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¿Se cayó nombramiento de Susana
Muhamad como directora del DNP?
Pese a que en
semanas pasadas se habría dado a conocer que la exministra de
Ambiente, Susana Muhamad, volvería a ser parte del gabinete del
presidente Gustavo Petro, asumiendo la dirección del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), este martes se
anunció que dicho nombramiento habría quedado descartado.
Según información de medios nacionales Natalia Irene Molina
Posso, subdirectora general de descentralización y desarrollo
territorial del DNP, llegaría a ser el reemplazo de Jhonattan
Duque Murcia, quien hasta el momento ejerce como director
encargado de la entidad.
Información dada a conocer por medios de comunicación de talla
nacional señala que fuentes del Pacto Histórico y de la Casa de
Nariño habrían confirmado que la exministra de ambiente habría
quedado descartada de asumir el cargo por decisión de la
Presidencia de la República.
¿Quién es Natalia Irene Molina?
Desde agosto de 2024, Natalia Irene Molina Posso asumió como
subdirectora general de descentralización y desarrollo
territorial del DNP. Es politóloga, cuenta con una maestría en
economía internacional y un postrado en política económica.
Cuenta con una amplia trayectoria en cargos públicos desde la
llegada de Gustavo Petro a la presidencia del país. En primer
lugar, fue parte de la creación del plan de gobierno durante la
campaña, también participó como coordinadora general del empalme
presidencial.
En septiembre de 2022 asumió la gerencia de proyectos en el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y en
agosto de 2023 fue la asesora de la jefatura del despacho
presidencial, a cargo de Carlos Ramón González.
De igual forma, formó parte de la Unidad Administrativa Especial
para el Empleo Público como consultora, también fue miembro de
la Central de Inversiones como parte de la junta directiva,
antes de asumir varios cargos en el DNP.
ELN crítica procesos de paz, pero
pide diálogos con el Gobierno
En medio de
conflagraciones a lo largo del territorio nacional, el Comando
Central del ELN emitió un comunicado en el que insta al Gobierno
nacional a retomar los diálogos de paz que se habían adelantado
en México, no sin antes cuestionar las formas del presidente
Gustavo Petro a lo largo de estas mesas.
A través de su misiva, los cabecillas del grupo aseguraron que
estos valoran “los esfuerzos del pueblo, a la vez que motiva a
seguir activos en la defensa de los propósitos de paz, horizonte
contenido en la Agenda de México y el Acuerdo número 28”,
agregando además que los diálogos colapsaron por culpa de los
incumplimientos “constantes del Gobierno que buscó imponer con
perfidia su fracasado modelo de desmovilización, desarme y
reinserción”.
Seguido a ello el
ELN señaló una “forma equivocada como el presidente viene
manejando el proceso de diálogos”, destacando a su vez que
existen falacias desde la inteligencia militar para “atacarnos,
desprestigiarnos y desconocer nuestra naturaleza de luchadores
revolucionarios”. Sin embargo, allí mismo hicieron su propuesta
de retorno a la mesa.
“Les proponemos mantener y fortalecer el ejercicio de
participación democrática como sociedad, a seguir dinamizando
iniciativas que nutran el Acuerdo Nacional”, afirmaron.
Finalmente, recalcaron la importancia de “persistir en los
esfuerzos por una paz con transformaciones”.
No obstante, desde
el Gobierno nacional no se hizo eco de esta comunicación, y, de
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hecho, durante la misma
jornada Ministerio de Defensa y demás instituciones instaron a la
sociedad civil a compartir información de los máximos cabecillas del
grupo armado. El cortocircuito de las partes se acrecentó luego de que
el pasado 26 de enero iniciara una conflagración entre este grupo armado
y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que sigue en diálogos, en
la región del Catatumbo.
Los diálogos ya habían sido
suspendidos desde principios del año pasado, aunque un cese al fuego que
se extendió hasta agosto mantenían la puerta abierta del diálogo de paz.
Si bien hubo encuentros entre las delegaciones durante una semana en el
mes de noviembre para reactivar las mesas, estas finalmente se
suspendieron tras los ataques en la región nororiental colombiana.
Además, el Gobierno ha
estimado que este mismo grupo se encuentra detrás de acciones violentas
contra uniformados, sumado a los recientes secuestros en varias zonas
del país. Desde Presidencia, entre tanto, se ha dado un ultimátum a
grupos con los que se negocia la paz hasta el próximo 18 de mayo para
avanzar en los procesos y dar muestras claras de voluntad de paz,
mientras prorrogó el cese de actividades militares contra varias
estructuras las FARC y grupos disidentes.
Alertan por alcance del sistema judicial
para las comunidades indígenas
En la Comisión Primera del
Senado de la República, se aborda la discusión de otro proyecto que está
en la agenda de varios partidos por su importancia, se trata de una
iniciativa que busca coordinar la Jurisdicción Especial Indígena con el
Sistema Judicial Nacional. Según sus autores, este proyecto ayudará a la
creación e implementación de herramientas y mecanismos de coordinación
para que la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema Judicial
Nacional se articulen de manera efectiva.
Cubrir las inquietudes y necesidades de las autoridades judiciales
indígenas, los pueblos y las mujeres indígenas, y reforzar el apoyo
técnico que la ley va a darle mediante herramientas de traducción,
auxiliares de justicia, que servirán de puente entre la Jurisdicción
indígena y el Sistema Judicial Nacional. La senadora Clara López, de la
Coalición Pacto Histórico es la ponente del proyecto y, en ese sentido,
explicó que “es una reforma institucional que tiene 33 años en que se
reconoce el pluralismo jurídico en la carta política, y todavía no hemos
podido culminar esto que es de la esencia que la jurisdicción ordinaria
y la jurisdicción indígena hablen, se comuniquen, se coordinen entre sí
y de igual a igual porque autoridad tanto es una como la otra”.
Del mismo modo, la congresista señaló que “por eso se han tomado los
aportes hechos en una audiencia pública realizado el pasado mes de marzo
y en la comisión de ponentes vamos a incorporar algunos temas que fueron
discutidos, ya está presentada una ponencia desde el año pasado y es una
ley estatutaria que exige un tiempo corto para ser analizada tanto en
Senado como en la Cámara. Tenemos solamente hasta el 20 de julio para
aprobar esta ley. Entonces estamos metiéndole el empuje y la rapidez
necesaria con el ánimo de que pueda ser ley de la República en este
periodo de sesiones. Tenemos el compromiso de los presidentes de las
corporaciones para sacar adelante esta iniciativa antes de finalizar
esta legislatura porque esta es la tercera vez que se intenta legislar
sobre un tema tan fundamental. El enfoque es el de los principios
fundamentales de complementariedad entre la Jurisdicción Especial
Indígena y la justicia ordinaria, tenemos que aprender de la justicia
restaurativa indígena de armonizar los comportamientos en sociedad”.
Así mismo,
el presidente de esa célula legislativa, el senador de la Alianza Verde
Ariel Ávila, explicó que “tras varias reuniones entre coordinadores y
ponentes, se ha logrado una concertación mayoritaria sobre el proyecto.
Ya fue radicada la ponencia que se discutirá en comisión, aspiramos a
que se comience la discusión para la próxima sesión. Hasta el momento ha
habido una queja o un gran debate, no veo una gran resistencia por parte
de los partidos y más aún cuando ese proyecto ha sido coordinado”.
Debate
del proyecto
Por su parte, para el Partido Cambio Radical el tiempo legislativo está
caminando en contra de la discusión de los proyectos en el Congreso,
pues se advierte que si el trámite de la iniciativa no se alcanza antes
del 20 de junio que es cuando finaliza la actual legislatura, el
proyecto se hunde. El senador Carlos Fernando Motoa afirmó “tengo
entendido que este proyecto fue
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consensuado entre los ponentes y hasta que no se debata
no se sabe en dónde van a estar las diferencias.
Lo que yo veo es que no les
va a alcanzar el tiempo para debatirlo y aprobarlo, el final de la
legislatura está muy próximo y los tiempos no les dan”.
La senadora del partido ASI, Aida Quilcué, manifestó que “se han hecho
todos los esfuerzos para conciliar los textos y avanzar en esta gran
iniciativa, pero también daremos el debate en la plenaria del Senado y
en la Cámara de Representantes, tal y como lo ordena la ley quinta que
se rige en el Congreso de República”.
A través de este proyecto,
la Jurisdicción Indígena podrá sentar jurisprudencia no solo sobre actos
ilícitos en esas comunidades, sino que podrán dirimir conflictos de
tierras y otros asuntos sobre los cuales el sistema nacional de justicia
no tiene injerencia. Los parlamentarios también advirtieron que la
competencia de la justicia ordinaria queda clara en esta coordinación.
Debate de reforma a la salud: Actores del
sistema advierten múltiples peligros
Inicio ruta del debate de
reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado con la instalación
de la primera mesa técnica en el marco de construcción de ponencias por
parte de los parlamentarios de esta célula legislativa. El encuentro fue
encabezado por las senadoras Norma Hurtado y Lorena Ríos, contando
además con un grueso de representantes de asociaciones de pacientes y de
profesionales de la salud, quienes en su mayoría expresaron
preocupaciones frente al proyecto de ley impulsado por el Gobierno.
El proyecto, que consta de 82 artículos, está a la espera del que será
su tercer debate en el Congreso, no ha sido bien recibido por
comunidades relacionadas al sistema de salud, quienes han puntualizado
que desde el Gobierno se busca que esta iniciativa sea impuesta,
contrario al discurso de “concertación” por parte de congresistas de
esta bancada.
Dentro de las principales críticas expresadas en este encuentro en el
Congreso de la República, los voceros elevaron su voz contra la crisis
del sistema actual, que no ha sido “atajada” por el Gobierno. Asimismo,
se hizo énfasis en los problemas que representaría la aprobación de esta
iniciativa a futuro, dejando en manos de la Adres los recursos para el
directo, pues incrementaría los gastos burocráticos y podría generar
mayores brechas económicas.
Claudia Vaca, delegada de la Defensoría del Pueblo para asuntos de la
Salud, señaló que urge, con o sin reforma, una transformación integral
al sistema, así como también destacó que la atención primaria “es un
pendiente”, celebrando la propuesta consignada en la reforma. Sin
embargo, Vaca señaló que “pareciera que es clara la problemática y el
diseño, pero cuando se ver el articulado quién asume la función de hacer
la gestión de los recursos y la gestión del riesgo en salud no está
suficientemente determinado.
“La transformación de las EPS en gestoras, genera una amplia variedad de
funciones, pero no parece claro que en ellas recayera estas funciones”,
puntualizó la delegada. Desde la Defensoría también se cuestionó “la
sobrecarga de funciones que se están estableciendo en la Adres”, pues no
es claro “que sea la Adres el ente que asuma la gestión del riesgo para
que la plata alcance y se garantice a su vez, se impacte y transforme
los indicadores de salud”. Otros puntos señalados desde esta entidad es
el financiamiento del sistema y la sostenibilidad del mismo, donde
además se recalca en la falta de un concepto de Ministerio de Hacienda
completo.
Por su parte, Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de Alto Costo,
aseguró que la crisis actual y la desfinanciación del sistema “ha sido
con intencionalidad para presionar una reforma al sistema. Y de una u
otra forma el chantaje que el Gobierno ha puesto que si no se aprueba la
reforma que ellos quieren, no habrá plata para la salud ni solución de
la crisis”.
Álvarez pidió durante el
encuentro, entre otros, un ajuste de la UPC y la evaluación del artículo
que modifica la designación del rubro. También pidió concertación por
parte del Gobierno.
Por otro lado, Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó
que, durante la mesa técnica, desde la Adres se aseguró un giro oportuno
de los recursos y que no se ha primado el diálogo, puesto que “todas las
propuestas que enviamos le dan la espalda porque prima la línea
ideológica”.
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