerdo #5: en el marco judicial de
la paz total para abordar la solución de la situación jurídica
de los combatientes que pertenecer a la Coordinadora Nacional EB,
de conformidad con los instrumentos internacionales, y las
correspondientes disposiciones constitucionales y legales
existentes, la cual se llevará a cabo el 20 y 21 de marzo de
2025.
Además, señalaron que entre el 7 y 9 de abril se llevará a cabo
la sesión número cuatro de la Mesa de Diálogos de Paz, en la
cual se contará con la asistencia de los países garantes, así
como las entidades acompañantes y los observadores militares.
Preocupante situación de seguridad
de alcaldes, diputados y concejales
La crisis de
seguridad en algunas regiones del país por la presencia de
grupos armados también impacta alcaldes, diputados y concejales.
En el municipio de Tierralta, en Córdoba, siete cabildantes
recibieron en sus celulares mensajes amenazantes conminándolos a
renunciar en 48 horas o si no les advierten que atentarán contra
ellos. En un sondeo con asociaciones que representan a estos
servidores públicos para conocer cuál es la dimensión de esta
situación.
“Decía concejal Carina, te estás oponiendo al desarrollo del
municipio de Tierralta, tienes 48 horas para renunciar a tu
curul”, explicó a Noticias Caracol la cabildante Carina Ruiz.
Agregó que “somos siete los amenazados. Hay un periodista y un
abogado amenazados”.
Por su parte, el alcalde de Tierralta, Jesús Contreras, dijo que
“rechazamos de manera categórica estas presuntas amenazas, pero
también le hemos pedido a la Fuerza Pública, a la inteligencia
policial y militar, le pedimos a la Fiscalía General de la
Nación que vaya a la profundidad para esclarecer estos hechos”.
El comandante de la
Policía Córdoba, coronel Alexander Martín, dio cuenta de que “de
manera inmediata tomamos contacto con cada uno de ellos donde
les brindamos medidas de autoprotección, avanzamos en la
recepción de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación,
de igual manera coordinamos con la UNP (Unidad Nacional de
Protección), teniendo en cuenta que son concejales”.
Así mismo, se realizó ayer un consejo de seguridad en Tierralta
con la participación de las autoridades civiles, policiales y
militares para analizar la situación y determinar medidas con el
fin de garantizar la integridad de todos los miembros del
Concejo y que puedan desarrollar su labor.
A su turno, la Procuraduría General además de solicitar a la
Alcaldía de Tierralta realizar el citado consejo de seguridad
extraordinario, simultáneamente requirió a la UNP para que haga
la evaluación inmediata del nivel de riesgo de los siete
concejales y proceda a asignarles medidas de protección por
trámite de emergencia, garantizando así el ejercicio libre y
seguro de sus funciones.
El procurador
delegado para la Defensa de los Derechos Humanos condenó
enérgicamente las amenazas y aseguró que este grave hecho
constituye una vulneración de los derechos fundamentales de los
concejales y un atentado contra la democracia local.
La Procuraduría exigió respuestas claras y efectivas de todas
las instituciones competentes para evitar cualquier vulneración
adicional a la vida e integridad de los concejales amenazados.
Grave situación
de concejales
El presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Concejos
y Concejales de Colombia (Confenacol), Felipe Delgado, dijo
que “tenemos conocimiento que
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aproximadamente unos 4.000
concejales, de los más de 12.000, se encuentran en este momento en
riesgo en toda Colombia”.
Explicó que han conocido de esta situación por los concejales “que nos
llaman solicitando apoyo. Nosotros hemos buscado un canal con la Unidad
Nacional de Protección. Lo que nos dijeron en la última reunión del año
pasado es que para ellos es imposible colocarle un policía a cada
concejal”.
Se preguntó Delgado “cómo puede trabajar un concejal de quinta y sexta
categoría que se encuentra en este momento en esas zonas rojas del país,
que no son solamente los de Tierralta, sino que son también los del
Cauca, de Norte de Santander, los que se encuentran en Nariño, en Chocó,
en Santander”.
Subrayó el presidente de Confenacol que “la mayoría de los concejos en
este momento están coercionados, están trabajando bajo la presión de los
grupos que se encuentran al margen de la ley, que cada vez han cogido
más fuerza en todo el territorio nacional. Hay muchos que no han podido
sesionar; muchos de los concejales están pensando en renunciar”.
Dijo que a esta difícil situación se suman los bajos honorarios que
percibe la mayoría de estos servidores públicos por la labor que
desarrollan. Señaló que por ello se tramita en el Congreso “un proyecto
de ley, que no tiene en este momento un aval fiscal, para que los
concejales de quinta y sexta por lo menos puedan percibir en promedio un
salario mínimo legal. Un concejal de quinta y sexta, que son casi 10.000
concejales de los 12.000, el 90%, vive con $800.000 mensuales y no
tienen seguridad social”.
Anunció Delgado que “estamos trabajando con las juntas directivas y
estamos pensando en hacer el primer paro de concejales en la historia,
el primer cese de actividades, porque de esta manera no puede funcionar
ningún concejal del país, no hay garantías para trabajar ni para hacer
un control político en ningún municipio”.
Denunció que “en el último año y medio, hemos tenido más de siete
concejales asesinados, no tenemos garantías en la Unidad Nacional de
Protección, solamente le presta protección a los concejos de Bogotá o de
ciudades capitales, que también se encuentran presionados”.
En tanto que Édgar Polo Devia, director ejecutivo de Fenacon (Federación
Nacional de Concejos) dijo sobre amenazas a estos servidores públicos
que “hemos identificado ese caso (Tierralta)”.
Añadió que “ha bajado muchísimo el índice de amenazas a concejales, como
tal a nosotros como grupo poblacional los casos son muy particulares y
están identificados. Nos preocupa más bien es el accionar de la Unidad
Nacional de Protección, que son muy lentos, muy paquidérmicos frente a
la actuación que están teniendo en relación con los estudios de nivel de
riesgo y los mismos estudios de seguridad, la adopción de medidas”.
También los alcaldes
El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios,
Gilberto Toro, dijo que “supuestamente el proceso de paz debía haber
pacificado el país y debía haber liberado muchas zonas del país de la
presencia de estos grupos, pero ahora ya no solamente hay grupos
guerrilleros como el Eln, como las disidencias, sino que adicionalmente
llegaron un montón de grupos de narcotráfico armados violentísimos, y
hoy el 70% del país tiene presencia de estos grupos”.
Agregó que en muchas regiones los grupos armados “están ejerciendo
control porque lamentablemente la Fuerza Pública no ha podido tener los
recursos para hacer esa presencia que se necesita y liberar esas zonas
de esas presiones donde hay mucha extorsión, mucho chantaje, secuestro,
reclutamiento de niños”.
Indicó que la Federación Colombiana de Municipios permanentemente está
recibiendo de los alcaldes reporte de “amenazas y ayudándoles para que
la Unidad Nacional de Protección les dé las medidas que se necesitan
para proteger su vida y que puedan ejercer sus funciones”.
Toro detalló que amenazan alcaldes “en los departamentos que
tradicionalmente tienen esa presencia (Norte de Santander, Arauca,
Guaviare, Putumayo, Nariño, Chocó)”.
Señaló también que “hay alcaldes que tienen que entrar protegidos por el
Ejército o tienen que entrar un día y salir camuflados porque no pueden
estar todo el tiempo en la jurisdicción”.
No es distinta la situación para diputados
Luis Quevedo Jara, director ejecutivo de la Confederación Nacional de
Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), expresó que “está
complicado en todo el país, especialmente en esos sectores en donde
conocemos que se encuentra el problema de orden público grave. Por
ejemplo, en Chocó los diputados no pueden salir del casco urbano, no les
permiten; en Guaviare hace 4 meses, más o menos, a uno de los diputados
la guerrilla lo tuvo retenido, le ocasionó fractura de tabique, hubo
lesiones personales”.
Quevedo dijo que “fuera de eso, la Unidad Nacional de Protección ha
venido levantando los esquemas de protección de los diputados”.
Críticas a otro día cívico declarado por
Petro
Un alud de críticas género
anoche el anuncio del presidente Gustavo Petro, en un evento en el
corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, en torno a declarar "día
cívico" el próximo martes 18 de marzo con el fin de que sus bases
políticas salgan a marchar en apoyo a la controvertida propuesta para
convocar una consulta popular nacional alrededor de los proyectos de
reforma.
Además, Petro hizo un llamado a la movilización de sectores específicos
como pueblos indígenas, mujeres y campesinos: "El martes va a ser la
primera gran manifestación en toda Colombia y para formular la primera
pregunta de la consulta popular”.
En medio de las comunidades
indígenas, el presidente de la República dijo: "Ningún empleador podrá
despedir a un trabajador
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por salir a defender sus derechos, ya que estaría
violando la ley". De inmediato se empezaron a generar reacciones contra
el anuncio presidencial e incluso se trajo a colación que el año pasado
también se había intentado una medida similar, con el fin de declarar el
19 de abril de 2024 (fecha clave para el grupo guerrillero al que
perteneció) como día cívico para celebrar "la Paz por la Naturaleza".
En esa ocasión, varios gobernadores y alcaldes no solo advirtieron que
la decisión del Gobierno no tenía soporte legal, sino que anunciaron que
sus respectivas administraciones públicas no participarían de ese "día
cívico" y que, por el contrario, trabajarían de forma rutinaria. De
igual manera, algunos consejos gremiales advirtieron anoche que la
Presidencia de la República no está facultada para convocar "día
cívico", ya que esa es una potestad que se deja por lo general en cabeza
de los alcaldes y debe cumplir una serie de requisitos muy puntuales.
También se recordó un pronunciamiento en abril del año pasado por parte
de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), según el cual, “una
medida tan importante merece estudios suficientes, con fundamento en
cálculos técnicos que avalen su utilidad y necesidad, la ausencia de
éstos solo puede generar suspicacias", afirmó su presidente, Jaime
Alberto Cabal.
Más sectores lanzan dardos contra anuncio de Petro
Para evitar este tipo de decisiones unilaterales e intempestivas, el
Decreto 1081 de 2015 exige que los proyectos de regulación a cargo de la
Presidencia de la República sean publicados al menos durante 15 días,
para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de
producción normativa. A pesar de esto, hasta la fecha no se conoce la
publicación de un proyecto tendiente a decretar un día cívico, explica
la entidad comercial.
Desde los sectores políticos se dice que las propuestas del presidente
son vacías y sin sentido. El senador Miguel Uribe afirma: “Colombia
necesita propuestas y reformas que mejoren la vida de las personas, no
unas que destruyen todo. Reformas basadas en estudios, no en caprichos
ideológicos”. Así mismo, el exsenador David Luna afirmó: “¿Qué sigue,
presidente, un día cívico para celebrar su cumpleaños? Deje el populismo
y gobierne, que este país sale adelante es con trabajo”.
A su turno, el representante Hernán Cadavid advierte: “El martes 18 de
marzo, este país trabaja, presidente Gustavo Petro. Sigamos adelante".
Igualmente, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indica: “El
comercio sufre por el contrabando y la corrupción que su gobierno no ha
controlado; por los altos impuestos de su reforma tributaria; por la
inseguridad en las ciudades y en el campo; así como la inseguridad
jurídica. También por la amenaza de reformas que destruyen empleos y
emprendimientos y por la falta de acceso y atención de sus empleados y
sus familias al sistema de salud, que este gobierno está destruyendo”.
Finalmente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo sobre
el particular: "Veremos dónde cae este nuevo globo. Esperemos que, vía
decreto, no se nos imponga un día de vagancia. En Antioquia honramos el
trabajo como camino de desarrollo y oportunidades”. Además, ese día
estaremos entregándoles a los antioqueños parte de las obras del
intercambio vial del aeropuerto internacional José María Córdoba”.
Minsalud habría sacado a expertos que
estudiaban ajuste de la UPC
Este viernes se dio a
conocer que, al parecer, el Ministerio de Salud habría ordenado no
renovar contratos o movió de sus cargos a cerca de seis funcionarios que
trabajaban desde hace más de cinco años en la Dirección de Regulación de
Beneficios, Costos y Tarifas, encargada de desarrollar el cálculo
técnico para el aumento de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).
Dos fuentes consultadas por la Silla Vacía revelaron, además, que los
técnicos habrían desarrollado un estudio en el que se definió que el
aumento de la UPC para 2025 debía ser entre el 10 y el 14 %. Sin
embargo, la cartera había realizado un ajuste mucho menor, argumentando
que las EPS no entregaron la información suficiente para que la cifra
fuera más alta.
El Ministerio de Salud definió una fecha para la mesa de discusión
del ajuste de la UPC
El próximo 20 de marzo, desde las 8 de la mañana, se llevará a cabo una
de las mesas técnicas para estudiar los ajustes de la Unidad de Pagos
por Capacitación (UPC), en la cual participaran varias organizaciones,
entre los cuales se encuentran las EPS afiliadas a Acemi, la
Administración de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, la Procuraduría Delegada para la Salud, la Fiscalía General de la
Nación, la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda,
la Superintendencia de Salud, entre otros.
Esta citación hace parte a lo dispuesto por la Corte Constitucional a
través del auto 007 de 2025, el pasado 28 de enero, con el objetivo de
analizar y determinar el ajuste que debe tener la UPC.
Según el Alto Tribunal, la UPC establecida por el Gobierno Nacional para
este año es insuficiente, justo en el momento en que la salud sufre una
de las más fuertes crisis en los últimos años, pues crecen las pérdidas
en la mayoría de EPS, nueve de ellas están intervenidas por la
Superintendencia precisamente porque según la entidad los estados
financieros no garantizan la eficiente prestación del servicio. También
las citas y los exámenes cada vez se demoran más a los pacientes, y
crecen las protestas porque hay dificultades en el suministro de
medicamentos, al punto que muchas personas tienen que sacar de su
bolsillo para adquirirlos porque no pueden dejar de tomarlos.
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